No hablamos de drogas casi inofensivas como la marihuana, sino que de compuestos e innovaciones sintéticas que muchas veces al estar “pateadas” o ser consumidas en exceso pueden causar vulnerabilidad frente a abusos sexuales o delincuencia, adicciones, daños cerebrales irreparables y sobredosis que llevan a la muerte.

Mientras en ciertos países de Europa el consumo de drogas ha logrado ser contenido gracias a políticas que han dado un giro a basarse en principios sanitarios; en América Latina, el consumo e incautaciones muestran cierto aumento y las políticas se militarizan cada vez más. Los resultados de este retroceso son evidentes.

La estrategia conservadora e hipócrita de negar que en nuestro país exista un consumo significativo, y el asumir que principalmente este toma lugar en barrios marginales, es responsable de que consumidores recreacionales lo hagan en las sombras e incluso que estos pasen a ser consumidores adictivos y problemáticos de manera fulminante. El mejor ejemplo lo lidera el Gobierno de Chile que con sus campañas morbosas (ej: la última campaña de SENDA donde el consumo de droga se usan para justificar la inoperancia del gobierno en temas de seguridad ciudadana) y represión dirigida a consumidores (más de 40 personas son detenidas por porte y consumo mientras los narcos se enriquecen) logra establecer una sensación donde pareciera que el prohibicionismo es la única respuesta. Pero ese es un error: seguir copiando los modelos fallidos nos está llevando a un callejón del que muchos simplemente no podrán salir.

El uso irresponsable e ignorante de estimulantes como el MDMA (éxtasis) y la cocaína; de psicodélicos como el LSD (ácido) y los hongos; de depresivos como el alcohol o de inhalantes presenta una grave amenaza principalmente para los jóvenes.

Durante las fiestas de fin de año y el verano 2012, la venta y consumo aumentan considerablemente: es más fácil acceder a drogas ilícitas que encontrar una farmacia de turno. Mientras tanto, el Gobierno gasta millonarios recursos en buscar desde el aire, como si se tratara de un video juego, plantaciones de marihuana para luego prender hogueras y con una especie de danza de la lluvia, celebrar absurdamente que la guerra contra las drogas se está ganando. Así fue el Plan Verano 2011, que se limitó a incautar pitos, plantas y detener a miles de inocentes. Para el 2012 podemos esperar que dicho circo se repita.

La regulación de las drogas es la única forma de asegurar que la ciudadanía pueda recibir información honesta y basada en la ciencia, que les permita tomar decisiones informadas, reducir los daños y saber qué es lo que se vende y consume. Pero por sobre todo, a quitar el negocio ilegal de las manos de los narcos.

No cabe duda que la discusión respecto a cómo abordamos las drogas en Chile es fundamental. Sin embargo, primero tenemos que acordar que para avanzar, esta discusión debe estar basada en la salud, la ciencia y los derechos humanos. No en arranques pasionales de autoridades que desesperadas por el fracaso en otras áreas y acorralados por presiones de grupos moralistas, no encuentran nada mejor que perseguir y reprimir a quienes en cambio necesitan información, educación y ayuda. La temporada de verano 2011-2012 es una oportunidad que no debemos dejar pasar. Eduquemos, dialoguemos y evitemos seguir copiando fracasos ajenos.

No cabe duda que Colombia, junto con México y países de Centro América representan lo más extremo de esta fallida guerra. La situación ahí está fuera de control. En el país liderado por Santos ya hace bastantes años que las FARC tomaron control de las diferentes etapas de producción y venta de drogas financiando así gran parte de su organización. En México diversos carteles han cobrado la vida de más de 50 mil personas, 500 Diputados y transformado a mas de 40,000 niños en huérfanos durante los últimos 4 años. Centro América es la nueva victima, en países como Honduras ocurren 20 homicidios diarios, gran parte de estos cometidos por pandillas empoderadas con dinero narco.

Chile todavía mantiene distancia de estas realidades, pero no por eso deja de ser un país donde el errado enfoque hacia las drogas es también un desastre. Nuestra legislación respecto a las drogas es hipócrita e incoherente, y como muchas de nuestras leyes, dejan al ciudadano desnudo frente a los irracionales criterios de la fuerzas de orden. Las consecuencias son claras: somos unos de los máximos consumidores de cocaína en la región; más de 75 mil personas son arrestadas por motivo de la ley 20,000 y el estado reprime y destruye la vida de consumidores y microtraficantes (siendo las mujeres y sus familias los principales afectados). Mientras tanto, los narcos se empoderan, mueven droga con facilidad desde nuestros puertos al mundo y en algunos sectores del país, ya han reemplazado al estado ejerciendo control absoluto de calles y barrios. El atar, justificar y explicar la problemática de las drogas bajo parámetros ligados mayoritariamente a la delincuencia y la seguridad ha sido nuestro más grave error.

