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	<title>El Mostrador &#187; Eduardo Vergara B.</title>
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	<description>El primer diario digital de Chile - Noticias, reportajes, multimedia y último minuto</description>
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		<title>Cómo la Celac se fumó el debate sobre drogas</title>
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		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 05:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Vergara B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs y Opinión]]></category>
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		<description><![CDATA[La reciente Cumbre de la Celac–Unión Europea, fue una nueva oportunidad perdida de tocar uno de los temas más importantes para la región. Es más, el continuismo de la lógica de evadir el debate, hace un eterno daño para nuestra región. La guerra contra las drogas y el prohibicionismo son de los obstáculos más grandes para el desarrollo de nuestra región.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Un kilo de cocaína puede ser comprado en la jungla colombiana por 2.200 dólares y puede alcanzar los 55.000 en Europa. Sin duda, un negocio gigantesco. En 2012, cuatro millones de europeos había consumido cocaína y 23 millones habían consumido marihuana en el ultimo año.

El viejo continente es uno de los principales socios comerciales del narcotráfico en América Latina, esto principalmente se debe a que casi toda la oferta de cocaína nace en Bolivia, Colombia y Perú. Como es costumbre en las dinámicas de intercambio comercial y el mercado, quienes se benefician son solo unos pocos. Las ganancias que quedan a campesinos o productores son mínimas mientras que los grandes narcos son quienes se hacen millonarios. ¿Suena familiar? El negocio del tráfico de drogas es bastante similar al intercambio comercial que se hace de manera legal y que en muchos casos genera desigualdad.

Si bien no es un mercado legal, es impresentable que en la pasada Cumbre Celac 2013 de manera silenciosa se decidiera no abordar el tema. Cuando este debate no se da, los actores políticos se hacen cómplices del fracaso. Y así fue. La única cumbre con identidad regional, cometió el grave error de dejar de lado uno de los temas más importantes y que afectan a los latinoamericanos. Lo peor de todo, es que si bien Europa es un gran consumidor, es también un gran ejemplo de cómo desarrollar e implementar políticas de drogas más humanas. Las oportunidades perdidas fueron muchas.



Un importante número de países de Europa han logrado poner al ser humano al centro de sus políticas, dejando de lado la represión a consumidores y entregando orientación y ayuda a quienes lo requieran. Portugal es un caso que vale la pena mirar, después de 12 años la despenalización de las drogas ha logrado abordar la problemática desde la salud pública, no del terror. Como resultado, el consumo se ha contenido (a diferencia del resto de Europa), los contagios de enfermedades como el VIH producto del intercambio de jeringas han bajado y la represión ha sido reemplazada por la asistencia sanitaria entregada a consumidores.

Pero mientras tanto en Latinoamérica, con la excepción de algunos países, seguimos presenciando cruzadas por detener a millones de consumidores bajo la lógica de una guerra sangrienta importada desde los Estados Unidos.

Por ejemplo, Chile (un país de solo 16.5 millones de habitantes) durante el 2013 llegará a la escandalosa cifra de 100.000 detenciones anuales, siendo aproximadamente solo un 17 % de ellas por trafico, el resto por porte, consumo y cultivo. Se reprime y persigue a consumidores y menudistas, mientras las políticas anti narcos y crimen organizado siguen siendo un mal gasto de recursos. En el extremo más violento se encuentran Brasil y México, donde la violencia y los asesinatos de miles ya son parte del panorama diario. Mientras Europa pone los consumidores y las buenas prácticas en políticas domesticas, América Latina continúa poniendo los detenidos, los reprimidos y los muertos.

La reciente Cumbre de la Celac–Unión Europea, fue una nueva oportunidad perdida de tocar uno de los temas más importantes para la región. Es más, el continuismo de la lógica de evadir el debate, hace un eterno daño para nuestra región. La guerra contra las drogas y el prohibicionismo son de los obstáculos más grandes para el desarrollo de nuestra región. Es impresentable que la ONU continúe delegando esta labor solo a la Oficina contra la Droga y el Delito (ONUDD) y deje de lado a programas tan importantes como ONU Mujer, el PNUD, la OMS y ONUSIDA, quienes deberían tener un protagonismo aún mayor en influir en las políticas de drogas de sus estados miembros. Su inclusión seria a lo menos coherente.

En momentos en que la discusión en la OEA (luego del mandato de la pasada Cumbre de las Américas) ya está en cuestión y de la cual no debemos esperar grandes avances, son los países latinoamericanos quienes deben liderar el rumbo y sin miedo y tapujos abordar el debate sobre la legalización de las drogas para así enfrentar al problema con pragmatismo y altura de miras. Mientras más ignoramos el tema, más jóvenes y mujeres terminan tras las rejas, millones de consumidores continúan refugiándose en las sombras aumentando su consumo de desinformado y miles siguen perdiendo la vida en manos de la guerra más absurda e hipócrita de nuestra historia moderna. Aquí los únicos que ganan son los grandes narcos, el prohibicionismo está de su lado.]]></content:encoded>
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		<title>Plata o plomo: la fiesta de los narcos en Chile</title>
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		<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 05:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Vergara B.</dc:creator>
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		<description><![CDATA[El dinero puede corromper todo, y gracias a la obsesión por mantener ciertas drogas ilegales, continuamos garantizando que los narcos controlen el negocio más lucrativo del mundo y que su disponibilidad de dinero sea casi interminable. “Plata o plomo” es la opción que narcotraficantes dan a autoridades o fuerzas policiales antes de comprarlos o matarlos.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[En pocos días, Chile ha enviado una potente señal pública a narcotraficantes y criminales: nuestro sistema es cada día más corruptible. Tanto las irregularidades que huelen a corrupción en torno a los sobreprecios de equipos para ser usados en la lucha contra el tráfico como la red de corrupción dentro de la PDI, dejan en descubierto la vulnerabilidad de nuestro sistema judicial y policial. A esto debemos sumar lo que hemos visto en nuestro servicio de salud con la pérdida de toneladas de droga y en nuestros sistemas de aduanas, máximos responsables de la entrada de drogas al país. Los narcos tienen razones de sobra para estar de fiesta.

