La gobernanza en el ámbito público ha sido entregada, voluntaria o involuntariamente, a un grupo de profesionales ‘ideológicamente neutrales’, ‘desinteresados políticamente’, que ponen ‘al servicio del país’ su conocimiento experto adquirido en las mejores universidades del mundo.

Stephen Ball, investigador en educación de la Universidad de Londres, ha señalado que esta nueva gobernanza es la expresión del debilitamiento del Estado en la generación de las soluciones a los problemas sociales. En un contexto neoliberal, el Estado no desaparece, pero sí cede terreno en este ámbito a una nueva comunidad de ‘intelectuales’ que adquiere el poder suficiente para determinar las políticas públicas. Así, se establecen múltiples sitios de producción de estas políticas, tales como centros de estudio, cámaras de comercio, comisiones ad hoc, entre otras. Harald Beyer, de hecho, ha sido miembro de varias comisiones que tienen la misión de encontrar las respuestas que los gobiernos no poseen. Desde su puesto en el Centro de Estudios Públicos (CEP), Beyer nutría las discusiones sobre los más diversos temas y proponía caminos de acción en pensiones, trabajo y educación.

Esta hegemonía técnica ha sido seriamente desafiada, no por la acusación constitucional, sino por el movimiento estudiantil. La reciente marcha de los estudiantes muestra el vigor de sus demandas y su destreza para articular un discurso en educación que ha permeado las estructuras culturales y políticas. No se puede adscribir este movimiento a una ‘típica’ expresión de rebeldía juvenil, como varios analistas conservadores han insistido. Se trata de una nueva generación de jóvenes con una enorme capacidad para convertir sus justificadas quejas contra el sistema educacional en un camino político de transformación. Han impuesto su agenda —con menores triunfos parlamentarios de los que quisieran— de manera irreversible. En la próxima elección presidencial, la educación y la desigualdad serán los temas centrales y ninguno de los candidatos podrá cambiar de foco para ‘hablar de los problemas reales de la gente’. Los estudiantes ya definieron cuáles son esos problemas.

El movimiento también remece la gobernanza al interior de las propias instituciones educacionales. La exigencia de más democracia no es solo para el sistema político, es también para las discusiones al interior de las comunidades. La verticalidad en la toma de decisiones no es posible en el clima actual. Las universidades están expuestas a estudiantes más críticos y exigentes, con ganas de participar y que no aceptan un rol secundario tan fácilmente. Hace unos años, casi no existían federaciones de estudiantes en universidades privadas, ahora incluso algunas forman parte de la Confech. Estas modificaciones parecen invisibles y fuera del alcance de la discusión de hoy, pero sin duda la estructura de estas instituciones se verá afectada.

El campo educacional ha sido re-politizado por actores políticos y no por especialistas en políticas. Éste no es solo un cambio semántico, es también una nueva manera de abordar los problemas educacionales. Por mucho tiempo, los expertos, consagrados como tales por la élite y por los medios de comunicación, fueron los protagonistas de las políticas públicas. Los estudiantes han recuperado ese lugar para las comunidades educacionales, ampliando los ámbitos de acción en educación. Ya no basta con una comisión cuoteada y con el acuerdo parlamentario posterior para resolver los problemas.

Anthony Giddens, el inspirador intelectual de la “Tercera Vía”, explicaba a comienzos de los ’90 que los proyectos modernizadores eran sostenidos por sistemas abstractos de confianza. Quienes entregaban esta confiabilidad eran los expertos a través del dominio de la ciencia y la técnica por sobre el conocimiento ‘vulgar’. Giddens no hablaba de legitimidad, solo de la confianza que los gobiernos debían generar. Ahora, los estudiantes sí exigen legitimidad y participación para gobernar.

Golborne sí tiene video y es más que eso, es un discurso político. Isabela Fairclough y Norman Fairclough analizan el discurso político desde la teoría de la argumentación práctica. Para ellos, un discurso político es un acto de poder, porque implica un llamado a cierto camino de acción. Hay un objetivo detrás, un futuro deseado. Un argumento práctico está constituido por un enunciado que pretende la obtención de cierto objetivo. El objetivo está mediado por los valores y circunstancias que determinan su realización. Hay una relación medio-fin en el discurso político.

