Es decir, la Concertación ha logrado un acuerdo que le permitirá seguramente recuperar municipios, donde la división producida en la elección anterior permitió que se instalaran alcaldes de derecha en comunas donde ella es minoría y ,a la vez, evitar dispersión de votos y asegurar en concejales —que es donde se mide el porcentaje de voto de cada partido y de cada bloque—, que la oposición gane a la derecha las próximas elecciones municipales con todo el impacto que ello implica para los gobiernos comunales y para la disputa parlamentaria y presidencial del 2013.

Esto, desde el punto de vista de la arquitectura electoral, es virtuoso y si a ello se sumara la elaboración de una propuesta programática y de un proyecto de cambios progresistas que convoque a la mayoría de los chilenos, podría colocar a la oposición como una clara alternativa hacia el próximo futuro.

Justamente porque se trata de un muy buen acuerdo opositor, es que resulta incomprensible, sobretodo para el chileno que observa desde fuera el accionar de los partidos, las destempladas reacciones de algunos líderes de la Concertación y los fantasmas que se han convocado.

Si existe acuerdo a Alcaldes con el PC era completamente natural que ello se diera también en concejales y dado que había dos listas de la Concertación a concejales el acuerdo debía darse con una de ellas. El primero en tentarlo fue el PS para ir en un pacto junto a la DC y la respuesta comunista fue positiva y ello no se concretó, porque Walker no quiso abrir un nuevo debate interno que tensionara a la DC y diera una señal compleja al elector moderado de la DC. Es decir, no fue posible el propuesto pacto PS-DC-PC no por razones de principios, sino simplemente de oportunidad.

No se puede acusar (primer fantasma), por tanto al PPD y al PR que al pactar en concejales con el PC esté abandonando la Concertación, ni al PC de ser parte de una maniobra para aislar a la DC, ya que fue perfectamente posible que el PC participara del otro pacto de la Concertación.

Tampoco se puede alegar que el PC sea un recién llegado en materia de acuerdos electorales con la Concertación (segundo fantasma). Tres de los cuatro presidentes de la Concertación requirieron de los votos comunistas para ser elegidos. Un pacto por omisión entre la Concertación y el PC, en las últimas parlamentarias, permitió romper la exclusión del binominal, que la derecha ha impedido modificar, y que el PC accediera al Parlamento.

Nada se le regaló al PC, tenía los votos para volver a ser un partido parlamentario y el gesto político de la Concertación permitió sobrepasar simplemente la camisa de fuerza impuesta por el sistema electoral heredado de la dictadura. Por lo demás, el PC nace como partido parlamentario. Mucho antes de fundar el Partido Obrero Socialista y posteriormente el Partido Comunista el año 1922, Luis Emilio Recabarren era ya, desde 1906, Diputado de la República y su inspiración fue siempre un partido obrero que estuviera inserto en las instituciones. Al momento del Golpe de Estado el PC era un partido parlamentario con una alta representación en la Cámara y en el Senado.

Alguien ha dicho que el problema reside en que el PC quiere ser partido de gobierno (tercer fantasma). Esto es una obviedad. Todo partido se constituye en la expectativa de ser gobierno. En el caso del PC, fue partido de gobierno antes que se fundara la propia Democracia Cristiana: el 38 con Pedro Aguirre Cerda, el 46 con González Videla y el 70 con Salvador Allende. Desde el gobierno y desde el parlamento jamás el PC cometió acto alguno que pudiera ser condenado en materia de derechos humanos (cuarto fantasma). Por el contrario, contribuyó a instalarlos especialmente en el ámbito social y fue víctima, en medio de un gobierno que contribuyó a elegir y ser parte de él, de una cruda represión que envió a Pisagua a sus principales líderes y obligó a Pablo Neruda a huir al exilio a caballo por un paso cordillerano.

Ignacio Walker debiera recordar siempre que fue su abuelo, el Senador Horacio Walker quien denunció, en un discurso de gran contenido doctrinario, la instalación de un ”Estado Policial” a propósito de la dictación de la llamada Ley de Defensa de la Democracia, que Neruda estigmatizó como la “Ley Maldita”, y que puso al PC fuera de la ley.

Horacio Walker formó parte del Bloque de Saneamiento Democrático que logró derogar esta ley al fin del gobierno de Ibáñez. Es decir, los acuerdos electorales, políticos y de gobierno con el PC han sido múltiples en la historia de Chile (quinto fantasma) y hoy, en un mundo sin bloques contrapuestos y sin proyectos prometeicos creíbles, un entendimiento con el PC para que este forme parte de un acuerdo programático y de futuro gobierno progresista no debiera despertar tantas reticencias ideológicas y menos constituirse en un obstáculo que obstruya la conformación de una alianza democrática más amplia.

Otra de las recriminaciones repetidas hasta el cansancio por el Senador Ignacio Walker en estos días, es la acusación al PPD, PR y PC de querer instalar un Frente de Izquierda que reemplace a la Concertación (sexto fantasma). Quiero creer que el Senador Walker es solo víctima de una enorme confusión. El pacto con el PC para la elección de concejales no constituye un bloque político. Sería insensato reemplazar a la Concertación, cuyo eje es una alianza de centroizquierda, por un bloque minoritario de izquierda. Por el contrario, lo planteado en el debate abierto en la propia Concertación es ir más allá de ella —porque su ciclo político y su marca se extinguen— y, a partir de una reformulación del  proyecto de la alianza histórica de la centroizquierda, ampliarla a toda la izquierda, tal como esta se configura hoy, y a formas nuevas de relación con la ciudadanía y los movimientos sociales. Es decir, a partir de la alianza entre la DC y la Izquierda, construir una nueva mayoría política y social, ampliar la base de sustentación de la opción presidencial de Michelle Bachelet que deberá ser elegida, frente a otras opciones que legítimamente se levantan, en una primaria democrática y vinculante.

Por ello, es negativo y claramente se transformará en una innecesaria camisa de fuerza tanto para la DC como para el propio PS, el reactivo acuerdo presidencial y parlamentario entre los dos partidos. Lo mejor que puede hacer el PS es liberar a la DC de un acuerdo que nadie entiende, que se interpreta de manera contradictoria por quienes lo suscribieron, y permitir que un candidato democratacristiano compita, en la primaria de toda la oposición, con Michelle Bachelet. La DC lo quiere, probablemente lo necesita por un problema de identidad y, al menos en mi opinión, es la única candidatura que tiene sentido en una competencia con la ex Presidenta, que como día a día confirma la ciudadanía, goza de un enorme apoyo.

Más que intentar “amarrar” burocráticamente la candidatura de Michelle Bachelet, cosa que la ex Presidenta ciertamente jamás desearía ni necesita, hay que movilizarse para obtener un gran resultado municipal, hay que ampliar nuestro pacto de centroizquierda, superando cualquier fetichismo y concentrarse en las ideas, en las propuestas que hacemos y discutimos con el país para construir un Chile más equitativo, democrático y sustentable.

Esta confesión del ex dictador, condenado por la justicia de su país a cadena perpetua, es significativa porque entrega la motivación de las dictaduras latinoamericanas para promover la desaparición forzada de personas. Da cuenta de que el desaparecimiento de personas no fue un exceso sino una política sistemáticamente planificada, selectiva, de quienes debían ser detenidos, torturados, asesinados y ocultados, negando que los órganos represivos los tuvieran en su poder e incluso montando, con los medios de comunicación que avalaron y fueron cómplices de esta política, operaciones distractivas, simulaciones de supuestos enfrentamientos,  fugas al exterior del país, para ocultar los horrendos crímenes cometidos. El desaparecido fue una categoría especial de la represión militar y hoy las motivaciones quedan al desnudo.

Las confesiones del ex dictador argentino son plenamente aplicables a la dictadura de Pinochet dado que se trató de una política diseñada por las dictaduras militares latinoamericanas, especialmente la argentina, brasileña y chilena, para impedir que la opinión pública conociera los crímenes que se cometían, para torturar sin plazos y en  penumbra, para profundizar el terror en la sociedad y la angustia de los familiares que mantuvieron, en muchos casos por largo tiempo la esperanza que sus seres queridos estuvieran vivos, ocultos en algún lugar, transformados en rehenes del régimen de Pinochet.