Pero no estamos frente a simples actos de corrupción. Aquí se conjugan factores mucho más complejos: la ineficiente y fracasada guerra contra las drogas y el creciente poder de los carteles. Ejemplos sobran en nuestra región para argumentar que señales de este tipo, han entregado alertas importantes para detectar cómo los sistemas logran ser corrompidos con facilidad por el poder de los narcos y del crimen organizado.



Es aquí donde se empiezan a crear los escenarios propicios para que el narcotráfico corroa las instituciones y aumente dramáticamente su poder. Por un lado, nuestra ley de drogas continúa progresivamente privilegiando el trabajo de narcotraficantes al criminalizar mayoritariamente a consumidores y no a traficantes, generando espacios propicios para que el mercado sea controlado por criminales, entregándoles prácticamente en bandeja un sistema económico para financiar el terror. Por el otro, el Estado ha demostrado una vez más que no solo no ha podido frenar la delincuencia, sino que esta existe dentro de su propia administración. La señal es clara, el departamento dependiente del Ministerio de Interior que dirigía el llamado “zar antidrogas” es corruptible y las fuerzas policiales encargadas de luchar y detectar acciones criminales han sido penetradas por el enemigo.

Lo que está en juego es la porosidad del Estado y la señal que estos actos envían para quienes ya han demostrado penetrar con éxito todos los niveles de la administración pública en toda América Latina. El dinero puede corromper todo, y gracias a la obsesión por mantener ciertas drogas ilegales, continuamos garantizando que los narcos controlen el negocio más lucrativo del mundo y que su disponibilidad de dinero sea casi interminable. “Plata o plomo” es la opción que narcotraficantes dan a autoridades o fuerzas policiales antes de comprarlos o matarlos.

En Argentina ya no hay carteles, porque las policías decidieron competir frontalmente con los narcos para adueñarse del lucrativo negocio del narcotráfico. En México no hay un solo nivel administrativo en el que no exista presencia de narcos, es más, hasta han demostrado pelear “democráticamente” espacios de elección popular. Centroamérica casi de manera transversal presenta altísimos grados de corrupción en sus sistemas policiales, de justicia y administrativos. También ejemplos sobran en Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador.

En el caso de Chile ya hay evidencia que se han permeado diferentes niveles. Hemos visto ya el reemplazo del Estado por organizaciones criminales logrando controlar algunas zonas de la capital. La participación de agentes de la PDI, del poder judicial, el servicio de aduanas y el Ministerio de Salud es el primer paso para llegar a niveles más altos de la administración estatal.

La manera de abordar este tema debe ser diferente. Mientras más énfasis el Estado da a la represión hacia consumidores (la demanda) como solución a un problema tan complejo como el de las drogas, el crimen organizado (la oferta) continúa robusteciéndose logrando penetrar todo. Si bien hay una serie de reformas pendientes en torno a nuestro sistema judicial y financiero (el secreto bancario sigue siendo el mejor amigo del lavado de dinero), es necesario redefinir nuestra política de drogas y decidir cuál es el camino que debemos seguir.

El primer paso debe ser el explorar alternativas que permitan limitar el poder financiero de los narcos. Ya sea por medio de reformas legales que impidan el movimiento de recursos libremente o mayor transparencia en los procesos judiciales, es necesario que también analicemos cómo frontalmente podemos quitarles el negocio de sus manos. La legalización del mercado de las drogas y su debida regulación, se abre como la gran solución para lograr la reducción de sus ingresos, el empoderamiento de los ciudadanos (consumidores) y un mejor uso de los recursos del Estado que deben estar enfocados en desarticular y terminar con el crimen organizado y no en perseguir pitos y plantas. La delincuencia organizada no terminará su influencia y penetración de los sistemas hasta que les quitemos sus recursos financieros.

Poco importan los sistemas transparentes, las licitaciones reguladas y honestas cuando el poder financiero del crimen organizado es capaz de arrasar con todo.]]></content:encoded>
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		<title>Razones para despenalizar el cultivo y porte de cannabis en Chile</title>
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		<pubDate>Mon, 13 Aug 2012 06:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Vergara B.</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Los efectos de la despenalización del porte de cantidades para uso personal tendría efectos similares a los anteriores, pero el mayor avance ocurriría en la reducción del número de detenciones. El 67% de las detenciones por infracción a la ley de drogas son por porte. Gran parte de estas son por porte de cannabis, que muchas veces es para satisfacer consumo personal y no para traficar. Una diferencia real entre quienes portan y venden sería un gran paso para reducir los costos asociados a estos procesos, permitir que las fuerzas de seguridad se enfoquen en perseguir a delincuentes.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Los senadores Ricardo Lagos Weber y Fulvio Rossi presentaron un proyecto de ley que busca despenalizar el cultivo de cannabis y el porte de la misma en cantidades reguladas. La presentación de este proyecto ha reflotado el tan necesario debate sobre el enfoque que le damos a las drogas en Chile. Como es costumbre, mientras hay cada día más chilenos abiertos a debatir este tema, las élites minoritarias continúan ejerciendo el veto al diálogo. Es más, estos últimos junto con un número de actores sociales, políticos y ciudadanos, continúan argumentando su negativa basándose en premisas erradas, carentes de evidencia y enceguecidos por tabúes ideológicos, cálculos políticos y trabas morales.

La política de drogas en Chile continúa por el camino errado, cometiendo errores similares a los que hemos visto en México, Estados Unidos y en un centenar de otros países. Los resultados han sido nefastos: miles de muertes, violación sistemática de los derechos humanos, empoderamiento de las bandas de narcotraficantes, altos costos para los Estados, hacinamiento carcelario, desinformación, aumento en el consumo, y así, podríamos seguir sumando.



Chile y su relación más activa con el narcotráfico data de los años 50, cuando chilenos comenzaron a controlar las primeras rutas de tráfico de cocaína desde la región. Pasando por el auge de tráfico y consumo de cocaína en Valparaíso y Santiago en los 60, el nacimiento de familias chilenas que controlaron gran parte de la producción y tráfico en el cono sur, hasta el golpe que le dio Pinochet al tráfico para luego pasar a ser protagonista directo de la producción en el norte de Chile, nuestro país ha sido un constante actor en esta problemática. Lecciones y experiencias sobran para saber que desde el principio lo hemos hecho mal y de que es momento de enmendar el rumbo.

