Mientras el Gobierno celebra el resultado y nos dice que ya se ha alcanzado más del 70% de la meta del millón de empleos, que estamos cerca del pleno empleo y que incluso en algunos sectores se requiere traer trabajadores extranjeros, la economista Andrea Repetto de la Univesridad Adolfo Ibañez, a través de algunas columnas de opinión, argumenta que por efectos de la Nueva Encuesta de Empleo (NENE) y el cambio en el cuestionario para determinar quién está ocupado o no, las cifras no son comparables con años y gobiernos anteriores, crítica a la que se han plegado algunos políticos de la Concertación.

Veamos algunos puntos para desenredar la madeja e ir al fondo de un asunto de relevancia nacional.

Efectivamente, la Nueva Encuesta de Empleo comenzó a adoptarse de manera oficial desde el trimestre enero-marzo 2010 y de manera no oficial (se tomó en forma paralela con la antigua encuesta) desde enero-marzo 2009. El cambio se hizo por recomendaciones internacionales de la OCDE y de la OIT, y la decisión fue tomada por el Gobierno de Bachelet. De esta forma, ahora tenemos un instrumento que nos permite realizar un análisis más exhaustivo sobre el mundo del trabajo en Chile, con especial énfasis en la calidad.

Uno de los principales cambios tiene que ver con el cuestionario. Antes para identificar si alguien estaba ocupado o no, se preguntaba:

Por tanto, si alguien había trabajado 15 horas la semana pasada, pero había estudiado 30 horas, aparecía como inactivo, dado que la mayor parte del tiempo se dedicó a estudiar.

La NENE, modifica el cuestionario, y la pregunta para determinar si alguien califica como ocupado o no, ahora pasa a ser la siguiente:

De acuerdo a este criterio, si una persona estudió 40 horas a la semana y trabajó 5 horas y obtuvo remuneración a cambio, aparece como ocupado.

De acuerdo a Ralf Hussmanns —una de las autoridades vigentes más reconocidas en el diseño de Encuestas de Empleo y Desempleo a nivel mundial— el criterio de una hora, busca abarcar “a todos los tipos de empleo que pueden existir en un determinado país, incluyendo el trabajo de corta duración, el ocasional y el irregular”. El estándar internacional es promovido por la OIT y busca centrar la atención en el análisis de la calidad, identificando aquellas franjas de trabajadores que se emplean por un par de horas. La “hora”, también tiene fundamentos macroeconómicos: el criterio, permite capturar con mayor precisión el uso del factor trabajo (por muy reducido que éste pueda ser).

Adoptado el criterio de “una hora”, se hace muy relevante visibilizar las situaciones de carencia parcial de trabajo: por ejemplo, aquellas personas que trabajan unas pocas horas a la semana y que quisieran trabajar tiempo completo, estando disponibles para ello: los llamados subempleados.

Además, adoptado el criterio de “una hora”, Naciones Unidas recomienda la medición del subempleo como indicador suplementario a la tasa de desempleo. Lo anterior es singularmente importante en contextos de bajo desempleo, sobretodo en escenarios dónde el seguro de cesantía no tiene plena cobertura, obligando a una mayoría a ocuparse en alguna actividad, por muy insignificante que sea. El consuelo de la nueva encuesta, es que ahora, para aquel tipo de situaciones, esa persona es visible a las estadísticas.

No obstante, pasados 23 meses de la aplicación oficial del nuevo cuestionario, el subempleo es invisible a la lectura de resultados por parte de las autoridades: el análisis es igual al que se hacía con el viejo cuestionario del año 66′, es anacrónico.

Dicho todo lo anterior concluyamos algunos temas:

1)     Andrea Repetto dice que si utilizamos la antigua encuesta, la creación de empleos sería 2,7 veces menos que lo que reporta el Gobierno, debido al efecto cuestionario. La economista tiene razón en este punto. Por ejemplo, entre Enero-Marzo 2009 y Diciembre-Febrero 2010, cuando ambas encuestas se implementaron de manera paralela, mientras la NENE arroja una variación de 398.244 ocupados, la encuesta antigua reporta 145.181.

2)     El Ejecutivo se defiende y dice que el cambio de encuesta se hizo en el Gobierno anterior y que las cifras son las oficiales. El Gobierno tiene razón en este aspecto, la NENE llegó para quedarse y por tanto esa es la fuente de información que debemos ocupar para analizar el mundo del trabajo en Chile y su evolución.

3)     Después de casi 2 años de nueva encuesta y nuevo Gobierno, recién tenemos una tibia discusión sobre empleo en Chile, pero esta parece ser más política que técnica. Mientras el Gobierno defiende su meta del millón de empleos a como dé lugar, la crítica apunta principalmente a la cantidad de empleos. Algo así como la política del empate. O sea, los empleos que se crearon ahora, si los medimos por la vieja encuesta, serían casi los mismos que los que se creaban en administraciones anteriores.

4)     Con esta incipiente y limitada discusión, finalmente, quienes pierden son los trabajadores, es el país. La nueva encuesta permite medir el subempleo que llega a 591 mil personas y si sumamos a las 518 mil desempleadas, podemos apreciar que más de 1,1 millones de personas tiene severos problemas para encontrar un trabajo. Las mujeres y las regiones y ciudades afectadas por el terremoto son las que presentan mayores niveles de subempleo.

El subempleo chileno, como porcentaje de los trabajadores a tiempo parcial (56% tiene un trabajo parcial involuntario), es el más alto entre los países de la OCDE, a pesar de que su tasa de desempleo es de las más bajas (basta recordar el caso de Ruanda que presenta una tasa de desempleo oficial en torno al 1%). Además 1,2 millones de ocupados registrados como asalariados ni siquiera tienen contrato, ni boleta de honorarios. Ni hablar de los salarios, que han bajado 0,2% en términos reales en febrero 2012, ni de los derechos colectivos (donde ni siquiera cumplimos las recomendaciones de la OIT en materia de derecho a huelga).

En resumen, empleos más, empleos menos, la cuestión central que la Nueva Encuesta de Empleo nos obliga a debatir es acerca de la Calidad de los Empleos y de nuestro modelo de desarrollo. Si se cambió la encuesta, fue para capturar el aspecto de la calidad y no para que los gobiernos de turno generaran lecturas convenientes a su administración, centrándose en los favorables indicadores de “cantidad”. Por ello es fundamental monitorear indicadores alternativos como el subempleo y generar un debate serio en Chile, entendiendo que para superar la desigualdad no basta con crear empleos.

