La regla moral del egoísmo económico es incompatible con una República Constitucional y Social de Derechos, como aspira a ser Chile, en la medida que hoy, incluso los llamados derechos naturales como la vida, precisan cada vez más de la efectiva vigencia de derechos artificiales, creados por la voluntad propia de la sociedad, como es el derecho a la salud.
El debate generado por el reconocimiento de colusión de precios entre las grandes cadenas farmacéuticas hecho por Farmacias Ahumada tiene una arista muy compleja que toca al funcionamiento sano de la vida institucional del país.
Chile es un caso paradigmático de asociación público-privada, no sólo en materia económica sino también en su funcionamiento global como país. Incluso derechos garantizados constitucionalmente, como la salud y la educación, tienen un estatus mixto de operación.
Es por ello que el tema regulatorio y la transparencia de los mercados resultan aspectos muy sensibles, no sólo para la probidad, sino también para la política. Pues los operadores privados, a los cuales la Constitución de 1980 les reconoce un papel central en la gestión de una economía donde el Estado es subsidiario, deben exhibir una conducta prístina y ajustada a derecho, acorde con la responsabilidad que se les entrega. Por su parte, la autoridad pública debe ser controladora de los operadores privados y, a su vez, controlada en sus decisiones para evitar que se entreguen favores indebidos a algunos privados en perjuicio de otros.
Las reglas del juego económico, la libertad de competencia, la transparencia de los mercados, y la fiscalización y probidad de las autoridades en la materia, con igualdad de información y responsabilidad, son valores básicos de orientación de nuestro sistema político, y no sólo cuestiones “económicas”. Parte importante de la legitimidad política se juega en la capacidad de los gobernantes de asegurarle a la ciudadanía que las instituciones impiden un maridaje inconveniente entre política y negocios.
La regla moral del egoísmo económico es incompatible con una República Constitucional y Social de Derechos, como aspira a ser Chile, en la medida que hoy, incluso los llamados derechos naturales como la vida, precisan cada vez más de la efectiva vigencia de derechos artificiales, creados por la voluntad propia de la sociedad, como es el derecho a la salud. En relación con la reconocida (por uno de sus actores relevantes) colusión de precios entre las grandes cadenas farmacéuticas nacionales, hay que considerar que cualquier sistema de salud puede naufragar con la ausencia de medicamentos o la absoluta inequidad para obtenerlos.
La política, esa es la discusión, debe aclarar si la prédica de Milton Friedman al sostener que “pocas tendencias podrían minar tanto los fundamentos de nuestra sociedad libre como la aceptación, por parte de los dirigentes de empresa, de una responsabilidad social que no sea la de hacer tanto dinero como sea posible para sus accionistas”, ha infiltrado de manera irrefrenable su imaginario lesionando la posibilidad real de construir un modelo de convivencia civilizada.