Hoy en día la situación es peor: el fracaso de nuestra política de drogas ha tenido consecuencias directas en una mayor proporción de chilenos y estamos viviendo los mismos síntomas que ya han vivido países que hoy están en situaciones casi irremediables.

-El consumo no sólo ha escalado progresivamente, sino que ha penetrado de mayor manera a los más jóvenes. El país lidera Latinoamérica en consumo de drogas ilícitas entre la población entre 13 y 17, y es el segundo en población general. Además, lideramos el ranking regional en consumo de cocaína en la población de estudiantes secundarios.

-La ley de drogas ha beneficiado a los narcotraficantes durante los últimos 10 años. Por un lado, de manera progresiva el porcentaje de detenciones por tráfico ha pasado de ser un 75% en el 2002 del total a solo un 17% en el 2011, transformando a nuestra política en una herramienta que reprime y castiga a las personas equivocadas. Por otro, al estar enfocada principalmente en consumidores y el narcomenudeo, los grandes narcos logran operar libremente, ejecutando sus actividades por medio de soldados (mujeres, niños y jóvenes) que terminan pagando los costos. La población más joven es la más afectada, ya que el 56% de las detenciones son a personas entre 18 y 29 años. Si en el 2011 llegamos a 77 mil detenciones, para el 2012 proyectamos que superaremos las 90 mil. Si bien el 10% de las detenciones por consumo son a mujeres, estas llegan a representar el 30% por tráfico, una cifra peligrosa al tomar en cuenta su similitud con etapas anteriormente vividas por países que hoy sufren de tasas de encarcelamiento del 80% por infracción a leyes de droga.

¿Cómo podría entonces un proyecto como el presentado por los Senadores Weber y Rossi mejorar la situación actual?

Primero que todo al abrir el debate. Es necesario lograr una discusión país en torno a la política de drogas que queremos. Este es un tema que posee diferentes aristas y que como hemos visto tiene implicancias directas en el desarrollo, la seguridad, la equidad, la salud y la educación. Quien continúa argumentado que éste es un tema de élites o de libertades individuales se equivoca profundamente. Los más afectados por nuestra política de drogas son los sectores más desposeídos del país.

Despenalizar el cultivo de cannabis para usos personales y/o medicinales es primero que todo garantizar que quienes abastezcan su consumo privado de cannabis (permitido en Chile) lo puedan hacer lejos de la ilegalidad. Reducir los peligros asociados a la transacción de cannabis es otorgar seguridad no sólo a los miles de jóvenes y adultos que se ven obligados a entablar relaciones con delincuentes, sino que también a todos quienes se benefician de sus efectos medicinales. Es más, permitir el cultivo tendría un efecto inmediato en reducir el monopolio y control que las bandas de narcotraficantes tienen sobre la oferta, financiando así con holgura el terror.

Los efectos de la despenalización del porte de cantidades para uso personal tendría efectos similares a los anteriores, pero el mayor avance ocurriría en la reducción del número de detenciones. El 67% de las detenciones por infracción a la ley de drogas son por porte. Gran parte de estas son por porte de cannabis, que muchas veces es para satisfacer consumo personal y no para traficar. Una diferencia real entre quienes portan y venden sería un gran paso para reducir los costos asociados a estos procesos, permitir que las fuerzas de seguridad se enfoquen en perseguir a delincuentes y, por sobre todo, en reducir el estigma y criminalización causal de que el consumo sea empujado a las sombras donde ni la familia, el Estado o las redes de apoyo pueden llegar.

Para enfrentar este desafío, debemos partir por separar la labor del Estado, que por un lado debe combatir al crimen organizado y la violencia, pero por otro debe tratar a consumidores desde el prisma de la salud. Un gran paso sería que el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) deje depender de un ministerio a cargo de la seguridad como es Interior y pase a depender del Ministerio de Salud. Este último es el único espacio desde donde se pueden liderar programas efectivos de educación, prevención de consumo y rehabilitación.

Hay que avanzar en una discusión que se base en la evidencia. Países como Portugal nos han mostrado que luego de 11 años si es posible aplicar modelos que se basen en la salud, de ellos debemos aprender. El regular las drogas ilegales es el único paso para abordar la problemática de manera abierta, educar a la población con información verídica y quitarle, de una vez por todas, el poder a los narcos.]]></content:encoded>
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		<title>Chile y las drogas: un debate que requiere mayor coherencia</title>
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		<pubDate>Mon, 21 May 2012 06:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Vergara B.</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Debemos entonces partir por hacernos algunas preguntas: ¿Nos interesa cambiar el enfoque de la política actual? Si buscamos que la política de drogas sea un tema de salud pública, ¿No sería bueno que SENDA dependiera del Ministerio de Salud y no de Interior? ¿Qué dice la evidencia sobre el consumo de marihuana? Si los costos asociados con las detenciones son tan absurdos como grandes, ¿No sería bueno entonces despenalizar el consumo? Pero si hay sectores de la sociedad que temen legalizar lo que muchas veces les aterra, ¿No sería bueno por ahora enfocarnos en educar a la ciudadanía sobre lo nefasto de los modelos actuales antes de abordar posibles soluciones?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[En este último tiempo ha tomado lugar en Chile un sano y necesario debate en torno a las drogas. Poco a poco vemos argumentos más sólidos y basados en la evidencia, discusiones que dejan de lado tabúes y trabas morales, presentaciones de posturas transversales y la participación de una diversidad de actores que incluyen ex jefes de Estado, parlamentarios, académicos, expertos, consumidores y representantes de la sociedad civil. Logramos llegar a cierto consenso de que la guerra frontal promovida por los modelos actuales fracasó. Sin embargo con este consenso no basta: es momento de mejorar la calidad del debate.

