Después de muchos días de tira y afloja entre el Gobierno y el Congreso, los diputados aprobaron ayer una reforma constitucional que, en la práctica, incorporará a 3.8 millones de nuevos participantes al sistema electoral.
El debate en el hemiciclo, que se dio en una sesión especial que se extendió por cerca de cinco horas y que culminó poco antes de la medianoche, fue seguido atentamente desde las tribunas por más de un centenar de jóvenes de distintas colectividades políticas, entre las que destacaban representantes del Partido Socialista, la Democracia Cristiana y Renovación Nacional, mismos que celebraron al final de la votación que permitirá que la reforma a la Carta Magna siga su tramitación ahora en un tercer trámite en el Senado, debido a que en la comisión de Constitución se le hicieron cambios a la iniciativa que llegó desde la Cámara Alta.
La votación
Si bien la votación en general se resolvió por 103 votos a favor y tan sólo una abstención, distinto fue el escenario cuando la iniciativa se vio en particular, ya que para aprobar tanto la inscripción automática como el voto voluntario, se requería un mínimo de 71 votos a favor.
El primero, de hecho, salvó de manera estrecha al traspasar la barrera por sólo cinco sufragios. En este artículo, los 15 votos en contra y las 15 abstenciones corresponden a la bancada de la UDI, que ya había adelantado sus dudas respecto a la eficacia de la inscripción automática debido a que desconfían derechamente del rol que pudiera cumplir el Registro Civil -organismo que reemplazaría en este caso al Servicio Electoral-, sobre todo después de los cuestionamientos de los que está siendo objeto.
Así lo manifestó directamente la diputada gremialista Marisol Turres en el debate de la comisión, previo al de la sala, donde señaló que el Registro Civil es un servicio «que hoy está siendo cuestionado y no da confiabilidad» para aprobar el proyecto.
En el voto voluntario, que se visó de manera más holgada, los siete votos en contra se repartieron entre tres demócrata cristianos -Jorge Burgos, Eduardo Saffirio y Gonzalo Duarte-, tres PRI independientes -Jaime Mulet, Alejandra Sepúlveda y Carlos Olivares- y el UDI Gonzalo Arenas, mientras que las abstenciones corrieron por parte de los gremialistas Marisol Turres, Rodrigo Álvarez y Jorge Ulloa.
El fantasma de la incertidumbre
La diputada Lily Pérez, quien ya había aprobado la reforma constitucional en sus dos artículos en la comisión de Constitución, reiteró en la sala que «si en nuestro país logramos la inscripción automática y la voluntariedad del voto, podríamos provocar un remezón político importante a nuestra democracia para mejorarla», agregando que la incertidumbre que causaría el nuevo padrón electoral con el ingreso de los cerca de cuatro millones de no inscritos, generaría una nueva forma de relacionarse entre los políticos y los electores.
Pero incluso fue más allá, asegurando que esta reforma debiera ser la primera de muchas otras que se le pueden hacer a la democracia.
Con ella coinciden la mayoría de los diputados de la Concertación que votaron favorablemente la reforma. Uno de ellos, el PS Marcelo Díaz, incluso señaló que si el voto voluntario desnuda una baja conciencia baja de los chilenos, como han advertido quienes se opusieron a la iniciativa, también dejaría en evidencia los problemas de la clase política para motivar a la ciudadanía. Y recalcó que «para que un proceso electoral sea democrático, tiene que haber incertidumbre».
Lo que viene
De sortear el proyecto su nuevo paso por el Senado, correspondería que La Moneda cumpla el compromiso de enviar al Poder Legislativo los proyectos de Ley Orgánica respectivos en el mes de marzo apenas se retome la actividad parlamentaria tras el receso de verano, tal como lo planteó durante la discusión en la sala el diputado de ChilePrimero Esteban Valenzuela. El legislador llamó al Gobierno a la «coherencia» en esta materia, de tal manera que esta reforma constitucional pueda ser implementada en las elecciones parlamentarias y presidenciales de diciembre.
Dichas leyes orgánicas también despiertan algunos resquemores, entre otras cosas, porque hay quienes han planteado desde la Concertación que en esta normativa, sobre el voto voluntario, se incorpore el voto de los chilenos en el extranjero. El problema pasa porque la derecha se ha opuesto reiteradamente a aprobar una iniciativa en tal sentido, con un argumento similar al que la UDI ha utilizado para oponerse a la inscripción automática, como la posibilidad que el Gobierno cometa fraude.
En la misma línea, la Ley Orgánica necesaria para implementar la inscripción automática genera dudas tanto en la UDI como en Renovación Nacional. Pese a que los primeros sienten abierta desconfianza de que sea el Registro Civil el organismo encargado del proceso, por lo que se niegan al nuevo mecanismo, sus aliados, que siempre se han mostrado abiertos a respaldarlo, también han expresado reparos ante la posibilidad que el servicio que ha estado en tela de juicio se encargue de implementarlo.
Sin embargo, en la comisión de Constitución, el ministro José Antonio Viera-Gallo se comprometió a dar las garantías necesarias para que no existan dudas en tal sentido. De hecho, recalcó que lo que el Gobierno busca con la inscripción automática «es que el cuerpo electoral real coincida con el político», para lo cual «estamos dispuestos a dar todas las garantías que sean del caso en la Ley Orgánica para asegurar que el padrón no sea cuestionado».