El Gobierno de turno no ayuda. Su enfoque retrógrado respecto a la seguridad ha acrecentado la incoherencia. El recién re inaugurado Plan Frontera Norte es la mejor prueba de ello: un millonario gasto que culpa a las drogas por otros problemas fronterizos que el estado quiere “solucionar”. Además, reprimiendo a consumidores y microtraficantes es como justifican avances relativos en una política (promesa) anti delincuencia que ha demostrador ser un fracaso.

Antes que sea demasiado tarde, es necesario que como país avancemos en una política coherente y un enfoque realista frente a las drogas. Esto se puede conseguir en 4 grandes pasos.

1.-Debemos separar la política de drogas con la política anti tráfico. El consumo, ya sea a niveles recreativos o problemáticos, debe ser abordado como un tema de salud pública. El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Ex CONACE) debe depender del Ministerio de Salud y no de Interior. El consumo ya sea recreativo o problemático es un tema sanitario. En consecuencia, los consumidores deben ser dejados en paz y el estado debe enfocarse en educar, prevenir y rehabilitar a sus ciudadanos, no a “deformarlos” con la estigmatización o tras las rejas. Es aquí donde debe primar una política de reducción de daños, que permita que el consumo de drogas se haga con la máxima seguridad posible y complementada con educación honesta y basada en la ciencia.

2.- Dejar en paz a los consumidores significa dejar de arrestarlos y acosarlos. Los esfuerzos por detener injustamente a más de 40 mil personas al año por porte y consumo son absurdos. Perseguir pitos y plantas es un pasatiempo demasiado costoso. Estos recursos deben ser usados principalmente para la prevención y rehabilitación y posteriormente para combatir el crimen organizado. ¿Qué incentivo tiene un ciudadano para acercarse a pedir ayuda cuando sabe que el estado lo criminaliza por consumir? ¿De qué sirve reprimir a la demanda y enfocarse solo cosmeticamente en la oferta?

3.- Luego de lograr los pasos previos, es necesario legalizar y regular el consumo, porte y cultivo de marihuana. Con esto lograríamos quitar ya gran parte del ingreso de los narcos. Pero por sobre todo, avanzaríamos en regular, velando por la calidad y por sobre todo en terminar con la inseguridad de quienes la adquieren. Es más, los consumidores deberían pagar un impuesto que se use mayoritariamente para planes de prevención y rehabilitación.

4.-Acto seguido, será tiempo de iniciar el debate respecto a la legalización y regulación de otras drogas hoy ilícitas. Todo esto contemplando aristas educativas, pragmáticas y lejanas de tabúes ideológicos y trabas morales. Un debate honesto aparte de educar a la ciudadanía también debería eventualmente conseguir quitar otras drogas de las manos de los narcos y por ende su principal financiamiento. No se trata solo de la cocaína sino que de otras sustancias experimentales pasando hasta por los “jarabes” de San Pedro que se venden en la plaza San Enrique.

Existe un rango diverso de opiniones respecto a cómo deberían ser las políticas de drogas ideales. Van desde quienes argumentan por la libertad absoluta del individuo de hacer con su cuerpo lo que le de la gana, pasando por los anti prohibicionistas, los promotores de la reducción de daños, quienes por criterios meramente económicos y de seguridad creen que la legalización, hasta quienes creen que las drogas deben ser erradicadas de la faz de la tierra. Todos tienen la razón hasta cierto punto, pero depende de cada pueblo decidir como construye su enfoque. También podemos mirar a otros países como ejemplo. En el año 2000 Portugal descriminalizó la posesión de drogas pudiendo así enfocarse en los grandes traficantes y organizaciones criminales y contrario a “creencias populares” demostrando una reducción en el consumo y adicción a las drogas.

En Chile ocurre lo mismo. Si continuamos copiando el modelo anti prohibicionista instaurado por los EEUU lograremos parecernos aún más a Colombia, México y Centro América. Cuando veamos como la sangre es derramada por causas similarmente absurdas y cuando los niveles de consumo sigan creciendo va a ser demasiado tarde. Durante las últimas conferencias de Políticas de Drogas en México y posteriormente en California, fui enfático en argumentar que en América Latina “No necesitamos otro consenso de  Washington” respecto a las drogas, y dando el ejemplo de Chile, alumno predilecto de EEUU, grafiqué como países que normalmente no están en medio del debate, van por muy mal camino. La hipocresía, el oportunismo político, el simplismo en el análisis y la carencia de debates pragmáticos nos tienen adictos a un modelo fallido que poco y nada tiene que ver con nuestra realidad.

