El 10 de agosto de 2010 el Presidente de la República ingresa a discusión parlamentaria el mensaje “Sobre plebiscito y consultas de carácter comunal”, que pretende potenciar la participación ciudadana de los vecinos y vecinas a nivel comunal. Los objetivos del proyecto son: “facilitar la realización de plebiscitos comunales y consultas no vinculantes a nivel local, y, segundo, reducir los costos que estos mecanismos de participación significan para los municipios del país”.

Entre las facilidades propuestas por el ejecutivo en el proyecto de ley sobre plebiscitos comunales, se encuentran: 1) incorporar, aparte de los notarios y los funcionarios del Registro Civil, a un funcionario del Servicio Electoral como agente autorizado para validar las firmas de los ciudadanos que eventualmente soliciten un plebiscito al alcalde, al que estos tendrían que pagar las horas extras y el viático; 2) permitir que el plebiscito comunal se realice el mismo día de una elección parlamentaria y presidencial en caso de ser convocado, 3) reducir el período de prohibición para celebrar plebiscitos, limitando el período comprendido entre 90 días antes y 60 días después de una elección municipal (actualmente es de 240 días antes y 60 días después); 4) agregar entre las materias que pueden ser consultadas la “denominación, uso y conservación de bienes nacionales de uso público” y las ordenanzas municipales; 5) rebajar de 50% a 40% del electorado de la comuna el requisito de participación para que dicha consulta sea vinculante para la autoridad y; 6) establecer la posibilidad de levantar un procedimiento de reclamo ante el Tribunal Electoral Regional para impugnar el proceso de forma previa a la celebración del plebiscito en caso de eventuales irregularidades o parcialidades en la formulación y definición de la o las consultas.

Si bien, parece bastante loable lo propuesto por el ejecutivo y aprobado en primer trámite legislativo por el Senado tiene una contradicción vital que no se puede dejar pasar: aumenta de 5% a 10% la cantidad de firmas que requiere juntar y certificar la ciudadanía para requerir al alcalde la celebración de un plebiscito vinculante, estableciendo de esta forma una limitación para aquellos ciudadanos que quieran someter determinada materia a consulta y echando por tierra las pequeñas facilidades que el proyecto propone. El requisito actual para esta solicitud era 5% de los ciudadanos inscritos y comenzó a regir apenas desde febrero del año 2011, cuando entró en vigencia la ley 20.500 sobre “Participación Ciudadana en la Gestión Pública”, que lo rebajó del 10% que estaba vigente. Sin embargo, en paralelo con este proyecto se estaba tramitando la inscripción automática y el voto voluntario que fue aprobado con fecha 31 de enero de 2012 que volvió a modificar la norma dejando el porcentaje de requisitos de firmas de vecinos y vecinas en 10%. En menos de un año se bajo de 10% a 5% y nuevamente se subió al 10%.

Hoy, cuando la crisis de representatividad de nuestro sistema político ha hecho crisis y se ha expresado en las calles, cuando los ciudadanos y ciudadanas desean expresarse sobre materias que los afectan directamente, no es plausible que el gobierno y el parlamento aprueben esta norma como se encuentra hasta el momento. La ciudadanía está realizando control social y no permitirá seguir con las incoherencias de señalar que se tramita un proyecto que facilita la participación ciudadana, mientras que en forma efectiva la restringe. Me imagino que con el entusiasmo de la aprobación de la inscripción automática no se cayó en cuenta de esta incoherencia, pero aún estamos a tiempo de revertirla.

La Cámara de Diputados donde el proyecto ha ingresado a trámite debería velar por mantener el 5% que incorporó la ley 20.500 estableciendo como universo electoral los participantes en la última elección que muestra un padrón efectivo y no ideal, para lograr que este proyecto sea un avance en participación ciudadana y no un retroceso. A nuestra democracia representativa le faltan variados mecanismos de democracia participativa,  ¡avancemos en ellos!

Seguimos movidos en cuanto a demandas sociales, en estos días. Aysén se moviliza, en el extremo sur de nuestro país, exigiendo descentralización a un país tremendamente centralista, donde parece que todo pasa en Santiago. El estallido de Aysén nos recuerda lo que vivimos anteriormente en Magallanes, Isla de Pascua, Calama y otras ciudades, donde los habitantes de estos territorios se movilizaron exigiendo mayor compromiso del gobierno central por sus problemáticas, develando la enorme desigualdad territorial que vivimos en Chile y la falta casi absoluta de descentralización.