El secuestro y la desaparición de una persona creó un estado psicológico especial.  Mantener el terror y la angustia en el tiempo,  asesinar sin tener que dar explicaciones sobre personas que el régimen no reconocía haberlos detenido, poder ocultar sus restos, trasladarlos, lanzarlos al mar, dinamitarlos, ocultar todo signo sin dar explicaciones, porque los embajadores de Pinochet afirmaban en la ONU, en los primeros años, que los desaparecidos no existían. Incluso, respecto de los primeros 119 desaparecidos la dictadura de Pinochet montó un operativo comunicacional nacional e internacional para demostrar que se trataba de personas que permanecían en la clandestinidad o que habían salido del país.

Los hombres del régimen militar que participaron de las masivas desapariciones de detenidos nunca han dado una explicación como la entregada hoy por el ex dictador argentino. Crearon un sistema de silencio cómplice, profundo, inexpugnable. Comprometieron a centenares de mandos militares en algunas de las múltiples etapas que significó secuestrar, torturar, asesinar y ocultar los restos y aún hoy, con Mesas de Diálogo de por medio, el Ejército de Chile nunca ha mostrado un real compromiso para averiguar y entregar el paradero y la suerte sufrida por los desaparecidos.

No hay duda que especialmente el Ejército chileno tiene una deuda con los familiares de los desaparecidos y con el país. Máxime cuando en el vértice de  de la institución se mantuvieron, hasta hace pocos años y en plena democracia,  oficiales que habían  pertenecido a la DINA, que participaron directamente en alguna fase del delito o que conocieron de los hechos y callaron y de los cuales solo a través de las investigaciones judiciales recientes se ha podido acertar dicha participación.

Las investigaciones judiciales demostraron que la operación llamada “traslado de televisores”, es decir de restos de los desaparecidos, realizada en 1978, se produjo desde cuarteles, regimientos y fue hecha por militares que habían estado comprometidos, de una u otra forma, con el secuestro y desaparecimiento de personas y que se encontraban en servicio activo. Es, por tanto, imposible que en el Ejército nadie supiera nada sobre donde fueron llevados estos restos y sobre el registro de ellos, que era necesario manejar detalladamente  para trasladarlos. Los mandos siempre han conocido el historial de los desaparecidos en Chile y los han mantenido oculto por decenios.

Las tenebrosas declaraciones del ex dictador Videla, donde se registra también el asesinato de niños y la entrega de pequeños nacidos de violaciones en los lugares de tortura en adopción a los propios militares, reabre este debate y hoy, que la transparencia es el elemento clave de la credibilidad de las instituciones, el Ejército chileno debiera abrir una investigación para dar con los restos o al menos reconstruir la información de que ocurrió con estos miles de chilenos y entregar a sus familiares una respuesta sobre sus seres queridos que fueron hechos desaparecer para ocultar todo rastro de los crímenes cometidos. Hacer verdad es clave no solo como recurso ético sino también como resguardo  de los valores democráticos y de respeto de los derechos humanos. Si ello no ocurre, esta herida seguirá abierta para siempre.

Me opongo a la decisión impulsada por el subsecretario Wagner (ex alto ejecutivo de la Isapre Banmédica) de licitar yacimientos de litio bajo la forma de “Contratos Especiales de Operación”, ya que ello vulnera la Constitución, la legislación minera, que define este mineral como estratégico, no concesionable y busca premeditadamente eludir el debate parlamentario para entregar, por vía directa, la explotación del litio integralmente a privados. El argumento del Subsecretario Wagner de que esta vía ya se ha utilizado con el petróleo es falaz dado que Chile no es un país petrolífero, pero si tiene las mayores reservas de litio en el mundo y, dado su carácter estratégico, la ampliación de su explotación debiera ser parte de un debate y una modificación a la legislación minera resuelta por el Parlamento y no a través de un subterfugio inspirado en un decreto de la época de la dictadura.

El litio es un mineral del futuro, algunos lo llaman el “petróleo blanco”. Chile posee las mayores reservas mundiales y con bajos costos de explotación, ya que se encuentra a más baja profundidad, en los salares. Este es además un recurso estratégico, porque está ligado a la energía y la producción de tritio, uno de los componentes de la fusión nuclear y, por ende, se debe confirmar constitucionalmente el carácter estratégico y generar una política pública para que el Estado entre en su explotación más allá del arriendo de concesiones que la CORFO tiene con SQM y SCL, que han constituido una especie de monopolio en la explotación y comercialización del recurso minero.

Es imprescindible, por tanto, abrir nuevos caminos en la explotación del litio, ya que ello puede entregar enormes recursos al país. Pero ello debe hacerse a partir de la existencia de una política pública hacia el litio, toda vez que este mineral se ha convertido en un insumo insustituible en industrias como la energía, la informática, la telefonía celular, naves espaciales, y especialmente en el desarrollo automotriz híbrido y eléctrico.

Por ello y por el combate que en el mundo se da contra el dióxido de carbono y el exceso de utilización de los combustibles fósiles, la demanda mundial de litio aumenta entre un 7 y un 8% anual y su precio internacional ha pasado de mil 700 dólares la tonelada a 6 mil dólares en pocos años y este precio seguirá incrementándose acorde con la mayor demanda en el mercado mundial.

Por tanto, si el Gobierno quiere ampliar la explotación del litio, debe, en primer lugar, pensar en el rol que el Estado va a jugar en este proceso, tratándose además de un mineral considerado por nuestra legislación como estratégico, y, a partir de ello, elaborar con todos los sectores una propuesta para modificar la ley de Concesiones Mineras —recuerdo que dicha modificación requiere de quórum calificado—, la ley de la Comisión Chilena Nuclear y otras disposiciones donde se establece la no concesionabilidad de este mineral, pero ello debe hacerse resguardando, en primer lugar, el interés público.

El Gobierno, con su idea de licitar yacimientos de litio a través de los Contratos Especiales, se transforma en una agencia de promoción de inversionistas privados del litio en nuestro país, ya que el mercado mundial determina un aumento creciente de la demanda y si ella es ya de 90 mil toneladas anuales de carbonato de litio solo en los próximos cinco años esta se duplicará, lo cual crea un mercado en expansión muy notable para un país que tiene las mayores reservas de litio en el mundo, especialmente en sus salares en el norte de Chile.

Quiero recordar que el actual marco jurídico del litio está dado por la Ley de Minería (año 79), por la Ley de Concesiones Mineras (año 83) y la ley orgánica y reglamentos de la Ley de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Toda nuestra legislación mantiene las reservas de explotación de litio a favor del Estado y el litio no es susceptible de concesión minera, salvo aquellas constituidas con antelación a la publicación de la ley. En virtud de ello, CORFO tiene la concesión de las pertenencias mineras en el Salar de Atacama, donde existen las mayores reservas de litio del mundo, pero CORFO arrienda por un tiempo determinado y montos de explotación preestablecidos, y a solo 40 metros de profundidad, a SCL y SQM —cuya producción es hoy el 43% de la producción de litio a nivel mundial— pero, a la vez, el contrato formulado es tan leonino para el Estado que impide que CORFO arriende a otras empresas o explote directamente el resto de las pertenencias no arrendadas en el Salar de Atacama.

Es cierto que tenemos una pésima legislación sobre la explotación del litio, que inmoviliza y en la práctica permite la existencia de un monopolio contractual en el Salar de Atacama. Mi llamado al Gobierno es a evitar un subterfugio de las licitaciones directas, que por lo demás crearán una gran incertidumbre en los futuros inversionistas. Por el contrario, lo adecuado es consensuar una modificación a la normativa actual, pero en un sentido inverso a como lo ha anunciado el Gobierno, ya que lo primero debe ser que el Estado explote el Salar de Atacama —donde hay reservas estimadas por la empresa SQM de 6,9 millones de toneladas hasta 200 metros de profundidad que el mineral sea calificado como estratégico— que confirme el valor estratégico del mineral, por razones distintas a las que tuvo la dictadura militar que estaban ligadas a la Guerra Fría, y que el país en su conjunto pueda beneficiarse de su explotación cuyas utilidades ya son altas. Estamos solo al inicio de la explotación de un mineral con un enorme impacto en el mercado y que puede dar una grandiosa fuente de ingresos a la economía y al Estado chileno.

