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	<title>El Mostrador &#187; A. Carmona y C. Urquieta</title>
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	<description>El primer diario digital de Chile - Noticias, reportajes, multimedia y último minuto</description>
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		<title>CNED da tiro de gracia al lucro y ministro Beyer cambia su discurso</title>
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		<pubDate>Thu, 27 Dec 2012 05:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Carmona y C. Urquieta</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Tras la aprobación de la solicitud del Mineduc de cancelar la personalidad jurídica de la entidad, está la necesidad de las autoridades de dar fuertes señales de probidad así como de exhibir sanciones ejemplarizadoras. La  salida del ex ministro de Justicia, Teodoro Ribera, salpicado por el caso, prendió las luces rojas y obligó a dejar de lado la ambigüedad inicial del titular de Educación en un tema ideológicamente complejo para el oficialismo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[A mediados de mayo de este año, después que el ministro de Educación, Harald Beyer, terminara un punto de prensa en el Hotel Crown Plaza, luego de asistir a un seminario sobre los nuevos convenios de desempeño para los planteles, el entonces presidente de la Fech, Gabriel Boric, lo interpeló. El diálogo fue inesperado, pero simple. Le preguntó si los fondos, que son abiertos, irían a parar a las universidades que han estado lucrando en el sistema. La respuesta del secretario de Estado fue directa: “No hay universidades que lucren de acuerdo a la ley”.

No era la primera vez que el experto del Centro de Estudios Públicos se refería así a uno de los temas que incendiaron las demandas estudiantiles. “Proponemos asegurar que existan prohibiciones efectivas de lucro en las universidades, pero no tenemos antecedentes de que se viole la ley o no. Los instrumentos que tenemos para fiscalizar son muy débiles”, repitió en una entrevista con CNN Chile en agosto de este año.

El discurso fue siempre que el Ministerio de Educación no tenía las atribuciones para fiscalizar, a pesar que no sólo el ex secretario de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) <a href="http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/08/24/removido-secretario-de-la-cna-el-gobierno-y-los-intereses-privados-se-coludieron-para-omitir-denuncias-sobre-lucro/">Patricio Basso había hecho llegar antecedentes</a>, sino que también un grupo de profesores de la <a href="http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/07/19/las-denuncias-contra-el-lucro-que-bulnes-y-beyer-ignoraron/">Universidad de Chile</a> habían puesto antecedentes sobre la mesa.

La actitud fue similar cuando Beyer se enfrentó al informe sobre el funcionamiento de la educación superior que preparó un grupo de diputados. Entonces, el titular de Educación dijo que la iniciativa no era “seria”, ignorando incluso el clima de tensión que había empezado a crecer semanas antes, cuando se produjo la salida del rector de la Universidad del Mar, Raúl Urrutia.

Sin embargo, hoy la imagen del ministro Harald Beyer es distinta y varios actores involucrados en el conflicto aseguran que las presiones pudieron más que su impertérrito semblante frente a las acusaciones de lucro.

Este miércoles el Consejo Nacional de Educación acogió la petición que había presentado el Mineduc para cancelar la personalidad jurídica a la Universidad del Mar y se transformó en uno de los golpes más significativos al corazón del lucro.

“Esto es un precedente, es el comienzo del cambio más estructural. Esto va a terminar con el cambio del modelo educativo. Por supuesto que depende de las fuerzas políticas, pero se llegó al núcleo”, dice el sociólogo Alberto Mayol, sobre la medida que hasta ahora deja a 18 mil alumnos a la deriva.



Y el escenario es el de mayor presión pública sobre el gobierno. Hace sólo días, el ex ministro de Justicia Teodoro Ribera dejó su <a href="http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/12/17/ribera-se-va-tras-verse-involucrado-en-escandalo-por-acreditaciones/">cargo en medio de los  cuestionamientos</a> por sus vínculos con Luis Eugenio Díaz, quien está formalizado por delitos de cohecho y lavado de activos mientras se  desempeñó como presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, en 2010.

Para el presidente de la Federación de estudiantes de la Universidad de Chile, Andrés Fielbaum, el cierre de la U. del Mar da cuenta de la materialización de un modelo que hace agua por todos lados. “Durante 25 años negaron y escondieron el lucro en la educación, pero hoy sus desastrosas consecuencias no pueden ser invisibilizadas. Lo terrible es que los perjudicados no son quienes implementaron y consolidaron este modelo, sino que los estudiantes que no saben qué pasará con sus futuros. Más aún, pese a todas estas evidentes demostraciones de fracaso, el ministro Beyer sigue haciendo la vista gorda respecto al lucro y sus proyectos de ley siguen evitando el tema”.

Este último punto es importante para los estudiantes, que junto con convivir con el clima electoral el próximo año –que también los tocará directamente– intentarán destacar la figura del actual ministro de Educación “por su negligencia frente al tema lucro con el informe, las denuncias de Basso, etcétera”, comenta otro dirigente.

El decano de Educación de la U. Alberto Hurtado, Juan Eduardo García-Huidobro, cree que el cierre de esta casa de estudios es simbólico, que es una buena señal en la medida “que no todo pasa colado”; sin embargo lanza una de las grandes respuestas que tendrá que contestar ahora también el Mineduc: ¿Qué pasará con los alumnos?:  “Es difícil y ahí creo que el Estado tendrá que hacerse cargo porque este es un problema público, no privado, ya que la Universidad del Mar fue autorizada por el Estado para llegar a tener esos 18 mil alumnos”.

Después de comunicada la decisión de la CNED, el ministro Harald Beyer dijo que “queremos solicitar a los estudiantes y a sus familias, que tengan calma. Este no es un cierre inmediato. Nosotros nos vamos a preocupar por ellos, por garantizar que puedan titularse quienes estén en proceso de titulación y al mismo tiempo puedan ser reubicados en distintas instituciones de educación superior en Chile”, que mencionó una serie de medidas para hacer expedito el cierre –que según dijo no será inmediato– y que entre los puntos principales <a href="http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/12/26/consejo-nacional-de-educacion-acoge-peticion-del-mineduc-para-cerrar-la-universidad-del-mar/">contempla la designación de un representante</a> “del Mineduc ante las máximas autoridades de la Universidad del Mar, con la principal tarea de velar porque el proceso se haga cautelando los derechos de los estudiantes”.

El abogado Mauricio Daza, que representa a casi 500 estudiantes de la Universidad del Mar, dijo que van a exigir que el Estado les dé alguna respuesta. “Hay que recordar que fue el Estado el que le dio personalidad jurídica para que funcionara la corporación Universidad del Mar y fue el propio Estado el que en un momento acreditó a esta señalándole a la comunidad que era una institución de calidad. Por eso no puede ser que el Estado, cuando estalla este conflicto, simplemente mire para el lado y se lave las manos”.
<h3><strong>La dependencia del CNED </strong></h3>
A pesar de la distancia mostrada inicialmente, a fines de octubre la postura del Gobierno en torno al futuro de la cuestionada Universidad del Mar ya estaba definida: el ministro de Educación, Harald Beyer anunciaba la decisión por parte del Mineduc de apostar por el cierre del plantel, que durante todo 2012 ha estado en el ojo del huracán por las denuncias de lucro, pago de sobornos para obtener la acreditación y precarias condiciones de miles de estudiantes.

