Ya estamos en marzo. Conmemoraremos un nuevo día de la mujer. Es cuando quedan en evidencia todas las luchas que hemos dado históricamente las mujeres para ir alcanzando nuevos derechos, pero también permite hacer el balance sobre todas nuestras deudas y pendientes. Uno de estos pendientes tiene que ver con la escasa representación femenina en puestos de representación popular y de poder. Porque a pesar de haber tenido una presidenta mujer y hoy volver a desearla, esto no ha permitido que más mujeres lleguen a estos espacios.

Muchos partidos políticos, frente a reivindicaciones de las mujeres militantes han establecido cuotas para mujeres candidatas o representación femenina en instancias partidarias, pero escasamente han cumplido con lo fijado, siempre hay una justificación para no hacerlo. Por ejemplo, he escuchado que “frente al mecanismo de primarias no se puede usar la cuota mínima de candidatas”, o bien, que “la mesa directiva no es un órgano colegiado, entonces no corre la paridad”. Sin embargo, a la hora de buscar una candidata competitiva no dudan en esperar a una mujer como candidata a Presidenta, para después terminar comiéndose solos la torta, nuevamente.

No han aprendido que la paridad es una acción afirmativa que significa contar con un 50% de mujeres y 50% de hombres en los cargos de elección popular y en aquellos de toma de decisiones en el Estado. Que su implementación es una ruptura con la ciudadanía abstracta. Hoy sabemos que al hablar de ciudadanos y ciudadanas nos remontamos en forma primaria a la lucha por los derechos civiles y políticos, y que el derecho a voto de las mujeres fue alcanzado tardíamente, si lo comparamos con el de los hombres. Pero aquí la idea es hacer referencia a la ciudadanía en forma amplia, a la ciudadanía activa, cómo el derecho a tener derechos, a decidir sobre el quehacer público, a fiscalizar y ejercer un control ciudadano frente a nuestras autoridades y también a tener el derecho de elegir pero también de ser elegidas. Y hoy las mujeres no contamos con esa garantía democrática. No somos las únicas, existen otros grupos excluidos. El tema es que nosotras somos la mitad de la población, la mitad de las electoras.

La dualidad del género humano es el cuestionamiento de la neutralidad del poder político, ya que es una neutralidad falsa, porque está garantizada por el monopolio masculino. La paridad no es un tema que debería interesarle solo a las mujeres, sino que a la sociedad toda para estar justamente representada y avanzar en democracia.

Por ello parece necesario avanzar en:

-Cambio a la constitución política, para incorporar los principios de igualdad de género, democracia paritaria y no violencia contra las mujeres.

- Modificación del sistema electoral binominal e incorporación de un mecanismo de acción positiva que permita la representación equilibrada entre hombres y mujeres.

- Modificación a las leyes electorales, de modo que incorporen medidas de acción afirmativa tendientes a igualar la situación entre hombres y mujeres en la vida pública-política.

- Incorporar la representación equilibrada en el proyecto de ley sobre primarias, junto con iniciativas que apoyen el financiamiento de las candidaturas de mujeres y asegurar el transporte gratuito en los días de elección.

- Avanzar en la presentación de una ley de igualdad que promueva y exija la participación equilibrada de hombres y mujeres, tanto en las empresas públicas como privadas, así como para cargos de representación y designación de los tres poderes del Estado.

La presencia de las mujeres en la política es un problema ético: en el ámbito político se decide sobre el bien común; es ahí donde se dictan las normas, las leyes y se diseñan las políticas públicas. Si no hay mujeres, este bien común se hace desde una sola mirada, trunca o tuerta, porque no contempla la vida femenina.

(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl

Quiero hacerles una invitación, que aprovechemos ese desplazamiento, ese conocimiento de otros espacios de nuestro país, para mirarlos. Para ver quienes viven ahí, cómo viven, de qué viven, cómo son sus trabajos, sus condiciones laborales, con qué servicios cuentan, si tienen acceso a educación, a qué tipo de educación, a salud, qué cosas creemos que les faltan, qué cosas o servicios creemos que sería necesario que existieran para que nosotros podamos vivir en ese lugar que elegimos solamente para ir de vacaciones.

Más allá de esos hermosos parajes, aprovechemos la oportunidad de ver y conocer a aquellos desconocidos e invisibles compatriotas que viven a lo largo y ancho de nuestro territorio. Observemos cómo se vive la desigualdad territorial en nuestro país y pensemos en cómo avanzar en cohesión territorial para generar desarrollo en Chile entero.