Existen tres grandes corrientes que monopolizan este debate: [1] Las posturas economicistas que fundamentan la legalización en una reducida matriz costo/beneficio (En parte los argumentos de Ricardo Lagos y principalmente la tesis de Covarrubias y Fisher en El Mercurio); [2] Los fieles que siguen defendiendo el actual enfoque del prohibicionismo como solución a la reducción de la demanda y el consumo (SENDA del Gobierno de Chile y sectores más conservadores); y [3] Los activistas que buscan lograr el respeto de sus derechos para poder consumir en paz (Movimientos ciudadanos, liberales, etc.). Sin embargo, tal como la guerra contra las drogas ha sido un fracaso, el dialogo actual, al seguir dirigido y reducido por las grandes tendencias e ideologías, corre el riesgo de fracasar en lograr un cambio más allá de la retórica.

Vamos por parte. Primero, los argumentos economicistas basados en una matriz costo/beneficio si bien entregan luz respecto a los altos costos de la guerra contra las drogas y el prohibicionismo, no son suficientes para justificar una eventual legalización. No cabe duda que quitarle el negocio a los narcos reducirá su poder de financiar el terror, que el regular la calidad permitirá velar por la salud, que el gasto en detener y encarcelar a millones de personas puede ser usado de mejor manera al focalizar donde hay mayor retorno (educación, prevención y rehabilitación) y que la regulación permitiría la recaudación de impuestos. Es que los costos asociados (no solo monetarios) a las políticas prohibicionistas son altísimos. En resumen, más de 50 mil personas han perdido la vida en México en 5 años, las cárceles están hacinadas por quienes pagan penas desproporcionadas, y sin duda, la inversión militar en destruir cultivos y perseguir a bandas de tráfico no ha dado frutos. Quienes basan sus argumentos en los costos de esta guerra tienen en gran parte la razón, pero sus argumentos quedan cortos para entender un problema que requiere de soluciones y miradas mucho más amplias, innovadoras e interdisciplinarias, pero por sobre todo de preguntas.



<strong> </strong>

En segundo lugar se encuentran los defensores del prohibicionismo, la utopía de impedir el acceso a las drogas ilegales para que el ser humano deje de hacerse daño. Aquí es donde Francisca Florenzano (SENDA) argumenta en carta abierta a El Mercurio y como respuesta a la columna de Covarrubias y Fisher, que esto requiere de una mirada integral ya que “el problema no es la droga, sino el impacto que esta causa en las personas”. Lo que olvida, o decide omitir, es que la lógica implementada por el Estado durante estos últimos años ha sido un fracaso que se ha fundamentado en principios prohibicionistas que no se enfocan necesariamente en el bien de la persona. Durante el 2011 tomaron lugar 77 mil detenciones por infracción a la ley 20.000, siendo el 66,5% de estas por posesión y 11,9% por consumo. Ya que solo el 17,3% fueron por tráfico: vemos como el Estado persigue a consumidores y no a los narcos. Los datos de años anteriores son igual de alarmantes y de proporciones similares. Es más, para decorar este fracaso, no nos podemos olvidar que Chile sigue siendo el segundo consumidor de cocaína en la región. ¿No es irracional entonces que un gobierno con una mano ofrezca ayuda, prevención y rehabilitación, pero al mismo tiempo con la otra mano aplique la lógica del garrote criminalizando y estigmatizando a consumidores? Las metas del gobierno por reducir el consumo y el narcotráfico de manera significativa no se han cumplido y el interés por el bienestar de la persona, al menos en la práctica, queda solo en la retorica. Mientras más reprime el Estado a quienes consumen, el consumidor más se mueve hacia las sombras, la desinformación aumenta y los traficantes siguen haciéndose millonarios al monopolizar el mercado. Los dichos del Diputado Ward en reacción a los argumentos entregados por el ex Presidente Lagos sobre la despenalización también dejan en evidencia lo ciegas y desinformadas que pueden llegar a ser las explicaciones para seguir defendiendo el prohibicionismo. Mientras el SENDA y los escuderos del prohibicionismo sigan replicando los modelos que ya han demostrado ser fallidos en otros tantos países y se amparen en el conservadurismo, los únicos que van a seguir ganando son los narcos.

Por último están quienes luchan por su derecho a consumir (y plantar) en paz y por la legalización. La lucha es por una causa justa. Sin embargo, tienden a olvidar que este no puede ser un debate solo centrado en las libertades individuales sino que en conceptos de bienestar social. Hay que ser sensibles a diversas realidades: ¿Cómo le explicas a alguien de una población en riesgo que quieres legalizar las drogas que han destruido y matado a sus seres queridos? La pasta base por ejemplo. Esta es una arista que los activistas de la legalización y despenalización deben abordar con mayor estrategia y responsabilidad. Mientras para algunos el despenalizar o legalizar es una opción de vivir en paz, para otros la legalización es legitimar el terror. Ya que muchas veces las imágenes valen más que mil palabras, el activismo debe evolucionar en su forma más que en el fondo y asumir que muchas veces las imágenes que generan manifestaciones y marchas no ayudan para lograr que los sectores más conservadores o tal vez muchos ciudadanos promedio, se hagan más sensibles a debatir y pensar un tema que va mucho mas allá de las libertades individuales. El mensaje debe ser más amplio que el metro cuadrado, traspasando los intereses individuales de quienes consumen y llegando a un enfoque comunitario.

Es momento de incluir a estas corrientes y a ellas sumarles los aportes de la ciencia, la reducción de daños, la evidencia que entregan un gran número de experiencias internacionales que han logrado ser exitosas y por sobre todo las estrategias político comunicacionales que han dado frutos en abrir y consolidar debates serios. Los ataques cruzados entre estos actores siguen anulando un debate amplio y sincero, y provocan una infinidad de consecuencias no intencionadas que al final del día son negativas. Las elites ya tienen claro que la ley 20.000 es absurda, la opinión la comparten políticos, fiscales, jueces, policías y académicos. Lo que no tienen claro es como avanzar sin que esto continúe siendo un diálogo de sordos.

Debemos entonces partir por hacernos algunas preguntas: ¿Nos interesa cambiar el enfoque de la política actual? Si buscamos que la política de drogas sea un tema de salud pública, ¿No sería bueno que SENDA dependiera del Ministerio de Salud y no de Interior? ¿Qué dice la evidencia sobre el consumo de marihuana? Si los costos asociados con las detenciones son tan absurdos como grandes, ¿No sería bueno entonces despenalizar el consumo? Pero si hay sectores de la sociedad que temen legalizar lo que muchas veces les aterra, ¿No sería bueno por ahora enfocarnos en educar a la ciudadanía sobre lo nefasto de los modelos actuales antes de abordar posibles soluciones? Si las marchas y activismo no logran influir positivamente a la opinión pública y generan una caricaturización, ¿No será bueno cambiar la forma?