CODELCO debiera ya comenzar a explotar el litio en el salar de Pedernales donde tiene las concesiones y se debe abrir la inversión pública y asociada en Maricunga, Punta Negra, Incahuasi, Aguas Calientes y generar una política de cooperación ahora con Argentina y cuando las condiciones lo permitan con Bolivia, países con los cuales constituimos el triángulo del litio a nivel mundial. De hecho, Bolivia ya ha emprendido la industrialización del litio a través de la Corporación Estatal Minera, adelantándose a lo que debiera hacer Chile con este mineral.

Pero debiéramos dar otro paso más, que es crear una industria de productos de alta tecnología basada en litio y no solo conformarnos con la exportación del mineral. Las reservas en Chile podrían satisfacer la demanda de litio por 120 años y, por ambas consideraciones, el litio es estratégico y aparece muy mezquina, inconstitucional y destinada solo a favorecer la inversión privada el camino que está eligiendo el gobierno y al cual la oposición y la ciudadanía debe hacer frente con extrema decisión.

Un aspecto que destaca en la búsqueda de Gramsci, entre los jóvenes de hoy, es -seguramente- que su elaboración se inscribe en una corriente que coloca de relieve el factor de la subjetividad, de la espiritualidad, de la ética, de la estética, estableciendo un nuevo nexo entre sujeto y objeto, entre medio y fin, que permite descubrir en ellos profundas categorías que no fueron parte de la tradición marxista clásica.

Muchos estudiosos han calificado a Gramsci, Bobbio entre ellos, como el “teórico de la superestructura”. Esta calificación es útil, pero reductiva, ya que Gramsci es el teórico del bloque histórico y siempre subraya el significado de la interrelación entre ambas esferas. Es más, se siente incómodo en esta definición, va mas allá y establece que el propio proceso productivo es necesario enmarcarlo no sólo en la visión de la economía, sino también en el de la filosofía de la praxis. Dicho esto, lo cierto es que Gramsci reconceptualiza y reubica formulaciones filosóficas y políticas anteriores para determinar un nuevo escenario cultural.

Desde el punto de vista metodológico, Gramsci supera una forma de aproximarse a los problemas que fue típica de una parte de la izquierda marxista: ver la realidad filtrada por un conjunto de pre-supuestos más que como un proceso de descubrimiento de las novedades. Gramsci es un crítico implacable de las tesis preconstituídas, de los “objetivismos” y de los “determinismos” económicos que caracterizaron una parte importante de la elaboración del marxismo clásico.

Él busca desentrañar el saber, el conocimiento, a partir de los procesos y de las complejidades analíticas que detrás de ellos se encierran. Además, busca establecer la supremacía de la razón para comprender la conflictualidad, las contradicciones, los aspectos globales, la visión de conjunto de los fenómenos y su proyección, la nacionalización de los procesos que apunta a la creación de una voluntad colectiva como base de la hegemonía en sus diversas fases. Ésto es, justamente, lo que permite pensar la “gran política”, la cual constituye el verdadero objetivo filosófico de Gramsci.

Son notorias la novedad y la flexibilidad de los instrumentos en las categorías gramscianas y la forma no definitiva con que cada una de ellas son presentadas por Gramsci.

La primera, está constituida por la dialéctica entre estructura y superestructura, por la importancia de las culturas nacionales, por la fuerza de la subjetividad colectiva, por la acción política de las masas. La segunda, está constituida por la supremacía de la política y por la constitución de los subalternos como fuerza no sólo dominante, sino dirigente. Nace la valoración de la irrupción de las masas en la historia que se transforman en protagonistas de la construcción de lo nuevo. El tercer núcleo es la constitución de una nueva visión, no catastrofista, de las crisis endógenas del capitalismo y de sus eventuales salidas.

Otro aspecto que subyace -dentro de la originalidad del pensamiento gramsciano- es su realismo historicista como una visión integral de la vida y de la política ubicada en una consideración de los procesos singulares, nacionales, en los cuales las clases subalternas construyen su hegemonía. Ésto permite a Gramsci superar tanto la metafísica espiritualista, derivada del idealismo de Hegel y de Croce, como la metafísica materialista que construye un principio dialéctico apoyado sólo en los principios materiales.

Así, el realismo histórico de Gramsci -en los Cuadernos de la Cárcel- se liga a Maquiavelo, a su consideración de la autonomía de la política e introduce las argumentaciones del florentino en su filosofía de la práctica inspirada en Marx, lo cual es una fuente inspirativa en la creación del concepto de bloque histórico. Es la ética, a su vez, lo que permite a Gramsci, en esta proficua relación teórica con Maquiavelo, no subsumirse solo en la política como táctica en la configuración de su estrategia.

Es la polémica con el antipositivismo lo que impulsa a Gramsci a concebir la realidad, sea natural que política, como continuamente modificable por la cultura, por la voluntad, por la conciencia, por la acción, lo cual permite colocar la subjetividad en el centro de la elaboración gramsciana.

Por ello, la visión sobre la ideología deja de ser en Gramsci un factor negativo o neutro y se transforma en un factor positivo. Es el propio Gramsci quien señala “que un potencial error en la consideración del valor de las ideologías se debe al hecho de que se da el nombre de ideología tanto a la superestructura necesaria de una determinada estructura como a las elucubraciones arbitrarias de determinados individuos. El sentido peyorativo de la palabra se ha hecho extensivo, y ha modificado y desnaturalizado el análisis teórico del concepto de ideología”.

Lo interesante es la originalidad de Gramsci y de su elaboración, la forma como éste coloca caminando de pie el marxismo después de su paso “ruso” y lo traslada a occidente, creando o reinterpretando un conjunto de categorías políticas y filosóficas, un verdadero léxico gramsciano, que engloba los conceptos de bloque histórico, sociedad civil, hegemonía, guerra de posicionamiento, intelectuales orgánicos y tradicionales, fascismo, revolución pasiva, catarsis, moderno príncipe y muchos otros términos con los cuales Gramsci construye una verdadera ciencia política y una teoría del Estado, de la superestructura, completamente nueva dentro del marxismo y más allá de él.

La supremacía de la Política como idea fuerza resume mejor que ninguna el aporte del gran pensador sardo a la filosofía y a la política. Cierto, Aristóteles y Maquiavelo, liberan la política y Gramsci repite en su obra la expresión del filósofo griego del hombre como “animal político”. Para Aristóteles, que visualizó y determinó antes que nadie la autonomía de la política, la politicidad era natural–pasiva. Para Gramsci, más de dos milenios después, el hombre es esencialmente político, porque en “la actividad para transformar y dirigir conscientemente a los demás hombres realiza su “humanidad”, su “naturaleza humana”. Este pensamiento de Gramsci lo dice todo respecto del peso de la subjetividad humana, de la construcción de identidad y de la realización personal ligada a las transformaciones sociales y políticas.

Detrás de esta iniciativa del Ministerio de Educación, en especial desde el mundo de la derecha civil que participó en altos cargos de la dictadura y que hoy es parte del gobierno de Piñera, es el esfuerzo, meticulosamente pensado, por reescribir y reinterpretar la historia. Enseñar a nuestros niños, desde los primeros años de su formación escolar, cuando se aprende a leer y se dan los primeros pasos de la construcción de imaginarias sociales, que lo que hubo fue simplemente un régimen militar y no una dictadura es un intento de liberar a este período histórico de su esencia: el terrorismo de Estado, los crímenes de lesa humanidad por los cuales la dictadura de Pinochet fue condenada ininterrumpidamente por la ONU durante 17 años, los crímenes que traspasaron las fronteras, las violaciones extremas a los derechos humanos, la cancelación de las libertades y de las instituciones republicanas.