Desde RIMISP —Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural— en el año 2003 definieron los territorios como espacios con identidad socialmente construida. Esta definición pone el acento en los aspectos sociales, culturales, económicos e históricos que dan forma y sentido al territorio, pero, al mismo tiempo, es cooperativa. Un estudio posterior avanza en el tema —Territorios Funcionales en Chile— entendidos como aquellos espacios en que existe una alta frecuencia de interacciones económicas y sociales entre sus habitantes, sus organizaciones y sus empresas. Este concepto es similar al de regiones funcionales que se emplea en los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

La funcionalidad del territorio se puede construir a través de diversos factores, como, por ejemplo, los mercados laborales, mercados de bienes o servicios, redes sociales, identidad étnica o cultural, servicios ambientales y, también, organización político-administrativa del Estado que habilita espacios de servicios públicos. De este modo, varias localidades pueden ser parte de un mismo territorio funcional si las personas viven ahí y se desplazan principalmente entre ellas para trabajar, acceder a servicios públicos y privados, comprar y vender, o para interactuar con quienes hacen parte de su red social.

De acuerdo a lo anterior, el estudio identificó 103 territorios y regiones funcionales en Chile y los clasificó en tres tipos y varios subtipos:

- 6 regiones urbanas: Gran Santiago, Gran Concepción, Gran Valparaíso, Antofagasta, La Serena-Coquimbo y Temuco, las que suman 78 municipios que albergan casi al 56 % de la población del país.

- 43 territorios funcionales urbano-rurales, cada uno de los cuales incluye una ciudad principal en torno a la cual se articulan dos o más comunas rurales. Estos territorios involucran a 183 comunas y tienen el 38 % de la población.

- 54 territorios rurales, en general unicomunales. Se ubican en esta categoría 59 comunas donde vive el 6 % de la población. Carecen de una ciudad y en el 75 % de los casos la localidad más grande no llega a los 10 mil habitantes.

Que estas vacaciones que iniciamos permitan ver los territorios de una manera distinta y también que podamos generar ideas en forma participativa para que Chile con su diversidad pueda lograr mejores niveles de calidad de vida, mayor participación en la toma de decisiones y que no veamos estos territorios sólo cuando vamos de vacaciones o estallan conflictos sociales.

(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl

Primarias presidenciales sí, pero parlamentarias, mejor que no. Se escucha decir.

Así como también se ha dicho cambio a la Constitución sí, pero asamblea constituyente, mejor que no.

Cuando se habla de cambios a la Constitución se menciona el sistema binominal y los quorum calificados, como si todo lo demás estuviera estupendo. O nos preguntan para qué hablan de asamblea constituyente en vez de hablar de los contenidos del cambio, no abriendo ningún espacio para ese diálogo, mientras terminan deslegitimando al otro como fumador de opio o hippie trasnochado.

Creo que el mecanismo si es importante al igual que el contenido. La Asamblea Constituyente le entregaría legitimidad a nuestra carta magna como nunca la ha tenido. Y los contenidos son muchos y variados. Quiero hacer mención solo a algunos aspectos que creo necesario incorporar en nuestra democracia representativa para entregar más legitimidad y participación a la ciudadanía en aspectos sustantivos.

Para Bobbio, en las democracias representativas como la nuestra las deliberaciones colectivas no son asumidas directamente por quienes forman parte de ella, sino por personas elegidas para este fin. Es decir, nuestros representantes que, una vez electos, sienten que ya no deben recurrir a la voluntad soberana para la toma de decisiones porque ellos tienen nuestra representación por el período que dure su elección. Esta situación, a mi juicio, además de la legitimidad de origen de nuestra Carta Magna, ha servido para incrementar los niveles de desafección de la ciudadanía con sus representantes y el sistema político. Por ello, sería necesario incluir mecanismos de democracia directa o participativa en nuestra democracia.

Dentro de los mecanismos que parece necesario incluir en el debate se encuentran: revocación de mandato: mecanismo que permite que los gobernados destituyan de su cargo a un gobernante a través de la actualización de determinadas causales previstas en la ley. Puede incluir un porcentaje específico de participación para que sea válida, y un porcentaje predeterminado de votación para deponer al gobernante.

Referéndum: ratificación o devolución de propuestas legales, en algunos casos constitucionales, que los poderes legislativos les formulan a los ciudadanos y ciudadanas para que, de forma dicotómica, acepten o rechacen las propuestas.

Plebiscitos: consulta que realizan los órganos administrativos para  obtener el respaldo a una acción concreta de gobierno, como políticas sociales u obras públicas.

Iniciativa popular: mecanismo que permite a un número determinado de ciudadanos presentar proyectos de modificaciones legales en determinados temas. Permitido sólo para determinadas materias y condicionado a reunir un mínimo legal de ciudadanos.