La decisión gubernamental se dio en medio de la judicialización del caso y luego de cinco meses de investigación por parte del Mineduc, que envió un oficio al Consejo Nacional de Educación (CNED) solicitando el cierre de la casa de estudios. Petición que este miércoles fue aceptada por la unanimidad de sus 10 integrantes, siete de los cuales fueron designados por el Presidente de la República, Sebastián Piñera.

Entre los miembros del CNED designados por el Presidente se encuentra Pedro Pablo Rosso, ex rector de la Pontificia Universidad Católica (PUC), el ex subsecretario de Educación durante el gobierno de Ricardo Lagos, José Weinstein (PPD), el actual rector del Instituto Nacional, Jorge Toro Beretta, el ex subsecretario y luego jefe de la Unidad Curricular y Evaluación del Mineduc durante la administración Bachelet, Pedro Montt (DC), la directora del Santiago College, Lorna Prado, el ex rector de la Universidad Finis Terrae y actual integrante del estudio de abogados Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz, Roberto Guerrero, y la ex investigadora de la CEP María Francisca Dussaillant.

En opinión de la diputada Cristina Girardi, (PPD), impulsora del informe del lucro que la Cámara rechazó, “la labor política del Consejo Nacional de Educación era respaldar la decisión del ministro. No tiene ninguna independencia  porque todos son nombrados por el gobierno. Sería raro que el ministro diga una cosa y el Consejo diga otra: claramente no es un organización que tenga independencia, depende de una designación política”.

Por ello, asegura la parlamentaria, “lo importante es quien los designa. En todos estos consejos relacionados con el sistema de acreditación las designaciones no tienen el propósito de asegurar transparencia e independencia, sino todo lo contrario, que todos los intereses estén representados”.

El experto en Educación de la USACH, Jaime Retamal, considera que el CNED “parece un buzón de la presidencia de la República o del gobierno de turno y no da garantía de objetividad. Sin entrar en si era correcto o no cerrar la Universidad del Mar,  el cuoteo en el Consejo es también preocupante, tanto como lo que ocurre en la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), porque los organismos que deben controlar el sistema no dan garantías de objetividad. El CNED está cooptado por el gobierno de turno, por lo que no hay muchas garantías sobre la autonomía de sus decisiones”.<strong></strong>]]></content:encoded>
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		<title>Las contradicciones de Matthei que lo ponen en la mira de  investigación por la muerte del ex general Bachelet</title>
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		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 06:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Carmona y C. Urquieta</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Mario Carroza]]></category>

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		<description><![CDATA[Mientras el padre de la ex Presidenta moría a causa de las torturas en la Academia de Guerra Aérea, el ex comandante en jefe de la FACh era el director de la institución. A pesar de que hoy reconoce haber sabido de las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el Régimen Militar, hace trece años y en una causa que está por fallarse, declaraba que no tenía idea de que se hubiesen cometido torturas dentro de la AGA, asegurando que en la práctica no ejerció su cargo. Paradojalmente, uno de los dos procesados por la muerte de Bachelet en esa misma causa testificaba que dependía disciplinariamente de Matthei y que él lo había integrado a la institución.
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA["A la pregunta que el Tribunal me formula acerca de si tuve conocimiento que en la Academia de Guerra Aérea (AGA) se torturaba a los detenidos, declaro que jamás lo supe". Así exponía el general (R) Fernando Matthei en diciembre de 1999, en su testimonio judicial en la causa por víctimas de la AGA que hoy lleva adelante el ministro Sergio Vásquez.

Trece años después y durante una entrevista dada a CNN en torno a los últimos resultados relativos a la<strong> </strong>investigación de la muerte del padre de la ex Presidenta Michelle Bachelet, el general Alberto Bachelet, el ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea (FACh), aseguró estar al tanto de que durante el gobierno militar hubo violaciones a los derechos humanos.

Situación que aseguró avergonzarlo, enfatizando que “no puedo decir que no sabía, por supuesto que sí sabía, pero no tenía la capacidad de arreglar eso. Porque en las FF.AA. cada uno responde de su propio sector y yo era parte de la FACh y no parte del gobierno, ni de los aparatos de inteligencia, no tenía ninguna posibilidad de ejercer tuición”.
<h3><strong>¿Director de papel?</strong></h3>
Matthei fue designado director de la AGA en diciembre de 1973, cargo que ocupó por dos años. Pero,<strong> </strong>según declaraba en 1999 en la causa por víctimas de la AGA —que está próxima a fallo— no asumió las funciones que le correspondían por dicho cargo y sólo se presentó en sus dependencias unas 10 veces, ya que la Academia estaba en receso desde el 11 de septiembre de 1973 y sus profesores y alumnos destinados a otras reparticiones. En la práctica el lugar funcionó como un recinto de reclusión y tortura a cargo de la Fiscalía de Aviación.

Según Matthei, la información sobre labores que se realizaban y la planificación de los programas de estudios, las requería al subdirector, José Muñoz. También relataba que conoció a algunas personas relacionadas con los detenidos en las dependencias,  como Ramón Cáceres y Edgar Cevallos Jones, ambos recientemente procesados por el ministro Mario Carroza como responsables de la muerte de Alberto Bachelet. Con ellos “conversé (…) pidiendo información general acerca de los detenidos —de la FACh— como el general Bachelet”.

El padre de la actual ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, negaba en sus declaraciones una relación jerárquica o de dependencia “a personas como Cevallos, Cáceres (…) ni otros funcionarios (…) que sólo se encontraban trabajando allí, en ese lugar físico”. Además, aseguraba,  que ni los detenidos ni el personal que los custodiaba e interrogaba dependieran del subdirector Muñoz. O de él. Su versión apuntaba a que dependían de una unidad enquistada en la AGA, argumentando que el único vínculo entre la AGA y el subterráneo, donde estaba la biblioteca y se encontraban la mayoría de los detenidos, era la obligación de la institución de proveer comida y transporte “para efectos del servicio”.

Además, expresaba “suponer” que en la AGA funcionó un servicio de inteligencia.

Matthei detallaba que en su rol como director se dedicó a cuidar la propiedad e instalaciones, donde concurría aproximadamente una vez al mes. Las dependencias del lugar, explicaba, eran un “campo de concentración”. Supo que hubo detenidos, considerados “prisioneros de guerra”, con los que no tuvo relación, quienes dependían de la Fiscalía. En su testimonio afirmaba que bajó sólo una vez al subterráneo a sacar un libro. Desde lejos divisó a varios detenidos de civil, a los que vio en buenas condiciones. “No tuve interés en saber qué sucedía con los detenidos”, aunque preguntó al fiscal (Horacio) Otaíza<strong> </strong>—a cargo de una de las dos fiscalías que operaban internamente<strong></strong>— y a Cáceres por los prisioneros Bachelet,<strong> </strong>(Ernesto) Galaz,<strong> </strong>(Carlos) Ominami y otro”.

Su testimonio decía que conoció del maltrato a detenidos en la AGA, donde perdieron la vida seis personas, entre quienes se cuentan Bachelet y José Tohá, gracias a su mecánico de avión.



Años después, cuando ya era Comandante en Jefe, precisaba haber hablado con Edgar Cevallos, que estaba muy afectado porque en la AGA una persona “que había estado detenida a su cargo” falleció. Al ser consultado por el Tribunal debido a una entrevista en la revista Ercilla en la que habría dicho que a Cevallos se le pasó la mano con algún detenido, reconocía que lo dijo porque en los años 1976 y 1977 —dos años después de dejar el cargo de director— ello “era un comentario general en la Fuerza Aérea”.