Estamos grandes, es momento de debatir con seriedad ciertas cosas, pero por sobre todo no temer a hacer preguntas.]]></content:encoded>
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		<title>Narco turistas, fiestas electrónicas y el plan verano 2012</title>
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		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 05:42:10 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[narcoturistas]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Verano 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Turistas]]></category>

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		<description><![CDATA[La regulación de las drogas es la única forma de asegurar que la ciudadanía pueda recibir información honesta y basada en la ciencia, que les permita tomar decisiones informadas, reducir los daños y saber qué es lo que se vende y consume. Pero por sobre todo, a quitar el negocio ilegal de las manos de los narcos.   
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				<content:encoded><![CDATA[No viven en La Legua, tampoco portan armas ni dependen de redes internacionales. Viven en barrios acomodados, muchas veces con sus padres, poseen títulos universitarios aunque en muchos casos no le han trabajado un día a nadie. Viajan a Europa donde visitan Ibiza, Amsterdam, Barcelona y Berlín. Ahí compran droga y la guardan en sus maletas confundida entre uno que otro  <em>souvenir. </em>Al no cumplir con el perfil de “narco sudaca” la internación y vulneración de controles ocurre sin mayores problemas. No la venden en callejones de barrios marginales, sino que en fiestas electrónicas, en la  Plaza San Enrique, en balnearios y dentro de redes que articulan entre círculos de amigos y conocidos. Así es la ruta de los llamados Narco turistas.

No hablamos de drogas casi inofensivas como la marihuana, sino que de compuestos e innovaciones sintéticas que muchas veces al estar “pateadas” o ser consumidas en exceso pueden causar vulnerabilidad frente a abusos sexuales o delincuencia, adicciones, daños cerebrales irreparables y sobredosis que llevan a la muerte.

Mientras en ciertos países de Europa el consumo de drogas ha logrado ser contenido gracias a políticas que han dado un giro a basarse en principios sanitarios; en América Latina, el consumo e incautaciones muestran cierto aumento y las políticas se militarizan cada vez más. Los resultados de este retroceso son evidentes.

<strong></strong>

La estrategia conservadora e hipócrita de negar que en nuestro país exista un consumo significativo, y el asumir que principalmente este toma lugar en barrios marginales, es responsable de que consumidores recreacionales lo hagan en las sombras e incluso que estos pasen a ser consumidores adictivos y problemáticos de manera fulminante. El mejor ejemplo lo lidera el Gobierno de Chile que con sus campañas morbosas (ej: la última campaña de SENDA donde el consumo de droga se usan para justificar la inoperancia del gobierno en temas de seguridad ciudadana) y represión dirigida a consumidores (más de 40 personas son detenidas por porte y consumo mientras los narcos se enriquecen) logra establecer una sensación donde pareciera que el prohibicionismo es la única respuesta. Pero ese es un error: seguir copiando los modelos fallidos nos está llevando a un callejón del que muchos simplemente no podrán salir.

El uso irresponsable e ignorante de estimulantes como el MDMA (éxtasis) y la cocaína; de psicodélicos como el LSD (ácido) y los hongos; de depresivos como el alcohol o de inhalantes presenta una grave amenaza principalmente para los jóvenes.

Durante las fiestas de fin de año y el verano 2012, la venta y consumo aumentan considerablemente: es más fácil acceder a drogas ilícitas que encontrar una farmacia de turno. Mientras tanto, el Gobierno gasta millonarios recursos en buscar desde el aire, como si se tratara de un video juego, plantaciones de marihuana para luego prender hogueras y con una especie de danza de la lluvia, celebrar absurdamente que la guerra contra las drogas se está ganando. Así fue el Plan Verano 2011, que se limitó a incautar pitos, plantas y detener a miles de inocentes. Para el 2012 podemos esperar que dicho circo se repita.

La regulación de las drogas es la única forma de asegurar que la ciudadanía pueda recibir información honesta y basada en la ciencia, que les permita tomar decisiones informadas, reducir los daños y saber qué es lo que se vende y consume. Pero por sobre todo, a quitar el negocio ilegal de las manos de los narcos.

No cabe duda que la discusión respecto a cómo abordamos las drogas en Chile es fundamental. Sin embargo, primero tenemos que acordar que para avanzar, esta discusión debe estar basada en la salud, la ciencia y los derechos humanos. No en arranques pasionales de autoridades que desesperadas por el fracaso en otras áreas y acorralados por presiones de grupos moralistas, no encuentran nada mejor que perseguir y reprimir a quienes en cambio necesitan información, educación y ayuda. La temporada de verano 2011-2012 es una oportunidad que no debemos dejar pasar. Eduquemos, dialoguemos y evitemos seguir copiando fracasos ajenos.]]></content:encoded>
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		<title>Delincuencia, Drogas y Salud Pública</title>
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		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 05:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Vergara B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs y Opinión]]></category>
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		<category><![CDATA[Delincuencia]]></category>
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		<description><![CDATA[Si continuamos copiando el modelo anti prohibicionista instaurado por los EEUU lograremos parecernos aún más a Colombia, México y Centro América. Cuando veamos como la sangre es derramada por causas similarmente absurdas y cuando los niveles de consumo sigan creciendo va a ser demasiado tarde.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Hace solo días el presidente de Colombia, J.M. Santos (Centro derecha), ha declarado estar a favor de la legalización de las drogas como fórmula para terminar con las “violentas” ganancias que emanan del narcotráfico y que financian y empoderan el crimen organizado. Esta teoría no es nueva, hace ya tiempo que muchos de quienes trabajamos en políticas de drogas venimos repitiendo que la legalización y regulación de los mercados de las drogas ilícitas son acciones necesarias para desarticular el poder de los narcos en América Latina y el mundo. La Guerra Contra las Drogas, basada en el prohibicionismo extremo, lleva 40 años de desastre y trillones de dólares mal gastados.