El objetivo del mensaje de Golborne es claro: movilizar a los electores para que voten por él en la campaña presidencial. Sus valores son la meritocracia, el esfuerzo personal y el trabajo duro. Sus circunstancias están representadas en ser un egresado del Instituto Nacional, hijo de una familia de clase media, que estudió la carrera más difícil en una universidad de elite y que rearmó su vida pese a cualquier adversidad, incluso amorosa. Probablemente, los creadores del video coinciden con la visión de varios analistas que interpretaron los resultados de la encuesta CEP sobre el mercado (agosto de 2012) como una muestra de que los chilenos creen en el esfuerzo personal como el principal motor de desarrollo. Las encuestas presuponen que todos los individuos tienen una opinión y que ésta puede ser representada científicamente a través de un cuestionario y posterior análisis de los datos. Por ello, la conclusión de los optimistas neoliberales fue que los chilenos no quieren cambios colectivos, sino más posibilidades de desarrollo individual. El discurso de Golborne intenta sintetizar esa creencia.

Pero en un análisis crítico del discurso político de Golborne (asumiendo que el video es un texto político) se detectan algunas señales que superan la simple referencia a la meritocracia. Al reducir todas las posibilidades de desarrollo al individuo, se interpela a una sociedad sin distinciones sociales ni aspiraciones colectivas. Ya no importa la clase ni el trabajo que se realice, solo depende del sujeto optimizar y aprovechar sus oportunidades. Por lo tanto, el fracaso será personal y no es posible responsabilizar al gobierno (en el caso que Golborne gane) ni al sistema económico (cuyos principales actores apoyan a Golborne) de las desigualdades. El mensaje pretende contrarrestar la crítica masiva contra los abusos del modelo neoliberal. Es un llamado a la restauración del orden.

Detrás de la imagen del empleado que asciende a gerente está el trabajador disciplinado, cumplidor, que no reclama, que no se sindicaliza, que solo trabaja pensando en su bien personal y, obviamente, de la empresa. Como buen discurso conservador, también hay una fuerte apelación a la familia. Golborne, pese a su separación, tiene una familia armónica de hijos sonrientes. En este caso, el padre separado no se quedó soltero, como la madre candidata de la Concertación. Otra vez es necesario restaurar el orden en medio de tantos reclamos por diversificar las nociones de familia en la sociedad.

El mensaje también interpela a los estudiantes. El institutano de clase media estudió ingeniería en la UC mientras formaba familia y no protestaba en la calle. Fue el número uno de su generación, porque se dedicó a estudiar y no a marchar. Es la expresión de la superación a través de la educación. Es la encarnación exitosa de la primera generación universitaria de la familia, que hoy representa al 70 % de los estudiantes del sistema de educación superior. Pero se omite que entre quienes desertan —por razones económicas— el 80 % es justamente primera generación. También se ignora que ésta fue una de las demandas políticas de los estudiantes durante el movimiento social de 2011. La política es soslayada en el video. De hecho, no hay mayores referencias a la vida política de Golborne, salvo la imagen del rescate de los mineros, que más bien lo describe como un líder técnico.

La biografía de Golborne es llamativa en un país de privilegios heredados y escasa movilidad social. En eso, no hay dudas. Pero si el discurso de quienes detentan el poder se asocia solo a su individualidad se cae en la complacencia y en la ingenuidad de creer que es posible simplificar los procesos políticos en una sola persona. El mensaje de Golborne supera su historia de vida, su discurso es un llamado a cierto tipo de sociedad, donde el poder y las ideologías también operan. Es la restauración del orden conservador. 

Dentro de las ideas irrenunciables para la derecha está la “libertad de enseñanza”, que es presentada como la posibilidad de elegir de los padres, pero que sabemos perfectamente esconde el propósito de asegurar que la educación siga siendo un rentable negocio para ciertos grupos. Muchos padres no pueden realmente elegir, pero la trampa retórica del discurso neoliberal es decirnos que sí. La libertad de enseñanza fue establecida en Chile en 1872, para garantizar que los colegios religiosos pudieran existir sin problemas. Sin embargo, el predominio siempre fue público, porque el proyecto educativo era un elemento fundamental para la consolidación del Estado y el posterior desarrollo del país.