Mientras estuvo a cargo de la AGA, paralelamente prestaba funciones en la Dirección de Operaciones de la FACh, organismo que dirigió y del cual dependía el servicio de Inteligencia Institucional, cuyos agentes cometían los crímenes de la AGA.

El militar relató que ocupaba la oficina del director del primer piso en la academia, mientras que su despacho en la Dirección de Operaciones estaba en el Ministerio de Defensa, siendo el segundo Jefe de la Dirección de Operaciones. Conforme detalló, recorría el primer y segundo piso de la AGA, siempre de riguroso uniforme, lo contrario “habría sido una falta de respeto a mi cargo”. Agregó que él no trataba con el coronel y fiscal Otaíza, con quien no tenía buenas relaciones por el “éxito profesional” de Matthei. “En mi condición de Director de la Academia de Guerra Aérea, respondo por las actuaciones del personal bajo mi mando”, sin tener relación con el personal de Fiscalía.

Según explica el abogado de Derechos Humanos que tramitó la causa por víctimas de la Academia de Guerra Aérea, Cristián Cruz, “en aquella época no existía la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea sino que el Servicio de Inteligencia de la FACh (SIFA), que dependía del Departamento de Operaciones. Por lo tanto el dominio, la posibilidad de conocer lo que allí ocurría no sólo la tenía como director del AGA, sino que también por trabajar en la Dirección de Operaciones”.

Además, sostiene Cruz, “él tenía conocimiento de inteligencia, y es tanto así que en su Hoja de Vida aparece la felicitación por un informe de inteligencia que él entrega. También el año ‘73 tiene felicitaciones por defender la obra del gobierno militar, por defender el golpe de Estado en Chile. Entonces en ese momento no puede no conocer lo que está ocurriendo en el país”.

En sus declaraciones, Matthei también negó saber de la existencia del Comando Conjunto —<strong></strong>que se habría formado bajo el alero de la SIFA y cuyas bases principales eran los subterráneos de la AGA<strong></strong>— salvo al asumir de Comandante en Jefe en 1978, en que supo que un grupo de civiles estaba dentro de la FACh, como el asesinado ex oficial de la FACh Roberto Fuentes Morrison. Como se le advirtió que eran peligrosos y estaban fuera de control, manifestó haber dispuesto su traslado a regiones y fuera del país y “al cabo de un tiempo fuimos desprendiéndonos de ellos dándolos de baja”.

Lo que es tajantemente rechazado por el abogado Cruz, que señala que más bien parecían actos de encubrimiento, ya que Fuentes Morrison y otros a mediados de los 80 continuaban operativos, actuando en conjunto con la Central Nacional de Informaciones (CNI).<strong></strong>
<h3><strong>Matthei versus Cáceres</strong></h3>
A pesar de que en sus declaraciones Matthei se desvincula de toda responsabilidad y conocimiento de lo que realmente sucedía dentro de la AGA mientras fue su director, algunos testimonios abren serias dudas al respecto.

En la misma causa de las víctimas de la AGA, Ramón Cáceres, hoy procesado por la muerte de Alberto Bachelet y uno de los más feroces torturadores al interior de la academia, explicaba que en enero de 1973 fue designado para un curso en la AGA, egresando como Oficial del Estado Mayor en 1975. Las clases fueron suspendidas en septiembre de 1973 y en octubre fue nombrado como Fiscal Militar en Tiempo de Guerra, por lo que practicó diligencias en diversos procesos en el Ministerio de Defensa, algunos de los cuales se acumularon posteriormente a los de la Fiscalía de la AGA.

Cáceres aseguraba que por su experiencia como fiscal, Horacio Otaíza le ordenó practicar allanamientos, aunque, afirmó, dependía disciplinariamente de quien <strong>“</strong>dirigía la AGA, a saber, del Director Fernando Matthei, que no desempeñaba labores docentes, y del Subdirector Sr. Muñoz Pérez”.

El coronel (R), agregó que en 1973 fue el propio Matthei quien, a través de una carta, le informó que había sido llamado al segundo año del curso especial en la academia.

Para el abogado Cristián Cruz “si Cáceres no está en la AGA al llegar Matthei, sino que llega luego de que él lo llama y se dedica a interrogar, torturar y además lo conoce y conversan, le pregunta por detenidos y a la vez este lo reconoce como sus superior, creo que es bastante claro lo que ocurre y cuál es la simbiosis respecto a estos dos personajes”.

Otro testimonio, dado por el general Luis Campos, aseveraba tajantemente que en la AGA “toda la guardia dependía naturalmente del director”, destacando luego que la guardia de los detenidos estaba en manos de Matthei.

Por otra parte, Cáceres relataba que en varias ocasiones almorzó con Matthei y Cevallos Jones, el otro procesado por la muerte de Bachelet. En dichas oportunidades, el director inquiría por algunos prisioneros.

Según lo que se desprende de varias declaraciones, el director de la AGA visitaba periódicamente sus dependencias. Incluso con zapatillas, como lo ilustran los dichos del oficial en retiro Jaime Donoso.

Cruz concluye que, “Matthei dice que cuando baja a los subterráneos pregunta por Bachelet. Pueden estar torturando a todo el mundo y él no veía nada. Incluso menciona un lugar llamado La Capilla, donde se torturaba: estaban los magnetos y herramientas de tortura, pero extrañamente no ve nada. Baja a la biblioteca y simplemente pregunta por Bachelet. Si sabía que estaba ahí y vio esas condiciones no pudo menos que imaginar lo que acaecía. ¿Y qué hizo por él o por otros? Nada.

Por eso, considera correcta la decisión del juez Mario Carroza de investigar la eventual responsabilidad que le cupo al ex Comandante en Jefe de la FACh por las torturas que le causaron la muerte a Alberto Bachelet. Investigación que contempla dos aristas: una relativa a la entrevista dada hace unos días y otra con respecto a la nebulosa existente sobre su participación en la AGA y su cargo como director.]]></content:encoded>
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		<title>Las denuncias contra el lucro que Bulnes y Beyer ignoraron</title>
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		<pubDate>Thu, 19 Jul 2012 22:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Carmona y C. Urquieta</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Lucro en la educación]]></category>
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		<category><![CDATA[Universidades Privadas]]></category>

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		<description><![CDATA[Un grupo de abogados de la Universidad de Chile presentó dos denuncias para que se investigara el lucro en entidades de educación superior. Sin embargo, la cartera no realizó gestiones. Esto cuestiona la actuación del Mineduc al respecto, ya que el titular de la cartera, Harald Beyer, ha señalado que sólo se puede investigar con denuncias concretas sobre la mesa y éstas ya existían antes del escándalo de la U. del Mar. De acuerdo a los abogados denunciantes, esto podría llevar al ministro Beyer a una acusación constitucional.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Cada vez que el ministro Harald Beyer se ha referido a la potestad del Ministerio de Educación para investigar el lucro en la educación, todo vuelve a lo mismo: esa cartera necesita denuncias concretas para poder hacerlo y es fundamental una superintendencia con mayores atribuciones. “En el caso puntal de una universidad, donde recibimos una denuncia concreta estamos realizando una auditoría y vamos a seguir trabajando”, señaló Beyer consultado por el tema y refiriéndose al escándalo en la U. del Mar.