Saif al-Adel, que también es conocido como Muhamad Ibrahim Makkawi, fue escogido temporalmente ante el nerviosismo de la comunidad “yihadista” por la falta de anuncio formal de un nuevo jefe, de acuerdo con el canal de noticias.

CNN cita como fuente a Noman Benotman, miembro de Al Qaeda durante más de dos décadas y que recientemente renunció a la ideología de la red fundada por Bin Laden.

Según esta misma fuente, la decisión fue tomada recientemente entre seis y ocho líderes de Al Qaeda en la región fronteriza entre Afganistán y Pakistán, ante la imposibilidad de una reunión formal del consejo de jefes de la banda terrorista.

Benotman indicó al canal de noticias que este nombramiento puede generar tensiones en el seno de Al Qaeda, especialmente entre los miembros saudíes y yemeníes de la red, ya que consideran que el sucesor de Bin Laden debe proceder de la península arábiga.

Saif al-Adel, que ya era uno de los líderes de la red terrorista, luchó contra el ejército soviético en Afganistán durante la década de 1980.

Se mantuvo en el país hasta la caída de los talibanes en 2001, y desde allí huyó a Irán.

Desde Irán, Saif al-Adel organizó la rama de Al Qaeda en Arabia Saudí que ha perpetrado varios ataques terroristas en el país desde 2003.

Tras la muerte de Osama bin Laden a mano de un comando del Ejército de EE.UU. el pasado 1 de mayo, los expertos habían indicado que el sucesor más probable del líder de Al Qaeda era Ayman al-Zawahiri, también egipcio y número dos de la red terrorista.

Pero se equivocan. Antes de seguir soñando tenemos que superar grandes obstáculos como son la escandalosa desigualdad que hoy tiene a más de un tercio de nuestra población en la pobreza; los caudillos y líderes que se perpetúan en el poder y subestiman la participación de los ciudadanos; el crimen organizado y el narcotráfico. Urge que nos enfoquemos en este último.

El reciente asesinato de 52 personas en menos de 72 horas en Ciudad Juárez, encarna uno de los tantos gritos desesperados con los que Latinoamérica pide el fin de esta incoherente guerra contra las drogas. Solo en México más de 12 mil personas murieron a raíz de los conflictos asociados con la droga durante el 2010. Pero este es solo un caso en una región que se asemeja cada día más al juego de la silla musical. Donde carteles mexicanos, células de güerillas colombianas, mafias centroamericanas y redes de producción y venta se mueven casi libremente de un país a otro arrancando de la represión en busca de nuevos paraísos para operar y extender sus tentáculos.

Lo mismo ocurre con las cambiantes rutas de tráfico, que mutan entre silenciosos movimientos para sacar toneladas de droga desde los puertos chilenos hasta el uso de cientos de canales fluviales que distribuyen materias primas y drogas por el amazonas antes de salir rumbo al norte. Dejando a su pasar cientos de muertes y violencia producto de un negocio que genera billones de dólares anualmente y que ha logrado penetrar los más importantes círculos de poder político y económico. Esta es una eficiente empresa casi imposible de destruir y un cáncer que nadie quiere diagnosticar.

Para erradicar este mal no hay una sola receta. Pero es necesario partir por reconocer que las estrategias implementadas hasta ahora, basadas en la represión y el prohibicionismo, sólo han logrado aumentar el poder de los narcos, la violencia, cobrado miles de vida y encarcelado a millones injustamente. Todo con un costo que se dispara sobre trillones de dólares.

Por esto es momento de iniciar un debate serio hacia la legalización de ciertas drogas. La ilegalidad es la responsable de que los carteles se hayan empoderado y que la violencia se transformara en un mecanismo para competir. Debemos partir por legalizar el consumo de marihuana para luego avanzar en conversaciones sobre la cocaína y otras drogas. Cada una de estas y otras drogas se merece un debate independiente, pero siempre teniendo en cuenta la realidad de nuestras sociedades y no las utopías  y tabúes sobre los que se construyen. Un ciudadano educado puede y debe tener el derecho de consumir con libertad, sin ser oprimido ni temer por su seguridad.

Portugal ha dado el ejemplo. Por medio de políticas pragmáticas descriminalizaron las drogas ilícitas imponiendo fuertes sanciones sobre la distribución y el tráfico. El resultado: el uso de drogas entre estudiantes, las muertes relacionadas y el número de presos por ofensas relacionadas con drogas han disminuido, mientras la cantidad de drogas incautadas por las autoridades han aumentado. Mientras en Portugal el tema se discute y la ciudadanía se educa, en Latinoamérica lo tratamos de erradicar a balazos y cubrir con silencios. Afortunadamente países como Argentina y Uruguay nos han demostrado que articular un debate a la vanguardia y mucho más avanzado es posible.