Hablar solo de régimen militar es también un intento por esconder la presencia de los civiles que gobernaron con Pinochet, blanquear a quienes incitaron y decidieron el Golpe de Estado, liberar de responsabilidad política a quienes controlaron, con los militares, todo el poder y los negocios y concentrar en los militares de la época toda la responsabilidad de lo acaecido, presentando lo ocurrido como excesos cometidos por los militares y liberando de toda responsabilidad a una derecha política que compartía ministerios claves en lo político y en lo económico y que fue el sustento social e ideológico de la dictadura.

No sé si el ministro Beyer capta plenamente, dada su inexperiencia política, que al justificar y avalar esta operación de tergiversación de la historia, nacida en el seno de su propio Ministerio, asume una enorme cuota de complicidad y ensucia su impronta ética para ser el interlocutor válido del gobierno en el gran objetivo de la reforma educacional que será, también el 2012, el principal factor de movilización de la sociedad chilena.

Es más, el silencio mantenido por el propio Presidente Sebastian Piñera lesiona y resta total credibilidad a la imagen liberal que el ha construido de sí mismo y que se constituyó en el plus que permitió a la derecha ganar las últimas elecciones presidenciales. Es en su gobierno donde se intenta concretar este anhelado objetivo de los políticos e intelectuales de la derecha de cambiar la interpretación de la historia de los años de la dictadura.

La explicación del ministro Beyer es carente de relevancia intelectual y contradice toda la elaboración que por siglos ha hecho la Ciencia Política. Decir que el cambio obedece a que se utilizará el concepto “mas general” de régimen militar implica que Beyer da supremacía a una nueva clasificación de los regímenes políticos en militares y civiles y ambos desprovistos de los aspectos de contenido y de valores que ha servido a la Ciencia Política para establecer la tipología de los regímenes políticos en la historia antigua, moderna, contemporánea y aún mas reciente.

Ya alrededor del 350 antes de Cristo, en la antigua Grecia, Aristóteles – con mayor rigor intelectual por cierto que el que utiliza en su clasificación el ministro Beyer– distinguía entre monarquía, aristocracia y democracia, pero establecía aún mayores precisiones. A cada una de estas clasificaciones correspondía una forma corrupta: tiranía, oligarquía y demagogia. La filosofía política neoaristotélica fue tan importante que predominó hasta el inicio del Renacimiento, hasta el surgimiento de la filosofía de la duda, de la explicación de la razón. Por su parte Montesquieu planteó otra clasificación: República, Monarquía y Despotismo y señaló que los “principios” de estos regímenes son la virtud, el honor y el miedo. Importantes son los aportes de Polibio, Santo Tomás de Aquino, que retoma a Platón, Hobbes, Maquiavelo, los que en sus respectivas épocas establecen categorías de regimenes políticos basados en la esencia y no en los uniformes.

Desde la Ilustración, con Rousseau, la Revolución Francesa, las Declaraciones Americana y Francesa de los Derechos del Hombre, se acentúa el tema de los valores y de la dignidad kantiana del hombre moderno. La democracia, como norma y valor, es el centro de toda clasificación de regímenes políticos y ella es la principal contraposición a la multiplicidad de regímenes autoritarios, de diversa matriz ideológica, surgidos en el siglo XX entre los cuales al propio régimen de Pinochet.

Numerosos autores, que han estudiado en la segunda parte del siglo XX las democracias como regímenes políticos, como Duverger, Aron, Bobbio, Arendt, Habermas, Rawls, Dahn, Sartori, Huntington, entre muchos otros, han incorporado temas como el pluralismo, el rol de la ciudadanía, el principio de la legalidad, el funcionamiento de las instituciones, la cuestión social,  el respeto a los Derechos Humanos de primera, segunda y tercera generación, como elementos distintivos de diversas clasificaciones, y aún mas recientemente los autores que tratan el tema de la globalización y la revolución digital de las comunicaciones, como Beck  y Castells, para nombrar solo dos, han profundizado en los nuevos alcances de la ciudadanía y la democracia  en la era global y de las Nuevas Tecnologías de la Información, pero ninguno ha establecido como patrón predominante de clasificación de los regímenes políticos el de regímenes militares y civiles a lo que aduce el ministro Beyer. Democracia y dictadura, en sus diversas acepciones, han sido el eje y la base de clasificación de los regímenes políticos contemporáneos.

La historia de América Latina está, por lo demás, plagada de regímenes militares y de  civiles que fueron dictaduras o tiranías de acuerdo a su esencia, a los valores y todo ello desmiente la clasificación que propone hoy el ministro Beyer para eliminar de la enseñanza el término dictadura universalmente establecido, incluso en las resoluciones de la ONU y de otras instancias internacionales, respecto al régimen que encabezó Pinochet.

Lo aconsejable y digno sería que el ministro Beyer revisara su concepción, propusiera eliminar la clasificación inventada ad hoc por la Sra. Fontaine y repusiera la verdad histórica: el régimen de Pinochet fue una dictadura, una de las más cruentas y crueles del siglo XX, aunque ello duela a aquella parte de la derecha que participó de este régimen y que busca un atajo burocrático para evitar cualquier autocrítica y aunque ello impida cumplir con un supuesto compromiso de este gobierno con la derecha dura y el militarismo pinochetista para cambiar por decreto la  historia de 17 años de la vida del país. Justamente la memoria de que este país vivió una dictadura debe servir para el nunca más a regímenes que asesinen por pensar distinto. Si así no ocurriera, la base subjetiva de la democracia se haría más frágil.

Hoy Larroulet nos habla de valores a preservar, en el fondo, para justificar la mantención del sistema electoral que ha favorecido la presencia política de la derecha desnaturalizando, en largos períodos, la expresión de la soberanía popular. Cuando Larroulet habla de estabilidad está pensando en un parlamento empatado, en una ciudadanía ausente y en consensos que se logran solo entre partidos y bloques. Es decir, en una democracia mínima que ni siquiera garantiza plenamente la correspondencia entre la voluntad del voto ciudadano y los electos y tampoco un pluralismo que incorpore a las diversas voces que existen en la sociedad.

Si hablamos de reglas y valores a preservar al analizar un cambio del sistema electoral, es bueno recurrir a las ideas de uno de los más ilustres politólogos italianos, Norberto Bobbio –que vino a Chile en plena dictadura y condenó sus crímenes, y la falta de libertad- y cotejarlas con las del ministro Larroulet.

Bobbio, cuado habla de valores a preservar, se refiere a la tolerancia, a la superación de los fanatismos nacidos de la vieja convicción de poseer, al unísono, la verdad y la fuerza para imponerla. Se refiere a la renovación de la sociedad a través del libre debate de ideas, del cambio de mentalidad y del modo de vivir. Se refiere a una característica intrínseca de la democracia que es su carácter conflictual, es decir el poder no puede silenciar a la sociedad civil, empequeñecerla, ahogarla en el altar de la razón de Estado. El ideal liberal de Bobbio es el rechazo a los integrismos filosóficos, religiosos, ideológicos –tan presentes en una parte de la derecha que hoy gobierna- que son contrapuestos a la libertad y a la autonomía de las personas y de los ciudadanos

A su vez, cuando Bobbio habla de reglas de la democracia, la primera de ellas es la competencia, de la cual el sistema binominal es justamente la negación. Uno de los factores que genera la crisis actual del sistema político chileno es que está pensado para impedir la competencia y el acceso de todos los sectores a las instituciones. La segunda regla es que el sistema electoral de una democracia debe consagrar una mayoría y una minoría, que naturalmente puede cambiar y con ello se producirá la alternancia en el poder. El binominal no la consagra, por el contrario su esencia consiste en que la minoría valga lo mismo que la mayoría y cuando los bloques se contrapesan se tienda al empate perenne. Es decir, como lo piensa Larroulet de manera contrapuesta a Bobbio, la gobernabilidad la impone un sistema electoral que se estructura para impedir los cambios. Es la gobernabilidad del inmovilismo, de la tecnocracia, de la visión neoliberal para la cual todo es el mercado y donde la política y los ciudadanos juegan un rol mínimo. La tercera regla de Bobbio es que si eres minoría no estas fuera de la ciudad y debes tener todos los derechos para contraponer tus ideas, proyectos y propuestas a las de la mayoría.