Consulta popular: mecanismo que permite conocer la opinión de algún sector de los ciudadanos acerca de un tema legal o gubernamental en específico. Se lleva a cabo mediante convocatoria a consultas electivas, asambleas o reuniones.

Voto programático: mecanismo mediante el cual los ciudadanos que votan para elegir gobernadores o alcaldes, imponen como mandato al elegido el cumplimiento del programa de gobierno que haya presentado como parte integral de la inscripción de su candidatura. Si no cumple en el cargo con la obligación política adquirida, quienes lo eligieron tienen derecho a pedir que se le revoque el mandato, es decir darle por terminado el período.

Estos mecanismos existen en muchas democracias en el mundo y ninguna de ellas se ha derrumbado cuando se han aplicado. No se asusten ni teman por la gobernabilidad. Espero que no me llamen populista, deslegitimando la discusión, por nutrir de contenidos la discusión sobre la constitución que Chile necesita para reflotar a un sistema político que cada día se hunde un poco más.

(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl

Hace unos días se desarrolló el lanzamiento del programa de monitoreo Santiago cómo vamos. Asistieron más de un centenar de vecinos, vecinas, académicos, representantes de la sociedad civil, las y los alcaldes electos Josefa Errázuriz, Gonzalo Durán, Carolina Tohá, Daniel Jadue y Carlos Cuadrado, quienes se comprometieron con medidas concretas para mejorar la participación ciudadana en sus comunas.

Dentro de las medidas comprometidas se pueden mencionar: Josefa Errázuriz de Providencia anunció la implementación de 9 medidas en los primeros 120 días de su gestión, las que incluían mejoras a la ordenanza de participación y al reglamento de los Consejos de la Sociedad Civil, creación de una “Defensora Municipal para el Respeto de la Diversidad y la Inclusión Social”, organismo que deberá velar por el respeto de los derechos ciudadanos. También destacó la transparencia que tendrán desde ahora los Concejos Municipales, que serán transmitidos por streaming y propuso reuniones ampliadas de los Consejos de la Sociedad Civil a nivel regional y nacional.

Daniel Jadue, de Recoleta, anunció la realización de al menos 6 congresos comunales para actualizar el Plan de Desarrollo Comunal, donde participarán las juntas de vecinos, los adultos mayores y los clubes deportivos, entre otras organizaciones. Además propuso organizar un Plebiscito comunal “para que la ciudadanía se pronuncie sobre Asamblea Constituyente y una nueva constitución política”.

GonzaloDurán, de Independencia, anunció la creación de una Oficina Municipal de Participación Ciudadana, entre otras medidas, y se comprometió a realizar caminatas sistemáticas por todos los barrios de su comuna en compañía de vecinos y dirigentes, para constatar en terrenos los problemas prioritarios de las personas.

La alcaldesa electa de Santiago, Carolina Tohá, señaló que gestionaría un nuevo Plan Regulador de la zona Sur Oriente con participación de la ciudadanía. También destacó la formación de una Unidad de Participación en la Dirección de Desarrollo Comunitario para hacerse cargo de la diversidad. Se comprometió a organizar claustros en todos los establecimientos educacionales públicos “para recuperar los proyectos educativos y superar el ambiente de conflicto que han dejado las movilizaciones y que ha sido intencionado por la autoridad”.

Carlos Cuadrado, de Huechuraba, al igual que el resto de los alcaldes participantes se comprometió a cumplir el programa de gobierno municipal presentado por su candidatura de cara a la ciudadanía, incluir en éste iniciativas concretas para promover la participación ciudadana en la gestión pública y el acceso a la información pública municipal, tres de las cuales serán aprobadas durante los primeros 90 días de su gestión y trabajar en conjunto con el programa Santiago CómoVamos para el desarrollo de indicadores de calidad de vida y gestión urbana a nivel comunal, que permitan a la ciudadanía monitorear anualmente el desempeño del Municipio que encabeza.

Es necesario que el mayor número de organizaciones, vecinos y vecinas de estas comunas conozcan estos compromisos de sus futuras autoridades para poder desarrollar una ciudadanía activa, que ejerza control social, entendido como un tipo de participación ciudadana orientada al control, vigilancia y evaluación por parte de personas y/u organizaciones sobre programas y acciones gubernamentales, que busca que los ciudadanos -organizados o no- puedan incidir en la esfera pública, ya sea formalmente, por medio de su inclusión en comités de obra, órganos colegiados como los Consejos de Organizaciones Comunales de la Sociedad Civil, etc., o indirectamente, por medio de la activación de los sistemas de quejas y denuncias.