Además de estas movilizaciones por demandas locales se nos olvida cómo los estudiantes secundarios de liceos de todo el país, incluyendo capitales regionales, ciudades intermedias y también poblados estuvieron movilizados durante el año 2011. Pero eso no salió en la TV, nadie en Santiago lo vio. Y es básicamente esa negación de los otros territorios, de los otros habitantes de nuestro país con sus demandas específicas y las desigualdades territoriales que tenemos, lo que hoy ha estallado y seguirá estallando. Se cansaron de ser inexistentes para el resto, para Santiago, para quien toma las decisiones y decide por los recursos.

Este año 2012 es un año electoral. Tendremos elecciones municipales para elegir a las autoridades locales de los espacios de poder más descentralizados que existen en Chile. Si bien, los municipios en nuestro país están lejos de ser verdaderos gobiernos locales, es la oportunidad para que este tipo de demandas por mayor descentralización, poder real de la ciudadanía, desconcentración de las decisiones, se ponga en la agenda pública. Es momento de que los diversos candidatos y candidatas presidenciales expongan sus programas al respecto y asuman sus compromisos para lograr las necesarias transformaciones estructurales que necesitamos sobre estos temas. Años llevamos esperando que se concrete la elección directa de los consejeros regionales y siempre parece no ser el momento para que la clase política apruebe el proyecto.

En estas elecciones municipales los ciudadanos y ciudadanas —con nuevo padrón incluido— no sólo podremos dirimir quién será la máxima autoridad que tendrá la comuna: es, además, la oportunidad para que estas demandas sean expuestas, discutidas y asumidas. No dejemos que nuevamente la elección municipal se vuelva un desfile de carteles con miles de rostros que no sabemos qué opinan. Démosle un valor a nuestra democracia: incluyamos nuevos temas en la agenda pública.

(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl

El proceso de cambio del instrumento de focalización experimentado desde la ficha CAS 2, la Ficha Familia a la Ficha de Protección Social fue evaluado positivamente por diversos actores que utilizan a diario dicho instrumento. Pero consideran que la instalación de la Ficha de Protección Social fue un proceso que generó mucha tensión en el mundo municipal y un gran esfuerzo en recursos humanos. Si bien, se valora que existieron los traspasos de recursos económicos desde el nivel central (MIDEPLAN) para dicho proceso, los tiempos fueron muy acotados y las capacitaciones parecieron insuficientes para tener asimilados los cambios que significaban y poder replicar dichas experiencias de capacitación con los equipos de encuestadores.

Esta situación debe ser considerada para esta nueva etapa de cambio que se inicia, donde será necesario volver a encuestar a las personas y para ello se requerirá de un traspaso de recursos del nivel central al municipal, un traspaso de conocimiento a través de capacitaciones para trasmitir la información de buena forma y poder replicarlo con los equipos locales junto con contar con tiempos acordes. Hoy los municipios están en regla en relación al encuestaje y sin duda un cambio volverá a tensionar a los equipos.

Hasta el día de hoy existe una visión restringida sobre la capacidad técnica de quienes aplican la ficha. Un cuestionamiento en cuanto a comprender efectivamente la forma en que debe recabarse la información, tanto de los funcionarios municipales como de las empresas subcontratadas para la aplicación de la encuesta, que amenaza la confiabilidad de la información y rigurosidad del trabajo realizado. Esta situación debe subsanarse en esta nueva etapa.

Otra dificultad que existe hasta el día de hoy es la complejidad en el cambio de enfoque en la medición para desarrollar la focalización desde un enfoque de carencia a uno de vulnerabilidad social. Se afirma que la ciudadanía no ha entendido que la ficha mide vulnerabilidad, cuestión que tampoco es comprendida por algunos funcionarios públicos municipales o sectoriales y otras instituciones que están haciendo uso de los puntajes de la ficha. Las instancias involucradas (funcionarios públicos en general, municipales y encuestadores) no tienen claridad respecto de la fórmula de cálculo, de manera de entregar información y orientaciones claras a la población cuando no están de acuerdo con el puntaje obtenido. Asimismo, desconocen a qué atribuir las variaciones de puntajes que se registran. Si bien, esto podría generar el reconocimiento de variables para “bajar” el puntaje, por otro lado, permitiría entregar información certera del puntaje obtenido, validando con ello un derecho que les asiste a las personas con respecto a este instrumento.