Sin embargo, la realidad de Chile está muy alejada del ejemplo anterior. A pesar de que las autoridades nos digan que nunca hemos estado en mejor posición para convertirnos en un país desarrollado (urge definir qué se entiende por desarrollo) —ya que nuestro PIB per cápita ajustado por poder de compra es de US$ 16.712 y, si seguimos creciendo, muy pronto superaremos los US$ 20 mil— en estricto rigor, son muy pocos los que disfrutan de esta realidad, que finalmente, como todo promedio, esconde abismantes desigualdades.

Por ello, para observar los niveles de desigualdad que existen en Chile, no sirven los quintiles y ni siquiera los deciles, sino que es necesario utilizar los percentiles e identificar qué está sucediendo con los hogares pertenecientes al 1% más rico.

Los datos nos dicen que el 55% (ingreso mediano del sexto decil) de los hogares chilenos generan ingresos autónomos (rentas del capital e ingresos del trabajo principalmente) inferiores a $510 mil. Hogares de 4 personas en promedio, que no tienen ninguna posibilidad de satisfacer sus necesidades más básicas.

Si avanzamos un poco más, podemos ver que el 75% de los hogares chilenos vive con menos de $797 mil (ingreso mediano del decil 8). Y el problema se repite ¿Alguien tiene alguna duda de que una familia de 4 personas con estos niveles de ingresos en el Chile de hoy puede llegar a fin de mes sin endeudarse?

No obstante, si seguimos observando el nivel de ingresos en los hogares menos vulnerables, podemos concluir que incluso en el último decil (10% más rico), se esconden grandes desigualdades y aquí también existen hogares que tienen que hacer malabares con el presupuesto familiar. En estricto rigor, el 94,5% de los chilenos vive en un hogar donde los ingresos mensuales son inferiores a $2 millones. Nadie podría desconocer por ejemplo, que una familia de 5 personas (mamá, papá y 3 hijos), que tienen un ingreso de $1.800.000 al mes y donde un hijo va a una escuela particular subvencionada y los otros dos hijos estudian en la universidad, perfectamente pueden destinar más del 40% de sus ingresos al ítem educación. Y si están pagando el dividendo de la casa, más el pago de las cuentas básicas para subsistir, podemos concluir que también se encuentran en una compleja situación.

De esta forma, las diferencias se dan principalmente en el 2% o 1% más rico. Y si consideramos que una encuesta de hogares, como la Casen, en general no logra cubrir las grandes fortunas de Chile y, por tanto los ingresos (sobre todo las rentas del capital) de las familias más ricas están subdeclarados, el problema es aún de mayor magnitud.

El ingreso mensual promedio del percentil 100 (1% hogares más rico) es $7.843.061. Son cerca de 45 mil hogares que sin duda viven en otro Chile. En 1990 la diferencia entre el ingreso autónomo de estos hogares y el 10% más pobre era 84 veces. En 2009 la brecha aumentó a 123 veces (un 46%). El ingreso autónomo promedio por persona en este grupo es de $3,8 millones, mientras que en el 10% más pobre es de $14 mil, una diferencia de 260 veces, que en 1990 era de 158 veces (es decir, un aumento de 65%).

En este 1% más rico, sin duda, están los dueños de Chile, los principales grupos económicos, los directores de empresa, los altos ejecutivos, tal como suele ocurrir en la mayoría de las naciones. Sin embargo, el problema de nuestra elite criolla es que se han fabricado un traje a la medida durante los últimos 35 años, con un sistema tributario que les permite pagar pocos impuestos (2/3 debiesen pagar impuestos y no lo hacen), con el dinero fresco de los fondos que los trabajadores tienen en las AFP y que va directamente a sus empresas, con un modelo de relaciones laborales que limita la negociación colectiva y reduce la huelga a su mínima expresión, privatizaciones de servicios públicos y recursos naturales, y perdonazos y subsidios especiales del Estado.

No se trata de nivelar para abajo, más bien se trata de convertirnos en un país serio y no en un paraíso de la acumulación, que entienda que con tales niveles de desigualdad, muy pronto, ni siquiera podremos seguir creciendo. Por ejemplo, mientras el mercado del lujo avanza y en el 2011 los chilenos compraron 330 autos marca Porsche, tenemos a más del 90% de la población estrujando el presupuesto familiar y convertida en una verdadera zona de sacrificio, donde incluso muchos trabajadores que se sacan la mugre día a día son pobres ¿No será acaso que el lujo de unos pocos, está impidiendo el bienestar de muchos?

La desigualdad tumbó al próspero imperio romano. No hay sociedad que pueda seguir avanzando si el crecimiento sólo se traduce en beneficios para un pequeño grupo que avanza 100 peldaños, mientras el resto avanza 1 o 2 peldaños. ¡Todos avanzan!, dirán los defensores de la teoría del chorreo. Matemáticamente es cierto, socialmente es una falacia.

Mientras la primera noticia no generó mayores repercusiones entre la clase política, los empresarios y las autoridades, la osadía del subsecretario provocó inmediata reacción y un gran derroche de energía, para hacernos entender, que si subimos el salario mínimo se producirá una hecatombe en la economía nacional.

En resumen, por un lado, poco o ningún cuestionamiento ante la riqueza extrema en un país pequeño y de ingresos medios como Chile, donde 5 familias acumulan un patrimonio equivalente a 20% del PIB o todo lo que Chile recauda por impuestos, y por otro lado, una férrea defensa corporativa ante la posibilidad de reajustar considerablemente el salario mínimo, que hoy en día ($182 mil), sólo cubre menos del 70% de la línea de la pobreza familiar, por tanto ni siquiera alcanza para satisfacer las necesidades más básicas del trabajador/a y su familia.

A nivel mundial, a raíz de las crisis económicas y de los constantes aumentos en los niveles de desigualdad, se ha desplegado un cuestionamiento sobre las elevadas remuneraciones que se observan entre los gerentes generales de las grandes empresas (CEO) y los altos niveles de ganancias que se registran en distintos sectores productivos. Se trata de un cuestionamiento al 3% o al 1% más rico, que explica gran parte de la desigualdad que se registra en cada país. Finalmente, se trata de preguntarnos por los resultados de un modelo económico que permite que en un mismo país o en una misma empresa convivan personas multimillonarias y trabajadores pobres e incluso en situación de indigencia.