Con la irrupción del neoliberalismo, la iniciativa privada en educación fue vista como la receta mágica para disminuir la presencia del Estado y, a la vez, abrir nuevos mercados. Este proceso se justificó en la necesidad de aumentar el “capital humano” del país. El enfoque de capital humano fue desarrollado por economistas de la Universidad de Chicago, que observaron en la educación la herramienta para aumentar la productividad de las personas. Esta visión economicista, puramente instrumental, se impuso también en discurso público sobre educación. Es cuestión de escuchar al ministro Harald Beyer.

Sin embargo, este enfoque no es el único que existe, aunque se esmeren en hacernos creer que no hay discusión al respecto. La filósofa y economista Ingrid Robeyns explica que el modelo de capital humano es el más utilizado en el diseño de las políticas educacionales por su énfasis económico, pero que también es el más criticado. Quienes se oponen a la hegemonía del enfoque de capital humano defienden dos modelos alternativos: el de derechos y el de capacidades. El primero está fundado en el valor intrínseco de la educación y el segundo, en promover el desarrollo integral de las personas durante el proceso educativo, considerándolas no sólo agentes económicos. Ambos modelos expresan la necesidad de extender la comprensión de la educación y abrir el espacio a nuevas ideas.

Y es aquí donde el movimiento estudiantil ha conseguido un triunfo que es necesario destacar. Ya no hay un discurso único en la educación. El debate se ha ampliado. Existe una disputa en el ámbito de la circulación de las ideas, que no tendrá frutos inmediatos, pero que es necesaria para una repolitización del espacio público. Para cualquier proyecto político, es fundamental intervenir el campo cultural y contrarrestar las ideas dominantes.

Hoy, los promotores del neoliberalismo están obligados a ser cada vez más explícitos en sus objetivos, porque ya no existe la creencia de la irreversibilidad del proceso. Esto explica la preocupación del director de Libertad y Desarrollo y la estrategia del ministro Beyer. Muy a su pesar, el modelo no es absoluto y ahora sí acepta cuestionamientos.

“Flexibilidad, eficiencia, medición, pruebas estandarizadas” y todos esos conceptos que antes parecían tan normales en el diseño de las políticas educacionales, hoy necesitan más de una explicación. Ya no basta con recitar los manuales neoliberales, ahora por lo menos deben justificarlos. Y en esa justificación está la posibilidad de disputa, de discusión ideológica, de repolitización. Es ahí donde el movimiento estudiantil provocó un cambio. No sabemos cuál será el resultado, pero, al menos, ya no existe una sola voz.

Los estudiantes quieren cambiar la esencia del modelo neoliberal en educación, pero de paso ellos también están modificando las prácticas sociales en la democracia chilena. Hoy, la movilización, la crítica, la elaboración de propuestas y la disputa del sistema político se observan en cada uno de sus discursos y acciones. Tienen vocación de poder y de mayoría. En la principal federación estudiantil del país, manejaron una transición de liderazgos sin grandes costos y con una inteligencia política que ya se quisieran los grandes monopolios del poder en Chile.

Si ya el año pasado hablábamos de una “generación sin miedo”, ahora es posible advertir las dimensiones del cambio generacional que Chile está viviendo. Karl Mannheim, el padre de la sociología de las generaciones, estableció que las experiencias traumáticas juegan un papel clave en la producción de una conciencia generacional. Para los estudiantes que marcharon el 2006, el 2011 y que siguen en la calle este año, la educación neoliberal ha sido este episodio traumático. Una burbuja de sobre expectativas explotó frente a una realidad de segregación, desigualdades y abusos. El trauma de la deuda interminable, de la cesantía ilustrada y de la estafa de la movilidad social ha fraguado la movilización de los estudiantes, quienes hábilmente se sacudieron de la democracia a medias que la Concertación propició.

Los estudiantes han utilizado acertadamente sus posibilidades. June Edmunds y Bryan Turner entregan una valiosa explicación para entender el cambio de una generación pasiva a una activa. Para ellos, esta modificación se produce cuando una generación explota sus recursos educacionales, políticos y económicos para innovar en las esferas sociales, culturales e intelectuales. Concluyen que una nueva generación se origina cuando se combinan estos recursos e innovaciones con oportunidades políticas y liderazgos estratégicos. Si observamos el movimiento estudiantil desde esta perspectiva, Chile está experimentando el nacimiento de una nueva generación.