De lo anterior, se desprende la necesidad de avanzar en un enfoque de derechos, de esta puerta de entrada al Sistema de Protección Social. El derecho que tienen las personas a conocer las razones del puntaje obtenido más allá del temor a develar el funcionamiento del instrumento. Creemos que estos cambios deben permitir avanzar en transparencia, información y derechos de los ciudadanos.

Parece positivo que por medio del puntaje global de la ficha se generen otros instrumentos específicos o puntajes secundarios para definir políticas sectoriales, puesto que a la “ficha se le estaba exigiendo más de para lo que fue diseñada”. Para ello suponemos que los algoritmos y pesos de las variables serán distintas según la política pública a la que se busca focalizar. Ello debería terminar con la situación actual, en que para toda política la capacidad de generación de trabajo es la variable con mayor peso, sin ponderar en forma adecuada otras situaciones sociales que viven las personas y las familias.

También resulta favorable la inclusión en los cambios a la Ficha de Protección Social de medios de verificación de diversas situaciones, incorporación de enfermedades crónicas, discapacidades, abuso de alcohol y otras drogas, endeudamiento y gastos de las familias. Ello debería ir acompañado de una buena supervisión profesional de la forma de aplicación y cálculo de puntaje por profesionales del trabajo social.

Un aspecto enfatizado por los medios de comunicación en los cambios propuestos es la posibilidad de llevar a la justicia a quienes falseen datos de la Ficha de Protección Social. Hay que señalar que esta situación había quedado establecida a través de la promulgación de la Ley 20.379 del año 2009, que pone en vigencia el Sistema Intersectorial de Protección Social que en sus artículos 5, 6, 7 y 8 hace mención a estas situaciones y que debía contar con un reglamento de aplicación que al parecer demoró más de lo debido en existir.

Junto con lo anterior, creemos preciso aumentar la fiscalización sobre todo considerando que hay empresas dedicadas a aplicar la encuesta y donde ya se han detectado situaciones fraudulentas que deben ser sancionadas. Esta fiscalización debe ser interna (cada municipio chequear al menos un 20% de fichas aplicadas) y externa (MIDEPLAN debe contar con un sistema de fiscalización de un porcentaje que en forma aleatoria sea evaluada cada año) con las sanciones fijadas por ley frente a cualquier fraude expuesto públicamente de forma ejemplificadora para cuidar el sistema y su legitimidad.

Aspectos que aún quedan pendientes son cómo medir el capital social de las familias y las discriminaciones por condición de migrantes o étnicas que viven las personas en nuestro país.

(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl

La sociedad chilena exige reconocer esta participación ciudadana y avanzar fuertemente a una democracia deliberativa que, como analiza Adela Cortina, implica la participación del pueblo en los asuntos públicos a través de sus representantes. Sin embargo, la elección popular no es suficiente, ya que para que esta representación sea auténtica, se deben reformar los mecanismos de representación, para que todos los ciudadanos, independiente su clase social o poder político, sean protagonistas y responsables de sus acciones respecto a lo público.

Chile requiere reformas urgentes para avanzar en participación ciudadana desde la mejora del Sistema Político en su representación de la ciudadanía, principios, derechos, transparencia, mecanismos de elección y de decisión. La última encuesta CEP es un síntoma más de esta necesidad.

Es crucial contar con una carta magna legítima en su origen, democrática en su formulación y participativa en su constitución.  Por ello dentro de todos los “debes” de nuestra anoréxica democracia deberíamos propiciar una Asamblea Constituyente que genere una nueva Constitución para Chile, la existencia de iniciativa popular de ley, la posibilidad de convocatoria ciudadana a plebiscitos nacionales, la creación del Defensor del Pueblo u Ombudsman, la existencia de un sistema electoral proporcional, el desarrollo de primarias públicas, abiertas y vinculantes financiadas por el Estado para selección de candidatos, la existencia de un límite en la reelección de representantes, la postergada inscripción automática en los registros electorales, el voto de chilenos en el extranjero, la elección directa de consejeros regionales e intendentes, modificar los elevados quórum constitucionales en el proceso legislativo y mejorar y transparentar el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales.