Finalmente, para Bobbio la democracia comporta construir consensos, pero el primero de ellos es con el pueblo y no un consenso de elites para producir reformas palaciegas. Un gran consenso, que habría sido apoyado por Bobbio, sería preguntarle en plebiscito a la sociedad chilena si quiere mantener la actual Constitución o generar una nueva, tal como los italianos lo hicieron al preguntarla a su pueblo en referéndum si querían la monarquía o la república. Para éso son los consensos, para cambios históricos y hay que tener claro, para no entramparse, que para ello la derecha chilena no está preparada ni disponible porque sigue ligada culturalmente a muchas de las instituciones políticas y económicas heredadas de la dictadura.

En la visión de Bobbio, además, los valores incluyen consagrar una ciudadanía partícipe del proceso político que debe ser escuchada por el poder, respetar no solo los derechos humanos históricamente esenciales sino además aquellos que se incorporan como derechos de tercera y cuarta generación y a los grupos sociales que los enarbolan. Son precisamente ellos quienes quedan fuera del sistema político con el sistema electoral binominal mayoritario: mujeres, jóvenes, indígenas, minorías sexuales, ambientalistas, sectores mas desposeídos de la sociedad.

Por tanto, cuando Larroulet habla de valores, está en el fondo haciendo una defensa de un sistema fáctico e ilegítimo, creado en dictadura, que está en profunda crisis de credibilidad y de representación y que o se modifica, incorporando verdaderos valores democráticos, o se derrumbará fruto de la movilización ciudadana o del llamado a no votar en las elecciones parlamentarias, consigna, que si no hay cambios verdaderos, se anidará fuertemente en los cuatro millones y medio de ciudadanos que se incorporan con la inscripción automática, y provocará una más profunda ilegitimidad del sistema político.

Larroulet y el gobierno, consultando formalmente a ex Presidentes de la República y partidos para después buscar imponer una reforma electoral gatopardista que “cuide los valores” como dice el ministro, no logra comprender que no están los tiempos para consensos que busquen mediatizar el sentimiento de cambios de la sociedad y mantener el actual sistema económico y político fuertemente rechazado por esta.

Hay una nueva subjetividad en la sociedad chilena y es ella la que se distancia cada día más de un  gobierno con un Presidente, que más allá de sus atributos, no logra crear un mínimo de confiabilidad y credibilidad en la ciudadanía. Es una subjetividad a la cual ya no se puede atemorizar con los cucos que siempre ha utilizado la derecha. Si insiste en mantener el sistema electoral binominal mayoritario, el gobierno será parte de la crisis. La oposición, más que enfrascarse en un diálogo sin perspectiva alguna, en la búsqueda de un consenso para un cambio “dentro de lo posible”, debe levantar un movimiento social que presione por el cambio del sistema político y de la Constitución y transformarlo, junto a la reforma educacional y a una verdadera reforma tributaria que este gobierno será incapaz de realizar, en grande objetivos a conquistar en un nuevo gobierno de centroizquierda comprometido con los cambios de fondo que la sociedad exige.

Entre los valores a preservar de Larroulet  y los de Bobbio hay una distancia sideral, es la distancia entre una democracia tutelada y una democracia que respeta la soberanía popular y hace partícipe a la ciudadanía.

El voto, expresión más emblemática de la ciudadanía, es antes que nada un derecho y así fue consagrado desde la Revolución Francesa en adelante. Justamente porque es un derecho queremos establecer la inscripción automática, es decir, que a una persona se le reconozca este derecho ciudadano directamente al cumplir 18 años, sin ningún tipo de trámite burocrático que condicione o limite su derecho. Pero, a la vez, la voluntariedad del voto es una componente esencial de este binomio ya que reconoce que el derecho se ejerce de acuerdo a la autonomía individual de la persona la que decide ejercerlo como una manifestación clara de su adhesión a un determinado proyecto, programa o candidato.

Me parece esencial que si todos los chilenos mayores de edad quedarán automáticamente inscritos para votar no sean obligados por el sistema político a ejercerlo cuando el sistema político lo imponga, sino que se respete la autonomía de la persona para disponer de su voto. No votar es también una manera extrema de votar, es decir es una manera de expresar rechazo, descontento o malestar al sistema político en un determinado momento.

En una sociedad moderna la autonomía de las personas para decidir sobre sus cosas debe ser consagrada y ello es parte de una mirada de la libertad que no se puede conculcar en el altar de preservar la representatividad del sistema político a través de la obligatoriedad del voto.

Ciertamente el votar puede ser presentado en el plano ético como un deber con la sociedad. Pero esto no puede ser trasladado de la ética a la normatividad jurídica sin afectar la esencia del voto, es decir su calidad de derecho establecido en el plano de la libertad del individuo y del ciudadano. La ciudadanía moderna se establece a partir de un individuo libre que renuncia a cuotas de su libertad para vivir en comunidad. Pero esta renuncia no afecta su subjetividad, su derecho a pensar y a decidir cuándo y cómo utilizar los instrumentos de la ciudadanía. De lo contrario la renuncia voluntaria a favor del Estado, que está en el origen del pacto liberal de la ciudadanía y de la propia democracia, se transforma en una imposición del Estado y en una subordinación de la libertad toda vez que este invade el campo de la subjetividad que no ha sido entregado por el individuo como parte del contrato democrático. La subjetividad no se obliga, se encanta, se atrae y si los políticos no pueden hacerlo no hay voto obligatorio que en el mundo de hoy pueda garantizar, por la vía del deber, la participación democrática.

Por lo demás, en medio de la modernidad avanzada y de una revolución tecnológica que instala la era de la información digital y entrega a las personas la capacidad comunicacional de ser receptor y emisor, a la vez, de ideas, juicios e información y transforma , con ello, la política y la propia ciudadanía que hoy construye comunidades virtuales de personas que se comunican y movilizan por diversos intereses que el sistema político no es capaz de resolver, resulta inadecuado pensar que el voto obligatorio puede reestablecer una cierta normalidad participativa.

Estas personas, millones de chilenos, ya están en la cosa pública, solo que en una plaza distinta a la de los partidos y de las instituciones. No hay que olvidar que son los no inscritos, la mayoría de los estudiantes, los que con sus movilizaciones han remecido el sistema político y han revolucionado una política atrapada en los compromisos y en las mediaciones de todo tipo. Por  tanto, si se quiere influir para que esta ciudadanía del siglo XXI vote, en un contexto de un sistema político en el cual no confía, más que establecer normas coercitivas y obligatorias hay que convocar en el plano de las ideas que se conecten con la nueva subjetividad que hoy cursa precisamente en los que no están inscritos. Es un tema filosófico más que policial.

En esta óptica, si el sistema político teme no ser representativo y teme que los inscritos automáticamente no voten sin ser obligados a ello este es un déficit del sistema político que este debe corregir. Si se quiere el voto entonces hay que mejorar la calidad de la política, los partidos deben dejar clanes cerrados, la transparencia debe ser una norma, los programas deben incorporar ofertas atractivas a los jóvenes, los candidatos deben ser elegidos en primarias, el sistema electoral debe promover el respeto de la soberanía popular y del pluralismo es decir se debe avanzar en la democratización del sistema político y no apuntar a la coerción, por débil que esta aparezca, para garantizar falsamente este propósito.