Así como existe un piso, ¿no debería también existir un techo, o un salario o nivel de ganancias máximo?

Según el economista Sidney Carrol y el científico Herbert Inhaber, en ningún país debería existir una brecha superior a 10 veces entre el salario mínimo y el máximo y por ello establecieron la Ten Time Rules, de tal forma que, ninguna persona después de pagar impuestos, podría tener un ingreso mayor que 10 veces el ingreso anual de un trabajador que gana el salario mínimo. Antiguamente, filósofos griegos como Platón y Aristóteles definieron que esta brecha no debería superar las 4 y 5 veces respectivamente. Incluso el presidente Roosevelt en Estados Unidos, trató de implementar la medida de aplicar un 100% de impuestos para los ingresos superiores a US$25 mil, pero no le resultó.

Hoy, propuestas alternativas como la Economía del bien Común, establecen que en aras de la sustentabilidad de la economía mundial, la brecha entre el mínimo y máximo no debería sobrepasar las 20 veces. Por otro lado, en Egipto se implementará un límite de 36 veces para el sector público y en Estados Unidos, a través de una carta enviada a Mary Schapiro de la United States Securities and Exchange Commission (algo así como la Superintendencia de Valores y Seguros en Chile) el Senador Robert Menéndez invoca la Ley Dodd-Frank para respaldar y solicitar la implementación del revelamiento de la brecha entre los salarios y compensaciones del Gerente General y el trabajador promedio. El senador Menéndez es enfático en señalar que el cálculo debe incluir a todos los trabajadores, también a los part time.

Según cálculos de Fundación SOL, en los países de la OECD, la distancia promedio entre el salario mínimo y máximo es de 32 veces. ¿Qué sucede en nuestro país? De acuerdo a los resultados del estudio “Total Remuneration Survey” de Mercer, en 2010, los gerentes generales de Chile habrían obtenido sueldos y bonos que promediaban los 376 mil dólares anuales, esto es, casi 91 veces el salario mínimo. En 2011, y de acuerdo a los datos de Seminarium-Denarius, los gerentes promedian un aumento real de sus compensaciones de 14,7% real. Con ello, la brecha aumenta en 12%, situando la distancia salarial en 102 veces.

De esta forma, un gerente general promedio de una gran compañía chilena, el día 3 de Enero a las 15:30 horas, ya ganó todo lo que gana en un año, un trabajador que recibe el salario mínimo y labora 45 horas a la semana. ¿Es tolerable para una sociedad presentar este nivel de desigualdades?

Otros antecedentes indican que incluso podría afectar la productividad. En efecto, según Faleye, Reis y Venkateswaran (2010) mientras mayor es la brecha entre el salario máximo y el salario mínimo, menor es la productividad del trabajo. Además, los autores concluyen que las brechas salariales son mayores en contextos donde el poder de los trabajadores es débil (ciertamente la realidad chilena).

Cuando el obispo Goic en el año 2007 propuso un sueldo ético de $250 mil, el sacerdote jesuita Fernando Montes, actual rector de la Universidad Alberto Hurtado, señaló que junto con hablar de un salario mínimo ético también era necesario hablar sobre un salario máximo ético. El mismo Alberto Hurtado, único santo chileno, en un país de matriz católica, menciona en su libro Moral Social, que de ninguna forma se debe comprometer la satisfacción de las necesidades del trabajador y su familia y por tanto el salario debe partir desde ese piso, vale decir, no pueden fijarse salarios ni tasa de ganancias excesivas, si otros trabajadores no pueden reproducirse a través del fruto de su trabajo.

La realidad del Chile de hoy, poco ha cambiado. El 76% de los trabajadores según la encuesta ENETS del gobierno, gana un sueldo líquido inferior a $350.000. Según la encuesta Casen 2009, el 12% de las personas que trabajan en la gran empresa perciben el salario mínimo. Por ello, no resulta extraño que, el 80% de los hogares chilenos viva con menos de $820 mil al mes, mientras el 1% más rico tiene un ingreso mensual promedio (subestimado en una encuesta de hogar) de $8 millones. Esto nos permite situarnos entre las 20 naciones con peor distribución del ingreso en el mundo. Por tanto, la brecha salarial entre los que más y menos ganan, surge como uno de los conductores más trascendentales de la desigualdad en la distribución de ingresos.

Luego de muchos años de crecimiento económico y la promesa del “chorreo”, parece más sensato repensar seriamente nuestro particular modelo. Así como existen restricciones para conducir a altas velocidades, porque puede afectar la vida y la libertad de otras personas, también deberían existir restricciones a los altos salarios y ganancias, en la medida que terminan afectando la libertad y las condiciones de vida de muchos trabajadores y su grupo familiar al no poder satisfacer sus necesidades de subsistencia.

Pagar salarios mensuales de $10, $20 o $30 millones o fijar elevadas tasas de ganancia en la planificación presupuestaria de las empresas (es cosa de ver los resultados del sector bancario, Isapres, AFP, Retail, Minería y otros sectores), genera fuertes incentivos para oponerse a un Sistema Tributario distinto, a negociar equilibradamente con las PYMES proveedoras o a subir los salarios de los demás trabajadores. En otras palabras, sostener salarios o ingresos tan altos, se logra a costa de condiciones precarias para la gran mayoría de los trabajadores, pequeñas empresas y la ciudadanía en general.

¿O acaso queremos seguir construyendo un país en donde un cajero/a de supermercado o una persona que realiza el aseo en una oficina ganen 100 veces menos que un gerente general?

Llama la atención que países más grandes en población o que duplican o triplican nuestro PIB per cápita tengan menos multimillonarios que Chile en el Top 100. Tal es el caso de Reino Unido, Canadá, Australia, Japón, Noruega, Dinamarca, Holanda, España, Corea del Sur, China y otros.

También resulta particular que aparezca un presidente de la república como Sebastián Piñera, en el lugar 521° del ranking, ya que no es tan usual encontrar en este listado mandatarios de Estado.

