El avance de las «cota mil» en la captación de recursos a través de esta fórmula, tiene como referente a la Universidad de Los Andes, que posee influyentes mecenas ligados al mundo empresarial y al Opus Dei y ocupa el primer lugar en cuanto a aportes recibidos. Esta situación preocupa a integrantes del Consejo de Rectores, sobre todo porque las donaciones cuentan con beneficios tributarios, y por la inexistencia de un rayado de cancha por parte del Estado que promueva mayores donaciones a las universidades estatales.
El 2007, por tercer año consecutivo, la Universidad de Los Andes lideró la captación de recursos a través de donaciones. Más de 5 mil 400 millones de pesos ingresaron a las arcas de la institución ligada al Opus Dei, capturando casi 30 por ciento de los $ 20.000 millones entregados ese año a las instituciones de educación superior.
En segundo lugar quedó la Pontificia Universidad Católica (PUC), seguida por la Universidad de Chile, en gran parte gracias a un millonario aporte de la minera BHP Billiton, operadora de Minera Escondida y Minera Cerro Colorado, integró $ 4.500 millones a sus fondos.
La danza de millones en torno a las donaciones a las casas de estudio superior gozan de ciertos reparos, explica el rector de la Universidad de Santiago (Usach), Juan Manuel Zolezzi. Principalmente porque los aportes por afinidad política e ideológica atienden a una visión país -criticada por el cura Felipe Berríos en una columna que provocó una fuerte polémica al referirse a ciertas universidades de «cota mil»- que no representa la realidad nacional.
Donaciones ideológicas
Según la legislación ideada en los 80, quienes efectúan donaciones a universidades, institutos profesionales o centros de formación técnica (CFT) reciben un descuento de hasta 50 por ciento en el impuesto a la renta de las empresas o en el global complementario de las personas. Y el otro 50 por ciento se imputa como gasto, lo que ayuda a disminuir la base imponible.
Además, también se eximen del trámite de «insinuación», que deben cumplir todas las donaciones. Así como del pago de impuesto a las donaciones que, dependiendo del monto, fluctúa entre 2 y 6 por ciento.
De esta forma, los donantes logran incentivos tributarios. Y de paso impulsan proyectos afines a su punto de vista, según se desprende de la radiografía a los mayores donantes de los últimos tres años. En el caso de la Universidad de Los Andes, sus principales mecenas son importantes figuras de negocios ligados al Opus Dei: Eduardo Fernández León, principal accionista del complejo de salud Banmédica; la familia Yarur, liderada por el presidente del BCI, Luis Enrique Yarur, o la numeraria Elina Gianoli, accionista de Molymet.
En 2007, entre los tres entregaron la friolera de $ 3.363 millones a la casa de estudios ubicada en la parte alta de Santiago, que este año perdió su segundo lugar en el ranking de las mejores escuelas de Medicina, a manos de la Universidad del Desarrollo, otra de las «cota mil» que en el año anterior recibió una cifra muy inferior: $ 170 millones, de uno de los doce mayores donantes: el empresario Carlos Alberto Délano, miembro del directorio de la UDD y uno de sus fundadores
Círculo beneficioso
Juan Manuel Zolezzi explica que hay inquietud dentro del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) por el sostenido traspaso de las donaciones desde las casas de estudio tradicionales hacia otras «más ideologizadas o confesionales».
Si bien es enfático en que no se puede influir en la intención del que dona o realiza actos filantrópicos, «lo interesante es que no puede hacerlo con platas de otros: el beneficio tributario se entrega con platas de todos los chilenos».
«No dudo de la calidad de la Universidad de los Andes. Pero hay un desequilibrio en el hecho de que atiende un segmento muy especial, una elite del punto de vista intelectual y económico», ejemplifica el rector de la USACH. A su juicio esto genera un círculo que redunda en que «los mismos van a estar dando vueltas en un puro grupo, manteniendo la diferencia entre los más ricos y los más pobres».
Por ello considera que si se utilizan beneficios tributarios «algo debería llegarle al Estado, a sus universidades o a quien éste determine. Entonces debería haber una fórmula distinta para donar para las estatales y las privadas, que fuera más beneficioso para quien hace aporte a las instituciones públicas».
Al respecto existen otras propuestas, como por ejemplo que se den mayores regalías a quienes entreguen montos a las universidades regionales, promoviendo la descentralización, uno de los objetivos constantes del Estado. A lo que todas apuntan, es a equilibrar la cancha y aterrizar las ayudas donde más se necesite. Y evitar que la tajada más grande de la torta termine en las instituciones «cota mil».
Secreto tributario
Según detalla la periodista María Olivia Mönckeberg en su libro El Negocio de las Universidades en Chile, el año 2006 el monto estimado que el Estado dejó de recaudar por las donaciones entre 2004 y 2006 fue de $ 7.500 millones.
Antes de ese período es imposible obtener datos, ya que hasta la modificación de 2003, que le dio el carácter de información pública a los antecedentes relacionados con aportes a las universidades, éstos se encontraban bajo el amparo de «secreto tributario».
A pesar de esto, y según explica el jefe del Departamento de Instituciones de Educación Superior del Mineduc, Alonso Núñez, «en la ley de donaciones no hay una norma específica de publicidad, así que usamos un procedimiento del estatuto administrativo: quien necesite información, que es de terceros, nos la solicita y a través de una carta preguntamos si podemos entregarla».
Este procedimiento deja en libertad a las instituciones de decidir si dan a conocer públicamente la información de quién y cuánto aporte recibieron, así como los destinos que le dieron a los recursos.
Al respecto, Mönckeberg opina que «es ridículo que no sea público: la gente está donando y le hacen exención tributaria por lo que hay un aporte que el Estado deja de percibir. Aquí hay todo un asunto de falta de acceso a la información».
Filantrópicos, pero no tanto
Pero además de esto, hay un tema clave: impedir que las donaciones se transformen en una fórmula que se preste a irregularidades. La reforma a la legislación respectiva impulsada por Ricardo Lagos y su ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre en 2003 vio la luz, según el libro de Mönckeberg, en gran parte debido al secreto a voces que circulaba en el Mineduc y el Servicio de Impuestos Internos (SII) sobre anomalías, donaciones «impuras» y contraprestaciones. «O sea donar dinero a sí mismo, o sacar de un bolsillo para meter en otro», señala el texto.
Como ejemplo relata que se habrían realizado construcciones a partir de donaciones de los propios dueños de algunas universidades. Otra fórmula que se comentó en la época, fue la cancelación de programas de posgrado a través de donaciones. «Pero eso no se puede verificar por la falta de documentos: aún el velo del silencio pesa sobre lo ocurrido antes de 2003», sentencia la investigación periodística.
Al respecto, el director del Instituto de Investigación y Desarrollo Educacional de la Universidad de Talca, Sebastián Donoso, explica que «nos preocupa que la ley tiene imperfecciones. Y creemos que hay traspaso de recursos entre entidades afines que debería tener una revisión mas clara desde el punto de vista de la contabilidad pública».
