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Urbano Marín, presidente del Máximo Tribunal, enciende el debate

Los fundamentos que la Corte Suprema olvidó al criticar calidad y cantidad de abogados

por 4 marzo 2009

Sobran juristas y un gran porcentaje no cumple los parámetros básicos para ejercer la profesión. Con estas críticas, la Corte Suprema abrió el año judicial 2009 provocando una inmediata reacción del mundo académico y el Mineduc. La ausencia de estadísticas y estudios empíricos que avalen el punto de vista de los "supremos" es la principal crítica que les hacen el presidente del Colegio de Abogados, Enrique Barros, y el abogado y rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña. A favor de la postura del Poder Judicial se manifiesta el experto Pablo Ruiz Tagle. Son las distintas miradas de una discusión que recién comienza.

Actualmente existen casi 16 mil abogados en el país. Cifra que triplica el número existente en 1980. Pero esto no es sorpresivo: la masificación del sistema universitario ha permitido que las escuelas de derecho ya no sean exclusivas de ciertos sectores. El avance en el acceso de capas medias y bajas a la educación universitaria ha tocado incluso las puertas de las otrora exclusivas facultades de leyes, permitiendo un aumento en el número de jóvenes que optan por ser abogados. El mercado da para todos.

La cantidad y los niveles de calidad de los profesionales que se están titulando es harina de otro costal. Y genera profundos reparos y divergencias en los círculos jurídicos y académicos, donde es sotto voce el malestar por lo que se califica como una "degradación de la profesión". Aunque no es un tema nuevo, la discusión volvió a la agenda nacional esta semana, tras las críticas formuladas por el presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín, durante la inauguración del año judicial 2009.

En la ocasión, el magistrado aseguró que la preocupación del Máximo Tribunal, encargado de otorgar los títulos a los profesionales, se enfoca en el número de profesionales que se ha incorporado a la abogacía. Así como a la calidad de su preparación y a los riesgos que una "alta cantidad de letrados en competencia representan para la ética profesional. Este problema ha sido y debería seguir siendo objeto de estudio con el Colegio de Abogados, si bien eventualmente requiere de una iniciativa legal".

Poca rigurosidad en las aulas

Plenamente de acuerdo con estos planteamientos se manifiesta el abogado, Pablo Ruiz Tagle. El coordinador ejecutivo del consejo de Océanos Azules, considera que "hay problemas de calidad y exceso de titulados que no están preparados para ejercer. Lo he comprobado como profesor de Derecho Constitucional-de la Universidad de Chile- porque veo que lo que aprenden en otras universidades no es riguroso y no se plantea su rol como de colaboradores y con espíritu de servicio publico, sino como personas que sólo deben ganar dinero a cualquier precio".

Una de las opciones para evitar estos problemas  y que ha sido estudiada por el Colegio de Abogados y la Corte Suprema, es la imposición de un examen obligatorio para todos los egresados -como sucede actualmente en Medicina- con el fin de imponer una vara más alta a los aspirantes al título. Pero aún no hay nada concreto.

Lo que sí se concretó fue la firma de un auto acordado por parte de los ministros de la Corte Suprema, el cual impide titularse de abogados a los alumnos que hayan terminado sus estudios en una institución donde han convalidado ramos, si ésta no ofrece todo el programa de Derecho, aduciendo que esta oferta no habilita para obtener el grado.

Cifras sin respaldo

No todos comparten las críticas de la Corte Suprema. El rector de la Universidad Diego Portales (UDP), Carlos Peña, asegura que lo que cabe preguntarse es si efectivamente en Chile existe un número desmesurado de abogados. "La respuesta es que no, si uno atiende a las estadísticas comparadas con otros países. Por eso la afirmación que formula el Presidente de la Corte Suprema es evidentemente errónea", explica el abogado.

Con cifras en mano, argumenta que de cada 100 mil habitantes, Chile contaba con 126 profesionales en el área en 2003, muy por debajo de la mayoría de los países de la región -por ejemplo Perú con 262 o Uruguay con 420) o Estados Unidos (370). Tendencia que no ha cambiado.

Según Peña lo que sí se puede comprobar empíricamente es que el número de abogados ha crecido desde fines de los ‘80 hasta hoy. "Pero eso es distinto a decir que sean demasiados".

Esta perspectiva es compartida por el presidente del Colegio de Abogados, Enrique Barros. Barros asegura que es probable que los requerimientos de la sociedad hace unos años hayan sido distintos a los actuales. "Y si comparamos las cifras nacionales con las de otros lugares la proporción no es excesiva".

Desde el Mineduc, la Jefa de la División de Educación Superior, Sally Bendersky, señala que "no tengo cómo fundamentar esta crítica de la Corte Suprema, ya que no está basada en datos duros. Y los que nosotros manejamos nos alejan de esa apreciación".

Sobre todo porque, según explica la ingeniera, la política gubernamental apunta en sentido contrario. Es decir a aumentar la cantidad de alumnos de educación superior -que hoy sobrepasa los 700 mil-, ya que "el mayor acceso de las personas se ve como muy positivo".

¿Calidad o diversidad?

Por otra parte, esta curva ascendente se percibe en la mayoría de las carreras, lo que va de la mano con "la masificación de las profesiones que hemos experimentado. Antes estudiar en la educación superior era para una minoría en Chile y hoy es un fenómeno de masas. Lo que es muy razonable en una sociedad que se moderniza y expande las oportunidades", explica Peña.

Y advierte que "quizás los sectores más tradicionales ven esta diversidad como una crisis de la calidad. Y es natural que las minorías que gozaron de este privilegio se sientan amenazadas cuando éste se masifica. Pero no vaya a ocurrir que estemos asistiendo más a una masificación social que a un problema de calidad".

Por otra parte, Peña y Bendersky señalan que no existen estudios que evidencien la falta de calidad que acusa el Máximo Tribunal.

Lo que a ojos del rector de la UDP redunda en que "estas afirmaciones no tienen ningún rigor. Son razonables, las entiendo. Porque hay una preocupación más o menos difusa, pero lo que hay que hacer es estudiar el fenómeno con rigor. Y luego de que verifiquemos lo que está ocurriendo sugeriremos formas de mejora. Pero este tipo de afirmaciones genéricas sin ningún sustento empírico y algunas de ellas erróneas no ayudan a que el problema, si existe, se pueda resolver".

Para Enrique Barros, dentro del Colegio de Abogados están de acuerdo en que hay un problema, ya "que el título no está representando lo que tradicionalmente representó", ya que antes "la Corte Suprema podía garantizar ciertas habilidades profesionales y conocimientos básicos. Y eso no tenemos certeza que se esté cumpliendo con el sistema actual".

 

 

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