Estas importantes reformas apuntan a fortalecer nuestra democracia deliberativa, fomentar una verdadera participación ciudadana y canalizar esa imperiosa necesidad de hacerse parte, mostrada por los chilenos durante los últimos tres meses con la movilización estudiantil, inusuales estrategias de protesta y con un apoyo significativo de la opinión pública.

Hoy es el momento para sentar las bases de todo lo que queremos para un nuevo Estado en forma participativa, hoy es el momento para exigirle a nuestra clase política desprestigiada su verdadero compromiso por estos cambios.

Su ejecución implica una ruptura con la ciudadanía abstracta. Al hablar de ciudadanos siempre nos remontamos en forma primaria a la lucha por los derechos civiles y políticos, donde el derecho a voto de las mujeres fue alcanzado tardíamente en comparación al de los hombres.

Pero aquí la idea es hacer referencia a la ciudadanía en forma amplia, a la ciudadanía activa, como el derecho a tener derechos, a decidir sobre el quehacer público, a fiscalizar y ejercer un control ciudadano frente a nuestras autoridades y también a tener el derecho de elegir y ser elegidas.

Hoy las mujeres no contamos con esa garantía democrática. No somos las únicas, también existen otros grupos excluidos. El tema es que nosotras somos la mitad de la población, la mitad de las electoras.

La dualidad del género humano es el cuestionamiento de la neutralidad del poder político, ya que es una neutralidad falsa porque está garantizada por el monopolio masculino. La paridad no es un tema que debiera interesarle solo a las mujeres, sino a la sociedad toda, para estar justamente representada y avanzar en democracia.

Durante la campaña del año 2005 la entonces candidata Michelle Bachelet puso el tema en la agenda pública y lo asumió como un compromiso de campaña. Al llegar al gobierno con voluntad política cumplió, a pesar que muchos repetían la típica frase “no va a encontrar mujeres para tantos cargos”. Con dificultad y oposición de quienes no quieren dejar su espacio de poder, cumplió y mantuvo aproximadamente una proporción 40/60 hasta el final de su mandato, en los puestos de confianza.  Pidió más candidatas mujeres para las elecciones Municipales del año 2008 y para las parlamentarias del año 2009, pero  no tuvo la recepción deseada en los propios partidos de su coalición.

No pudo legislar esos cambios en el funcionamiento político de nuestro país a través de una ley de cuotas o instalar el tema de la democracia paritaria. Sin duda el haber contado con una Presidenta mujer fue un hecho significativo en el proceso de cambio cultural en Chile. Sin embargo no hubo institucionalización de las medidas necesarias para aumentar la participación de las mujeres en los puestos de poder, donde gracias a las discriminaciones de género hemos estado históricamente relegadas.

Con la elección del Presidente Piñera la paridad no fue tema. Eso también demuestra que perdimos la oportunidad de avanzar significativamente en el cambio cultural. Nunca quedó suficientemente instalado. Las mujeres volvimos a ocupar aproximadamente el 25% de los puestos de confianza que teníamos al inicio de los 2000.

La paridad no forma parte de una política populista o un gancho electoral utilizado por una candidata en un momento determinado. La paridad no puede salir de nuestra agenda pública. La paridad es parte de una lucha por más y mejor democracia. Hoy cuando la ciudadanía cuestiona con fuerza la institucionalidad política y los niveles de representatividad de todo el sistema, es el momento de volver a instalar con fuerza el tema de la democracia paritaria. ¿Desde dónde? Desde todos los espacios de representación, en las próximas elecciones municipales y parlamentarias, en las elecciones en los sindicatos, en las elecciones en los partidos políticos, en todas las instancias de representación. Porque tenemos el deber de mejorar la representación y no excluir de ella al 50% de la población.

No es una tarea fácil, luego de años de exclusión del poder, no se puede esperar tener candidatas que nazcan como las flores. Es un trabajo para el cual hay que formar, educar, entregar habilidades, herramientas, espacios, recursos económicos y sobretodo mucha energía, porque es una larga lucha la de llegar al poder y luego la de ejercerlo.