Por lo mismo, la elite y el sistema político han sido incapaces de manejar al movimiento. Todas las estrategias (menosprecio, estigmatización, represión, entre otras) han fracasado. Y ahora los estudiantes tienen una nueva oportunidad. Era impensado que un gobierno de derecha se atreviera a sacar a los bancos del sistema. Este es un hecho fundamental, ya que permite que las demandas de los estudiantes tengan materialidad y no se queden solo en el testimonio del reclamo por la justicia social. El traspaso del CAE a una entidad pública es también una derrota para dos emblemas de la Concertación: Ricardo Lagos y Sergio Bitar. Ellos idearon el sistema, lo defendieron incluso en medio de las movilizaciones del año pasado, pero hoy quedaron absolutamente golpeados por el anuncio del Gobierno.

La reforma al CAE no es concluyente para el movimiento ni agota su fuerza, pero es uno de sus triunfos. Si saben manejarlo, pueden aumentar incluso la convicción de los participantes menos comprometidos. La deuda puede ser la misma, pero que el acreedor sea el Estado y no una institución financiera cambia el rol del estudiante, pues ya no se le concibe solo como consumidor de un bien, sino que ahora puede adquirir dimensiones de ciudadano al demandar un derecho. Probablemente, ésta no es la interpretación desde La Moneda, pero es el sentido que los estudiantes pueden entregarle para reforzar la necesidad de los cambios estructurales. Con ello, seguirán moviendo el cerco. Ya lo hicieron al participar masivamente y repolitizar el espacio público. Ya desplazaron a una generación pasiva y sumisa por una comprometida y activa. Hoy se imponen como una nueva generación para Chile.

Sin embargo, las protestas mundiales en contra de la desigualdad, los abusos, la falta de oportunidades y el exceso de avaricia demuestran que ese triunfalismo puede ser revertido si las dinámicas de la sociedad adquieren otras dimensiones. El viaje de algunos de los líderes del movimiento estudiantil a Francia coincidió con la marcha global de los indignados. En París, se desplegó la bandera chilena demandando una educación pública de calidad y gratuita. En Wall Street, los manifestantes rechazan que el 1% de la población en Estados Unidos concentre el 40% de la riqueza. En España, Grecia, Colombia, México y otros países aumenta el malestar. Son todas expresiones de que el “alma” sumisa que propició el neoliberalismo está cambiando.

Por eso, las manifestaciones estudiantiles son tan importantes y tienen tanto apoyo ciudadano. Ellos han desafiado el paradigma global en educación. En Malawi, Estados Unidos, Inglaterra, Chile, Korea, e incluso en Suecia, entre otros países, se han implementado políticas neoliberales en educación por más de 30 años. Se ha fomentado la privatización, la libertad de enseñanza, la competencia, las pruebas estandarizadas y el menoscabo a la profesión docente. Bajo el eslogan de la “libertad de elegir”, se cambiaron los propósitos y el sentido de la educación.

En el comienzo de los Estados modernos, la educación era vista como un proyecto para la construcción de identidad y ciudadanía que el Estado-nación requería. A mediados del siglo XX, la educación era fundamental para los procesos desarrollistas y la posibilidad de extender las oportunidades en la población, consolidando así la democracia post Segunda Guerra Mundial. De hecho, en la declaración universal de los Derechos Humanos se le reconoce su valor como una garantía fundamental. Pero desde los 80, la educación se ha transformado en un mercado o, más precisamente, en una mercancía.

Esta modificación conceptual implica que la educación ya no está asociada a la democracia, sino al mercado, ya que es solo “útil” si fomenta la productividad y la competitividad en la economía global. Por eso, no importa si las escuelas son públicas o privadas, si en ellas se ejercita el espíritu crítico o se enseña a responder las pruebas estandarizadas. Lo relevante es que se genere una fuerza laboral flexible, multifuncional y competitiva. Esta arquitectura global en educación nutre a la nueva economía, como señala Martin Carnoy. La educación, por lo tanto, ya no tiene un sentido de justicia, igualdad o “proyecto país”. Es un bien de consumo, tal como la definió el presidente Sebastián Piñera. La educación neoliberal es la que sostiene ese cambio de “alma” del que hablaba Margaret Thatcher en los 80.