Uno de los temas que mas desafección provoca en quien no está inscrito, y en muchos de los que si lo están, es la falta de competitividad del sistema electoral. Este es un asunto relevante, la democracia es competitiva o no lo es plenamente. Es decir, la democracia supone que el ejercicio del instrumento a través del cual se ejerce la ciudadanía política y la soberanía, el voto, no puede ser predecible, debe contener grados de incertidumbre dado que está situado en el plano de la subjetividad de la persona. Eso no se cumple en el sistema chileno y, por tanto, mientras no se modifique el sistema electoral binominal mayoritario que tergiversa la soberanía, que no ofrece alternativas de competencia, que está configurado para el empate y que sólo da garantías al candidato, el efecto de la inscripción automática será limitado. Este es el tema de fondo, más que establecer la sanción para el que no vota hay que establecer el estímulo para que quién vote vea reflejado en su voto la cuota de soberanía que le pertenece.

Por ello, soy partidario de mantener la propuesta original del gobierno de la Presidenta Bachelet “inscripción automática y voto voluntario” y que los partidos y los políticos se ganen el voto de la gente con una mejor política y una mejor oferta de rostros y no con la violación de la autonomía personal que yo tengo de ejercer mi voto y de determinar cuando hacerlo.

Las experiencia en los países europeos donde el voto es voluntario es que la población vota en altos estándares cuando las propuestas o los candidatos son atractivas y no hay, de cualquier manera, una abstención alarmante. En algún momento, el sistema político tiene que atreverse a estar en el trapecio y hacer sus piruetas sin la red de protección.

No hay, ningún dato empírico serio que avale determinados argumentos que se han entregado por parte de un sector de  la clase política de que el voto voluntario perjudicaría a los jóvenes porque no serían tomados en cuenta en los programas, que habría menos equidad hacia ellos, que habría un sesgo hacia los más pobres que no votarían si fuera voluntario, etc.

Los jóvenes ya no votan y la oferta de inscribirlos automáticamente solo es atractiva si ellos deciden cuándo y cómo votan y eso espero que los políticos lo respeten. Lo demás aparece, mas bien, como un esfuerzo de un sector de la clase política para reducir la incertidumbre del voto, en una fase, en que como señala Baudman, los “tiempos son líquidos” y lo único estable es el cambio. La política debe atreverse, de lo contrario los jóvenes y los no inscritos no cruzarán la calle.

El que sea el Alcalde Labbé, el único de los personeros de la DINA que ha logrado una reinserción electoral durante los años de la democracia, quien invita a la manifestación de apoyo a Krassnoff, deja en claro que esto se planificó, se pensó en cómo hacer el mayor daño reproponiendo el espectro del pasado. Con Labbé, anfitrión de la iniciativa,  se ha querido dar a ella el mayor realce comunicacional posible, se ha buscado abrir la polémica e involucrar al gobierno y a la derecha en ella, se ha transformado el acto no solo en una cruel provocación a las víctimas de Krassnoff y de la DINA, sino en un verdadero desafío a Piñera y a toda la derecha a la cual se le recuerda que si Piñera es Presidente y ellos gozan de los privilegios de los cargos de gobierno es porque el pinochetismo también  colocó sus votos para consumar dicho objetivo.

Recuerdan a Piñera, reivindicando a Krassnoff, que dicho apoyo fue pactado, que el candidato de la derecha se reunió con la “familia militar pinochetista” y que hubo compromisos de revisar causas, de aplicar amnistías y de incorporar militares comprometidos con las violaciones a los Derechos Humanos en el indulto presidencial, cosa que no ha ocurrido y que es casi imposible que Piñera quiera o pueda cumplir dado el repudio que ello conllevaría en una sociedad chilena con más capacidad de crítica y de movilización.

Por ello, el rol visible de la convocatoria lo juega el Alcalde Labbé, que ya ha desafiado al gobierno con sus medidas represivas en contra del movimiento estudiantil causando bochorno e incomodidad en La Moneda, en un gobierno y en un parlamento donde subsisten los hombres que de una u  otra forma estuvieron ligados a la dictadura. Justamente, eligen a Krassnoff, dado que este fue el organizador del emblemático “Acto de Chacarillas”, como un mensaje, para que ninguno de estos personeros olviden fácilmente su antigua identidad pinochetista.

Casi como un gesto mafioso, de advertencia, envían una invitación al Presidente a participar en la presentación del libro sin imaginar que la inoperancia y el descuido de una funcionaria o la connivencia de ella con el ideario de la dictadura, llegaría a involucrar directamente al Presidente en un saludo, que este no conoció ni formuló, y donde se llega incluso a rescatar la figura de Krassnoff  como representativa de una generación de militares y  se desea éxito al encuentro. Este regalo inesperado constituye una victoria gigantesca para los organizadores ya que de alguna manera, en el ámbito comunicacional, el gobierno se ha visto involucrado, ha debido dar explicaciones, se ha repropuesto el viejo escenario confrontacional siempre favorable al pinochetismo y que arrastra la imagen de un sector de la  derecha. Con ello se ha realzado la importancia de una iniciativa que, aún estando completamente aislada en la sociedad chilena, recoloca el tema de los “militares de Pinochet” más allá de lo que seguramente esperaban.

Este error del gobierno, la participación de Labbé como organizador del evento, los balbuceos de muchos exponentes de la vieja derecha que no se atreven o no quieren condenar los crímenes y las violaciones a los Derechos Humanos, ha permitido que Krassnoff, inesperadamente, se transforme en un ulterior factor de debilidad de Piñera y de su alianza presionada por el pasado, que les asoma como un fantasma que no está dispuesto a desaparecer de escena.

El acto, por cierto, está inscrito en un esfuerzo, al cual el activismo pinochetista no renuncia -por vano que ello parezca dado que la cruda verdad de los crímenes de la dictadura ya está fuertemente instalada en la conciencia de la sociedad chilena– de reinterpretar la historia. Por ello, en estos días, hemos vuelto a escuchar a personeros de la ex dictadura militar, traídos a las pantallas  de la TV, a los micrófonos de las radios y a las columnas de los diarios, como verdaderos espectros de ultratumba, a hablar de nuevo de los valientes soldados que enfrentaron al marxismo y a partir de ello justificar los crímenes cometidos, presentando a los militares involucrados como “perseguidos políticos”, negando incluso la veracidad de las pruebas con las cuales los tribunales de Justicia han condenado a Krassnoff y a la cúpula de la DINA a centenares de años de cárcel.

Se elige como emblema a uno de los más despreciables personeros de la represión, un psicópata directamente involucrado en decenas de crímenes y que siempre ha hecho apología de ellos, justamente para que sea claro que sus reivindicaciones llegan muy arriba, que no se trata solo de la exigencia de liberar a un soldado que recibió órdenes o a un subalterno que participó, como tantos, en el desaparecimiento de personas o en traslado de restos. No. La ambición es mayor. Se  trata de reivindicar directamente a la DINA, de instalar la idea de que gracias  a ella y a estos hombres injustamente condenados y encarcelados, se ganó la guerra al comunismo y hoy el país vive en libertad.

Saben que esto lo pueden lograr solo con un gobierno de derecha y utilizan la presión, el chantaje, la amenaza soslayada para que exigir que el Presidente cumpla con la promesa de liberar a los hombres de armas encarcelados o, en su defecto, pague un precio político altísimo de imagen, al recordarles a muchos la vieja pertenencia  a la dictadura, o incluso, se profundice la pérdida de apoyo en este sector que seguramente hoy está entre los que responden contra Piñera en las encuestas.

No recurren, para ello, a una petición de perdón a la sociedad. No se comprometen con entregar antecedentes que permitan esclarecer el paradero de los desaparecidos, no abren la olla de la responsabilidad directa de Pinochet en los crímenes ejecutados por la DINA, no hacen ningún gesto que favorezca la reconciliación, o una reconversión espiritual que pueda llevar al perdón. No. Recurren al alegato de la legitimidad de los crímenes, a la arrogancia, al espacio que ellos creen debe tener la dictadura en la historia de este país.

Justamente por los objetivos que hay detrás de la iniciativa del pinochetismo es mas repudiable el que sea un alcalde, elegido con los votos populares, el que organice este encuentro, ya que en el fondo Labbé utiliza este consenso ciudadano para un  propósito innoble como es promover la legitimidad de los crímenes y de los esbirros la dictadura. Por ello es que todos los que se sienten parte de una visión y adscripción a los valores democráticos y al respeto a los derechos humanos, debemos reaccionar juntos en la condena a esta asonada comunicacional preparada desde Punta Peuco y desde los escritorios de los viejos exponentes del régimen militar.