Con extrañeza leo estas opiniones hoy, por cuanto durante la campaña presidencial cuando su candidato (el actual Presidente) prometió post natal de 6 meses jamás escuchamos a la parlamentaria señalar una opinión contraria al compromiso que hoy parece diluirse. ¿O quiere decir, según sus propios dichos, que se puede ser populista en campaña, pero no una vez que se es electa?

Mi convicción es que ser consecuente es un rasgo que debe darse a todo evento y en todos los temas. Por el contrario, no resulta consecuente comprometer algo a la ciudadanía mientras se está en campaña y ofrecer algo distinto cuando se es representante de esos mismos ciudadanos. Sin duda el tema de la extensión del post natal a 6 meses y las otras políticas públicas que hoy está discutiendo la Comisión Mujer, trabajo y maternidad tienen múltiples aristas e intereses que es necesario analizar con rigurosidad y cautela.

Si estamos hablando de una política pública, por supuesto que el interés superior es que beneficie a toda la sociedad y no al bolsillo de los empresarios como primera medida a despejar. Desde ese supuesto es necesario considerar las siguientes aristas que no se las he escuchado a la senadora: La fecundidad en Chile muestra una intensa caída de la tasa de natalidad, alcanzando a 1,9 hijos por mujer, cifra que se encuentra por debajo de la llamada “tasa de reposición”, es decir; de lo necesario para renovar la población actual (2,1 hijos por mujer).

Esto nos da la señal que frente al envejecimiento de nuestra población tenemos que dar claras señales a favor de la maternidad en general, y no solo frente a las mujeres que trabajan remuneradamente (que representan alrededor del 40%).

Lo anterior, porque simplemente aquellas que no reciben una remuneración tampoco están teniendo hijos y también realizan un trabajo que si bien no tiene un ingreso mensual representa un ahorro significativo para sus familias en lo referido al trabajo doméstico y de cuidado. Por tanto, ubicar esta temática solo desde la perspectiva del código del trabajo es un grave error. Así las cosas, la primera medida de prioridad social para promover la maternidad debería ser la existencia de un subsidio a la maternidad durante un periodo de al menos un año.

Aun cuando evidentemente los niños y niñas no tienen voz, y por tanto su opinión no se ve reflejada en las instancias que hoy definirán el tiempo en que será posible el apego a la madre, sí han surgido una serie de estudios que ratifican la importancia no sólo de la lactancia materna, sino de lo sustancial que resulta el cuidado y cercanía de la madre para la definición de conductas y capacidades futuras, donde la conclusión es clara: mientras más tiempo, mejor. Por tanto, no sólo hay que priorizar un post natal de 6 meses o de mayor presencia de la madre en el hogar sino que brindar los elementos de apoyo para que esa madre sepa y pueda cumplir su rol de la mejor forma posible. Otra medida: Extender el periodo de cuidado post natal de la madre trabajadora y mejorar las redes de apoyo existentes en beneficio del cuidado al niño y apoyo a la madre.

Los derechos de las mujeres trabajadoras en Chile son pocos al compararlos con los existentes en otros países pero han sido fruto de luchas significativas y por lo tanto, no sería comprensible retroceder en lo que ya existe. Con ello, hablar de rebajar el pre natal hoy para hacerlo flexible y correr las semanas al post natal  no es justo a menos que el hijo/a nazca antes y esas semanas que hoy se pierden puedan traspasarse al post natal. Es necesario impedir que el permiso por enfermedad del niño menor de un año sea reducido y ratificar la consigna: ningún paso atrás frente a los derechos ya obtenidos.

Debemos avanzar en protección de las mujeres trabajadoras. Sabemos que hoy un 40% de las mujeres trabaja remuneradamente, sin embargo, aproximadamente la mitad de ellas lo hace en el mercado informal, sin contrato de trabajo y por tanto, sin ningún beneficio social. Ahí es donde se debe avanzar en equidad social y formalizar el empleo femenino. Una forma de lograr este objetivo es que ciertas prestaciones que hoy las asumimos solo las mujeres sean enfrentadas por hombres y mujeres, es decir, por la sociedad. De esa forma se dará la necesaria corresponsabilidad frente a un tema tan significativo como es la reproducción. Otra medida: Que toda empresa que cuente con más de 20 trabajadores y trabajadoras tenga obligación de entregar derecho a sala cuna a los hijos e hijas de sus trabajadores sin importar el sexo del empleado.