Sería necesario que iniciativas como éstas de control social se expandieran en otras regiones y comunas del país para ir ampliando mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública. Con una ciudadanía activa y autoridades comprometidas con la participación será posible correr el cerco y avanzar en esta tarea aún pendiente con el fortalecimiento de nuestra democracia.

(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl

La ciudadanía como concepto implica mucho más que meramente a los habitantes de las ciudades. En términos amplios se la concibe como el poder influir y decidir sobre distintos aspectos de interés público, en su calidad de miembros de la comunidad nacional frente al Estado. La ciudadanía dice relación con el fortalecimiento de las capacidades para actuar en el debate, gestión y fiscalización de la acción pública, con autonomía y poder.

Variados autores (Cunill y Ziccardi,2004) distinguen entre una ciudadanía pasiva, aquella ciudadanía formal, consagrada legalmente, y que supone sujetos de derechos protegidos por el Estado, y una ciudadanía activa, que requiere la existencia de sujetos políticos capaces de hacer exigibles sus derechos, así como de realizar prácticas autónomas, deliberantes y participativas.

Al Estado le corresponde rendir cuentas (accountability) y abrir los espacios de deliberación, estableciendo mecanismos para que la ciudadanía activa pueda desarrollarse, mientras que a la sociedad civil, le corresponde la responsabilidad de ejercer control ciudadano y desarrollarse como una ciudadanía más activa.

Desde Ciudad Viva, Centro de urbanismo Ciudadano, desarrollamos un monitoreo nacional de la implementación de la Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública (Ley 20.500) a Nivel Municipal, a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en Chile, con el objeto de conocer su grado de cumplimiento, a más de un año y medio de su entrada en vigencia.

El enfoque utilizado es de índole normativo, es decir, se enmarca en torno al nivel de cumplimiento de las nuevas leyes a Nivel Municipal.

El estudio se llevó a cabo durante el mes de marzo de 2012, a través de solicitudes de información pública remitidas a los 345 municipios del país, privilegiando la posibilidad de enviarlas vía web en primera instancia, correo electrónico en segunda y, sólo si no era posible lo anterior, a través de correo postal. Se contó como muestra con todas las respuestas remitidas por los municipios hasta mediados de mayo de 2012, plazo superior —incluso— al estipulado en la Ley de Transparencia 20.285.

La variable fundamental del estudio, que se midió por medio de una escala, es la de participación ciudadana a nivel municipal, que se diseñó considerando tres dimensiones: Consejos Comunales de Organizaciones de la Sociedad Civil (Cosoc), Ordenanzas de Participación Ciudadana e información sobre los cambios que incluye la nueva normativa.

Complementariamente, se diseñó una escala para medir una segunda variable, denominada transparencia a nivel municipal, que mide el grado de transparencia en los municipios, considerando las respuestas recibidas.

Los principales resultados de este estudio, evidencian que de 345 municipios existentes a nivel nacional, sólo 147 cumplieron con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, frente a la solicitud de información (Transparencia Pasiva). Es decir, 43 % de los municipios respondieron en los plazos establecidos en la Ley 20.285 (plazo de 20 días hábiles), mientras que 57 % de los municipios no emitió ningún tipo de respuesta. Cabe recordar que esta normativa se encuentra implementada a partir de abril del año 2009, por tanto, los municipios deberían tener operativos y en regla sus sistemas de respuestas a tres años de su inicio.

En lo que respecta a la Participación Ciudadana, el estudio permitió establecer que sólo el 2 % de los municipios que contestaron la solicitud cuenta con un alto nivel de participación ciudadana en la gestión municipal. Se trata de los municipios de La Pintana y Osorno. En contraposición, los municipios con un bajo nivel de participación ciudadana en la gestión municipal, es decir, que ni siquiera están cumpliendo con los mínimos legales de la nueva normativa, representan al 48 % del total de municipios que contestaron al estudio. Cifra significativa, donde se ubican con el puntaje más bajo Pichilemu y Graneros, en la Región del Libertador Bernardo O’Higgins. Otro dato sorprendente es que dos municipios de excepción, es decir, de los cuatro más ricos de Chile, se encuentren en el nivel bajo de participación ciudadana, como son los casos de Las Condes y Santiago.

En conclusión, los resultados del presente estudio evidencian que a nivel municipal existe una pobre implementación de dos cuerpos legales que consagran nuevos derechos ciudadanos: el acceso a la información pública y la participación ciudadana en la gestión pública. Las autoridades municipales actuales no han desplegado una voluntad significativa de incluir nuevos mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública, incorporando en sus ordenanzas de participación ciudadana nuevos mecanismos, reconocidos y con buenos resultados.

