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	<title>El Mostrador &#187; Antonio Rubio</title>
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	<description>El primer diario digital de Chile - Noticias, reportajes, multimedia y último minuto</description>
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		<title>Inmigración y minería, un juego de doble filo</title>
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		<pubDate>Sat, 18 May 2013 06:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rubio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs y Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[inmigración]]></category>
		<category><![CDATA[Minería]]></category>

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		<description><![CDATA[Los procesos migratorios internos y externos en el norte de Chile principalmente, generan una serie de problemáticas que como Estado y sociedad chilena no estamos observando, hecho que se agudiza si entendemos que las proyecciones de crecimiento minero en los próximos 15 años, aumentarán exponencialmente. ¿Qué quiero decir con todo esto? que se está incubando una bomba, lenta, pero bomba al fin y al cabo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Nadie discute que la industria minera ha sido para Chile, a través de la historia de su desarrollo económico, un importante eje sobre el cual se han construido las bases de nuestras políticas públicas y la solidez del Estado, además de que ha permitido el auge de importantes territorios como Antofagasta, Iquique y últimamente Copiapó, en el norte de nuestro país.

Pero detrás de toda esta bonanza producida en el último quinquenio debido al alto precio del cobre, se esconde una realidad que solapadamente crece día a día. Me refiero al fenómeno de la inmigración desde países como Colombia, Bolivia y Perú.

Lamentable resulta que a nivel de políticas públicas, de ejes programáticos, los candidatos presidenciales no manifiesten su parecer frente a un tema tan profundo como éste, considerando que demográficamente tiene tremendas implicancias en materias de salud, educación, vivienda y ni hablar de los problemas sociales asociados, llámese prostitución, narcotráfico y delincuencia, tan presentes en nuestro norte.



De otra forma, estamos frente a un tema país que está siendo invisibilizado y peor que eso, al parecer no contamos con información 100% confiable para evaluar la cantidad de población extranjera ubicada en las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Lo anterior, tras los cuestionamientos levantados a la información entregada por el INE a partir del Censo 2012.

Para agregar complejidad a este fenómeno, también se produce un proceso de migración interna hacia este “paraíso minero”. En este caso las cifras entregadas por la industria, hablan de una  necesidad permanente de profesionales y técnicos especializados en faenas mineras.

Según estudios realizados por académicos y profesionales del área social de la Universidad Católica del Norte, existe la percepción de que esta segunda categoría de migrantes es nómade por naturaleza y que su paso por la zona es transitorio, extendiéndose el tiempo sólo por el tiempo necesario  para acumular recursos económicos que aseguren un buen pasar a futuro, pero en otra región. Lo anterior, implica sí o sí, la existencia de una masa de trabajadores que no busca aportar al desarrollo de las zonas mineras, sino que más bien la explotación de las mismas mientras el mineral se los permita.

Dicha realidad debe ser considerada en la concepción de lineamientos estratégicos que permitan hacer más vivibles esas ciudades. Esto, porque se ha estado estudiando que la inmigración genera impactos negativos no sólo en términos sociales, sino que también económicos. Recordemos que en el caso de la migración profesionalizada, ésta traslada sus recursos a otras regiones, generando externalidades negativas a los residentes, como por ejemplo el encarecimiento del costo de vida y el aumento de las brechas salariales entre quiénes son parte de la industria y quiénes no lo son.

En definitiva, los procesos migratorios internos y externos en el norte de Chile principalmente, generan una serie de problemáticas que como Estado y sociedad chilena no estamos observando, hecho que se agudiza si entendemos que las proyecciones de crecimiento minero en los próximos 15 años, aumentarán exponencialmente. ¿Qué quiero decir con todo esto? que se está incubando una bomba, lenta, pero bomba al fin y al cabo y que si no es abordada con responsabilidad, tendrá altos costos para el país y para los habitantes “históricos” de nuestro norte grande.