Dentro de las acciones a seguir también es preciso cambiar ciertos patrones culturales y avanzar en compartir las responsabilidades de la crianza entre madre y padre de manera que este último se involucre con mayor fuerza en las tareas de crianza de los hijos y por lo tanto (otra medida) que a la extensión del post natal se sume la posibilidad de distribuir el periodo entre el padre y la madre.

Creo que otro mundo es posible, donde la sociedad toda asuma el costo y la responsabilidad de la reproducción. Donde este tema se hable desde todas sus aristas y no sólo desde una mirada economicista, de manera que se releve el rol de la mujer como parte fundamental del desarrollo social y exista convicción en que es necesario que más mujeres ingresen al mundo laboral si quieren hacerlo porque de esa forma mejoraran su calidad de vida y las de sus familias, pero que al mismo tiempo, ese empleo no puede ser de cualquier manera sino que un empleo formal que entregue derechos, en definitiva, un empleo decente.

Las personas con vocación pública creemos en proyectos políticos, en el valor de la lealtad y por supuesto realzamos la importancia de la historia, allí donde otros aprovechan discursillos mediáticos del momento para encajar su nada disimulado oportunismo.

Hoy se ve, por ejemplo, que la expresión “gabinete técnico” se vuelve sustantiva en los diarios representantes de grandes intereses corporativos. “Gabinete técnico” aquí. “Gabinete técnico” allá. Se atribuye a las nuevas autoridades (cito textualmente al diario  El Mercurio) “sentido de grandeza, elevación de miras e independencia de criterios”, como si fueran de otro planeta y estuvieran dotadas de una naturaleza aséptica y sublime.

Ante esta extraña dinámica del discurso, parece necesario mostrar las credenciales propias: En mi caso, como es sabido, tengo dos carreras profesionales de la universidad que hoy concita el mayor número de ministros del nuevo gabinete designado y un magíster.

Luego, como abriendo espacio al transfuguismo, la administración entrante aduce el “amor a Chile” para convocar a un supuesto “gobierno de unidad nacional”. Ahí se ve otra vez el jueguito de palabras para dar cabida a que los oportunistas del momento tengan de qué agarrarse para aparecer presentables y serios. ¿Qué significa todo esto? Los diarios ensalzan a aquellos que ayer adherían al proyecto concertacionista porque ahora se requeriría una supuesta “unidad nacional”, y así no falta el que trafica su consistencia, que en realidad era puro espejismo:

“Estos son mis principios. Si a usted no le gustan, tengo otros”. El dicho acuñado por Groucho Marx está más vigente que nunca por estos días en Chile. Y es delirante. Y muestra la obscenidad de algunos.

Con toda honra les digo a ustedes que a mí me gustó mucho trabajar por Chile estos cuatro años junto a la Presidenta Michelle Bachelet  en un proyecto que compartía, donde la prioridad era mayor inclusión social, un Chile con mayor protección y justicia social para todos y todas. Un Chile menos discriminador, un Chile que asume la diversidad, un Chile que cree en la igualdad de oportunidades, en la equidad de género y en la corresponsabilidad de las familias.

Yo no trabajo en cualquier proyecto y bajo el mando de cualquier jefe.

Creo que efectivamente la oportunidad de trabajar en el servicio público es única. Es una forma de entregar lo que se ha aprendido y se va descubriendo en el camino para avanzar en mayor desarrollo y justicia, no sólo para que un empleador se enriquezca más, sino para que tú país, sus ciudadanos, tengan mayores oportunidades, más derechos y mejor calidad de vida. Eso sin duda no se encuentra en cualquier trabajo.

Como dijo Confucio: “En un país bien gobernado, debe inspirar vergüenza la pobreza. En un país mal gobernado, debe inspirar vergüenza la riqueza”.