Al mismo tiempo es necesario reducir drásticamente los niveles de encarcelamiento y suavizar las penas. La cárcel es para los delincuentes, no los ciudadanos que consumen y portan. En ciudades como México DF el 75% de quienes van tras las rejas con cargos relacionados a drogas son detenidos por posesión de pequeñas cantidades. En Argentina, Brasil y Ecuador políticas similares tienen las cárceles hacinadas.

Sin ir más lejos, en Chile casi cualquiera puede ser acusado de ser un microtraficante, detenido y procesado. Esto dado que la figura de microtráfico es una mera interpretación que queda en manos de un agente policial o un juez. Los arrestos por porte y consumo, disfrazados bajo esta figura, son un mecanismo opresivo que vulnera diariamente los derechos civiles de miles de personas y arresta a millares de chilenos al año. Muchos de ellos sólo porque se quieren fumar un pito. Chile requiere urgente una nueva política de drogas basada en la ciencia, la salud y los derechos humanos y no basada en la represión y el cinismo.

No podemos dejar que el errado enfoque que le hemos dado a las drogas prive a Latinoamérica de la prosperidad. Este no es sólo un debate que debe ser ciudadano, sino que también encabezado por los líderes del futuro. Pretender que el problema no existe y cobijarse tras las armas y la mano dura, es sin duda el error más grande que cometemos. El momento de cambiar el rumbo es ahora, antes que muchas de nuestras ciudades se empiecen a parecer a Ciudad Juárez.

Por sobre todo falta pragmatismo. Los tabúes relacionados a las drogas nos han privado de tener un debate honesto y coherente. Aún más, en sociedades donde las elites son altamente conservadoras y cínicas, como la chilena, la discusión no es solo precaria, sino que el uso de drogas está circunscrito a evaluación basada en dogmas similares a los que usa la iglesia para prohibir ciertos alimentos o prácticas.

Al comparar el año 2002 con el 2009, el número de detenidos por consumo en Chile se ha multiplicado por nueve, ocho veces por porte y los detenidos por cultivo, entre el 2006 y 2009, han aumentado en un 250%. De acuerdo al Ministerio del Interior, más del 95% de todos lo procedimiento policiales en materia de drogas corresponden a la figura de delito flagrante (sorprendido consumiendo) y apenas el 5% corresponde a operaciones orientadas al crimen organizado. Lo que llama aún más la atención, es que en estos arrestos se usa el microtráfico como objeto de persecución penal, violando garantías constitucionales básicas al presumir que consumidores son traficantes. 8 mil chilenos fueron detenidos por porte entre el 2002-2008: el estado gasta valiosos recursos en perseguir y reprimir a quienes simplemente se están fumando un pito.

Independientemente de los esfuerzos represivos, desde 1994 los chilenos consumen considerablemente una mayor cantidad de sustancias. El aumento más grande se encuentra en el consumo de marihuana con un 32.8% seguido por el de cocaína y pasta base con un 8.6% (lo sigue el alcohol con un 17.3%, Tabaco 4.6%).

Una mayor represión no ha sido causal de reducción. Evidencia empírica de diversos estudios (ver Cohen y Hendrien, 2001) muestran que las políticas antidrogas no han producido efectos reductivos en los patrones de consumo de diversos países estudiados.

Primero que todo debemos terminar con las generalizaciones. No es lo mismo consumir marihuana, cocaína, heroína u otras drogas; cada una requiere estándares especiales. El consumo de marihuana debe ser regulado. Lo que implica el desarrollo de los espacios básicos para que los ciudadanos puedan elegir actuar con responsabilidad y sin miedo a ser perseguidos y estigmatizados. En segundo lugar, debemos abordar el tema como un problema de salud pública y no delictual. Urge formular un nuevo plan de drogas que dependa del Ministerio de Salud, y no del Ministerio de Interior. Con esto podremos disminuir el mercado negro, aumentar la calidad del producto y fomentar que sin temor quienes presenten problemas, se acerquen a buscar ayuda. Tercero, debemos quitar el foco sobre el consumidor y enfocar los esfuerzos y represión sobre el crimen organizado y las pandillas que se siguen robusteciendo en las poblaciones y muchas veces reemplazando el rol que debiera cumplir el Estado.

Mientras la problemática en torno a las drogas ha sido exiliada al segundo plano, quienes pensamos de manera progresista vemos con preocupación y gran sentido de urgencia la necesidad de articular un debate serio y pragmático que derive en la elaboración de nuevas políticas acordes a nuestra sociedad. Uno de los tantos puntos vagamente mencionados por el Presidente Piñera el pasado 21 de Mayo se refería a este tema. Lamentablemente para él, consumidores y criminales van en el mismo saco, para así generar cifras alarmantes. Una visión miope y conservadora, sobre un tema que requiere mayor atención, pragmatismo y debate.