No cabe duda que Colombia, junto con México y países de Centro América representan lo más extremo de esta fallida guerra. La situación ahí está fuera de control. En el país liderado por Santos ya hace bastantes años que las FARC tomaron control de las diferentes etapas de producción y venta de drogas financiando así gran parte de su organización. En México diversos carteles han cobrado la vida de más de 50 mil personas, 500 Diputados y transformado a mas de 40,000 niños en huérfanos durante los últimos 4 años. Centro América es la nueva victima, en países como Honduras ocurren 20 homicidios diarios, gran parte de estos cometidos por pandillas empoderadas con dinero narco.



Chile todavía mantiene distancia de estas realidades, pero no por eso deja de ser un país donde el errado enfoque hacia las drogas es también un desastre. Nuestra legislación respecto a las drogas es hipócrita e incoherente, y como muchas de nuestras leyes, dejan al ciudadano desnudo frente a los irracionales criterios de la fuerzas de orden. Las consecuencias son claras: somos unos de los máximos consumidores de cocaína en la región; más de 75 mil personas son arrestadas por motivo de la ley 20,000 y el estado reprime y destruye la vida de consumidores y microtraficantes (siendo las mujeres y sus familias los principales afectados). Mientras tanto, los narcos se empoderan, mueven droga con facilidad desde nuestros puertos al mundo y en algunos sectores del país, ya han reemplazado al estado ejerciendo control absoluto de calles y barrios. El atar, justificar y explicar la problemática de las drogas bajo parámetros ligados mayoritariamente a la delincuencia y la seguridad ha sido nuestro más grave error.

El Gobierno de turno no ayuda. Su enfoque retrógrado respecto a la seguridad ha acrecentado la incoherencia. El recién re inaugurado Plan Frontera Norte es la mejor prueba de ello: un millonario gasto que culpa a las drogas por otros problemas fronterizos que el estado quiere “solucionar”. Además, reprimiendo a consumidores y microtraficantes es como justifican avances relativos en una política (promesa) anti delincuencia que ha demostrador ser un fracaso.

Antes que sea demasiado tarde, es necesario que como país avancemos en una política coherente y un enfoque realista frente a las drogas. Esto se puede conseguir en 4 grandes pasos.

1.-Debemos separar la política de drogas con la política anti tráfico. El consumo, ya sea a niveles recreativos o problemáticos, debe ser abordado como un <strong>tema de salud pública</strong>. El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Ex CONACE) debe depender del Ministerio de Salud y no de Interior. El consumo ya sea recreativo o problemático es un tema sanitario. En consecuencia, los consumidores deben ser dejados en paz y el estado debe enfocarse en educar, prevenir y rehabilitar a sus ciudadanos, no a “deformarlos” con la estigmatización o tras las rejas. Es aquí donde debe primar una política de reducción de daños, que permita que el consumo de drogas se haga con la máxima seguridad posible y complementada con educación honesta y basada en la ciencia.

2.- Dejar en paz a los consumidores significa dejar de arrestarlos y acosarlos. Los esfuerzos por detener injustamente a más de 40 mil personas al año por porte y consumo son absurdos. Perseguir pitos y plantas es un pasatiempo demasiado costoso. Estos recursos deben ser usados principalmente para la <strong>prevención y rehabilitación </strong>y posteriormente para combatir el crimen organizado. ¿Qué incentivo tiene un ciudadano para acercarse a pedir ayuda cuando sabe que el estado lo criminaliza por consumir? ¿De qué sirve reprimir a la demanda y enfocarse solo cosmeticamente en la oferta?

3.- Luego de lograr los pasos previos, es necesario <strong>legalizar y regular el consumo, porte y cultivo de marihuana</strong>. Con esto lograríamos quitar ya gran parte del ingreso de los narcos. Pero por sobre todo, avanzaríamos en regular, velando por la calidad y por sobre todo en terminar con la inseguridad de quienes la adquieren. Es más, los consumidores deberían pagar un impuesto que se use mayoritariamente para planes de prevención y rehabilitación.

4.-Acto seguido, será tiempo de iniciar el debate respecto a la <strong>legalización y regulación de otras drogas </strong>hoy ilícitas. Todo esto contemplando aristas educativas, pragmáticas y lejanas de tabúes ideológicos y trabas morales. Un debate honesto aparte de educar a la ciudadanía también debería eventualmente conseguir quitar otras drogas de las manos de los narcos y por ende su principal financiamiento. No se trata solo de la cocaína sino que de otras sustancias experimentales pasando hasta por los “jarabes” de San Pedro que se venden en la plaza San Enrique.

Existe un rango diverso de opiniones respecto a cómo deberían ser las políticas de drogas ideales. Van desde quienes argumentan por la libertad absoluta del individuo de hacer con su cuerpo lo que le de la gana, pasando por los anti prohibicionistas, los promotores de la reducción de daños, quienes por criterios meramente económicos y de seguridad creen que la legalización, hasta quienes creen que las drogas deben ser erradicadas de la faz de la tierra. Todos tienen la razón hasta cierto punto, pero depende de cada pueblo decidir como construye su enfoque. También podemos mirar a otros países como ejemplo. En el año 2000 Portugal descriminalizó la posesión de drogas pudiendo así enfocarse en los grandes traficantes y organizaciones criminales y contrario a “creencias populares” demostrando una reducción en el consumo y adicción a las drogas.