Agradezco la confianza y la oportunidad de haber trabajado desde la campaña con la Presidenta Bachelet para luego aportar a su gobierno desde la Comisión Defensora Ciudadana; haber dirigido un equipo con todas las dificultades y aprendizajes que eso conlleva; haber podido conocer el funcionamiento de todas las reparticiones públicas y los principales problemas del Estado en la entrega de servicios y la efectividad de garantizar derechos hacia sus ciudadanos; y haber sugerido políticas concretas que pueden mejorar la calidad de vida de las personas. Me refiero al:

• Proyecto que tipifica el “grooming” como delito; hoy en segundo trámite legislativo.
• Necesario cambio en la política de licencias médicas y modernización de las COMPINES, que ha mostrado avances, pero que sin duda queda mucho por hacer.
• Proyecto que pretende evitar la victimización secundaria en niños y niñas víctimas de delitos violentos.
• La implementación del Ciudadano Incógnito en los servicios públicos, como una herramienta para mejorar la atención al usuario.
• El desarrollo de la Encuesta Nacional de Derechos Ciudadanos, que permitió conocer la percepción de las personas en relación con la vulneración de derechos en los servicios públicos del país.
• Necesario cambio en el currículum escolar, donde se incluya un curso en Derechos Humanos desde la infancia, que permita a los futuros ciudadanos conocer sus derechos y deberes y aportar así a la democratización del país.
• Y formas de mejorar la política carcelaria, en pos de garantizar los derechos de las personas y su rehabilitación en el nuevo sistema de cárceles concesionadas.

Sin duda, la materia pendiente de la gestión es no haber logrado la tramitación final del proyecto que crea la Defensoría de las Personas en Chile, como un órgano autónomo y descentralizado, que vele por la promoción, defensa y protección de los derechos de las personas en los servicios públicos. Aunque al menos avanzamos en el primer trámite legislativo, el proyecto se encuentra en el Senado, en espera de la consecuencia de la clase política, que ha señalado en campaña que está de acuerdo con su aprobación.

Desde otros espacios seguiremos expectantes a su tramitación, porque estoy convencida que Chile necesita esta institucionalidad, que no sólo protege a las personas, sino que permite avanzar en democracia, en garantías de protección social y en la eficiencia del aparato público.

De hecho me acabó de dar cuenta que estoy bajo la tasa de reposición en mi aporte a la sobrevivencia de la especie.  Aún cuando con dos hijas me doy para satisfecha y feliz.

Las principales razones expuestas en la encuesta por las mujeres para no tener más hijos son de orden económico bastante obvias asumiendo el sistema de bienestar o de incipiente Estado de Protección Social existente en Chile, por tanto, la sorpresa de los resultados no parece tal:

* Tener hijos hace más difícil que la mujer trabaje 53%,
* Los niños son difíciles de mantener 51%

Como se puede observar las razones son de orden material y no espiritual o valórico, ni menos asumiendo una postura posmoderna de parte de nuestras mujeres.

Lo mismo se puede observar cuando se consulta por las razones para contar con familias pequeñas, donde la que obtiene mayoritariamente la primera mención es de orden material:

* Es mejor tener pocos hijos, pero darles una educación de calidad 77%.

El corolario de los datos anteriores termina con la siguiente consulta ¿Usted considera que Chile es una sociedad que apoya a las mujeres para tener hijos o que no las apoya?

Donde sólo un 29% afirma que se las apoya en contraposición con un 43% que afirma que no.

Con tan solo estas tres preguntas y sus principales resultados se puede asumir que el principal argumento para no tener más hijos e hijas en Chile actualmente tiene relación con motivos económicos y materiales:

* Tener hijos hace más difícil que la mujer trabaje, precisamente por esta premisa Chile presenta las menores tasas de inserción laboral de la mujer de América Latina. A pesar de que sabemos que el ingreso femenino es fundamental para salir de la pobreza, así como también vivimos el que tener hijos y trabajar tiene una serie de cortapisas partiendo por un pos natal breve, la discriminación en las Isapres, las jornadas de las salas cunas y jardines infantiles no acordes con la realidad laboral, a pesar de lo que avanzó el gobierno de la Presidenta Bachelet en aumentar su cobertura aún tenemos importantes trabas en relación a los horarios de atención y a sus costos asociados a las mujeres de clase media.