Los estudiantes, al desafiar esta estructura, ponen en verdadera tensión los cimientos del neoliberalismo y la reproducción social bajo este esquema. Con ello, establecen un nuevo “campo”, en términos de Bourdieu. Pero los estudiantes también han permitido expandir la comprensión de los movimientos sociales y el valor de las nuevas tecnologías para la participación ciudadana. Durante mucho tiempo, en Chile se hablaba de la apatía de la juventud y de su desinterés. Pero esto solamente replicaba un esquema clásico de la ciudadanía, reducida a la participación política a través del voto. “Si no están inscritos, es porque no están ni ahí”, era la explicación común. Sin embargo, en el 2006 la Revolución de los Pingüinos probó que los jóvenes no estaban durmiendo, sino que estaban convirtiendo su rabia en movilización. Y en 2011, muchos de esos mismos pingüinos, ahora como universitarios, están en la calle para contrarrestar las actuales dinámicas de la sociedad.

Ellos se oponen a ese tipo de democracia “de baja intensidad o elitista”, como la llaman algunos, que ha demostrado ser incapaz de contener las nuevas demandas sociales. La gran parte de la población ya no tolera las consecuencias destructivas del neoliberalismo global. Y esto se explica porque este proceso neoliberal ha implicado una concentración de la riqueza y del poder a niveles que no se experimentaban desde 1920, como sostiene David Harvey. Es decir, una involución global en la justicia social. Jeffrey Sachs, profesor de Columbia University y que no tiene nada de revolucionario radical, alertaba en 2001 de la expansión de la inequidades globales. Una década después, las víctimas del neoliberalismo están en las calles demostrando que el “alma” puede cambiar. Lo mismo nos dicen los estudiantes chilenos.

En rigor, esa generación de chilenos nunca temió luchar por la democracia. Sin embargo, desde 1990 la democracia empezó a temerle a las manifestaciones públicas. Paradójicamente, la participación ciudadana se fue apagando con los gobiernos de la Concertación, salvo excepcionales estallidos como la revolución de los pingüinos del 2006. Nos concentramos más en el crecimiento económico y la estabilidad política. Nos encerramos tras enormes rejas en nuestras propias casas, esperando la llegada de los beneficios del progreso material. Nuestros padres nos decían “concéntrate en estudiar para que puedas tener una vida mejor que la nuestra”.

Pero con el paso del tiempo, esas aspiraciones fueron chocando con una realidad excluyente y elitista. El segregado sistema educacional chileno no asegura mejores oportunidades para la gran mayoría. Y, por suerte, los estudiantes de esta generación se dieron cuenta. Se sacudieron del temor, aunque probablemente nunca lo tuvieron, y salieron a las calles para manifestar su descontento. Muchos de ellos nacieron al final de la dictadura o ya en plena transición. No cargan con fantasmas ni sombras del pasado. Son una nueva generación, más crítica y audaz. Usan las nuevas tecnologías como plataformas de información. No necesitan partidos tutores ni líderes mesiánicos. Son una generación sin miedo.

Desde el 12 de mayo están en las calles y este 4 de agosto resistieron una violenta represión ordenada desde el ministerio del Interior. Llamaron a un cacerolazo y todo Chile se sumó. En las poblaciones y en las comunas más acomodadas se sintió también el sonido del reclamo de los estudiantes. Evidentemente, la gran prensa puso el foco en los incidentes de la jornada, como lo ha hecho desde el principio de las manifestaciones. Pero la sociedad ya parece inmune a ese manejo comunicacional. El 72% de los chilenos apoya el movimiento estudiantil. Y el 80% se opone al lucro en la educación, según la encuesta CEP. Esa es la principal demanda de los estudiantes que sintoniza con la mayoría de la población.

El gobierno no ha sabido responder. Después de 52 años esperando llegar al poder de manera democrática, la derecha ha sido incapaz de cumplir con la promesa de una nueva forma de gobernar. Su nivel de aprobación roza el suelo (26%, según CEP), pero de igual modo aplica represión y medidas parche. La Moneda está superada, porque ha tratado emplear las mismas políticas que se han desarrollado en Chile desde hace más de dos décadas. Sin  embargo, esta generación es distinta y no la convencen con ofertones y no la amedrentan con el despliegue policial. La clase política, en general, piensa que aún estamos en los ‘90.