En Chile ocurre lo mismo. Si continuamos copiando el modelo anti prohibicionista instaurado por los EEUU lograremos parecernos aún más a Colombia, México y Centro América. Cuando veamos como la sangre es derramada por causas similarmente absurdas y cuando los niveles de consumo sigan creciendo va a ser demasiado tarde. Durante las últimas conferencias de Políticas de Drogas en México y posteriormente en California, fui enfático en argumentar que en América Latina “No necesitamos otro consenso de  Washington” respecto a las drogas, y dando el ejemplo de Chile, alumno predilecto de EEUU, grafiqué como países que normalmente no están en medio del debate, van por muy mal camino. La hipocresía, el oportunismo político, el simplismo en el análisis y la carencia de debates pragmáticos nos tienen adictos a un modelo fallido que poco y nada tiene que ver con nuestra realidad.]]></content:encoded>
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		<title>Al Qaeda nombra a egipcio Saif al-Adel como sucesor de Bin Laden</title>
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		<pubDate>Wed, 18 May 2011 11:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Vergara B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Día]]></category>
		<category><![CDATA[Fijos]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Al Qaeda]]></category>
		<category><![CDATA[Muhamad Ibrahim Makkawi]]></category>
		<category><![CDATA[Osama bin Laden]]></category>
		<category><![CDATA[Saif al-Adel]]></category>

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		<description><![CDATA[Fue escogido temporalmente ante el nerviosismo de la comunidad "yihadista" por la falta de anuncio formal de un nuevo jefe, de acuerdo a CNN.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[La organización terrorista Al Qaeda nombró como líder interino al egipcio Saif al-Adel, de 50 años, y que estaba al frente de la facción egipcia de la red terrorista fundada por Osama bin Laden, según informó este miércoles CNN.

Saif al-Adel, que también es conocido como Muhamad Ibrahim Makkawi, fue escogido temporalmente ante el nerviosismo de la comunidad "yihadista" por la falta de anuncio formal de un nuevo jefe, de acuerdo con el canal de noticias.

CNN cita como fuente a Noman Benotman, miembro de Al Qaeda durante más de dos décadas y que recientemente renunció a la ideología de la red fundada por Bin Laden.

Según esta misma fuente, la decisión fue tomada recientemente entre seis y ocho líderes de Al Qaeda en la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán, ante la imposibilidad de una reunión formal del consejo de jefes de la banda terrorista.

Benotman indicó al canal de noticias que este nombramiento puede generar tensiones en el seno de Al Qaeda, especialmente entre los miembros saudíes y yemeníes de la red, ya que consideran que el sucesor de Bin Laden debe proceder de la península arábiga.

Saif al-Adel, que ya era uno de los líderes de la red terrorista, luchó contra el ejército soviético en Afganistán durante la década de 1980.

Se mantuvo en el país hasta la caída de los talibanes en 2001, y desde allí huyó a Irán.

Desde Irán, Saif al-Adel organizó la rama de Al Qaeda en Arabia Saudí que ha perpetrado varios ataques terroristas en el país desde 2003.

Tras la muerte de Osama bin Laden a mano de un comando del Ejército de EE.UU. el pasado 1 de mayo, los expertos habían indicado que el sucesor más probable del líder de Al Qaeda era Ayman al-Zawahiri, también egipcio y número dos de la red terrorista.]]></content:encoded>
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		<title>Latinoamérica, narcotráfico y la legalización de las drogas</title>
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		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 05:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Vergara B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs y Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Narcotráfico]]></category>

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		<description><![CDATA[Portugal ha dado el ejemplo. Por medio de políticas pragmáticas descriminalizaron las drogas ilícitas imponiendo fuertes sanciones sobre la distribución y el tráfico. El resultado: el uso de drogas entre estudiantes, las muertes relacionadas y el número de presos por ofensas relacionadas con drogas han disminuido, mientras la cantidad de drogas incautadas por las autoridades han aumentado.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Mientras en Latinoamérica sigamos enfrascados en el romanticismo, la adicción a la historia y la reverencia a las ideologías, no podremos avanzar con pragmatismo hacia el futuro. En estos meses un gran número de actores sociales y políticos están predicando, con melancolía de tango y tremenda miopía, que esta será la década de la región.

Pero se equivocan. Antes de seguir soñando tenemos que superar grandes obstáculos como son la escandalosa desigualdad que hoy tiene a más de un tercio de nuestra población en la pobreza; los caudillos y líderes que se perpetúan en el poder y subestiman la participación de los ciudadanos; el crimen organizado y el narcotráfico. Urge que nos enfoquemos en este último.

El reciente asesinato de 52 personas en menos de 72 horas en Ciudad Juárez, encarna uno de los tantos gritos desesperados con los que Latinoamérica pide el fin de esta incoherente guerra contra las drogas. Solo en México más de 12 mil personas murieron a raíz de los conflictos asociados con la droga durante el 2010. Pero este es solo un caso en una región que se asemeja cada día más al juego de la silla musical. Donde carteles mexicanos, células de güerillas colombianas, mafias centroamericanas y redes de producción y venta se mueven casi libremente de un país a otro arrancando de la represión en busca de nuevos paraísos para operar y extender sus tentáculos.



Lo mismo ocurre con las cambiantes rutas de tráfico, que mutan entre silenciosos movimientos para sacar toneladas de droga desde los puertos chilenos hasta el uso de cientos de canales fluviales que distribuyen materias primas y drogas por el amazonas antes de salir rumbo al norte. Dejando a su pasar cientos de muertes y violencia producto de un negocio que genera billones de dólares anualmente y que ha logrado penetrar los más importantes círculos de poder político y económico. Esta es una eficiente empresa casi imposible de destruir y un cáncer que nadie quiere diagnosticar.

Para erradicar este mal no hay una sola receta. Pero es necesario partir por reconocer que las estrategias implementadas hasta ahora, basadas en la represión y el prohibicionismo, sólo han logrado aumentar el poder de los narcos, la violencia, cobrado miles de vida y encarcelado a millones injustamente. Todo con un costo que se dispara sobre trillones de dólares.

Por esto es momento de iniciar un debate serio hacia la legalización de ciertas drogas. La ilegalidad es la responsable de que los carteles se hayan empoderado y que la violencia se transformara en un mecanismo para competir. Debemos partir por legalizar el consumo de marihuana para luego avanzar en conversaciones sobre la cocaína y otras drogas. Cada una de estas y otras drogas se merece un debate independiente, pero siempre teniendo en cuenta la realidad de nuestras sociedades y no las utopías  y tabúes sobre los que se construyen. Un ciudadano educado puede y debe tener el derecho de consumir con libertad, sin ser oprimido ni temer por su seguridad.