* Los niños son difíciles de mantener, sin duda que la vida tiene un costo el tema es quien se hace cargo de él. En una sociedad de desigualdades como la nuestra. Donde obtener prestaciones de calidad y oportunidades tiene un costo que es asumido directamente por las familias, las que en esta sociedad de riesgos como señala Beck están menos dispuestas a asumir costos que no saben si podrán sustentar en el tiempo.

* Es mejor tener pocos hijos, pero darles una educación de calidad, este resultado ratifica el anterior, la principal forma de asegurar oportunidades a futuro a nuestros hijos e hijas es a través de una buena educación y sabemos que en el Chile desigual de hoy esa buena educación existe prácticamente sólo a un alto costo.

Frente a la última pregunta del apoyo de Chile a la maternidad y su negativo resultado se obtiene la última obviedad y el desafío para futuro. Lo primero es que Chile no apoya a la maternidad no sólo porque la lógica de libre mercado no tiene por qué hacerlo, o porque las incipientes medidas de protección social no llegan a hacerse cargo de ello, sino también, porque no hablamos de cómo compartimos la maternidad como sociedad, como país. Donde el Estado tiene un rol esencial, este no es un tema sólo de las familias, o de las mujeres. No es un problema individual. Sino que es un tema societal, el Estado debe asumir un rol en la protección social mayor, así como también incentivar cambios culturales que permitan que los hombres y mujeres que conforman esta sociedad compartan sus roles en el cuidado de los hijos e hijas y de las tareas domésticas.

El informe que acaba de publicar el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem) constata que las mujeres ocupan más que nunca cargos gubernamentales, pero el avance es lento y fluctuante en países en desarrollo como el nuestro. Para el caso del Parlamento, no alcanzaremos antes del año 2045 (límite de la proyección del estudio) la llamada “zona de paridad”; o sea, que ni mujeres ni hombres tengan más de 60% de representación. En América Latina, la presencia femenina en cargos de poder aumenta notoriamente desde 1990 a la fecha. Se pasa del 9% al 17% en el caso de la Cámara Baja; y de 5% a 12% en el Senado. Sin embargo, en Chile sólo hay dos senadoras de un total de 38 (5,2%); y 18 diputadas, de 120 (15%).

Por su parte, el Foro Económico Mundial, a través del Índice de Paridad de Género, hace unos días clasificó a nuestro país en el lugar 64 entre 134, apenas un puesto más arriba que en 2008. Ya que se atribuye esta posición al “acceso político” de la mujer, es dable asociar este pequeño avance al respaldo ciudadano ganado -no sin las descalificaciones de género que usted recuerda – por la Presidenta Bachelet.

Cabe destacar que el aspecto central del mencionado informe de la ONU se refiere al empoderamiento de la mujer en la política. Así, los países que han incorporado mecanismos de cuotas de género para cargos de elección popular han alcanzado mayor eficacia y eficiencia en la promoción de la participación política femenina. Allí donde se aplica mecanismo de cuota electoral, la presencia de mujeres alcanza hoy al 25%, mientras que los países que no incluyen este sistema, permanecen debajo del 15% de representación femenina.

Pese a los antecedentes hasta aquí expuestos, vemos que prevalecen extraños argumentos contra la Ley de Cuotas que hoy se tramita con suma urgencia en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja. Engañosamente se dice que “no se trata de que las mujeres no sean igual de capaces”, sino que “deben competir”. El argumento soslaya al sesgo machista que este año volvemos a constatar en la designación de candidaturas al Parlamento. Entonces, ¿por qué no disponer de una Ley de Cuotas transitoria, hasta que la clase política incorpore la importancia de este derecho de igualdad? ¿Cuál es la proporción de hombres y mujeres con reales posibilidades de llegar al Congreso?

Hoy vemos que países como España son señeros en la materia, porque a través de su ley de igualdad busca la representación equilibrada de género en toda la administración, fijando parámetros en la integración del gabinete ministerial. En América Latina ya destaca el caso de México y Argentina, que aprobaron sendas leyes de cuotas para el Parlamento.

El nivel de consenso ciudadano y técnico apunta a señalar que la participación directa de las mujeres en la adopción de decisiones públicas no sólo es cuestión de justicia democrática, sino también un mecanismo para asegurar una mejor rendición de cuentas por parte del Estado, las empresas y la sociedad hacia la mujer, en relación con sus derechos y dignidad.