Sin embargo, lo ocurrido con la cuestionada casa de estudios no es la primera denuncia formal que se presenta en relación al tema. Antes de ésta, esa cartera tuvo dos peticiones sobre la mesa.

El año pasado se presentaron dos denuncias formales ante el Mineduc. <a href="http://www.elmostrador.cl/media/2012/07/PRESENTACION-MINEDUC-4-SEPT-CANELO-GONZALEZ-POLIT.pdf">La primera de ellas </a>corresponde al 2 de septiembre de 2011 (ver documentos). En ella se pidió “proceder a fiscalizar el cumplimento de la ley que exige a las Universidades Privadas, creadas a partir del año 1981, funcionar como personas jurídicas de Derecho Privado sin fines de lucro, y previo cumplimiento del debido procedimiento, aplicar las sanciones legales que correspondieren”. Esto en virtud del artículo 64 de la Ley general de Educación (DFL2 2010). Esta denuncia fue realizada por los académicos de la Escuela de Derecho de la U. de Chile Carola Canelo, Miguel González y Joaquin Polit.

Esta primera solicitud de fiscalización buscaba también que se aplicaran sanciones a las universidades que persigan fines de lucro; entre ellas, revocarles el reconocimiento oficial o bien cancelar la personalidad jurídica.

El 25 de junio de este año, estos tres profesores le pidieron una cuenta al ministro de Educación por no haber fiscalizado. “Lo pedimos porque es obligación legal del ministro de Educación fiscalizar el cumplimiento de la ley por parte de las universidades privadas creadas con posterioridad al año 1981”, explica Canelo. “Es grave que el ministro de Educación no cumpla con sus obligaciones legales”, añade la abogada, quien enfatiza que de acuerdo al artículo 52 de la Constitución, “la Cámara de Diputados puede acusar constitucionalmente al ministro Beyer por no velar en el cumplimiento de la ley en materia educacional”.

<a href="http://www.elmostrador.cl/media/2012/07/PRESENTACION-MINEDUC-OF-PARTES-19-OCT.pdf">La segunda denuncia </a>corresponde al 19 de octubre, también del año pasado. Esta acción corresponde a otro profesor de la escuela de Derecho de la U. de Chile, Eric Palma. En ella se hace presente que: “Contrariando la normativa legal y estatutaria se ha configurado el hecho económico del negocio universitario cuyos rasgos característicos son los siguientes: 1°. Los miembros del directorio de una universidad participan en la creación de sociedades mercantiles de todo tipo que prestan servicios a dicha universidad o le arriendan los inmuebles en los que ella realiza sus actividades; 2°. Los socios de estas sociedades mercantiles vinculados a la universidad deciden vender a un tercero sus derechos en dichas sociedades; 3°. Terceros, ya sea personas jurídicas o naturales chilenas o extranjeras, compran dichas sociedades y pasan a formar parte de los miembros de la corporación universitaria con derecho a adoptar resoluciones que inciden en la marcha de la universidad”. Por ello “ los profesores y estudiantes firmantes de esta presentación solicitamos del Ministerio de Educación que investigue y fiscalice las actuaciones de las universidades Santo Tomás; Universidad de Viña del Mar; Universidad del Mar; Universidad UNIACC; Universidad Central de Chile; Universidad de Las Américas; Universidad San Sebastián y Universidad Pedro de Valdivia por haberse verificado respecto de ellas o intentado verificar, según informa la prensa, actos calificados como compra y venta y que son constitutivos del llamado negocio universitario. Ello con el fin de establecer si los miembros de la corporación universidad han permitido generar lucro de manera directa o indirecta en favor de sus controladores realizando alguna o todas las actuaciones descritas en los fundamentos de hecho de esta presentación, expresadas como decisiones del directorio respecto de arriendo de inmuebles y contratación de servicios y cambio de composición de los miembros de la corporación. Violando con dichas conductas de manera radical sus estatutos por cuanto dañan su naturaleza jurídica que es precisamente ser instituciones autorizadas para funcionar como corporaciones sin fines de lucro”.

Entre las diligencias que acompañaban a las denuncias se solicitó, por ejemplo, que se invitara a declarar a Harald Beyer, entonces coordinador académico del Centro de Estudios Públicos (CEP), “quien en declaraciones a la prensa ha señalado que ciertas universidades pertenecen a holdings, a fin de que ponga en conocimiento del Ministerio y del CNED la información que le permitió realizar estas afirmaciones”.

Otras de las diligencias requeridas por los abogados eran oficiar al Comité de Inversiones Extranjeras para que ponga a disposición del Ministerio y del CNED la información que exista en dicha entidad acerca de las inversiones realizadas en Chile por la sociedad Laureate, Apollo y toda sociedad extranjera que haya solicitado realizar inversiones en Chile en educación superior. También que el Ministerio solicitara a las universidades identificadas toda la información contable, financiera y relativa a la administración y gestión de la Universidad que permitiera realizar una comparación entre la situación anterior a la venta y la posterior a ella.]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Consultora donde trabajó ministra Benítez realizó evaluación ambiental de planta Agrosuper en Freirina</title>
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		<pubDate>Tue, 22 May 2012 06:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Carmona y C. Urquieta</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Agrosuper]]></category>
		<category><![CDATA[Frerina]]></category>
		<category><![CDATA[GAC Consultores.]]></category>
		<category><![CDATA[Ministra Benítez]]></category>

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		<description><![CDATA[El 2005, GAC elaboró y tramitó el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Agroindustrial del Valle del Huasco, que tiene ahora a Freirina convertida en un campo de batalla. La ministra del Medio Ambiente reconoce que en ese tiempo se encontraba trabajando en la empresa como gerenta de Administración y Finanzas. Mientras, el Gobierno decretó alerta sanitaria y cierre temporal de la planta.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[El año 2005 la actual ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, era gerenta de Administración y Finanzas de Gestión Ambiental Consultores, empresa que elaboró y tramitó el estudio de <a href="http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2010/09/01/los-infiltrados/">Impacto Ambiental del Proyecto Agroindustrial del Valle del Huasco</a>, un proyecto que hoy cuestionan decenas de habitantes de la zona.

El Proyecto consideraba la construcción y operación de planteles de reproducción y de crianza de cerdos, de una planta elaboradora de alimentos, de una planta faenadora de cerdos, de una planta de rendering, de sistemas de tratamiento de efluentes, de oficinas administrativas y de instalaciones de servicio.

Y aunque desde la oficina de comunicaciones de Benítez aseguran que ella era una trabajadora más de la consultora y no tuvo injerencia en la elaboración de este estudio, GAC consultores ha sido cuestionada en otras oportunidades debido a que varios nombres claves de la empresa saltaron a puestos claves en el Ministerio del Medio Ambiente con la llegada de Sebastián Piñera.



Los habitantes de la zona se quejan porque dicen cargar con este problema hace meses, sin ser escuchados. “Nosotros tenemos este problema desde septiembre y las autoridades regionales han sido incompetentes. No han sido capaces de solucionarlo ni de exigirle a Agrosuper tecnología de punta. Es una empresa que tiene dinero. Estamos tristes porque el ministro viene por los cerdos y no por la gente”, dijo a Radio Cooperativa la vocera del movimiento social por Freirina, Andrea Cisternas.

