Este lunes las partes presentaron sus alegatos en el máximo tribunal, donde se ventiló la criticada relación de personajes públicos con la filial italiana, como el caso del presidente de Metro, Clemente Pérez. En los próximos días los ministros deben fallar a favor o en contra de la instalación de una mini central en esta zona protegida. Su aprobación por parte de la Corema de la X Región, ha sido cuestionada por varios detractores debido a las anomalías en el procedimiento.
Expectación había fuera de la Tercera Sala de la Corte Suprema la mañana del lunes. Ahí estaban programados los alegatos relativos al litigio medioambiental que mantiene un grupo de parlamentarios en contra de la Corema de la Región de Los Lagos, que en julio aprobó en una votación dividida el proyecto de mini centrales hidroeléctricas de pasada Palmar-Correntoso en el Parque Nacional Puyehue.
Una señal de la relevancia de este fallo -que resolverá la apelación al recurso de protección que buscaba revertir la decisión del organismo estatal y que la Corte de Apelaciones de Puerto Montt desestimó- es que el Máximo Tribunal solicitó escuchar los alegatos por iniciativa propia, pese a que ninguna de las partes tenía planificado recurrir a esta estrategia.
«Al parecer la Corte se sensibilizó de lo aberrante que es esto. Y también saben que está vinculado Clemente Pérez (presidente de Metro)», explican cercanos al caso.
Este último es yerno de Edmundo Pérez Yoma y a su vez abogado de Hidroaustral, sociedad anónima que constituyó personalmente en abril de 2007. Miembro del estudio Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz representó a la firma en Puerto Montt, aunque en esta ocasión el encargado de hacerlo fue Martín Santa María.
El mayor temor de los opositores al proyecto de la filial de la italiana Idroenergía, es que la aprobación de la apuesta energética abra la puerta a otros actores, que planean proyectos en parques nacionales y que verían esta situación como la luz verde para hacerlo. El caso más cercano es HidroAysen, que ya está dando una dura batalla para hacer lo mismo en la Undécima Región.
Nadie sabe para quién trabaja
Alrededor de las 9 de la mañana, ya estaban dispuestos a alegar los abogados Lorenzo Soto, en representación de los parlamentarios; Carlos Achiardi del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en nombre de la Corema de la X Región; Martín Santa María, representando a Hidroaustral.
También apareció el ex fiscal de la Conama, Eduardo Correa, quien en nombre de Idroenergía intentó hacerse parte, pero no fue admitido. Su llegada provocó más de algún comentario sobre los supuestos conflictos de interés que han marcado el caso.
Además de Clemente Pérez, también se ha cuestionado que el representante de la Consultora Sociedad de Gestión Ambiental (SGA), que desarrolló el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de las mini centrales, sea Jaime Solari, hermano del vicepresidente del PS, Ricardo Solari.
Otra llegada que levantó comentarios fue la de Walter Traub, abogado de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) quien sólo asistió como “oyente” a la audiencia.
Fuentes ligadas al caso explicaron que la decisión de evitar su participación en los alegatos vino de parte del director de la Conama, Álvaro Sapag, tomando en consideración que la propia ministra del Ramo Ana Lya Uriarte se manifestó contraria a la aprobación del proyecto. Esta razón se sumó a que el CDE representaba a la Corema frente a los Supremos, por lo que no era necesaria una doble representación.
Sin embargo, este criterio contrasta con los sucedido en la Corte de Puerto Montt, donde participó Jaime Hausdorf, abogado de la Corema, el mismo que recomendó rechazar el proyecto en la votación que realizó la misma entidad como parte de sus procedimientos.
Las fuentes consultadas interpretaron este hecho como el intento de evitar “un gran problema político interno”, pues quedaría la imagen de que a nivel nacional la Conama estaba a favor de proyectos de este tipo.
La situación es similar a la ocurrida en la Conaf de la X Región, donde el director (s) Región, Carlos Ritter, quien rechazó el proyecto, pero que finalmente debió alinearse con los fundamentos esgrimidos en una circular enviada por la directora nacional de la institución, Catalina Bau, al intendente regional Sergio Galilea, donde se daba el visto bueno a la iniciativa empresarial.
Los alegatos y la “pestañita” en Sala
Unos minutos después de las 9 se iniciaron los alegatos frente a los ministros Adalis Oyarzún, Héctor Carreño, Pedro Pierry, el abogado integrante Ismael Ibarra y Sonia Araneda, quien se mantuvo la mayor parte del tiempo con los ojos cerrados, al parecer «dormitando».
Luego de que el relator hiciera un resumen, el primero en presentar sus argumentos fue el recurrente, Lorenzo Soto, que centró sus alegatos en lo paradigmático del caso desde el punto de vista de la protección de los parques nacionales.
«No se está discutiendo el mérito técnico del proyecto. El tema es si un proyecto industrial se puede concretar en una reserva», esgrimió en el estrado.
El profesional destacó que la Convención de Washington, ratificada por Chile en 1967, señala que los límites de los parques nacionales no serán alterados ni enajenados y que no se explotarán con fines comerciales. Y que en caso contrario es necesario que se apruebe una ley especial, lo que no ha ocurrido.
Soto se refirió también a la compleja trama que hubo detrás de la aprobación de la propuesta, recalcando la la postura de las ministras de Medio Ambiente y la de Bienes Nacionales (Romy Schmidt), que presentaron reparos al proyecto porque pretende instalarse en un parque nacional, tal como lo reveló El Mostrador.cl en el artículo «Todas las dudas del proyecto hidroeléctrico en el Parque Puyehue«.
En tanto, el representante del CDE, Carlos Achiardi, puntualizó que se referiría «sólo a cosas jurídicas y no políticas como mi contraparte». Y argumentó que la aplicación del Convenio de Washington no rige en este caso porque se suscribió después de que la zona se declarara Parque Nacional, por lo que se regiría sólo por la ley de bosques.
Luego le tocó el turno a Hidroaustral. El abogado Martín Santa María aseguró que no existe «ilegalidad ni arbitrariedad en la decisión» de la autoridad. Y entre otros puntos basó sus alegatos en que en los últimos tres años fueron aprobados cuatro proyectos de características similares en parques nacionales de la X Región.
Sin embargo, las iniciativas aludidas por Santa María, a diferencia de Palmar Correntoso, no tienen objetivos comerciales, sino que su fin es abastecer a grupos específicos, como comunidades aledañas o un hotel de la zona.
También se presentaron gráficos y mapas, lo que despertó el interés de los magistrados que preguntaron sobre las dimensiones de la iniciativa y los potenciales daños que podría provocar.
Pasadas las 11 se levantó la sesión y en los próximos días entregarán los supremos entregarán el fallo definitivo, que podría marcar un antes y un después para el futuro de los parques nacionales.