Para evitar su explosión, lo primero es mejorar nuestras estimaciones estadísticas; lo segundo, recobrar la confianza en las instituciones dedicadas a ello; y en tercer lugar, exigir al Estado un rol más protagónico en la definición de políticas públicas que sean incluyentes para los migrantes.]]></content:encoded>
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		<title>A un año del aniversario de las movilizaciones en Aysén: lecciones y desafíos</title>
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		<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 05:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rubio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs y Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Movimiento Social por Aysén]]></category>
		<category><![CDATA[Protestas en Aysén]]></category>

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		<description><![CDATA[En términos institucionales, la forma de gestionar el conflicto social y ambiental continúa denotando una incapacidad de predicción y adelantamiento por parte del sistema jurídico y político abismante, lo que, obviamente, genera la sensación de desesperanza aprendida, vale decir, ese sentimiento de que las soluciones siempre llegan tarde, que siempre van por el lado del  “restablecimiento del orden” y del empleo de la violencia física y de que, posterior a ello, recién se generan instancias de diálogo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<em>Ad portas</em> de cumplirse un año del inicio de las movilizaciones en Aysén y luego de meses particularmente agitados en términos de movilizaciones en las calles, resulta interesante identificar qué lecciones y desafíos nos dejan los hitos suscitados el pasado 7 de febrero.

El conflicto de Aysén se constituye como paradigma de la reivindicación regional. Entendiendo que es un tema común al resto de Chile, país altamente centralista, su motor fue la demanda por temas económicos y sociales que no han hallado respuesta alguna por décadas. En este caso las peticiones se relacionaban con la existencia de un sueldo mínimo regionalizado, la asignación de zona para los funcionarios públicos, el alto precio de los combustibles, la organización de un plebiscito que permitiese definir posición frente a la construcción de represas y la entrega del estatus de reserva de vida, protección a la pesca artesanal y recursos hidrobiológicos a la región.

Tengo la impresión de que a partir de las movilizaciones estudiantiles de 2011 y las marchas en contra del proyecto HidroAysén, se empieza a conjugar un cambio en la mentalidad de la ciudadanía respecto a la toma de mayores niveles de conciencia social y al autopercibirse como sujetos de derecho. Esto no es menor, considerando que este cambio ha generado una suerte de seguridad en la ciudadanía: los y las chilenos pueden manifestar abiertamente su descontento ante situaciones de injusticia e inequidad.



Un ejemplo a ello han sido las manifestaciones sociales con contenido ambiental, donde la ciudadanía ejerce el “derecho a la no contaminación” a través de la toma de carreteras, como ocurrió en Pelequén en el mes de abril y Montenegro en el mes de mayo, seguidos por el emblemático caso de Freirina.

Las lecciones que dejan estas acciones ciudadanas son múltiples. Respecto de la ciudadanía, es imperioso reconocer el enfoque de derechos que emerge —tal vez sin mucha conciencia—, pero que se instala desde la perspectiva del respeto a los derechos humanos. A ello puede agregarse que los límites de la paciencia y de la tolerancia sobre situaciones de vulneración de derechos e inequidad son bastante menores en tiempo y contenido que hace dos años. En otras palabras, se aguanta menos y las conversaciones —en términos de expectativas/solución— son más exigentes.

En términos institucionales, la forma de gestionar el conflicto social y ambiental continúa denotando una incapacidad de predicción y adelantamiento por parte del sistema jurídico y político abismante, lo que, obviamente, genera la sensación de desesperanza aprendida, vale decir, ese sentimiento de que las soluciones siempre llegan tarde, que siempre van por el lado del “restablecimiento del orden” y del empleo de la violencia física y de que, posterior a ello, recién se generan instancias de diálogo.

Respecto a los desafíos que plantea el primer aniversario de este hito, creo que una verdadera mejora al actual <em>modus operandi</em>, sería la canalización de los movimientos ciudadanos. ¿Qué quiero decir con esto? que los procesos de cambio social generados a partir de ellos, culminen en una política pública que integre las necesidades reales y sentidas de la comunidad, así como también, que se creen espacios de participación que posibiliten la interacción de múltiples actores, contribuyendo con ello, al cumplimiento de las expectativas de desarrollo.de los habitantes de los territorios intervenidos.<b>
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		<title>El caso Freirina: cuando el culpable no es sólo uno</title>
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		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 05:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rubio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs y Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Agrosuper]]></category>
		<category><![CDATA[Freirina]]></category>