<strong> </strong>
<h3><strong>Las redes de GAC</strong></h3>
Benítez aterrizó en Gestión Ambiental Consultores (GAC), donde trabajó como jefa de proyectos Senior hasta asumir como ministra de Medio Ambiente en 2010. Entre 2005 y 2007 fue subgerenta del Departamento de Administración y Finanzas de la  Consultora de <a href="http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/04/13/los-conflictos-de-interes-que-persiguen-al-consejero-top-del-ministerio-del-medio-ambiente/">Ricardo Katz</a> –quien actualmente es miembro del consejo cultivo del ministerio en representación de los centros <a href="http://www.mma.gob.cl/transparencia/mma/consejosconsultivos.html">académicos independientes</a>–, y cuyo nombre había sonado fuerte para ocupar el cargo como titular de la cartera que hoy lidera Benítez.

El  rol de la ministra durante sus años en GAC fue el de tramitar e impulsar iniciativas  energéticas, entre las que se cuentan proyectos de Endesa y la  Compañía de Aceros del Pacífico (CAP).

Benítez no es el único nombre de GAC que ocupa un puesto relevante en el corazón de la institucionalidad del país. Otro de los nombres es Leonel Sierralta Jara, socio de la consultora junto a Katz hasta su nombramiento como jefe del Departamento de Recursos Naturales, desde donde debe impulsar el proceso de desarrollo del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que es uno de los desafíos más importantes de la nueva institucionalidad ambiental.

Además, el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Ignacio Toro, trabajó hace unos años en la consultora.

<strong> </strong>]]></content:encoded>
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	</item>
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		<title>Multitudinaria convocatoria tiene segunda marcha por la Educación</title>
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		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Carmona y C. Urquieta</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Día]]></category>
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		<category><![CDATA[Confech]]></category>
		<category><![CDATA[FECh]]></category>
		<category><![CDATA[Harald Beyer]]></category>
		<category><![CDATA[Movilización estudiantil]]></category>

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		<description><![CDATA[Según los organizadores cerca de 80 mil personas participaron de la manifestación que contó con la autorización de la Intendencia Metropolitana.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Miles de estudiantes secundarios y universitarios marcharon de forma pacífica desde Plaza Italia para concluir en un acto artístico cultural en un escenario frente al Centro Cultural Estación Mapocho.

Se trata de la segunda movilización estudiantil del año convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y los secundarios que tiene como finalidad exigir cambios profundos al sistema de Educación.

Según los organizadores cerca de 80 mil personas participaron de la manifestación que contó con la autorización de la Intendencia Metropolitana.

"La educación nos pertenece a todos los chilenos. Nos quieren hacer creer que tenemos que pagar por ella, que tenemos que endeudarnos por ella, que es normal que haya una educación para ricos y una educación para pobres, y nosotros les decimos que no. Y les decimos a las familias que nos están escuchando que no tiene por qué seguir existiendo esta segregación", sostuvo el presidente de la FECh, Gabriel Boric.

En tanto, la vocera de los secundarios, Eloísa González, emplazó al ministro de Educación, Harald Beyer, a solucionar la situación de los estudiantes que permanecen sin clases tras la cancelación de sus matrículas.

"También hoy salimos porque queremos que nuestros compañeros que hace varios meses no han podido reintegrarse a clases lo hagan. Que el ministro de Educación, que no ha sabido responder a las distintas demandas y propuestas por parte de los estudiantes secundarios, se pronuncie y tome medidas al respecto", hizo hincapié la dirigente.]]></content:encoded>
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	</item>
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		<title>Hija de Raúl Castro anuncia estudio sobre reclusión de homosexuales en los años 60</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 17:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Carmona y C. Urquieta</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Día]]></category>
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		<category><![CDATA[Homosexualidad]]></category>

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		<description><![CDATA[El ex presidente Fidel Castro admitió en 2010 en una entrevista que él fue el responsable último de la persecución homófoba a comienzos de la revolución, y reconoció que esos hechos ocurrieron en momentos de "una gran injusticia" y él no le prestó "suficiente atención".]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[El Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) de Cuba, cuya directora es Mariela Castro, realizará un estudio histórico sobre las políticas sexuales en la isla, que incluirá a las UMAP, los campos de trabajo donde fueron internados muchos homosexuales en los años sesenta.

<span id="ctl10_lblMostra">En una entrevista publicada en varios sitios digitales de la isla, Mariela Castro, hija del presidente cubano Raúl Castro, señala que muchas de las líneas de investigación del Cenesex "apuntan hacia la  política social" y una de ellas tiene que ver con la "evolución" de la política de la sexualidad en el país.

"Esto va a incluir la exploración que estamos haciendo, y que ya hemos hecho previamente para el diseño de la investigación, a partir de entrevistas a personas que tuvieron que ver con la UMAP, jóvenes que pasaron allí el servicio militar y funcionarios", indicó Castro.

A finales de los sesenta y principios de los setenta muchos homosexuales fueron internados en las llamadas Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP), junto a otros cubanos considerados desafectos a la revolución e incluso religiosos.

El ex presidente Fidel Castro admitió en 2010 en una entrevista que él fue el responsable último de la persecución homófoba a comienzos de la revolución, y reconoció que esos hechos ocurrieron en momentos de "una gran injusticia" y él no le prestó "suficiente atención".

Como directora del Cenesex, Mariela Castro ha liderado en los últimos años una insistente campaña para  sensibilizar en los planos político y de la opinión pública sobre el respeto a la diversidad sexual y, desde 2007, promovió la celebración en la isla por el Día Mundial contra la Homofobia.

Esa  institución estatal logró impulsar las operaciones de cambio de sexo, aprobadas por resolución ministerial en 2008, y ha llevado al Parlamento un proyecto de ley que modificaría el Código de Familia, con aspectos como la unión legal entre parejas homosexuales.

En su  entrevista concedida a un conocido activista homosexual cubano, Mariela Castro destaca la "comprensión", el "apoyo" y el "diálogo permanente" que han sostenido con el Departamento Ideológico del Comité Central del  gobernante Partido Comunista para la celebración de las jornadas contra la homofobia.

Calificó de "muy chocante" el silencio de los  medios nacionales sobre el tema en sus informaciones, aunque dijo que ya han comenzado a participar "más activamente", y expresó su "aprecio" por el "importante papel" que ha jugado la prensa internacional.

Castro también celebró el trabajo "estable" y "sostenido" logrado en las jornadas contra la homofobia en Cuba, que este año celebrarán su quinto aniversario con un amplio programa de actividades del 8 al 18 de mayo próximo.

Según Castro, muchos cubanos que viven en Estados Unidos y otros países han participado en esas jornadas y "se han  sorprendido mucho" y le han dicho "cosas muy interesantes y bonitas".