En la reciente elección municipal el discurso de la participación ciudadana y la transparencia en la gestión estuvo presente. Hoy sabemos con datos empíricos que existe una deuda, pero tenemos una oportunidad para exigir a las nuevas autoridades avances concretos en la material que permitan una profundización democrática a nivel local y el ejercicio de una ciudadanía activa.

(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl

En relación a este tema en términos normativos se puede decir que hemos avanzado desde febrero de 2011 Chile cuenta con una Ley de Asociación y Participación Ciudadana en la gestión pública (20.500) que incluye el ámbito municipal. Desde Ciudad Viva se desarrolló el primer  Monitoreo a la Implementación de Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública a nivel Municipal a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en Chile 2012.

En general, los resultados del monitoreo muestran que la mayoría de las municipalidades del país no ha avanzado mucho en la implementación de la normativa, de esta forma, no cumplen con los mínimos legales establecidos. Por lo tanto, las nuevas autoridades cuentan con amplios espacios para crecer en la materia y  hacer efectivo el incluir la participación de los ciudadanos y ciudadanas en las decisiones sobre la gestión local.

Un ejemplo de ello tiene relación con los mecanismos de participación ciudadanas incluidos en las Ordenanzas de Participación Ciudadana, instrumento legal que deberían contar todos los municipios del país a partir del año 1999, y que debían ser actualizadas con la vigencia de la ley de participación durante el año 2011.

El monitoreo muestra, en base a 115 municipios que contestaron el estudio, que los mecanismos más utilizados corresponden a aquellos que la Ley Orgánica de Municipalidades obliga a tener, estos son Audiencias Públicas (88,7%), Plebiscitos (87,8%) y Consultas Ciudadanas (52,2%).  Llama la atención que aún siendo requisito legal considerarlos, se aprecie que no todos los municipios los incluyen en sus respectivas Ordenanzas.

Por otro lado, aquellos mecanismos que son reflejo exclusivamente de una voluntad política de la autoridad comunal se encuentran mucho menos presentes, como Defensorías Comunales (0,9%), Mesas Territoriales (8,7%) y Cabildos Vecinales (16,5%).  Por su parte, los Presupuestos Participativos, señalados explicitamente en la Ley 20.500 como suceptibles de incluirse, sólo emergen en  17,4%.

Cabe señalar que el estudio consideró la inclusión de los mecanismos dentro del ordenamiento jurídico de las municipalidades, no así el que efectivamente se hayan llevado a cabo. Por lo tanto, se avanzó en analizar qué municipalidades establecen la posibilidad de efectuar esos mecanismos y no necesariamente que los estén usando. Estudios anteriores permiten ratificar que el uso de estos mecanismos es inferior a la facultad de implementarlos y prueba de ello es que sólo se han realizado cuatro plebiscitos comunales en Chile aunque el 87,5% de las ordenanzas en estudio lo expongan como mecanismo.

De esta forma, se constata que a pesar de tener hoy un nuevo marco normativo que consagra la participación ciudadana en la gestión pública local poco se ha avanzado y continua siendo una “asignatura pendiente”. Por ello hoy hay una alta expectativa que las nuevas autoridades comunales que realizaron programas en forma participativa y que incluyen la participación en su discurso avancen en forma sustantiva en esta tarea donde hay mucho por hacer.

Para fortalecer la democracia necesitamos una ciudadanía activa que hoy supera a los habitantes de las ciudades o comunas, y en términos amplios se la concibe con el poder de influir, decidir sobre distintos aspectos de interés público que las personas tienen frente al Estado, en su calidad de miembros de la comunidad nacional. La ciudadanía dice relación con el fortalecimiento de las capacidades para actuar en el debate, gestión y fiscalización de la acción pública, con autonomía y poder. Para ello es necesario que las nuevas autoridades muestren una fuerte voluntad política que pase del discurso, la normativa al actuar en experiencias concretas y reales.

Generalmente las personas estamos nerviosas, tensionadas, entregadas a las manos de los especialistas y sin conciencia de nuestros derechos al atendernos en el sistema de salud.

Por ello es importante saber y difundir que a partir de octubre de 2012 tenemos nuevos derechos al atendernos en salud. Sea en la salud pública o privada en Chile.

La ley de Derechos y Deberes de los Personas es la única normativa que aún estaba pendiente de la Reforma de Salud del gobierno del Presidente Lagos. Se tramitó por más de 10 años en el Congreso y finalmente, el 24 de abril, fue publicada en el Diario Oficial y entra en plena vigencia en este mes de octubre.