Las cinco familias chilenas que aparecen en el listado completo de Forbes (Luksic, Matte, Paulmann, Piñera y Angelini) acumulan un patrimonio que supera los US$ 40.000 millones, vale decir, cerca de 20% del PIB nacional y todo lo que recaudamos vía impuestos.

Por tanto, surge la siguiente pregunta: ¿Por qué hay tres familias chilenas entre las 100 mayores fortunas del mundo?

Una primera aproximación de carácter general para contestar esta pregunta, tiene que ver con nuestros históricos, graves y vergonzosos niveles de desigualdad. Precisamente países como Noruega, Dinamarca, Japón, Holanda o Canadá se sitúan dentro de los 20 países menos desiguales del mundo en materia de ingresos, de acuerdo al coeficiente de Gini. En cambio, nosotros estamos en la lista de los países con peor distribución del ingreso junto a las naciones africanas y centroamericanas más pobres.

Bueno y entonces ¿por qué somos tan desiguales? Sin duda, la respuesta de esta pregunta forma parte de la razón central detrás del malestar, las actuales movilizaciones y del descrédito que sufre nuestro sistema político.

No se trata de cuestionar la prosperidad y el crecimiento, sino que revelarse ante el hecho de que en un mismo país algunas familias acumulen tanta riqueza, mientras el 80% de los hogares chilenos vive con menos de $820 mil al mes (y más de la mitad con menos de $450.000). Y en Chile, que una familia promedio de cuatro personas viva con menos de $820 mil mensuales, en términos prácticos significa endeudarse, postergarse o simplemente realizar una serie de malabares para “parar la olla”.

¿Y por qué han acumulado tanta riqueza estas familias? Simplemente, porque definieron el nivel de ganancias que querían obtener y el país se estructuró, principalmente bajo la Dictadura Militar y los Gobiernos de la Concertación, para que las leyes e instituciones permitan que ese nivel de ganancias no se vea amenazado a través de los siguientes enclaves:

1)    Un sistema de AFP que con el dinero de todos los trabajadores inyectó recursos frescos para capitalizar sus empresas.

2)    Un sistema Tributario que les permite pagar menos impuestos en términos relativos que trabajadores de clase media, a través de un set de créditos y exenciones.

3)    Un Modelo de Relaciones Laborales hecho a la medida, para que los trabajadores no tengan el poder para disputar el reparto de utilidades, llevando la negociación al espacio de la empresa y contraviniendo las normas internacionales en materia de huelga.

4)    Privatización de los servicios públicos y perdonazos a la Banca.

5)    Privatización de la explotación de recursos naturales como el Cobre (y muy luego el Litio).

6)    Un Sistema Binominal que permite mantener el status quo.

Nuestras 3 familias Top 100 Forbes y otras tantas que constituyen los principales grupos económicos del país, para asegurarse de que su nivel de ganancias sea máximo, fijan los salarios de los gerentes y directores que cuidan y administran sus empresas en valores estratosféricos, pero como necesitan minimizar costos:

• Pagan bajos salarios a los demás trabajadores, comprometiendo su reproducción y la posibilidad de tener un buen vivir, aprovechando de que tienen nula o escasa fuerza para negociar un salario mayor. (Según encuesta ENETS, 76% trabajadores en Chile gana menos de $350 mil, lo que equivale al salario ético ajustado por IPC propuesto por el Obispo Goic y según datos Dirección del Trabajo menos del 5% negocia colectivamente cada año).
• Colocan duras condiciones a las miles de pequeñas empresas proveedoras que forman parte de las cadenas de negocios que sus compañías lideran.
• Amparado por los beneficios y resquicios que les proporciona el Sistema Tributario, pagan un bajo nivel de impuestos y con ello nos han impedido asegurar el derecho universal a una educación y salud gratuita y de calidad.

Esta trenza institucional y cultural es la que tiene tan mal al país. Por lo mismo las recientes movilizaciones no responden a meras rabietas, ni indignación adolescente, sino que se trata de un cuestionamiento al modelo económico que Chile ha adoptado en los últimos 30 años y que ha generado un crecimiento de suma cero, donde muy pocos se han enriquecido a costa del trabajo y el sacrificio de muchos. Así, mientras los de abajo avanzan un peldaño, los de arriba avanzan 100 y nos piden que con ello debemos concluir que “todos” hemos mejorado.

Quizás ahora podemos entender de mejor manera, por qué un país pequeño y de ingresos medios como Chile, tiene tres familias entre las 100 mayores fortunas del mundo.

A fines de octubre de 2011, ya con nueva administración, las palabras del flamante presidente del Directorio, Cesar Barros, fueron elocuentes y, hasta ese entonces, lapidarias: “La Polar hizo el maquillaje más grande de la historia de Chile…en estos últimos 10 años la empresa nunca tuvo utilidades”. Esta información ponía las cartas boca arriba de una situación que, al parecer, había tocado fondo. El fraude significó que tres de los principales ejecutivos recibieran bonos ilícitos por más de $8.000 millones de pesos, es decir, el equivalente a la ganancia promedio de toda la industria televisiva chilena. Dichos bonos se añaden al sueldo mensual que ya recibían por La Polar.

Sin embargo, Alcalde, Farah y Moreno son sólo la punta del iceberg del escándalo de La Polar, la parte visible de la misma élite que hoy, sin empacho alguno, le pide al Ministro de Economía misericordia y piedad con la millonaria multa que la empresa deberá pagar al Fisco. Es la misma administración que meses atrás, fijando el plan de negocios, advertía que los trabajadores no recibirían un sólo peso del aumento de capital. En su lógica, los trabajadores debiesen estar agradecidos de tener un trabajo.

Barros, el experto negociador de La Polar, representa a esos mismos accionistas que con el mega fraude exprimieron las finanzas de la empresa hasta la última gota. Y es que, sabiendo o no de la maquinaria de las repactaciones, los accionistas enriquecieron sus propios patrimonios en cifras exorbitantes: en el año 2003, el precio de la acción rozaba los $500, en 2010, llegó a $3.500. Dicha valorización, sí se tradujo en riqueza efectiva para los poseedores de acciones: se materializó en automóviles, en casas, en bienes de lujo, en viajes, etcétera.