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		<description><![CDATA[Cabe mencionar el rol de las consultoras encargadas de la elaboración de estudios de impacto ambiental (EIA), quienes, en concordancia con su negocio, deben realizar la voluntad del mandante. Paradójicamente este gremio es el menos perjudicado frente a la opinión pública cuando estallan conflictos socioambientales, pero a nuestro juicio, tiene una responsabilidad igual de importante, pues como expertos, debieran saber ponderar los verdaderos impactos asociados a los proyectos.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[La última semana hemos visto cómo concluyó el caso de Agrosuper en Freirina, la empresa ha decidido cerrar sus operaciones aduciendo que las medidas solicitadas por la autoridad para mitigar sus impactos, harían inviable la continuidad de su negocio. Estos hechos han suscitado una serie de comentarios, respuestas y defensas de las diferentes partes en conflicto. Así hay quienes centran su atención en la pérdida de empleo y otros que asignan responsabilidades a gobiernos pasados, en circunstancias que lo que realmente importa a los habitantes del Valle del Huasco, es vivir en un medio ambiente limpio y libre de contaminación.

Intervenciones como las de la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, parecen ser, a ojos de la ciudadanía, cansada de tanto abuso y despreocupación de nuestra institucionalidad, francamente irritantes, pues suponen que la calidad de vida, el derecho a vivir en un territorio sin contaminación y el ser los receptores de las “externalidades” del desarrollo, son moneda de cambio frente a la posibilidad de contar con empleo.

Mirando aquello surgen varias reflexiones y cuestionamientos tendientes, natural y humanamente, a la búsqueda de un responsable, pero antes de encontrar a alguien para ponerlo en el banquillo de los acusados, conviene preguntarse, qué se hizo mal y que <strong>hicimos</strong> mal en la esfera institucional y como sociedad.



Cuando analizamos los conflictos socioambientales, debemos entender que su emergencia no responde a una unicidad de causas o factores,  sino que se trata de un fenómeno multidimensional que tiene en su origen una serie de falencias estructurales que hacen complejo su abordaje en el corto y mediano plazo. Habiendo dicho eso, en el caso de Freirina, la responsabilidad es, a lo menos, compartida.

En primer lugar, existe una responsabilidad de la esfera normativa, entendida, en este caso, como ausencia de parámetros que regulen, por ejemplo, la emisión de olores a través de una norma clara y conocida, lo que posibilita que industrias como la alimenticia y específicamente la de la carne (en todo su abanico de versiones, porcina, avícola, pesquera) y la sanitaria (rellenos y plantas de tratamiento) puedan ser aprobadas ambientalmente, operar y emitir olores sin más cuestionamiento que el de los vecinos. Así  surgen casos como Freirina, Cerrillos (curtiembres), Paine (inexplicable olor percibido desde la ruta 5 Sur), Montenegro (cerdos de Porkland), San Vicente de Tagua Tagua (faenadora de pollos de Agrosuper) o Pelequén (Planta de Colhue).

En esta misma línea, también se identifica el problema que existe con la evaluación ambiental aplicada a este tipo de proyectos, así como con la ponderación y el establecimiento de medidas de mitigación de impactos. Así por ejemplo, nadie cuestiona a los servicios que evaluaron ambientalmente el proyecto de Agrosuper y que permitió conseguir una resolución de calificación ambiental (RCA) positiva.

¿Acaso los encargados de la evaluación ambiental no pudieron prever que las medidas de mitigación no serían eficientes para disminuir el impacto en la población? Aquí surge un matiz del cual la institucionalidad ambiental en Chile no da cuenta: exceso de trabajo y escases de recursos para desarrollar una mejor gestión. Lo anterior lo digo con conocimiento de causa, pues a raíz de investigaciones realizadas, he podido conversar con titulares, consultoras e investigadores y la principal crítica que se le hace al sistema va en esa línea: evaluación de proyectos ambientales desde el escritorio.

En segundo lugar cabe mencionar el rol de las consultoras encargadas de la elaboración de estudios de impacto ambiental (EIA), quienes, en concordancia con su negocio, deben realizar la voluntad del mandante. Paradójicamente este gremio es el menos perjudicado frente a la opinión pública cuando estallan conflictos socioambientales, pero a nuestro juicio, tiene una responsabilidad igual de importante, pues como expertos, debieran saber ponderar los verdaderos impactos asociados a los proyectos, hecho que en la práctica ocurre al revés, estos se maquillan, suavizan o relativizan con el fin último de agradar al cliente.

Ahora ¿qué es lo esperable? Únicamente que hagan bien su pega, necesitamos estudios de línea base que observen el panorama ambiental con precisión, que sean capaces de mirar más allá de lo que la ley exige y cuestionarse quién es finalmente “su cliente”, ¿el mandante o el entorno donde se instalará el proyecto? Nuevamente estamos frente a una ausencia de cuestionamientos que deriva en un problema ético.

En tercer lugar están las empresas, de quienes conocemos —a través de los medios— su comportamiento, a quienes no eximimos de responsabilidades en su calidad de titulares de los proyectos, pero a quienes no podemos atribuirles todas las responsabilidades.]]></content:encoded>
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		<title>Termoeléctricas en Chile: cuando el cumplimiento de la normativa no basta</title>
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		<pubDate>Sat, 07 Jul 2012 06:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rubio</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Termoeléctricas]]></category>

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		<description><![CDATA[La gran tarea pendiente de la industria energética es poder generar dichos espacios en etapas previas al desarrollo de proyectos, donde a través de procesos serios, transparentes, informados y por sobre todo de buena fe, sea posible discutir los impactos positivos y por sobre todo, los negativos de este tipo de generadoras.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Casi como en ebullición, este último mes hemos visto como varios proyectos termoeléctricos que se encuentran en etapa de evaluación ambiental, construcción y/o marcha blanca han aparecido en los medios de comunicación generando una serie de movilizaciones ciudadanas, interposición de recursos judiciales, comentarios de expertos en diferentes medios y el involucramiento de autoridades gubernamentales y jurídicas emitiendo sus opiniones.

El tenor de cada una de esas intervenciones se mueve entre quienes son acérrimos detractores o a la inversa, totales defensores (los menos cada vez), pero también entre quienes justifican su existencia en pos del desarrollo económico futuro del país.

Ello hoy ocurre en las centrales Castilla, Punta Alcalde, Bocamina II y Santa María de Coronel.

Aparecen también conceptos que se han teñido de una carga negativa sin tener por qué serlo. Por ejemplo, el de la “judicialización de los proyectos medioambientales” en circunstancias que ello revela, en la mayoría de los casos, el cumplimiento del Estado de Derecho cuando la ciudadanía siente que las autoridades en el Estado no velan por el aseguramiento de sus derechos constitucionales.



Llegar a ese extremo, sin duda, genera una sensación de impotencia y malestar, puesto que la ciudadanía aprecia que las “instituciones” no funcionan como debieran, o derechamente  funcionan a medias y quienes resultan perjudicados son, en casi todos los casos, los mismos grupos: pescadores artesanales, buzos, algueros, pequeños y medianos agricultores y vecinos residenciales que se ven impactados los clásicos impactos de la termoelectricidad, disminución del recurso marino, aumento de material particulado en suspensión y temor a lluvia ácida.

Lo que parece ahondar más la molestia ciudadana son las respuestas que muchas empresas elaboran al momento de hacer sus descargos en los medios. “Cumplimos con la normativa legal vigente” o “contamos con las autorizaciones emanadas de los organismos competentes”.

La verdad es que eso no contribuye en nada a disminuir los niveles de suspicacia que la ciudadanía percibe hacia el mundo empresarial. De hecho, recientemente un estudio realizado por la UNAB e IPSOS afirma que el 55% de los chilenos estaría dispuesto a movilizarse frente a conflictos socio-ambientales y que está cansado de excusas de ese tipo.

Ello corrobora con hechos que casos como el de la Central Castilla -y los recursos de protección interpuestos por comunidades, fallados favorablemente en instancias previas- y Punta Alcalde -que fue rechazada en la etapa de evaluación ambiental-, son proyectos que no cuentan ni siquiera con Licencia Legal y menos aún con Licencia Social para desarrollarse.

Debido a esto, y a otras muchas situaciones de injusticia (territorial, económica y jurídica),  apreciamos estos últimos días a pescadores encadenándose a ductos por donde las centrales devuelven el agua que utilizan sus procesos o vecinos que se entierran en depósitos finales de cenizas de carbón empleado como combustible. No les queda otra salida que el detonar crisis, pues no han contado con canales de diálogo para poder construir soluciones consensuadas que satisfagan en parte los intereses de cada una de los involucrados.

La gran tarea pendiente de la industria energética es poder generar dichos espacios en etapas previas al desarrollo de proyectos, donde a través de procesos serios, transparentes, informados y por sobre todo de buena fe, sea posible discutir los impactos positivos y por sobre todo, los negativos de este tipo de generadoras. Y a su vez, que las empresas en instancias previas a todo esto evalúen seriamente los criterios de elegibilidad de los territorios donde se instalarán, o donde pretendan hacerlo, incorporando variables que no sean las estrictamente económicas. Usted ya sabe de qué hablo.]]></content:encoded>
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		<title>Procesos de participación ciudadana anticipada: ventajas y brechas</title>
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		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 06:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Rubio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs y Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Columnas]]></category>

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		<description><![CDATA[Los procesos de participación y diálogo están caminando por buen camino, pero todavía están en un estado embrionario, sobre todo en lo que respecta a las temáticas relacionadas con los pueblos indígenas, donde lo primero es apurar la adaptación de los cuerpos normativos al contexto que impone la OIT.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Me sorprende favorablemente que, cada día con mayor frecuencia, las empresas en Chile estén mirando con mejores ojos la implementación de Procesos de Participación Ciudadana Anticipada (PAC) al momento de desarrollar sus estudios de impacto ambiental (EIA). Hace unos cuantos años atrás pensar ello era una utopía, pero con el correr del tiempo, los nuevos escenarios sociales y políticos en que nos encontramos hacen que dichos procesos se vayan implementando como un requisito previo básico para la elaboración de los famosos EIA, pese a no estar consagrados como obligatorios en la nueva normativa ambiental.

El viejo concepto de Participación Ciudadana Formal, que conforme a la Ley 19.300 consagraba un periodo de 60 días hábiles para que las comunidades pudieran conocer los proyectos, desarrollar y emitir observaciones, está quedando en el pasado. Esto, porque la implementación de una PAC, trae importantes beneficios, tanto para las comunidades como para los titulares de los proyectos.



A las comunidades les permite informarse con antelación y por medio de los mismos ejecutivos de las empresas, sobre los proyectos, lo que propicia el mejoramiento de los mismos permitiendo a las empresas y comunidades generar canales de diálogo permanente, instancias perfectas para entablar negociaciones y —de ese modo— equilibrar las expectativas de ambos actores.

Por otro lado, a las empresas, este tipo de procesos les permiten conocer las primeras percepciones y reacciones de las comunidades a sus proyectos, ofreciéndoles la posibilidad de contar con tiempo suficiente para mejorar los aspectos conflictivos, generar procesos de diálogo y discutir medidas de mitigación y compensación que los satisfagan a ambas partes.

En perspectiva, si bien esta tendencia es positiva, en nuestro país existe una deuda en materia de participación vinculada a nuestros pueblos indígenas. Ello está refrendado en el <em>Informe de Observaciones sobre el cumplimiento del Convenio 169 en Chile, </em>promulgado en febrero de 2012 por la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios de la OIT. En dicho documento se indica que el Estado chileno debe presentar una nueva memoria anual que dé cuenta de la aplicación de dicha normativa, pues lo que está en debe es la ausencia de diálogo y participación con las comunidades indígenas respecto a su adaptación legal y aplicación.

Bajo este nuevo escenario, ¿qué desafíos nos impone este tema? De buenas a primeras nos indica que los procesos de participación y diálogo están caminando por buen camino, pero todavía están en un estado embrionario, sobre todo en lo que respecta a las temáticas relacionadas con los pueblos indígenas, donde lo primero es apurar la adaptación de los cuerpos normativos al contexto que impone la OIT. Y lo segundo dice relación con generar estados más avanzados de participación, lo que a nuestro juicio será inevitable en el mediano plazo gracias a la presión de los movimientos sociales, que generarán cambios en cuanto a que dichos procesos sean vinculantes.

Por el momento nos mantenemos expectantes.]]></content:encoded>
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