Para que los ciudadanos y ciudadanas estemos conscientes de nuestros derechos y actuemos como tales y no cómo meros pacientes poco empoderados frente al sistema de salud es necesario conocer cuales son nuestro nuevos derechos y dónde acudir si siento que son vulnerados. Dentro de estos derechos se encuentran:

Tanto el prestador como quienes integran el equipo de salud deben cumplir con los protocolos de seguridad y calidad de atención en materias como: infecciones intrahospitalarias, identificación y accidentabilidad de los pacientes, errores en la atención de salud, y en todos aquellos eventos adversos evitables. El paciente tiene el derecho de ser informado acerca de la ocurrencia de un evento adverso.

Las personas deben recibir un trato digno y respetuoso en todo momento. Se debe utilizar un lenguaje adecuado y comprensible. No se podrá grabar ni fotografiar a los pacientes sin una autorización escrita otorgada por él o su representante legal.

Toda persona tiene derecho a la compañía de familiares y amigos cercanos en su hospitalización y con ocasión de prestaciones ambulatorias. También pueden recibir oportunamente consejería y asistencia religiosa o espiritual.

En los territorios con alta concentración de población indígena se deberá aplicar un modelo de salud intercultural con facilitadores interculturales y señalización en el idioma del pueblo originario y asistencia religiosa propia de su cultura.

Se regula el derecho de los pacientes a ser informados, en forma completa, oportuna, veraz y comprensible, acerca del estado de su salud, del diagnóstico de su enfermedad, tratamientos, riesgos, exámenes y procedimientos practicados, y medicamentos suministrados.

La ficha clínica permanecerá por al menos 15 años en poder del prestador, quien será responsable de la reserva del contenido, y no podrá ser entregada a terceras personas que no tengan relación con la atención de salud del paciente.

Los pacientes pueden otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento o tratamiento en forma libre, voluntaria, expresa e informada. Si su estado es terminal tiene derecho a optar si desea o no un tratamiento que puede prolongar artificialmente su vida.

Toda persona tiene derecho a efectuar las consultas y reclamos que estime pertinentes respecto a la atención de salud recibida.

Los prestadores deben mantener una base de datos actualizada con los precios de las prestaciones, insumos y medicamentos. Se informarán los plazos para el pago al momento del ingreso del paciente.

Como se puede observar los derechos son significativos y marcan un cambio en la forma como se entrega la salud en Chile, los ciudadanos tenemos derechos que son garantizados en las atenciones en salud, donde se asume que somos responsables de nuestra vida y podemos tomar decisiones frente a los tratamientos que se nos dan. Para que este cambio se produzca tenemos que conocer nuestros nuevos derechos para efectivamente ir avanzando en los cambios. Nunca más puedo llevarme una receta de un médico sin que entienda lo que dice. Nunca más debo salir de una consulta sin saber porque debo tomar un determinado medicamento. Nunca más puedo ser hospitalizada sin saber la forma de pago.

La ley también establece ciertos deberes para los pacientes: entregar información veraz acerca de sus problemas de salud y los antecedentes que le sean solicitados. Cuidar las instalaciones y equipamiento del recinto de salud. Tratar respetuosamente al personal de salud. Respetar el reglamento interno del establecimiento. Informarse acerca de los horarios de funcionamiento, de las modalidades de atención y formas de pago e informarse acerca de los procedimientos de consultas y reclamos establecidos.

Podemos tener una relación en salud más equilibrada donde las asimetrías de información y los abusos de poder sean evitados. Frente a la vulneración de alguno de estos derechos debo acudir a la Superintendencia de Salud quien a través de su Intendencia de Prestadores, controlará el cumplimiento de esta ley por los prestadores de salud públicos y privados, recomendando la adopción de medidas necesarias para corregir las irregularidades que se detecten.

Comencemos por informarnos.

Hoy ad portas de una nueva elección municipal, donde deberíamos ir avanzando en más candidaturas femeninas Comunidad Mujer nos muestra un detrimento en relación a las cifras observadas en igual elección durante el año 2008.

Para esta elección municipal habría un 14% de candidatas mujeres para Alcaldesas y 26% para Concejalas. Si bien, las mujeres tenemos una significativa representación dentro del mundo social. Estamos en nuestros barrios organizando a los vecinos y vecinas en un trabajo en red para superar lo cotidiano, desde las tradicionales Juntas de Vecinos y Clubes de Adultos mayores, hasta otro tipo de organizaciones menos formales. En las últimas movilizaciones sociales, tanto sectoriales como locales o regionales hemos desarrollado un importante rol desde la base a la dirigencia. No estamos en las papeletas donde van los distintos candidatos y candidatas con igual proporción y fuerza.