En ese sentido, negó que todos los homosexuales y transexuales en el  exilio estén llenos de rencor y advirtió que "no pocos vienen a  agradecerlo (el trabajo de las jornadas), vienen porque quieren verlo".
</span>]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>Vocero de Gobierno espera que Argentina extradite a acusado por crimen de Jaime Guzmán</title>
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		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 20:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Carmona y C. Urquieta</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Día]]></category>
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		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Chadwick]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Jaime Guzmán]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Guzmán]]></category>

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		<description><![CDATA["Nosotros esperamos que en ambos países respetemos y se pueda llevar adelante lo que es propio de la institucionalidad jurídica y que no interfieran factores de carácter político. En Chile vamos a cumplir estrictamente lo que dice la ley en el caso del juez Otilio Romano, porque eso es el respeto que Chile siempre ha tenido del estado de Derecho. Obviamente esperamos que en Argentina también se pueda dar cumplimiento a esa sentencia de extradición que aún está pendiente por parte de la Corte Suprema argentina", recalcó Chadwick.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[El vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, participó este domingo en la ceremonia de conmemoración del asesinato del senador de la UDI, Jaime Guzmán, donde manifestó su deseo de que Argentina extradite a Galvarino Apablaza, integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez acusado como autor intelectual del crimen.

"Nosotros esperamos que en ambos países respetemos y se pueda llevar adelante lo que es propio de la institucionalidad jurídica y que no interfieran factores de carácter político. En Chile vamos a cumplir estrictamente lo que dice la ley en el caso del juez Otilio Romano, porque eso es el respeto que Chile siempre ha tenido del estado de Derecho. Obviamente esperamos que en Argentina también se pueda dar cumplimiento a esa sentencia de extradición que aún está pendiente por parte de la Corte Suprema argentina", recalcó Chadwick.

En la actividad realizada en el Cementerio General estuvieron presentes familiares del ex parlamentario, la nueva mesa de la UDI y legisladores del partido oficialista.

El timonel de la UDI, Patricio Melero, aseguró que su colectividad condena "todo tipo de discriminación y odio que conduce a la violencia".

"Esto lo decimos con la mayor fuerza posible, porque la UDI, mejor que nadie, entiende lo que es sufrir en carne propia el asesinato de una persona por la ideología del odio, como lo sufrimos con Simón Yévenes y Jaime Guzmán", señaló.

upi/so/]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>El sorpresivo espaldarazo del FMI a las demandas de los estudiantes</title>
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		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 14:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Carmona y C. Urquieta</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Felipe Bulnes]]></category>
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		<category><![CDATA[informe confech]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma Tributaria]]></category>

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		<description><![CDATA[La recomendación de aumentar los impuestos a las empresas dada por el Fondo Monetario Internacional a los países “con una presión tributaria relativamente baja” como Chile, complica la ambigua postura del gobierno sobre el tema y se convierte en un respaldo a una de las principales demandas estudiantiles para caminar hacia una educación gratuita. Economistas concuerdan en que dados los niveles de desarrollo del país es necesario una reforma que entre otras cosas termine con las exenciones tributarias que a estas alturas ya no se justifican.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[“Siempre tuve la impresión de que el ministro Bulnes venía mandatado para cerrar la puerta a una Reforma Tributaria”, dice Patricio Contreras. El vocero de la Confech y presidente de la Federación de Estudiantes de la  Universidad de Los Lagos, está desesperanzado, al igual que todos los estudiantes que se reunieron con el Ejecutivo el miércoles. No sólo por la negativa constante del Gobierno a aceptar las propuestas de fondo, sino porque ve pocas luces a que ésta, una de las demandas más importantes para lograr la gratuidad, sea tomada en cuenta.

Las señales del gobierno han sido erráticas al respecto y  hasta el momento no existe ninguna postura oficial, más allá del silencio de Bulnes durante las negociaciones con los estudiantes.

Pero esta semana un nuevo actor agregó presión al rumbo que finalmente tomará el Ejecutivo: el Fondo Monetario Internacional (FMI), recomendó a países “con una presión tributaria relativamente baja”, como México, Perú y Chile, aumentar los impuestos a las empresas.

Esto, según señala la entidad en su último <a href="http://www.elmostrador.cl/media/2011/10/Perspectivas-econ%C3%B3micas-FMI.pdf" target="_blank">Informe de Perspectivas Económicas para América Latina y el Caribe</a>, se hace necesario para “llevar a cabo esfuerzos orientados a movilizar ingresos fiscales para atender las necesidades sociales y de infraestructura de la región, tales como niveles aún elevados de desigualdad de ingresos y las necesidades insatisfechas de una clase media en rápida expansión”.

El informe explica que para reducir  la carga social de la consolidación fiscal, “se debe considerar la posibilidad de aumentar los impuestos directos llevando las tasas que pagan las empresas a niveles internacionales y reduciendo los generosos incentivos y concesiones tributarias”. Según los cálculos del FMI, si esto se realiza los ingresos tributarios podrían aumentar más de 4 puntos porcentuales del PIB.

Giorgio Jackson, vocero de la Confech, señala que el gobierno debe entender lo que dice este tipo de informe. “No los dicen los bolcheviques ni la  Unión Soviética, por poner un ejemplo. Lo dice el FMI y dentro de los países de la OCDE  Chile es uno de los países que menos paga en tributos. Entonces dar ese salto, para que el país crezca de manera armónica y no en forma concentrada como es hoy día, es primordial”.  El presidente de la FEUC además lanza un cálculo: “Son 4 puntos del PIB que podrían destinarse a gasto. Nosotros para financiar toda la educación necesitamos un 1,5%”.


<h3><strong>Economistas</strong></h3>
No sólo los estudiantes consideran que para poder financiar reformas estructurales en la educación y en otras áreas claves para el desarrollo del país es necesario seguir la recomendación del FMI. Diversos economistas apuntan en la misma dirección.

El ex asesor de Hacienda y académico de la Universidad de Chile, Alejandro Micco, señala que una reforma tributaria “se justifica” en un escenario como el actual en que se habla de impulsar reformas importantes y donde se necesitan gastos permanentes que tienen que ser “financiados con ingresos permanentes, y sólo se logran aumentando la carga tributaria”.

Micco considera que este informe es un espaldarazo para el movimiento estudiantil, “en la necesidad de tener un sistema educacional de mejor calidad y más equitativo (…) Tenemos niveles de desigualdad muy altos que sin educación que rompa con ella es difícil mejorarlo. Claramente es un tema importante y una deuda pendiente que tenemos como país”.

Además, explica que “si se hace un estudio bien simple de cuáles eran los niveles de carga tributaria de países desarrollados y de algunos en vías de desarrollo cuando tenían el mismo ingreso per cápita de Chile se da cuenta que la carga en promedio era de 27% y en Chile tenemos 21%. Entonces hay espacio para aumentar esta carga, sobre todo si está destinada a mejorar el capital humano”.

Según el economista, el punto principal al que apunta el FMI en su informe se refiere a las<strong> </strong>exenciones tributarias, que “en algún momento pueden haber tenido razón de ser, pero hoy no, ya que la situación del mercado de capitales actual es muy distinta: tenemos un mercado de los más desarrollados del mundo para nuestro nivel, así como accesos muy buenos a financiamiento externo”.

Entre las exenciones<strong> </strong>más regresivas se encuentra la exención de IVA a la construcción, que aunque se bajó a la mitad hace un par de años, <a href="http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2010/03/24/camara-chilena-de-la-construccion-la-mano-que-mece-al-sector-inmobiliario/">por el lobby de las empresas</a> del rubro no fue posible erradicarlo.