Aplicando el concepto del profesor de UCLA, Jared Diamond, la cadena de malas decisiones del gobierno se puede entender por “razonar por falsa analogía”. Esto quiere decir que se actúa de la misma forma que en el pasado, pero en un contexto totalmente distinto. El gobierno de Piñera no ha entendido que la sociedad chilena es hoy más compleja, diversa y exigente. Ya no basta con el crecimiento económico ni con las promesas de mayor desarrollo material. Hoy, la gran demanda es construir una sociedad más equitativa, con mejores oportunidades para todos y no sólo para los privilegiados.

Esa es la lucha del movimiento estudiantil. Los conservadores los tratan de ideologizados, intolerantes e inmaduros. Los quieren deslegitimar como interlocutores. Pero ellos superan estas operaciones políticas y están demostrando que otra democracia es posible. Solo bastaba con sacudirse de los miedos.

La educación debe ser una discusión política, porque ahí se forja el futuro de la sociedad. En ella, se ordenan las oportunidades presentes y futuras de las generaciones. Ahí también se distribuye el poder en la sociedad y se asignan los roles en la estructura social. Por eso, una educación pública robusta significa mayor igualdad y mayor democracia. Por el contrario, una educación pública moribunda expresa el debilitamiento de un derecho y su transformación en un servicio que se transa en el mercado.

Es la educación, por tanto, una de las pocas esferas políticas donde puede florecer la movilización y la discusión ideológica en un país que ha tendido a perpetuar privilegios y evitar el conflicto. Por ello, los más conservadores deslegitiman las demandas de los estudiantes. Les achacan falta de estructura o de argumentos. Pero todos conocemos cuál es el sentido de las marchas, protestas y tomas: la igualdad y justicia social. Los más conservadores quieren tecnificar la discusión para disminuir la fuerza transformadora de los estudiantes y profesores, porque si la educación pública cambia, el país entero cambia.

La ideología ha caracterizado las políticas educacionales desde los ochenta, pero hoy los conservadores reniegan de ella. ¿Acaso la liberalización del mercado universitario y la consagración de la libertad de enseñanza no son señales ideológicas? Es neoliberalismo puro, que más que una teoría económica, es una manera de construir la sociedad. Bajo esa mirada, se ha exacerbado la competencia y se ha intentado aniquilar la educación pública. El mayor resultado de esta operación ha sido generar uno de los sistemas educacionales más segregados del mundo, donde las reales oportunidades para acceder al conocimiento se concentran en el 10% de la población.

La evidencia internacional indica que inyectar competencia al sistema educacional y privatizar su funcionamiento solo acrecienta los niveles de desigualdad. Por ejemplo, en el 2004 se implementó en Chicago el programa Renaissance 2000, que implicó el cierre de 70 escuelas  públicas y la apertura de 100 privadas. El plan fue presentado en el Commercial Club de Chicago. Es decir, los empresarios entraban de lleno en el negocio escolar, argumentando que el Estado era incapaz de manejar las escuelas y entregar calidad. A más de 5 años de esta iniciativa, las consecuencias han sido devastadoras para las comunidades afroamericana y latina de Chicago, los grupos con mayores desventajas históricas de la sociedad estadounidense. Ellos han debido abandonar la ciudad para buscar colegios públicos gratuitos para sus hijos, aumentando así las brecha sociales en todos los ámbitos: acceso al trabajo, a la salud y, obviamente, a la educación.

Para la investigadora estadounidense Pauline Lipman, este proyecto expresa claramente la intersección entre la política económica y la política educacional en Chicago, porque los grupos de poder pretenden convertir a esta ciudad en un centro económico global. Para eso, necesitan intervenir la ciudad (sacando a los afroamericanos y latinos) y abrir opciones de negocios para inversionistas (universidades, escuelas y proyectos inmobiliarios, entre otros). Renaissance 2000 no es, entonces, solamente un “plan de mejoramiento educacional”, es una estrategia política sostenida en la visión neoliberal que caracteriza a Chicago.

Esa misma perspectiva la introdujeron a Chile quienes hoy gobiernan. El propio ministro de Educación, Joaquín Lavín, es parte de este grupo. Ellos entienden la educación como una plataforma política y un buen negocio, pero lo ocultan tras su discurso supuestamente desideologizado y técnico. Lavín invirtió su dinero en la Universidad del Desarrollo no solo para obtener réditos económicos (aunque sea una sociedad sin fines de lucro), sino también para participar en la construcción simbólica del poder a través de la cultura y el conocimiento.