Por ello, también, es que todos los demócratas debiéramos unirnos en una operación de saneamiento democrático para impedir que Labbé, un hombre de la DINA de Manuel Contreras, siga siendo el Alcalde de la comuna de Providencia. Sería una gran respuesta a la arrogancia de la vieja dictadura que asoma a través de Krassnoff y de sus 144 años de condena a los crímenes cometidos en contra de tantos chilenos.

Su suerte estaba escrita. Gadafi no saldría con vida de la sublevación líbica y de la operación militar de la OTAN. Había tentado el asilo y viejos líderes africanos a los cuales había ayudado generosamente, bajo la presión de Occidente, se lo negaron. Era un personaje incómodo y podía transformar un eventual juicio en la Corte Penal Internacional en una tribuna política para denunciar y enjuiciar a sus antiguos amigos-enemigos occidentales y develar, ante los ojos de la humanidad del siglo XXI, desde su óptica contradictoria y megalómana, trazos de la historia, de los líderes, de las guerras, de los grupos terroristas y de los ejércitos, de los chantajes y  los innumerables negocios del petróleo, del siglo XX  y de estos años del siglo XXI en que finalmente había dejado de ser un paria y Occidente lo había acogido como parte de la comunidad internacional. Gadafi sabía demasiado, tenía un enorme sentido de la espectacularidad y del manejo de los medios, era riquísimo y había gobernado por 42 años. No era posible dejarlo vivo.

Gadafi cae como efecto de la primavera árabe que rápidamente incorpora a una parte del pueblo libio, de los jóvenes que se rebelan, pero muere en una guerra decidida y planificada hasta en sus en sus más mínimos detalles fuera de Libia. Esa es una diferencia clave con Egipto y Túnez y con la suerte que allí corrieron los dictadores y sus familias.

Pero el Gadafi que cae en Sirte era ya sólo un simulacro de aquel joven abogado y oficial, con breves estudios en Inglaterra, de aquel árabe panafricano fascinante que adhirió tempranamente a las ideas de Nasser, que organizó los Comités Revolucionarios en el Ejército monárquico y que un 1 de Septiembre de 1969 encabezó la revolución que derrocó al Rey Idris, instaló la República Árabe de Libia, unió a los clanes y tribus para construir por primera vez un Estado, expulsó las bases militares norteamericanas y británicas del territorio Libio, nacionalizó el petróleo y construyó una Libia que se asemejaba en su PIB y en su infraestructura a un país árabe moderno.

Gadafi era ya un espectro de aquel hombre que quiso ser el sucesor de Nasser en el mundo árabe y de Tito y  Nerhu en el Movimiento de los No alineados, de aquel líder que había convertido a Trípoli en la meca de los movimientos revolucionarios más diversos y que pregonaba un “socialismo” herético, autónomo, que hablaba en su Libro Verde, inspirado en el Libro Rojo de citas de Mao, de los fundamentos sociales de una Tercera Teoría Universal. De todo ello, del hombre que apoyó a Arafat siempre y que enamoró a Oriana Fallaci, que le dedicó esa notable entrevista en el Corriere Della Sera diez años después de la Revolución, ya a esta altura, no quedaba nada. El poder total lo había endiosado, lo había enloquecido, la Jamahiriya o Estado de Masas, era él y su clan familiar, convertido todo en una feroz autocracia represiva recubierta de nacionalismo y que se encaminaba a un tipo de monarquía con otro nombre.

Sin embargo, la desaparición de Gadafi no resuelve todos los problemas. Hay una gran incertidumbre sobre lo que ocurrirá internamente cuando finalmente las fuerzas militares de la OTAN abandonen Libia. Puede desatarse una guerra civil subterránea, cruel, sin prisioneros, entre las Tribus de Bengasi que levantaron la lucha y las de Trípoli y de Sirte que, apoyaron a Gadafi porque había compartido el poder y los privilegios del petróleo.

Libia carece de una sociedad civil donde apoyarse para construir prontamente una democracia institucional. Ha sido una colonia por siglos, desde los antiguos romanos a los turcos hasta la conquista de los italianos. Un grupo de tribus sin ligámenes históricos, ni tradiciones culturales comunes, más allá de la forzada unidad de los 42 años del poder de Gadafi. Europa y EE.UU. intervinieron militarmente en Libia, y no en Egipto o en Siria, por el poder inconmensurable del petróleo, por la cercanía con Europa, porque vieron la posibilidad final de deshacerse de un aliado en el cual no confiaban, con razón, plenamente y hacia el cual había una larga lista de querellas por el apoyo a los grupos terroristas que operaron en Europa en los años 70 y 80, que produjeron  horrendas masacres y atentados, y que fueron financiados y entrenados por Gadafi.  Pero Gadafi, en su fastuosidad ya ridícula, era también, hoy, una contención al terrorismo islámico y a las grandes migraciones desde el norte de África hacia Europa.

Por ello, no sorprende la preocupación de los aliados occidentales frente a la decisión del Consejo Nacional de Transición encabezado por el moderado Mustafa Abdelil Jalil de instalar, como primera medida, después de la muerte de Gadafi, la vigencia de la Sharia, de la ley islámica, como el fundamento de todas las leyes, y de anular todas la legislación precedente, mas bien laica, – entre ellas el divorcio o el rol de la mujer en la sociedad y en el ejército – que entren en contradicción con la Sharia inspirada directamente en el Corán.

Es cierto que el Consejo Nacional de Transición es dominado por los musulmanes moderados y por ex hombres del antiguo régimen que se desligaron tempranamente de Gadafi al inicio de la revuelta. Pero los círculos de Al Qaeda ya pregonan que ganarán las elecciones y llaman a constituir la República Democrática Islámica junto a Egipto y a Túnez. Europa y Obama tienen el deber de cautelar, mas que los negocios de las empresas que ansían volver a controlar plenamente el petróleo en Libia, los derechos humanos, las libertades, y de ayudar, con todos los instrumentos de paz y de presión que posee la comunidad internacional, a vigilar el proceso de instalación de un régimen democrático en Libia. Que nadie extrañe la dictadura exhibicionista de Gadafi depende de este empeño de Occidente para instalar democracia más que neocolonialismo.

Con la muerte de Gadafi no nace aún una nueva Libia, hay un largo camino por recorrer. Pero es una oportunidad única e histórica para este pueblo.

Ello ha ocurrido en países árabes, en países europeos y en América, donde frente a crisis de índole económica, social o política, los sectores descontentos o los “indignados”, se han organizado con gran eficacia en redes sociales que plantean no sólo sus reclamos sino que sus propias alternativas de solución, exigiendo cambios a los poderes institucionales a través de masivas movilizaciones e incluso, como ha ocurrido en países árabes, haciendo caer gobiernos dictatoriales que por décadas sojuzgaron a sus pueblos.

Están los que claman democracia y libertades en los países árabes; los indignados en España y otros países de Europa que protestan contra la crisis económica y las medidas fiscales restrictivas o de austeridad que han adoptado los gobiernos; los indignados en Estados Unidos que culpan a las entidades financieras de ser responsables de la crisis económica que vive ese país; y los estudiantes chilenos que exigen educación pública gratuita y de calidad.

Los reclamos de los indignados en Europa y en Estados Unidos es un reclamo contra la vigencia de las economías neoliberales y sus efectos sociales. Los jóvenes y enorme sectores de capas medias de la sociedad se rebelan contra las desigualdades que provoca el sistema financiero, atribuyéndole a su movimiento un fundamento de índole moral; los indignados en Estados Unidos proponen acortar la brecha entre ricos y pobres y reivindican, adicionalmente, los derechos ciudadanos, la democracia y la protección del medioambiente. La intelectual canadiense Naomi Klein señaló recientemente que los manifestantes demuestran “que no se trata sólo de un pequeño grupo de jóvenes indignados con el poder económico de Wall Street sino que lo está toda la sociedad”.