Casos como este, señala el economista Jorge Rodríguez Cabello, avalan los requerimientos del FMI.  El investigador de Cieplan recalca que el llamado del FMI “sirve para el argumento que se estaba levantando con fuerza relativo a mantener el impuesto a las empresas al 20%, ya que aunque se subió transitoriamente 3 puntos porcentuales por el terremoto, no se afectó en lo absoluto el crecimiento, y los hechos demostraron que no hubo efectos negativos”.<strong> </strong>

Además, señala que si se siguen los lineamientos del Fondo se podría equilibrar la desproporcionada carga que se lleva el IVA en nuestro país, que representa alrededor de 45% de los ingresos tributarios, mientras que en los países OCDE es de sólo 17% en promedio.

Para el ex asesor de Hacienda, Cristóbal Huneeus, las recomendaciones del FMI apuntan a que “si el gobierno da señales de que el gasto público no va a bajar la única forma de equilibrarlo es subiendo los impuestos. Y si ya se subió el royalty lo único que queda es el impuesto a las empresas”.
<h3><strong>Dos más dos</strong></h3>
Los ejes centrales de financiamiento para una educación gratuita, según los estudiantes, están centrados en Reforma tributaria, recuperación de recursos naturales y royalty.

Con apoyo de diversos textos y expertos han podido levantar una propuesta que para muchos parece la forma más sensata de financiar no sólo educación, sino también otras demandas sociales para que Chile camine hacia la igualdad.

Una de las frases que ha repetido el ministro Bulnes sobre esta materia y que también dijo en la mesa sentado con los estudiantes es que no es posible que “los pobres financien la educación de los más ricos”. Sin embargo, esta afirmación no tiene el mismo sustento cuando se mira la propuesta de los estudiantes.

Entre las iniciativas está aumentar de 35% a 40% el Impuesto Adicional a la Renta. Bajar el Impuesto de Primera Categoría a 10%, pero que a la vez deje de ser un crédito al impuesto personal de los empresarios y aumentar un 17% los impuestos que pagan las empresas de sus utilidades, por ejemplo.

<strong> </strong>

El texto va en la línea de los ejes centrales del informe del FMI relativo a terminar con las concesiones tributarias y los generosos incentivos a las empresas. En una de sus páginas señala que “todos los años los informes de Finanzas de la Dirección de Presupuesto, reportan que existen más de 5 mil millones de dólares que se llama Gasto Tributario, pero que en realidad llamarlo de esta manera no es más   que una forma de ocultar verdaderos subsidios que el Fisco otorga a los más ricos de Chile, mediante exenciones tributarias. Es decir, el Fisco no les cobra el impuesto a la renta por una serie de diversas ganancias… Por esta razón, sin necesidad de aumentar ningún impuesto, y sólo poniendo término al “gasto tributario” podría recibir US$ 5 mil millones.

Sin embargo, el documento quedó en nada -al menos por ahora- luego del quiebre de la mesa. "Sin perjuicio de las conversaciones que podamos tener con los estudiantes, si ellos están disponibles, el gobierno siempre va a estarlo para el diálogo", señaló el ministro Felipe Bulnes. Pero no fue suficiente, ya que los estudiantes convocaron a una nueva marcha para el 19 de octubre, con el precedente de la violenta jornada que se vivió ayer en Santiago, con varios heridos y detenidos.

Además del calendario de movilizaciones que continuarán, en la reunión de la Confech que se realizará el sábado en Valdivia, se definirá cuál será el mecanismo frente a un eventual emplazamiento a parlamentarios y también la internacionalización del conflicto que tendrá un importante avance con las reuniones que los líderes de la Confech sostengan en Paris próximamente y que incluyen reuniones en la OCDE.

“Desde el Confech de Valparaíso que se está pensando en internacionalizar el conflicto y el primer paso será el viaje que hagan algunos de nuestros representantes a Europa. En Valdivia también se conversará acerca de este tema”, dice José Ancalao, werkén de la Federación de Estudiantes Mapuche.

Los dirigentes de la Confech viajarán el próximo 13 de octubre a Europa. Finalmente, los invitados serán Francisco Figueroa, vicepresidente de la FECH; Giorgio Jackson, presidente de la FEUC y probablemente también se sume la presidenta de la Federación de estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso, Nataly Espinoza. La agenda incluye, entre otros hitos, reuniones con personeros de la Comisión de Educación Superior del Parlamento Europeo, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la OCDE y participarán en una manifestación en La Sorbonne.

(Foto <span>Gabriela Penela, @gabitavegan)</span>]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>Las transversales redes de poder que blindan a las Isapres</title>
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		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 06:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Carmona y C. Urquieta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
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		<description><![CDATA[Pese a las fuertes críticas que se han levantado en su contra por las millonarias utilidades que obtuvieron el primer semestre, las aseguradoras privadas jamás han enfrentado reformas legislativas profundas. Ni siquiera durante la discusión del Plan Auge, que inicialmente sí introducía un mecanismo que cambiaba el paradigma actual: el Fondo de Compensación de Riesgo, en cuyo rechazo contribuyó el actual ministro de Justicia, Teodoro Ribera. Para mantener el sistema ha sido clave la “puerta giratoria” para entrar y salir desde el sistema público al privado. Y viceversa.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[El año 2004, en plena discusión por el Plan Auge, un punto importante quedó fuera del proyecto que sería uno de los más emblemáticos de la administración de Ricardo Lagos: la aplicación del Fondo de Compensación de Riesgo, un factor del programa que buscaba ser un pozo único con aportes de quienes estaban tanto en los sistemas privado como público de salud. En resumen, un impuesto a las cotizaciones del sector que lograba destinar recursos privados para fines públicos.

Algunos medios de prensa titularon que se trataba de una estocada al corazón de la reforma, sin embargo, Andrés Tagle, experto electoral de la UDI –y actualmente uno de los 9 integrantes del directorio de Codelco– señalaba que el plan estatal sería un éxito “porque puede operar perfectamente sin ese fondo de compensación”.

Aunque el pozo no era el pilar de financiamiento del proyecto, apuntaba al fondo del cambio del sistema de salud en Chile. “Buscaba generar mayor equidad y mayor confianza en los usuarios del sistema. En el fondo este sistema te ayudaba a compartir ciertos riesgos con actores de distintas cargas sanitarias evidentes”, recuerda el entonces ministro de Salud, Pedro García.

Dentro del debate el actual ministro de Justicia, Teodoro Ribera, colaboró elaborando un informe en derecho que apuntaba a eliminar el fondo en su idea original.  El argumento del abogado constitucionalista era demoledor y señalaba que “la forma de regulación es inconstitucional, afecta a la libertad de elección de las personas, el patrimonio de las personas y, además, constituye un impuesto”.

Para defender su posición, Ribera decía que “libertad y solidaridad no son temas contrapuestos, pero hay que considerar que la Constitución no es un tema que a uno le guste o no le guste. La Constitución es un Estado de Derecho, y por tanto, hay que buscar formas para consagrar esa solidaridad básica sin pasar a llevar este estado de derecho”.

Sobre la discusión en torno al AUGE, Hernán Sandoval –conocido como el padre de la reforma– recuerda que la derecha más los designados “se colgaron de una triquiñuela. En la última comisión de salud del Senado el proyecto se había aprobado, pero esa misma tarde se juntó la bancada de senadores de la UDI y RN y al día siguiente llama (la entonces senadora) Evelyn Matthei al ministro de Salud Pedro García y le cuenta que la bancada había decidido eliminar el fondo solidario que ella misma había aprobado como miembro de la Comisión de Salud. Con Alberto Espina pasó lo mismo”, cuenta Sandoval.

“Aquí hay una protección del sistema de salud privado que es irracional. Existe una protección política para las Isapres, no está fuera de ninguna discusión y es impresentable que existan conflictos de intereses en esta materia”, afirma el diputado Enrique Accorsi y recuerda que en el debate de 2005, en la balanza de las negociaciones pesó el blindaje a las instituciones de salud. “La derecha nos dijo que estaban disponibles para aprobar el AUGE, pero sin que se tocara la Ley de Isapres y el Fondo de compensación”, afirma el parlamentario que también reconoce la ayuda de su propio bloque en el tema: “Mucha gente ligada a la Democracia Cristiana también votó en contra de la coalición”.

Accorsi asegura que es este mismo blindaje el que ha impedido legislar correctamente. “La ley de Isapres tiene puros parches y no hemos sido capaces de legislar en temas de fondo desde 1980”.

Según los detractores de las redes que se han levantado en torno a la industria, los personajes que la defienden se repiten.

<strong></strong>

El actual ministro de Justicia también se situó en un escenario favorable a las Isapres en mayo de 2010, cuando en representación del gobierno defendió la constitucionalidad de la tabla de riesgo de las instituciones privadas de salud ante el Tribunal Constitucional. En ese momento el jurista sostuvo que “derogar la tabla de factores sería perjudicial porque se entraría en inseguridad jurídica, ya que las opciones de las isapres serían dos: aplicar tarifa plana para todos los afiliados o responder por planes de salud individuales”. De esta forma respaldaba, de manera indirecta, el artículo que permitía elevar los costos de los planes según edad y sexo.
<h3><strong>Isapre boys</strong></h3>
La designación de  Luis Romero como superintendente de Isapres en julio de 2010 provocó fuertes críticas, ya que su anterior cargo como subgerente general de la Isapre Colmena, que tiene el 16,7% de la participación del mercado de cotizantes, fue visto como un obstáculo para su nueva labor regulatoria.

El senador Jorge Pizarro explica que “la desconfianza que genera en el sector es muy grande, ya que es juez y parte. Romero viene saliendo como gerente general de una de las Isapres más importantes del país y la tendencia de seguir operando con el switch empresa-Isapre versus el switch de defensa de los usuarios es perjudicial”.

Para el diputado Marco Antonio Nuñez (PPD) esto “es uno de los más escandalosos conflictos de interés en vista del excesivo aumento de utilidades del último semestre por parte de las Isapres. Es como poner al gato cuidando la carnicería.  La fiscalización de las Isapres se ha reducido a cero en este gobierno lo que explica en gran parte las utilidades”.

Nuñez explica que esto se demuestra porque entre 2005 y marzo de 2010 “las utilidades de las Isapres disminuyeron sobre 62,5%. En cambio desde marzo a diciembre de 2010 aumentan 100% y lo que va del año suben 70%”.

Al respecto, Romero dice que quienes formulan críticas en su contra “olvidan que el cargo de Superintendente es seleccionado a través del Sistema de Alta  Dirección  Pública, lo que significa que me sometí a las reglas de este proceso, que contempla una exhaustiva revisión de todos los antecedentes personales y profesionales de los candidatos. El  haber sido ejecutivo de una Isapre no constituyó un impedimento para participar y finalmente ser designado en el cargo”.

Romero no es el único alto funcionario gubernamental que se ha desempeñado en importantes cargos  en un sector cuyas utilidades crecieron 70%, sólo el primer semestre de este año. El subsecretario de Minería, Pablo Wagner (UDI), fue gerente de planificación y desarrollo del holding de Banmédica, conocido en el sector como “el bastión de la UDI”.

De hecho sus socios controladores son gremialistas: el empresario inmobiliario Eduardo Fernández León, Carlos “Choclo” Délano –uno de los amigos más cercanos del Presidente Sebastián Piñera– y Carlos Eugenio Lavín, del grupo Penta. Ambos son fundadores de la Universidad del Desarrollo.

Pero la puerta giratoria también ha operado a la inversa: importantes funcionarios públicos, incluido un ex ministro de Salud y ex directores de Fonasa de la  Concertación, han aterrizado en altos cargos en el mundo de las Isapres.
<h3><strong>De regulador a regulado</strong></h3>
En abril pasado el ex ministro de Salud y ex director de Fonasa, Álvaro Erazo, fue reclutado por el holding Cruz Blanca Salud como miembro del directorio.

Su llegada coincidió con la contratación hace seis meses por parte de la  Asociación de Isapres, liderada por Rafael Caviedes, de la consultora Imaginacción, ligada al ex ministro Enrique Correa. La cuenta es llevada por una de las socias de la consultora, Carmen Celedón.

El holding Cruz Blanca, que este año anotó las mayores utilidades el primer semestre con $10.030 millones, cuenta con otro ex director de Fonasa: el actual gerente general de Integramédica –prestadora que forma parte del grupo– César Oyarzo.

Entre 1994 y 2002 Integramédica contó en su directorio con el primer superintendente de Isapres del país, Héctor Sánchez, que actualmente es director ejecutivo del Instituto Salud y Futuro, de la Universidad Andrés Bello.

Además, la Asociación de Isapres nombró al ex ministro de Hacienda del gobierno de Eduardo Frei, Eduardo Aninat, como su presidente en diciembre de 2006. Cargo que mantuvo hasta junio de 2010. Luego fue reemplazado por Hernán Doren, más cercano al oficialismo, y que fue director de la Isapre Consalud y presidió varias entidades vinculadas a la Cámara de la Construcción.

El diputado y miembro de la Comisión de Salud Gabriel Silber (DC), reconoce que los conflictos de interés son transversales y que la puerta giratoria ha “operado en ambos sectores”. En su opinión estas situaciones “dañan el sistema por la capacidad de lobby que pueden desplegar algunos actores más fuertes en la medida que dichas entidades pongan personalidades que puedan ejercer acciones de lobby hacia parlamentarios y autoridades”. Para solucionarlo, el parlamentario recalca que “se debiera regular y transparentar de una buena vez el tema del lobby. Y cuando hablamos de sectores regulados como las Isapres debiese existir una prohibición legal en los plazos temporales en los que un funcionario público no pueda tener un cargo en el sector privado que anteriormente fiscalizó y reguló”.

En tanto, el director ejecutivo de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, defiende a quienes pasan del sector privado al público o viceversa, a pesar de las críticas que apuntan a conflictos de interés. “Esto no sucede sólo en el sector salud sino que en todos los sistemas económicos”, dice y se pone como ejemplo: “Yo he trabajado casi 35 años en el sector salud. Si dejara de trabajar en Isapre creo tener derecho y experiencia para trabajar en el sector salud porque es donde me he desarrollado toda la vida. Lo importante es que no exista vinculación directa de intereses”.

<strong>-¿Aunque el conflicto sea más simple y en un sector como éste se vea feo?</strong>
-Lo importante es que se vea legal… y mientras no se cambie la ley creo que es absolutamente lícito. Eduardo Aninat, por ejemplo, ya llevaba 10 años que había dejado de ser ministro (cuando aceptó el cargo de presidente de las Isapres)… ¿Si no puede trabajar en esto dónde puede trabajar? ¿Tiene que irse a su casa a tejer? Entonces hay que poner sus cosas en contexto y si hay dudas se debe modificar la legislación correspondiente y establecer un periodo de carencia.]]></content:encoded>
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