A lo anterior, se añade la copiosa distribución de utilidades que se dio en el lapso de los últimos siete años: más de 70 mil millones de pesos se distribuyeron de manera muy especial. Por supuesto todo quedó entre los dueños y nada llegó a los trabajadores. En rigor, si recordamos las palabras de Barros (“en estos últimos 10 años la empresa nunca tuvo utilidades”), ese dinero nunca debió haberse distribuido. Si no existen utilidades, no existe distribución ¿Le pedirá Barros a los accionistas que devuelvan ese dinero?

Un segundo grupo que también sacó ventaja de las repactaciones fue la aristocracia trabajadora, esa franja de ejecutivos receptores de millonarios sueldos. Fueron ellos quienes gozaron por años de incentivos económicos ligados al resultado de la empresa. Particularmente, significó que 33 ejecutivos de la empresa aumentaran sus remuneraciones de forma significativa. Si en el año 2003 sus compensaciones representaban el 8,8% de las ganancias de la empresa, ya en 2010 habían llegado al 20%.

Hoy, el experto negociador quiere que el Estado –es decir todos los chilenos- salvemos a La Polar, mientras, para sus dueños, aún no está en los planes hipotecar el buen vivir. El lujo y la buena vida se mantienen, aún cuando los 70 mil millones y suculentos incentivos jamás debieron haber llegado al bolsillo de sus receptores. César Barros, otrora sheriff salmonero, pone a los trabajadores como excusa. Parece entonces que los dueños de La Polar no se acostumbran a la idea de tener que ganar menos. En todo caso, dicha actitud no es una excepción en la elite.

(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl

Con optimismo, se piensa que Chile está más preparado que nunca para enfrentar la desaceleración de la economía mundial, en materia de empleo. Lo que no se dice es que todos están entrando a la fuerza, en una estructura pobre y atrofiada.

Los datos que veremos a continuación, muestran que al mercado laboral ingresan más personas que hace un año, pero en pésimas condiciones. La historia se parece al clásico concurso de los años 80′ “Cómo meter a 20 personas dentro de un Fiat 600“. Eran las tardes de Sábado Gigante, donde Don Francisco sometía al pequeño automóvil a soberbias cargas de peso, al punto de dejarlo inutilizable. La prueba era simple: ganaba el equipo que más personas lograba ingresar al mini auto.

El dato de 6,2% de desempleo publicado por la Universidad de Chile, es coherente con lo que mes a mes ha venido publicando el Instituto Nacional de Estadísticas en la encuesta oficial de carácter nacional, donde se muestra una baja en los niveles de desempleo y un aumento en las tasas de ocupación.

El punto es ¿qué pasa cuando se analizan los nuevos empleos? Para esto se utiliza un tipo de análisis que, gracias a la Nueva Encuesta de Empleo del INE (instrumento renovado en el proceso de ingreso a la OECD), mide la calidad de los empleos y no la simple variación de ocupados, aspecto que extrañamente no ha visto la luz pública.

Un dato clave para analizar la calidad del empleo es la distribución de los 580 mil nuevos trabajos creados en los últimos 21 meses (tomando la Nueva Encuesta Nacional de Empleo), de los cuales, la mitad corresponde a trabajos por “cuenta propia”, “personal de servicio doméstico”, “familiar no remunerado”, o empleadores de microempresas de menos de 5 personas. Es decir, trabajos que no están vinculados a políticas de empleo de Gobierno y por tanto no están cubiertos por los sistemas de protección clásicos del trabajo.

A la hora de analizar el trabajo asalariado, los datos dan cuenta que este aumenta en 289 mil personas entre enero-marzo 2010 y septiembre-noviembre 2011. Sin embargo, la cara oculta de este dato surge al constatar que, el 100% de la variación del empleo asalariado en el período de referencia, corresponde al aumento de empleo bajo las modalidades de externalización, donde la más conocida es la subcontratación.

De hecho, finalmente, las personas contratadas directamente por la empresa en donde trabaja disminuyen en 62 mil, lo que nuevamente nos da la señal de mayor precarización e inestabilidad en el mundo del trabajo.

La tendencia en materia de trabajo, entonces, muestra un deterioro en las condiciones laborales, con un alto índice de personas subempleadas – es decir que trabajan menos tiempo del que disponen y desearían- y de un aumento en los empleos de cristal, caracterizados por su inestabilidad, más aún en tiempos de crisis.

El paralelo de las cifras de ocupación con el concurso ochentero es directo: desde hace meses nuestro país absorbe empleos, pero de baja calidad, sustituyendo en muchos casos trabajos buenos por el doble de puestos, sólo que en malas condiciones laborales. El problema es que nuestra matriz productiva (en este caso el Fiat 600) no está dando el ancho para que podamos desarrollar una buena calidad de vida, por lo que finalmente es sólo un grupo reducido de la sociedad que logra acceder a buenos trabajos.

Al igual que en la historia del Fiat 600, en dónde por falta de espacio los pasajeros deben sacrificar su comodidad quedando casi sin aire, los nuevos empleos que se han creado, hacen fracasar -por el momento- el cumplimiento de la meta presidencial del millón de empleos de calidad.

Cada día cobra más importancia cambiar el paradigma del análisis y transitar de las meras comparaciones de cantidades a la comparación de “tipo de trabajo creado”, donde el énfasis es la calidad (tal como recomienda la Organización Internacional del Trabajo). De hecho, en Estados Unidos, a pesar de que bajó la tasa de desempleo, el debate radicó en preocuparse en el problema del desaliento, de los trabajadores pobres y subempleados, fundamentalmente. En Chile, esa discusión no se ha dado.

Más allá de plantear que hemos llegado a un nivel de Pleno Empleo, lo que debiera preocuparnos entonces es la falta de capacidad de la matriz productiva. En este sentido, el norte no es cómo colocar más personas dentro de un Fiat 600, sino cómo lo hacemos para tener un aparato capaz de albergar buenos trabajos, es decir,  productivos. Pero la elite sigue preocupada de generar utilidades de corto plazo y engordar sus bolsillos de manera rentista, a costa de la pauperización de una mayoría que requiere trabajar para sobrevivir.

Para calcular los quintiles se utiliza una metodología que divide en cinco partes iguales a los hogares chilenos y a las personas que viven en éstos. Así, el primer quintil corresponde al 20% de los hogares más pobres, mientras que el quinto quintil corresponde al 20% de los hogares más ricos. Cada quintil agrupa cerca de 940 mil hogares.

Los quintiles donde comúnmente se aplica ayuda social son el primero y el segundo. En términos de ingresos por persona, en el primer quintil se observa un promedio de $31 mil y un máximo de $58 mil, vale decir, aquí puede incluirse una persona que vive sola y genera $40 mil al mes, o una familia de 4 personas que sólo cuenta con $182 mil, equivalente a un salario mínimo.

En el segundo quintil, el ingreso por persona promedio se sitúa en torno a los $80 mil, con un mínimo de $59 mil y un máximo de $100 mil. A este grupo, cuyo tope es de $331.500 por hogar, puede pertenecer una pareja sin hijos que viven con $130 mil al mes o una familia de 4 personas que viven con $300 mil mensual.

El tercer quintil, que ha sido incorporado en el debate público a raíz de las movilizaciones estudiantiles, no se trata precisamente de la clase media chilena. Aquí se encuentran aquellos hogares en donde se registra un ingreso mínimo por persona de $100.678 y un máximo de $160 mil (con un tope de $537.433 por hogar). Por tanto, dentro de este grupo encontramos a un estudiante que vive sólo, trabaja y gana $130 mil al mes, o a una familia de 4 personas con 2 hijos en la educación superior que tienen un ingreso de $500 mil mensual. Sin duda, estamos frente a hogares que no alcanzan a llegar a fin de mes, a menos que recurran al endeudamiento o reciban cuantiosos recursos del Estado.

Por otra parte, el cuarto quintil corresponde al grupo de los –supuestamente- ciudadanos aventajados, a quienes les ha ido bien en la vida y los cuales pueden valerse por sí mismos llegando con cierta comodidad a fin de mes. Para este grupo, las políticas públicas no cuentan, pues Chile es un país donde prácticamente no existen derechos sociales universales. Si exploramos quienes pertenecen a este grupo, considerando que el ingreso mínimo por persona es de $160 mil y el máximo es de $286 mil (con un tope de $949 mil por hogar), podemos encontrarnos a un estudiante que vive sólo, trabaja y que gana el salario mínimo ($182 mil), así como también una pareja de jubilados cuyos ingresos suman $400 mil, o una familia de 4 personas con 2 hijos universitarios cuyo ingreso mensual es de $750 mil.

Resulta evidente que ni el joven estudiante, ni la pareja de jubilados, ni la familia, podrán llegar a fin de mes sin endeudarse o recurrir a otros malabares.

Finalmente, en el quinto quintil, el 20% más rico de Chile, se pueden encontrar aquellos hogares donde el ingreso mínimo por persona es $286 mil y el máximo es casi $15 millones al mes. Aquí, por tanto, convive el esforzado estudiante-trabajador que gana $300 mil, la pareja de jubilados que gasta más de la mitad de sus ingresos en remedios -cuya pensión suma $600 mil-, la familia de 4 personas con 2 hijos estudiando en universidades privadas, cuyo ingreso mensual es de $1.200.000, del cual más de la mitad se va en pagar los aranceles de sus hijos. Incluso, también podemos encontrar a la familia de 4 personas que tiene un ingreso de $30 o $40 millones mensuales.

Este es uno de los grandes problemas de Chile. Mientras las autoridades hablan de quintiles, las cifras demuestran que sólo un 5% o 10% de la población puede llevar una vida tranquila y llegar a fin de mes sin endeudarse. Por otro lado, el 90% o 95% restante necesita de un gran salvavidas y clama por un país serio y moderno que asegure derechos básicos públicos, como educación, salud, vivienda y previsión. Para ellos, el desarrollo sólo ha llegado a través de la tarjeta plástica, la cual lo único que hace es fomentar el endeudamiento. Sin embargo, las cifras indican que, perfectamente, estas personas pueden ser parte del 20% más rico de Chile.

Mientras, la elite continúa sosteniendo la tesis de que la causa de las movilizaciones sociales tiene que ver con un país que superó los 15 mil dólares de PIB por persona y con una vasta clase media que se queja de llena.

No tardó mucho para que desde el actual Gobierno, las autoridades saludasen la propuesta y sacasen – de nuevo – a relucir la copiosa creación de puestos de trabajo de la administración Piñera.

Así, el argumento planteado por Velasco fue defendido (entre otros) por Cristián Larroulet, Ministro Secretario General de la Presidencia, por Hernán Larraín, senador UDI y por Luis Larraín, Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo. Más empleo = menos desigualdad suena también muy similar a la vieja teoría del chorreo económico, – planteada en 1955 por Simon Kuznets -que sostiene que hay una parte del crecimiento económico que se rebalsará hacia la población vía puestos de trabajo y que, como consecuencia de ello, mejorará la distribución de ingresos.

Lamentablemente,  no por repetir mucho una frase, esta se vuelve verdad. Y eso ocurre con esta idea.

En los últimos 20 años en Chile se ha generado más empleo, sin embargo ello no se ha traducido en una mejora en los indicadores de desigualdad. De hecho, durante los últimos 20 meses se han creado 570 mil nuevos puestos de trabajo, la mayoría de muy mala calidad: el 55% es trabajo por cuenta propia (la mayoría de tiempo parcial y baja calificación), familiar no remunerado, personal de servicio doméstico o microempresarios que tienen menos de 5 trabajadores. El 45% restante es trabajo asalariado, pero correspondiente en un 100% a empresas contratistas o subcontratistas.

Es importante dejar claro en el debate público que la mala calidad del trabajo anula cualquier efecto positivo que podría tener la creación de empleo sobre la distribución de ingresos. De hecho, tomando las 34 comunas del Gran Santiago, entre junio de 2010 y junio de 2011, habiéndose creado más de 97 mil empleos (según INE, ó 73 mil según U. Chile), la desigualdad en la distribución de ingresos -asociados al trabajo- empeoró en un 32%: el 10% más rico aumentó la brecha respecto al 10% más pobre en un cerca de 1/3. (cálculos Fundación SOL, en base a Encuesta de Empleo y Desempleo Universidad de Chile e INE).