Ellos se organizan utilizando las modernas tecnologías de las comunicaciones a través de las cuales han construido nuevas relaciones de poder – como afirma Manuel Castells- poder que compite con los partidos políticos, con los Gobiernos y con los Parlamentos, debilitando la democracia representativa tradicional que se expresa en los Parlamentos y la capacidad organizadora de la pluralidad ciudadana que ha correspondido hasta ahora casi plenamente a los partidos políticos. Lo anterior significa que hoy el poder comienza a repartirse de manera distinta entre sociedad civil y la sociedad política.

Como recuerda el sociólogo Ernesto Ottone, a partir de la reflexión del politólogo italiano Stefano Rodotà,  “además de las fragilidades endógenas, un enorme remezón llegó a través de la globalización que impuso una nueva forma de democracia, la doxocracia o democracia de la opinión pública o continua, en la que la voz de los ciudadanos puede alzarse en cualquier momento y desde cualquier lugar para formar parte del concierto cotidiano”.

McLuhan decía ya en los años 60 que es la tecnología la que modifica la subjetividad de las sociedades. La base tecnológica de la nueva forma de funcionamiento de la democracia, de la emergencia de nuevas ciudadanía, está dada por el paso de la comunicación análoga a la digital.

Del predominio determinante de la televisión, y sobretodo de la TV satelital, que dotó a los seres humanos de cualquier lugar del planeta de un nivel de información como nunca antes en la historia de la humanidad y que entró a un campo que era propio de la política y de los partidos, el interpretar el significado de las cosas , el sentido de los fenómenos, entramos hoy a la era digital donde la comunicación deja de ser vertical, deja de ser de pocos a muchos, espacio análogo que constituía también el escenario privilegiado de las cosas e instrumentos de la política, a la era de la comunicación de muchos a muchos, como la llama Castells, y que entrega a cada persona la posibilidad de ser, a la vez, receptor y emisor.

La forma de comunicar deja de ser un espacio más de la política y se transforma, como lo demuestra Castells y la vida cotidiana, en el espacio donde se ejerce la política. Ello debilita, sin duda, el rol de la intermediación de todas las instituciones que fueron características en la democracia.

Los ciudadanos se autoconvocan, emiten sus propios mensajes, fijan agendas, condicionan a los parlamentos y a los gobiernos, lo cual coloca en tela de juicio e invisibilizan la acción de los partidos y de los parlamentos, que aparecen actuando en una sintonía distinta a la de la sociedad, y que sin embargo han sido y son columnas vertebrales del sistema democrático.

La democracia esta cada vez más marcada por esta nueva forma de ciudadanía y los partidos,  parlamentos y demás instituciones de la representación están obligadas a adecuarse a estos nuevos fenómenos con mecanismos cada vez más abiertos que respondan a las exigencias de protagonismo participativo de la sociedad civil.

Junto a ello las nuevas tecnologías cambian los tiempos de la política y de la propia democracia representativa y esto no puede no afectar al trabajo parlamentario que tiene sus tiempos y donde el debate y la búsqueda de acuerdos es la base de su actividad. El juicio ciudadano, de gran desafección por los partidos, parlamentos e instituciones, se forma hoy en una óptica nueva determinada por la velocidad de las comunicaciones y quisiera que los parlamentos respondieran a sus aspiraciones en ese ritmo.

Se trata de una sociedad más exigente y más informada, convencida que los parlamentarios y los políticos corresponden a una casta privilegiada de la sociedad que se ha separado de ella y por la cual no se siente representada.

Asistimos, además, a una pérdida de densidad de la política y a una fuerte personalización de ella. Castells explica que el mensaje, más que ideología o proyecto, tiende a ser hoy el personaje mismo. La propia adscripción de los electores a los programas se debilita y una enorme masa de ellos fluctúa entre una y otra alternativa, de pronto de sectores ideológicos y políticos muy distintos en su contenido, viendo que ofrece cada cual, con menos sujeción al plano ideal y mucho más a la oferta de corto plazo del candidato. El elector le cree o no le cree al candidato más que a la oferta programática del partido que representa.

La personalización y la comunicación televisiva creó lo que el politólogo italiano Angelo Panebianco llama la democracia del público y esta la calidad de espectadores. Hoy eso está cambiando y los políticos y la política no lo registra en su verdadera dimensión. Está terminando una fase de la democracia y se abre una nueva forma de democracia donde la propia tecnología crea la posibilidad de consulta más directa y permanente a los ciudadanos que quieren ejercer roles más protagónicos. Esta tendencia, que está solo en sus inicios, llegó para quedarse y la política, los partidos y los parlamentos la comprenden y crean los mecanismos de escucha y acogida o los sistemas políticos pueden profundizar aún mas la crisis que se ya se observa en diversas latitudes del mundo.

Hay, por tanto, un cambio en la política. El fenómeno de la desideologización y la crisis de las utopías han terminado con las claves interpretativas de la realidad y con las propuestas que anunciaban sociedades superiores. Hoy la política es pragmática, radicada en el presente, como si fuera inamovible, y con insuficientes proyectos de futuro si consideramos las demandas crecientes de la sociedad, lo que la hace aún menos atractiva.

Se observa claramente un retraso cultural de la política para comprender e interpretar los nuevos fenómenos. Los políticos nos hemos quedado atrás ante la magnitud de las demandas aspiracionales de distintos sectores sociales, entre ellos: la más estricta igualdad entre mujer y hombres, la igualdad de oportunidades para todos, una justa repartición de la riqueza, una mejor distribución de los ingresos, el respeto por las minorías étnicas y por las minorías sexuales, la práctica de la multiculturalidad, el cuidado del medio ambiente y el acceso a bienes y servicios que mejoren la calidad de vida y también muchas de las demandas inmateriales que hoy se plantean en nuestras sociedades.

Hay, en cierta medida, más radicalidad y liberalidad cultural en la sociedad que en estratos importantes de la política y de los políticos. Dar respuesta a las aspiraciones parciales de distintos sectores sociales requiere de renovados proyectos de país que las haga viables. Requiere de más y mejor Estado, con capacidad reguladora sobre la economía y de defensa del ciudadano frente a los innumerables abusos del mercado. El ciudadano se siente desprotegido y por ello la demanda de un Estado que además de proteger los derechos y las libertades se haga cargo de garantizar para el ciudadano un conjunto de bienes que le permitan vivir con dignidad y realizarse según sus capacidades.

De allí la necesidad de fortalecer los Parlamentos, la política y los partidos políticos para atender a las demandas ciudadanas en el marco de los vertiginosos cambios que experimenta el mundo. Es preocupante que los Parlamentos, los políticos y los partidos políticos, tengan bajos niveles de confianza por parte de la ciudadanía. Este descontento responde sin duda a las aspiraciones sociales no atendidas, a las formas elitistas y auto referenciales con que operan los partidos e instituciones, a los escasos espacios de participación que la ciudadanía tiene en las decisiones, y, también, en las prácticas contrarias a la probidad que generan un fuerte repudio de la opinión pública que tiende a generalizarlas.

Es necesario, por tanto, renovar la calidad de la política y de los partidos políticos y este proceso debe ser permanentemente porque el sentido de la época se expresa en el cambio, el cambio como lo permanente, lo certero en un mundo líquido, lleno de sorpresas e incertidumbres. Los sondeos de opinión demuestran que la mayoría de los ciudadanos valora la democracia y las instituciones de la democracia, pero están descontentos con la forma como ella se ejerce y con sus logros. Recomponer la fractura entre instituciones de la democracia y ciudadanía pasa por más y mejor democracia y hoy las nuevas tecnologías permiten que la ciudadanía sea consultada fácilmente, que se escuche su voz, que se creen canales de expresión de ida y venida. Pero para ello debe haber voluntad política y esto aún no se observa en una clase política acomodada en las viejas prácticas y que aún funciona en una sintonía análoga.