La educación es un campo de disputa política, que también impacta en el mercado laboral, las relaciones sociales y la vida cotidiana de las personas. Lamentablemente, hasta ahora van ganando quienes creen en los privilegios y en el “chorreo” como estrategia de desarrollo. Pero una gran reforma de fortalecimiento a la educación pública significará reorientar el país hacia un horizonte de mayor justicia e igualdad. Es la batalla que, por suerte, estudiantes y profesores están dando.

Mientras en las democracias modernas se intenta establecer una cultura de la no discriminación, una institución educacional y una autoridad de la República denigran a las personas por su manera de vestir o por su origen social. Ambos hechos esconden uno de los graves problemas que afecta a la sociedad chilena: su exacerbado clasismo y segmentación.

Sabemos que en Chile importan el apellido, la billetera del papá, el colegio del que egresaste, la red de contactos, el color de los ojos o el barrio en el que vives. Con estas categorías adscriptivas se determinan las posiciones en la estructura social, donde muy pocas veces hay espacio para la meritocracia o la diversidad.

Un reciente estudio del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile (CIAE) indica que nuestro país es uno de los con mayor segregación socioeconómica en las escuelas. Lo anterior demuestra que la desigualdad incuba poderosos procesos de exclusión en todos los ámbitos, afectando la cohesión social.

La exclusión no es sólo la manifestación de la carencia material, sino también la marginación de los procesos de construcción simbólica. Las clases privilegiadas concentran las posibilidades para desarrollar a sus miembros y salvaguardar sus intereses. Según Weber, la clase social se relaciona con el estatus, es decir, señala quiénes son los que ordenan y quiénes los que obedecen. Por eso, la injusta distribución de la riqueza es también un problema de distribución de poder al interior de la sociedad.

La clase es, además, un signo de identidad y pertenencia a una comunidad. La elite se sostiene en la endogamia, reproduciendo los estilos de vida, las condiciones económicas, los privilegios y las oportunidades. Los marginales son invisibilizados o estereotipados, como lo hizo el diputado Marco Núñez, quien también llamó “vendedores de chocopandas” a los hinchas de Colo-Colo que pertenecen en su mayoría a los sectores pobres del país.

La frase del parlamentario PPD puede ser un desatino propio de la pasión del fútbol y de los 140 caracteres de twitter, pero de todos modos manifiesta que quienes detentan el poder no pierden la oportunidad de enrostrarlo a quienes están marginados de él. Además el diputado enfatizó que él representa a la “clase media intelectual”. Así, la clase y el estatus -siguiendo a Weber- se hacen evidentes.

Una cultura tolerante y antidiscriminatoria está asociada a la igualdad de derechos, a la inclusión social y al reconocimiento en la diferencia, entre otros aspectos. Una sociedad democrática debe respetar a sus individuos y entregar posibilidades justas para su desarrollo.

Sin embargo, la sociedad chilena es estratificada, rígida y castiga a los que parecen distintos. Todavía muchos quieren “pitearse un flaite” o reírse del origen social de los hinchas del equipo adversario.

Ambos hechos fueron catalogados como anécdotas y propias del estilo hiperventilado del Mandatario. Incluso, el senador UDI Hernán Larraín indicó que había que acostumbrarse a la personalidad del Presidente. Sin embargo, recientemente repitió una de sus declaraciones desafortunadas, al señalar que el gobierno está realizando todas las gestiones posibles para extender las transmisiones de Chilevisión hasta Arica.

“A pesar de que ya no tengo ninguna vinculación, quiero decir que los habitantes de Arica, o por lo menos estamos haciendo todo lo humanamente posible, para que puedan tener la señal que les permita ver el Festival de Viña del año 2011, la señal de uno de los canales que no está de libre disposición en esta región”, señaló Piñera.

Si el Presidente es un fiero defensor del libre mercado debería evitar las intervenciones en favor de un actor tan relevante en la industria televisiva. Pero el asunto es más complejo, porque hasta hace muy poco Piñera era dueño del canal y los detalles del proceso de venta no han sido difundidos en su totalidad.

Por lo tanto, el Presidente se arriesga innecesariamente a que se sospeche sobre las condiciones de ese negocio y si consideraba o no la activa participación gubernamental para aumentar la cobertura de las transmisiones de CHV.

Los asesores del Mandatario deberían advertirle que sus declaraciones en aspectos relacionados con sus actuales o pasadas empresas serán siempre analizadas con la lupa más crítica posible. Por ejemplo, poseer acciones de Blanco y Negro levantó cuestionamientos sobre la supuesta influencia de La Moneda en las elecciones de la ANFP. Ahora, Piñera patrocina el desarrollo de una estación televisiva que era de su propiedad.

Quizás sus intenciones sean sinceras y él quiera profundamente que los ariqueños disfruten del Festival de Viña del Mar, pero no puede desconocer que su rol como Presidente le impide hacer gestiones para favorecer a un actor en desmedro de otro. Si a los gobiernos de la Concertación se les acusaba de intervencionismo electoral, a la actual administración se le puede achacar un intervencionismo empresarial.

Su llamado telefónico para solicitar a Suez Energy no materializar la construcción de la termoeléctrica Barrancones fue popular, pero desde el punto de vista político se le acusó de sobrepasar la institucionalidad. Luego, en la misma gira presidencial de las frases inoportunas, incorporó a esta empresa a una mesa de trabajo para desarrollar proyectos energéticos en el país. Muchos entendieron que esta medida era una compensación por el episodio de la termoeléctrica.

Los conflictos de interés rondaron su campaña presidencial y la posterior conformación de su gabinete. Por lo mismo, hoy el Presidente debería ser capaz de separar nítidamente sus actos políticos de aquellos que tienen una connotación comercial. Esto favorecerá su credibilidad y permitirá no interpretar cada una de sus declaraciones como parte de su presidencialismo empresarial.

Se quieren sacudir constantemente del funesto legado de Pinochet y aparecer abiertos a los temas emergentes. Por eso -y por los cálculos electorales, obvio- desean ser ahora la nueva derecha. Para dotar de sentido este relato político enfatizan la técnica, parecen tolerantes y aman los resultados inmediatos. Les gustan los gráficos con curvas ascendentes y decir que siempre ellos lo hacen bien y eficientemente.

Para no quedarse abajo de este tren que tiene como destino La Moneda 2014, el ministro de Educación, Joaquín Lavín, desea que en los resultados del Simce 2013 las cifras de Lenguaje y Matemáticas tengan un alza relevante. Con ello, consigue una amplia cobertura mediática. Poco importa que la consecuencia de este “éxito” sean estudiantes funcionales y acríticos.

Obviamente, las razones políticas del aumento de las horas de Lenguaje y Comunicación, Matemáticas e Inglés son omitidas. Las autoridades sólo nos dicen que desde ahora la educación chilena será mejor. Según el Mineduc, los beneficios de esta revolucionaria iniciativa cuentan con amplios respaldos en la evidencia internacional. De esta manera, la OCDE nos querrá un poquito más.

Sin embargo, la gran mayoría de los expertos en Educación coincide en que reducir las horas de Ciencias Sociales es una mala medida y que con esto se menoscaba la formación ciudadana e integral de los estudiantes. Es decir, la nueva derecha quiere alumnos competentes y competitivos, pero sin pasado ni conciencia social, que es reducida sólo a la caridad culposa que practican muchos jóvenes de las clases privilegiadas.

El curriculum educacional expresa una visión del mundo y una manera de administrar el conocimiento en la sociedad (McCarthy, 2000). Por eso, el movimiento ultraconservador de Estados Unidos Tea Party quiere prescindir de la teoría de la evolución de Darwin y enfatizar además “la historia verdadera” de esa nación, para realzar el destino manifiesto de EE.UU. como garante de la libertad universal.

La derecha sabe que el poder se fragua también en la cultura. Por eso, existe una alta coherencia ideológica entre el gobierno y la administración de la educación en la gran mayoría de los países de América (Levinson, 2007). Nunca los cambios curriculares son ingenuos ni solamente técnicos.

No se puede desconocer, entonces, que la ideología cruza las decisiones sobre quiénes proveen educación, cómo se financian las instituciones y qué contenidos se imparten. De esta manera se explica que los anuncios -incluido el último- del Mineduc estén impregnados de un lógica neoliberal que implica sacrificar el espíritu público de la educación.