Por otro lado, si bien existen países como los nórdicos, que han logrado la combinación perfecta de altas tasas de empleo (esto es, una gran cantidad de personas trabajando) y bajos niveles de desigualdad, también es cierto que existen muchísimos países de África Subsahariana que, con tasas de empleo y participación inclusive mayores que los escandinavos (pues gran parte de los trabajos son precarios, como lo que está pasando en Chile), siguen subsumidos en la desigualdad. Basta con ver las tasas de ocupación de Angola (64,4%), Ruanda (85,3%), Etiopía (79,5%) y Sierra Leona (65,3%) Todos ellos son países pobres y desiguales, pero altamente participativos en términos de tasas de ocupación, inclusive más que la de los países escandinavos: Noruega (63,5%), Dinamarca (59,8%), Finlandia (55,2%) y Suecia (58,4%). (Datos tomados de Key Indicators of the Labour Market de la OIT de 2010 KILM-OIT).

Estos casos muestran que, contra lo planteado por Velasco, Larroulet y compañía, “contra la desigualdad” el empleo por sí solo, no es la clave. ¿Por qué?

Parte importante de la respuesta tiene que ver con otros conductores de la desigualdad, que necesariamente deben ponerse en la balanza (informe “Growing Unequal (2008)” de la OECD). Uno de ellos es el poder de negociación que tienen los trabajadores. Descuidar la distribución inducida por sindicatos y negociación colectiva, puede no solamente esterilizar lo que se logre con más empleos, sino también empeorar la distribución, como ha ocurrido en los últimos años en Chile, donde se han generado empleos, el país ha crecido  económicamente, pero la desigualdad no ha mejorado.

La importancia de estos factores queda en evidencia al responder la siguiente pregunta ¿quién gana cuando aumenta el ingreso promedio? Tomando los datos de Estados Unidos, Emmanuel Sáez de la Universidad de California, concluye que para el período 2000-2007, el 100% del crecimiento de los ingresos de ese país cayó en bolsillos del 10% más rico. Replicando la metodología de Sáez, y haciendo uso de la encuesta Casen, tenemos que, durante el período 2000-2006 -al igual que en Estados Unidos- en Chile todo el crecimiento de los ingresos cayó en las manos del 10% más rico, en manos de la aristocracia trabajadora.

Esa realidad no se revierte sólo con más empleo.

Teóricamente suena lógico y didáctico plantear que si antes trabajaba una persona en la casa y ahora lo hacen dos, la distribución de ingresos tiene que mejorar: hay más ingresos en el hogar. Pero descuidar el “excedente productivo no remunerado” puede provocar que aún cuando trabajen dos personas, la distribución termine siendo igual, o incluso peor. Ello, como consecuencia de que las dos personas del tramo más rico se han adueñado de parte relevante de las remuneraciones que correspondían a las dos personas del tramo más pobre.

Así ocurre en Chile. En el período comprendido entre 1990 y 2009, nuestro país presenta una creciente disociación entre la productividad y las remuneraciones. En los últimos 20 años, si la productividad creció en un 90%, las remuneraciones solo lo hicieron en un 20% (tomando datos de la Encuesta Suplementaria de Ingresos del INE y para productividad datos del Banco Central de Chile). Esta brecha es el “excedente productivo no remunerado”, la productividad que debiendo ser pagada al factor trabajo, fue apropiada por los empresarios abultando su tasa de ganancia.

Preocuparse primero de crecer y de la distribución después, ha sido un concepto equivocado que el propio Banco Mundial ya lo ha señalado.

Contra la desigualdad, un elemento clave es la negociación colectiva de alta cobertura, que aumente las remuneraciones y disminuya el excedente productivo no remunerado.

Un reciente estudio de la Fundación SOL, concluye que aumentar en 10 puntos porcentuales la sindicalización mejora el Gini en un 4,3% y que aumentar el grado de centralización de la negociación colectiva (el mismo que se degradó al mínimo durante la primera etapa de la dictadura, y nunca más se tocó), mejora la distribución de ingresos en un 7,1%. También muestra que hay distintas formas de organizar la negociación colectiva y que la que tenemos en Chile es la menos eficaz en términos de mejorar la distribución de ingresos. (Para más detalles, ver propuesta de Fundación SOL).

Crear y crear más puestos de empleo sin tener una solución sincera al imperfecto sistema de negociación, puede llevarnos al desastre que viven varios de los países del “Black Africa“: pleno empleo y enorme desigualdades. De hecho hoy avanzamos por esa senda siguiendo el lugar común que el ex ministro Velasco desempolva en su último libro.

Además, el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, declaró que la Fiscalía Metropolitana Oriente esta recopilando antecedentes para determinar si abre una investigación criminal y precisó que si hay que perseguir a delincuentes “de cuello y corbata” lo harán, ya que no es posible que se castigue el robo de una gallina y no se castiguen las grandes estafas y fraudes a los ciudadanos.

Y no es para menos, el pollo es parte de la dieta de las familias chilenas y un sustituto para muchos hogares que no pueden darse el lujo de consumir carne. Una familia de 4 personas que consume 10 kilos de pollo al mes, está destinando cerca de $18.000 mensuales de su presupuesto, o sea, casi el 10% de un salario mínimo, que actualmente ganan 1 millón de personas en Chile.

Hoy fueron los pollos, ayer fueron las farmacias, los buses y el escándalo de La Polar. Colusión, carteles, delitos, evasión, elusión, palabras más, palabras menos, lo cierto, es que a pesar de que nos quieren hacer creer que estos casos son una excepción, al parecer estamos frente a una constante, frente a una manera de hacer riqueza, algo así como el ethos empresarial chilensis.

Cómo sólo explotan los casos más burdos y que están expresamente reñidos con la ley, pareciera que corresponde a situaciones puntuales, sin embargo cuando exploramos los contornos de la ley y sus espacios de maniobra nos encontramos con las historias que usted conoce y sufre día a día, como trabajador/a, consumidor/a, jubilado/a, paciente o estudiante:

-         Empresas que subcontratan parte de su giro o procesos secundarios para ahorrar costos, con contratistas relacionadas, o ex ejecutivos que ahora prestan servicios a la compañía bajo una nueva modalidad.

-         Empresas que en las negociaciones colectivas entregan estados financieros a su conveniencia y que a pesar de que la economía chilena crece y crece, siempre están con números rojos, porque utilizan la figura del holding, del multirut, o de la casa matriz de capitales extranjeros para triangular sus cuentas.

-         Empresas que tienen a sus trabajadores a plazo fijo por más del tiempo permitido o sustituyen el contrato por el boleteo o el trato de palabra (en Chile hay casi 1,2 millones de falsos asalariados).

-         Empresas que dejan encerrados a sus trabajadores en los turnos nocturnos.

-         AFP que siguen aumentando su rentabilidad, mientras los dueños de los fondos (los trabajadores chilenos) caen por efecto de la crisis.

-         Isapres que alcanzan cuantiosas utilidades, mientras tienen listas negras de trabajadores de algunas empresas que no están dispuestos a incorporar y suben una y otra vez el valor de los planes a las personas más riesgosas (mujeres en edad fértil y adultos mayores).

-         Establecimientos de Educación Superior que utilizan otras razones sociales para lucrar y venderse servicios y de paso proporcionan créditos internos a sus alumnos con altas tasas de interés, para que puedan financiar sus carreras.

-         Bancos que pueden llegar a cobrar una tasa de interés por un crédito de consumo de 50%, porque la ley lo permite.

Hoy son los Vial, los Ariztía y sus redes de influencia. Sin embargo no se trata de un caso particular ni de un par de familias o multimillonarios excéntricos que establecen prácticas reñidas con la ley y que son repudiados por el resto de sus pares.

Más bien, estamos ante un gran Cartel, una Elite Coludida, que determina lo que Chile debe consumir, lo que los trabajadores deben ganar, el reajuste del salario mínimo, lo que usted tiene que ver en TV, los impuestos que quieren pagar, la tasa de interés máxima convencional o las donaciones que quieren realizar a obras benéficas, campañas políticas, o centros de pensamiento y universidades. Para ello realizan el lobby correspondiente de tal forma que las instituciones, las leyes y los dictámenes funcionen a su conveniencia. Tal como concluyen los economistas Daron Acemoglu y James Robinson en su paper “Persistence of Power, Elites and Institutions” (2006).

Son los miembros de las 4.500 familias, que controlan los 114 grupos empresariales que existen en Chile, aquellos que no quieren soltar el botín, tal como dijo el abogado Fernando Barros en la reciente ENADE o no quieren soltar la “teta” como señalara el empresario Felipe Lamarca.

Se trata de un grupo endogámico, que se juntan entre ellos, se casan entre ellos y se protegen entre ellos y que como muy bien se retrata en la publicación del Banco Mundial, Desigualdad en América Latina y el Caribe: ¿Ruptura con la Historia? (2003), son responsables centrales de los escandalosos niveles de desigualdad existentes.

Ayer capturaron a políticos de los Gobiernos de la Concertación y les ofrecieron cargos en los directorios de sus empresas. Hoy administran el país a sus anchas y tienen a sus miembros dirigiendo servicios públicos o asesorando a varios ministerios.

Por ello, también se coludirán para que no haya reforma tributaria, y si se proponen cambios, más bien serán “perfecciones” al sistema (tal como lo propuso el ministro de Hacienda), que no afecten sustancialmente su “botín”.

Por primera vez, Chile cuenta con una herramienta que permite caracterizar la calidad de los empleos. A diferencia de la encuesta antigua, con la Nueva Encuesta de Empleo (NENE) se puede indagar sobre el tipo de empleos que se están creando y por ello resulta frustrante que el Gobierno no esté incorporando estos elementos en su análisis y en la información que entrega a la ciudadanía.

La tasa de desempleo que se comunicó la semana pasada llegó a 7,2%. Algunos se atreven a hablar de que estamos cerca del pleno empleo y otros transmiten una señal de conformidad en base a una economía que crece y genera cientos de empleos. No obstante detrás de esta cifra se esconde un serio problema, que podría explicar el malestar de los trabajadores y la caída en las expectativas de encontrar un empleo, de acuerdo a datos de Libertad y Desarrollo.

Al revisar en detalle los 518 mil empleos (lo cual también podía hacer el Gobierno o cualquier persona que pida la base de datos al INE), nos encontramos que el 60% corresponde a trabajo por cuenta propia, familiar no remunerado, personal del servicio doméstico o empleador de menos de empresas de menos de 5 trabajadores, es decir, que no están vinculados necesariamente a políticas o planes de empleo del gobierno y que no están cubiertos por los sistemas de protección clásicos del trabajo.

Y los cuenta propia no son precisamente emprendimientos robustos ni trabajadores independientes de alta calificación, como nos quieren hacer creer, sino que el 80% corresponde a jornada parcial de 1 hora, 5, 10 o 20 horas y oficios de muy baja calificación, el típico empleo informal para parar la olla.

Bueno, al menos nos queda un 40% de empleos asalariados, podría decir el lector, donde debería observarse mayores niveles de protección y estabilidad. Lamentablemente aquí también hay malas noticias: el 100% de los 209 mil empleos asalariados acumulados en el período son tercerizados, vale decir, subcontratación, suministro de trabajadores o enganche.

Aún más, el fenómeno del subempleo (personas que trabajan tiempo parcial, desean trabajar tiempo completo, pero no encuentran este tipo de empleo) ha alcanzado los valores más altos desde que es posible medirlo, llegando a 712 mil personas subempleadas, principalmente mujeres y zonas afectadas por el terremoto. ¿Este el país que queremos reconstruir?

Chile arrastra un problema severo en el mundo del trabajo, que puede estallar en cualquier momento si no se toman los resguardos que posibiliten avanzar en la creación de empleos de calidad, en donde se respeten los derechos de los trabajadores. No podemos seguir ocultando información a la ciudadanía, es urgente instalar un debate nacional sobre el tipo de empleos que se están creando.

Hace unos meses atrás se nos prometió que la tendencia iría cambiando y se reemplazarían los trabajos precarios por otros con mayor protección, algo así como la teoría del chorreo laboral. Sin embargo, pasan y pasan los meses y en vez de mejorar, la situación empeora y nadie dice nada porque la tasa de desempleo es de 7,2%. Hemos sido especialistas en diseñar bonitas fachadas para Chile, con buenos datos macroeconómicos, pero con graves deficiencias a nivel micro.

Ya ha sido suficiente con el caso de La Polar y con la crisis en el sistema Educacional, la población ya no está en condiciones de aceptar más publicidad engañosa, se había prometido que el millón de empleos sería de calidad…