Tras el desarrollo de las primarias para Alcaldes y Alcaldesas de la Concertación de Partidos por la Democracia el primero de abril pasado junto a René Jofré analizamos los resultados de las primarias y la baja participación y éxito de las candidaturas de mujeres. Fruto de ello concluimos que creemos necesario establecer mecanismos ex ante para superar una situación de desventaja de la elección de candidatas mujeres en los partidos o, en subsidio avanzar para que las elecciones primarias establezcan formulas concretas de discriminación positiva que permitan y fomenten una mayor participación de mujeres, de modo, que para la próxima elección primaria que se desarrolle no sea esta la excusa para no avanzar en representación de la mujer en puestos de poder.

Puesto que el problema se produce en las “barreras de entrada” que tienen las mujeres para participar de la primaria primero y en las elecciones después. Estas barreras tienen relación con competir por un espacio que es de “otro” y que generalmente, es masculino, copado por hombres y, por la falta de mecanismos de discriminación positiva en los partidos respecto a la selección de candidatos para los cargos de elección popular, esto “explica” que sólo el 12,5% de las alcaldías hoy en Chile están en manos de una mujer. Otros factores están referidos a los costos en tiempo, recursos físicos, humanos y económicos que implica el proceso de primarias. Esto que es un desgaste por ser un proceso nuevo, para una mujer implica aún mayores dificultades.

La baja representación de las mujeres en política, parece coincidencia transversal a todos los partidos políticos, pero es más parecido a una colusión.

Las barreras de entrada en los partidos son las primeras que deben modificarse para que las mujeres participen del proceso de primarias y así se logre una más paritaria representación en los puestos de poder político. Para ello, los partidos políticos, deben tener un rol más activo en la selección de los y las candidatas que llevan a primarias proponiendo medidas innovadoras y efectivas. Para ello es necesario establecer una cuota mínima de candidatas mujeres por partido para empezar. Esta cuota debería ser del 40% que ya tienen algunos partidos en sus estatutos y el 50%. Es decir, ningún partido debería llevar un porcentaje inferior de al menos el 40% de candidatas mujeres a primarias. Situación que hoy ningún partido cumplió.

Hoy que se está discutiendo el proyecto de primarias en el Parlamento, esta conversación no debería estar ausente para superar las magras cifras que muestran que vamos de mal en peor en representación de las mujeres en política.

La dualidad del género humano cuestiona la neutralidad del poder político. Ya que es una neutralidad falsa, porque está garantizada por el monopolio masculino. La paridad no es un tema que debería interesarle solo a las mujeres, sino que a la sociedad toda para estar justamente representada y avanzar en democracia.

La paridad representa un avance civilizatorio, por ello no puede salir de nuestra agenda pública. La paridad es parte de una lucha por más y mejor democracia. Hoy, cuando la ciudadanía cuestiona con fuerza nuestra institucionalidad política y sus niveles de representación es el momento de volver a instalar, junto con otros temas ciudadanos, el tema de la democracia paritaria.

El 10 de agosto de 2010 el Presidente de la República ingresa a discusión parlamentaria el mensaje “Sobre plebiscito y consultas de carácter comunal”, que pretende potenciar la participación ciudadana de los vecinos y vecinas a nivel comunal. Los objetivos del proyecto son: “facilitar la realización de plebiscitos comunales y consultas no vinculantes a nivel local, y, segundo, reducir los costos que estos mecanismos de participación significan para los municipios del país”.

Entre las facilidades propuestas por el ejecutivo en el proyecto de ley sobre plebiscitos comunales, se encuentran: 1) incorporar, aparte de los notarios y los funcionarios del Registro Civil, a un funcionario del Servicio Electoral como agente autorizado para validar las firmas de los ciudadanos que eventualmente soliciten un plebiscito al alcalde, al que estos tendrían que pagar las horas extras y el viático; 2) permitir que el plebiscito comunal se realice el mismo día de una elección parlamentaria y presidencial en caso de ser convocado, 3) reducir el período de prohibición para celebrar plebiscitos, limitando el período comprendido entre 90 días antes y 60 días después de una elección municipal (actualmente es de 240 días antes y 60 días después); 4) agregar entre las materias que pueden ser consultadas la “denominación, uso y conservación de bienes nacionales de uso público” y las ordenanzas municipales; 5) rebajar de 50% a 40% del electorado de la comuna el requisito de participación para que dicha consulta sea vinculante para la autoridad y; 6) establecer la posibilidad de levantar un procedimiento de reclamo ante el Tribunal Electoral Regional para impugnar el proceso de forma previa a la celebración del plebiscito en caso de eventuales irregularidades o parcialidades en la formulación y definición de la o las consultas.