Portugal ha dado el ejemplo. Por medio de políticas pragmáticas descriminalizaron las drogas ilícitas imponiendo fuertes sanciones sobre la distribución y el tráfico. El resultado: el uso de drogas entre estudiantes, las muertes relacionadas y el número de presos por ofensas relacionadas con drogas han disminuido, mientras la cantidad de drogas incautadas por las autoridades han aumentado. Mientras en Portugal el tema se discute y la ciudadanía se educa, en Latinoamérica lo tratamos de erradicar a balazos y cubrir con silencios. Afortunadamente países como Argentina y Uruguay nos han demostrado que articular un debate a la vanguardia y mucho más avanzado es posible.

Al mismo tiempo es necesario reducir drásticamente los niveles de encarcelamiento y suavizar las penas. La cárcel es para los delincuentes, no los ciudadanos que consumen y portan. En ciudades como México DF el 75% de quienes van tras las rejas con cargos relacionados a drogas son detenidos por posesión de pequeñas cantidades. En Argentina, Brasil y Ecuador políticas similares tienen las cárceles hacinadas.

Sin ir más lejos, en Chile casi cualquiera puede ser acusado de ser un microtraficante, detenido y procesado. Esto dado que la figura de microtráfico es una mera interpretación que queda en manos de un agente policial o un juez. Los arrestos por porte y consumo, disfrazados bajo esta figura, son un mecanismo opresivo que vulnera diariamente los derechos civiles de miles de personas y arresta a millares de chilenos al año. Muchos de ellos sólo porque se quieren fumar un pito. Chile requiere urgente una nueva política de drogas basada en la ciencia, la salud y los derechos humanos y no basada en la represión y el cinismo.

No podemos dejar que el errado enfoque que le hemos dado a las drogas prive a Latinoamérica de la prosperidad. Este no es sólo un debate que debe ser ciudadano, sino que también encabezado por los líderes del futuro. Pretender que el problema no existe y cobijarse tras las armas y la mano dura, es sin duda el error más grande que cometemos. El momento de cambiar el rumbo es ahora, antes que muchas de nuestras ciudades se empiecen a parecer a Ciudad Juárez.]]></content:encoded>
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		<title>La adicción al fracaso en las políticas de drogas</title>
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		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 06:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Vergara B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs y Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[CONACE]]></category>
		<category><![CDATA[Drogas]]></category>

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		<description><![CDATA[Por sobre todo falta pragmatismo. Los tabúes relacionados a las drogas nos han privado de tener un debate honesto y coherente.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[La batalla contra las drogas ha sido un fracaso. Tanto en Chile y como en la mayoría de los países de América Latina los niveles de consumo y violencia relacionada siguen en alza. El crimen organizado producto del tráfico es uno de los problemas más graves en Latinoamérica. Un problema que al ser encubierto por los Estados, que no generan información y marginan a consumidores y adictos, conciben un espacio oscuro que fomenta la ilegalidad. La falta de pragmatismo y coherencia en las políticas junto con los esfuerzos represivos y prohibicionistas bien podrían pasar a la historia como uno de los errores más costosos en lo que a elaboración e implementación de políticas públicas se refiere.

Por sobre todo falta pragmatismo. Los tabúes relacionados a las drogas nos han privado de tener un debate honesto y coherente. Aún más, en sociedades donde las elites son altamente conservadoras y cínicas, como la chilena, la discusión no es solo precaria, sino que el uso de drogas está circunscrito a evaluación basada en dogmas similares a los que usa la iglesia para prohibir ciertos alimentos o prácticas.



Al comparar el año 2002 con el 2009, el número de detenidos por consumo en Chile se ha multiplicado por nueve, ocho veces por porte y los detenidos por cultivo, entre el 2006 y 2009, han aumentado en un 250%. De acuerdo al Ministerio del Interior, más del 95% de todos lo procedimiento policiales en materia de drogas corresponden a la figura de delito flagrante (sorprendido consumiendo) y apenas el 5% corresponde a operaciones orientadas al crimen organizado. Lo que llama aún más la atención, es que en estos arrestos se usa el microtráfico como objeto de persecución penal, violando garantías constitucionales básicas al presumir que consumidores son traficantes. 8 mil chilenos fueron detenidos por porte entre el 2002-2008: el estado gasta valiosos recursos en perseguir y reprimir a quienes simplemente se están fumando un pito.

Independientemente de los esfuerzos represivos, desde 1994 los chilenos consumen considerablemente una mayor cantidad de sustancias. El aumento más grande se encuentra en el consumo de marihuana con un 32.8% seguido por el de cocaína y pasta base con un 8.6% (lo sigue el alcohol con un 17.3%, Tabaco 4.6%).

Una mayor represión no ha sido causal de reducción. Evidencia empírica de diversos estudios (ver Cohen y Hendrien, 2001) muestran que las políticas antidrogas no han producido efectos reductivos en los patrones de consumo de diversos países estudiados.

Primero que todo debemos terminar con las generalizaciones. No es lo mismo consumir marihuana, cocaína, heroína u otras drogas; cada una requiere estándares especiales. El consumo de marihuana debe ser regulado. Lo que implica el desarrollo de los espacios básicos para que los ciudadanos puedan elegir actuar con responsabilidad y sin miedo a ser perseguidos y estigmatizados. En segundo lugar, debemos abordar el tema como un problema de salud pública y no delictual. Urge formular un nuevo plan de drogas que dependa del Ministerio de Salud, y no del Ministerio de Interior. Con esto podremos disminuir el mercado negro, aumentar la calidad del producto y fomentar que sin temor quienes presenten problemas, se acerquen a buscar ayuda. Tercero, debemos quitar el foco sobre el consumidor y enfocar los esfuerzos y represión sobre el crimen organizado y las pandillas que se siguen robusteciendo en las poblaciones y muchas veces reemplazando el rol que debiera cumplir el Estado.

Mientras la problemática en torno a las drogas ha sido exiliada al segundo plano, quienes pensamos de manera progresista vemos con preocupación y gran sentido de urgencia la necesidad de articular un debate serio y pragmático que derive en la elaboración de nuevas políticas acordes a nuestra sociedad. Uno de los tantos puntos vagamente mencionados por el Presidente Piñera el pasado 21 de Mayo se refería a este tema. Lamentablemente para él, consumidores y criminales van en el mismo saco, para así generar cifras alarmantes. Una visión miope y conservadora, sobre un tema que requiere mayor atención, pragmatismo y debate.]]></content:encoded>
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