Si bien, parece bastante loable lo propuesto por el ejecutivo y aprobado en primer trámite legislativo por el Senado tiene una contradicción vital que no se puede dejar pasar: aumenta de 5% a 10% la cantidad de firmas que requiere juntar y certificar la ciudadanía para requerir al alcalde la celebración de un plebiscito vinculante, estableciendo de esta forma una limitación para aquellos ciudadanos que quieran someter determinada materia a consulta y echando por tierra las pequeñas facilidades que el proyecto propone. El requisito actual para esta solicitud era 5% de los ciudadanos inscritos y comenzó a regir apenas desde febrero del año 2011, cuando entró en vigencia la ley 20.500 sobre “Participación Ciudadana en la Gestión Pública”, que lo rebajó del 10% que estaba vigente. Sin embargo, en paralelo con este proyecto se estaba tramitando la inscripción automática y el voto voluntario que fue aprobado con fecha 31 de enero de 2012 que volvió a modificar la norma dejando el porcentaje de requisitos de firmas de vecinos y vecinas en 10%. En menos de un año se bajo de 10% a 5% y nuevamente se subió al 10%.

Hoy, cuando la crisis de representatividad de nuestro sistema político ha hecho crisis y se ha expresado en las calles, cuando los ciudadanos y ciudadanas desean expresarse sobre materias que los afectan directamente, no es plausible que el gobierno y el parlamento aprueben esta norma como se encuentra hasta el momento. La ciudadanía está realizando control social y no permitirá seguir con las incoherencias de señalar que se tramita un proyecto que facilita la participación ciudadana, mientras que en forma efectiva la restringe. Me imagino que con el entusiasmo de la aprobación de la inscripción automática no se cayó en cuenta de esta incoherencia, pero aún estamos a tiempo de revertirla.

La Cámara de Diputados donde el proyecto ha ingresado a trámite debería velar por mantener el 5% que incorporó la ley 20.500 estableciendo como universo electoral los participantes en la última elección que muestra un padrón efectivo y no ideal, para lograr que este proyecto sea un avance en participación ciudadana y no un retroceso. A nuestra democracia representativa le faltan variados mecanismos de democracia participativa,  ¡avancemos en ellos!

Seguimos movidos en cuanto a demandas sociales, en estos días. Aysén se moviliza, en el extremo sur de nuestro país, exigiendo descentralización a un país tremendamente centralista, donde parece que todo pasa en Santiago. El estallido de Aysén nos recuerda lo que vivimos anteriormente en Magallanes, Isla de Pascua, Calama y otras ciudades, donde los habitantes de estos territorios se movilizaron exigiendo mayor compromiso del gobierno central por sus problemáticas, develando la enorme desigualdad territorial que vivimos en Chile y la falta casi absoluta de descentralización.

Además de estas movilizaciones por demandas locales se nos olvida cómo los estudiantes secundarios de liceos de todo el país, incluyendo capitales regionales, ciudades intermedias y también poblados estuvieron movilizados durante el año 2011. Pero eso no salió en la TV, nadie en Santiago lo vio. Y es básicamente esa negación de los otros territorios, de los otros habitantes de nuestro país con sus demandas específicas y las desigualdades territoriales que tenemos, lo que hoy ha estallado y seguirá estallando. Se cansaron de ser inexistentes para el resto, para Santiago, para quien toma las decisiones y decide por los recursos.

Este año 2012 es un año electoral. Tendremos elecciones municipales para elegir a las autoridades locales de los espacios de poder más descentralizados que existen en Chile. Si bien, los municipios en nuestro país están lejos de ser verdaderos gobiernos locales, es la oportunidad para que este tipo de demandas por mayor descentralización, poder real de la ciudadanía, desconcentración de las decisiones, se ponga en la agenda pública. Es momento de que los diversos candidatos y candidatas presidenciales expongan sus programas al respecto y asuman sus compromisos para lograr las necesarias transformaciones estructurales que necesitamos sobre estos temas. Años llevamos esperando que se concrete la elección directa de los consejeros regionales y siempre parece no ser el momento para que la clase política apruebe el proyecto.

En estas elecciones municipales los ciudadanos y ciudadanas —con nuevo padrón incluido— no sólo podremos dirimir quién será la máxima autoridad que tendrá la comuna: es, además, la oportunidad para que estas demandas sean expuestas, discutidas y asumidas. No dejemos que nuevamente la elección municipal se vuelva un desfile de carteles con miles de rostros que no sabemos qué opinan. Démosle un valor a nuestra democracia: incluyamos nuevos temas en la agenda pública.

(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl