La Casa Blanca informó en un comunicado que Biden y otros altos funcionarios de la Administración Obama se reunieron el miércoles con cuatro expertos y defensores de los derechos humanos para tratar “el deterioro de la situación de los derechos humanos en China y las perspectivas de reforma”.

En la conversación participaron los expertos y activistas sobre derechos humanos y reforma legal en China Benjamin Liebman, Kenneth Roth, Jianying Zha y Xiaorong Li.

Biden reiteró que “una mayor apertura y protección de los derechos universales es la mejor manera de promover la innovación, la prosperidad y la estabilidad en todos los países, incluida China”, según recogió hoy la Casa Blanca.

También subrayó “la creencia de la Administración en la universalidad de los derechos humanos y su compromiso con los derechos humanos como parte fundamental” de la política exterior de Estados Unidos.

Horas antes, el vicepresidente Biden también mantuvo una conversación telefónica con Xi sobre asuntos económicos, comerciales, regionales y globales.

La Casa Blanca aseguró que Biden “enfatizó la importancia de construir una relación china-estadounidense que responda a los asuntos prácticos que son de importancia para ambos países”.

Xi, considerado el heredero de Hu Jintao al frente de China y el Partido Comunista de este país, tiene previsto acudir a EE.UU. la semana próxima para una visita que le llevará a Washington y los estados de Iowa y California y durante la cual se reunirá con Biden y con Obama el próximo martes.

Dos semanas atrás, EE.UU. expresó su “grave preocupación” por los informes de violencia, inmolaciones y manifestantes muertos en el Tíbet, por lo que instó a China a afrontar las “políticas contraproducentes” que han causado continuas tensiones en la región.

Timerman, según un comunicado de la Cancillería difundido este jueves, también se dirigirá al presidente de la Asamblea General de la ONU, Nassir Abdulaziz Al-Nasser, y al secretario general, Ban Ki-moon.

De acuerdo con el comunicado, les informará “sobre la violación del Reino Unido de las cerca de 40 resoluciones de las Naciones Unidas, que convocan al diálogo entre dicho país y la Argentina para resolver pacíficamente el conflicto iniciado en 1833 con la invasión militar de las islas Malvinas”.

También se reunirá con el presidente del Comité de Descolonización, Pedro Núñez Mosquera, y los representantes de Colombia y Guatemala, los países latinoamericanos miembros del Consejo de Seguridad.

Durante un acto en la sede del Gobierno, la presidenta argentina, Cristina Fernández, ratificó que Timerman realizará este viernes “la presentación en Naciones Unidas por la militarización” y llegada de “armamento nuclear” a las islas.

Las gestiones del canciller responden al anuncio lanzado el martes por Fernández para denunciar la “militarización” de las Malvinas ante la inminente llegada a la zona del MS Dauntless, el destructor más moderno de la Marina Real inglesa.

Gerardo, ingeniero de telecomunicaciones de 31 años, Marga, arquitecta de 28 años, y María Ángeles, de 27 años y licenciada en periodismo y derecho, decidieron un día hacer las maletas y embarcarse rumbo a Santiago en busca de un mejor futuro.

Las penurias económicas que ahogan a España, con 5,27 millones de desocupados y casi la mitad de los menores de 25 años (48,7 %) sin empleo, generaron un vuelco en los flujos demográficos, convirtiendo a estos jóvenes en los nuevos emigrantes del siglo XXI.

Huyen de la crisis que castiga a su país, pero también al resto de Europa. Dirigen su mirada hacia Sudamérica y ven en Chile una garantía de estabilidad política y económica, con una envidiable tasa de desempleo, situada en el 6,6 %, y un crecimiento superior al 6 % en 2011.

“Descarté Europa por la crisis. Estados Unidos me apetecía, pero tiene el problema de la visa. Entonces ya pensé en Latinoamérica. Busqué países que estuvieran creciendo, que fueran seguros”, explica a Efe Gerardo Cornejo, un malagueño que aterrizó en Santiago hace seis meses.

Aunque resulta difícil cuantificar su número, porque la inscripción en el registro del Consulado es voluntaria, son muchos los jóvenes españoles que como él se han instalado en Chile en los últimos dos años.

En total, en estos momentos hay 48.031 españoles inscritos en el Consulado, según fuentes oficiales consultadas por Efe.

Hace un año, eran 44.109, aunque las mismas fuentes, el aumento ha podido deberse al efecto de la Ley de Memoria Histórica, que amplió la nacionalidad española a los descendientes directos de los antiguos emigrantes españoles.

Según datos del Ministerio del Interior, si en 2010 se otorgaron 388 visas de residencia sujetas a contrato a ciudadanos españoles, entre enero y octubre de 2011 esa cifra ascendía ya a 464.

Pero entre la comunidad española residente en Chile, es habitual ver cada vez más caras nuevas y recibir correos o llamadas de amigos y conocidos que preguntan sobre la situación en el país más próspero de Sudamérica.

Así lo cuenta Marga González-Calvo, quien logró un contrato con un estudio de arquitectura y, una vez en Chile, animó a su hermano, de 30 años, para que se instalara a trabajar como enólogo.

“Para nosotros ahora mismo Chile es un sitio muy bueno, porque tiene estabilidad económica y hay mucho trabajo. Cualquier español que quiera trabajar puede hacerlo”, asegura esta joven de Valladolid, que lleva quince meses en el país andino.

Las autoridades chilenas corroboran esa impresión. Según explicó a Efe el subsecretario del Trabajo, Bruno Baranda, falta mano de obra en la minería, la construcción y agricultura, y en los dos primeros sectores no solo se necesitan obreros, sino también profesionales cualificados.

En otros ámbitos, en cambio, es más difícil abrirse camino. “En Chile pasa igual que en España. El sector financiero es muy hermético”, sostiene Gerardo Cornejo, quien a pesar de exhibir un prolijo currículum, sigue buscando trabajo.

Estar lejos del hogar, además, no es tarea fácil. “Requiere mucho esfuerzo personal, porque estamos a más de 13.000 kilómetros de casa, hay quince días (hábiles) de vacaciones al año y además los sueldos no son excesivamente altos”, explica Marga.

Aun así, las buenas perspectivas laborales compensan en parte el desarraigo familiar.

“Sin duda, lo peor es vivir lejos de la familia, siempre la echas de menos siempre. Pero te lo tomas como algo práctico, y ella le ayuda a entenderlo el hecho de que tengas trabajo y estés aprendiendo”, cuenta María Ángeles Pinilla (en la foto).

Esta joven madrileña llegó a Chile en 2010 para hacer las prácticas de un máster y al terminarlas regresó a Madrid pero, ante el sombrío panorama económico, decidió volver a Santiago, donde encontró un puesto en una agencia de información económica.

“Yo vi que aquí había posibilidades y que mis compañeros del colegio, de la universidad, del máster, se estaban marchando de España o seguían buscando trabajo durante meses”, explica.

Aunque en su currículum figuran además dos licenciaturas, María Ángeles lamenta que contar con una extensa cualificación no sea ahora “garantía de nada”.

En un goteo silencioso, pero continuo, otros muchos ya han dado ese paso a medio plazo, a falta de ver si su nueva vida, y el trabajo y la familia que vendrán con ella, hacen de esta aventura un viaje de ida y vuelta o la convierten en una partida sin retorno. EFE

Convocado por la organización no gubernamental (ONG) AnimaNaturalis y bajo el lema “Ponte en la piel del toro”, los activistas acudieron a la plaza de Bolívar de la capital colombiana para formar la figura de un toro en una acción que el colectivo ya realizó en Medellín y en Cali en días anteriores.

A ritmo de pasodoble, los activistas pintados de rojo y negro accedieron a la plaza al tiempo que uno de ellos relataba la experiencia de un toro en la plaza, ante unas doscientas personas que admiraban el espectáculo.

“Se escucha la música anunciando el inicio de la fiesta brava, se abren las puertas y ahí estoy yo, con el corazón agitado, con la piel sudando, con los ojos heridos por el sol. La muerte se esconde detrás de un capote, la muerte se clava en mi cuerpo, y lloro lágrimas rojas por mi lomo, la muerte está de pie frente a mí”, exclamó un activista.

La directora nacional de AnimaNaturalis en Colombia, María Paula Silva, afirmó en una entrevista con Efe que el objetivo de la acción, aparte de hacer visible el rechazo de los activistas a las corridas de toros, era “pedir al alcalde de Bogotá, el doctor Gustavo Petro, que llame a una consulta popular para que seamos los ciudadanos los que decidamos la suerte de las corridas de toros”.

Silva explicó que actualmente “existe voluntad política” por parte de Petro, pero que con la acción pretendían “presionarlo” para que el alcalde convoque esta consulta cuanto antes.

“Estamos convencidos de que en este momento contamos con la madurez ciudadana para asumir una consulta popular de este tipo, ya que cada día es mayor el rechazo a este tipo de espectáculos que torturan o matan animales”, afirmó la portavoz.

La joven, Naima Darwish, acompañada de la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Chile, Ana Piquer, presentó en la Fiscalía Oriente de Santiago esta denuncia por un delito de amenazas, que cuenta con el apoyo del estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos.

“Yo hice el 25 de marzo (de 2011) un evento en Facebook para salir a manifestarse frente a la Embajada para pedir cambios. Dos horas después me llamaron unos amigos y me contaron que la Embajada Siria me estaba buscando. Yo me asusté mucho”, contó Darwish a Efe.

Según su relato, dos días después, el encargado de Negocios de la Embajada, Sami Salamih, la invitó a ir a esa sede diplomática.

“Yo no acepté, tenía mucho miedo”, dice Darwish, que finalmente accedió a reunirse con él en un restaurante, y allí él le dijo que “si seguía con estas cosas iba a perder el derecho de volver”, afirmó la joven.

“Me dijo que por qué estoy haciendo esto por una gente que es pobre, ignorante, que tengo que cuidar mi futuro. Que no tengo que hacer esas cosas porque aquí los árabes son muy sucios y pueden hacer mucho daño”, relató.

Darwish aseguró que tras la cita recibió amenazas de muerte en su teléfono celular, hechas a través de un número oculto, y que en una ocasión incluso le advirtieron en árabe de que le iban a lanzar ácido para desfigurarle el rostro.

La denuncia presentada este jueves busca que se investiguen todas estas amenazas, aunque por el momento no se ha solicitado medida de protección alguna.

“Yo sé que este Gobierno puede hacer mucho daño”, comentó Darwish, que lleva cuatro años en Chile y tiene a un hermano y a una hermana que viven en Siria “muertos de miedo”. Su madre, en cambio, logró huir a Arabia Saudí.

Por su parte, la responsable de Amnistía Internacional en el país, Ana Piquer, explicó a Efe que esta organización ha mantenido dos reuniones con miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile para pedir que intercedan ante la Embajada.

“Nos dijeron inicialmente que estarían dispuestos a apoyar el caso y que lo iban a revisar internamente. Hasta ahora, no hemos recibido ninguna respuesta oficial”, explicó Piquer.

Efe consultó a ese departamento por este caso, sin haber recibido por el momento una respuesta.

Tampoco la Embajada de Siria pudo responder este jueves las consultas de Efe.

Por otra parte, el director general consular, Patricio Pérez Walker, informó que el Gobierno trabaja en un plan para poder evacuar, en caso de que sea necesario, a los cerca de doscientos chilenos que residen en ese país de Oriente Medio.

Por su parte, el índice general de la bolsa chilena (IGPA) registró un incremento de un 0,86 % y quedó en 21.015,71 puntos.

El monto de las acciones negociadas llegó a 78.226.823.879 pesos (unos 164,68 millones de dólares) en 7.674 negocios.

Las mayores alzas de la jornada correspondieron a las acciones de Paz (4,94 %), IWR (3,77 %) y Cencosud (3,70 %), mientras las principales bajas afectaron los papeles de Campos (5,01 %), La Polar (2,75 %) y Multifoods (2,35 %).

El Inter 10, que mide el rendimiento local de los títulos que se cotizan en ADR (American Depositary Receipts) en Nueva York y que son un importante componente del IPSA, cerró con una subida del 0,39 por ciento y quedó en 5.506,86 puntos.

El Tribunal Supremo español encontró a Garzón culpable de prevaricación y le condenó este jueves a 11 años de inhabilitación por haber autorizado a interceptar las conversaciones que mantuvieron en prisión los acusados de una trama de corrupción, que involucra a antiguos cargos del Partido Popular, y sus abogados.

García dijo a Efe que, aunque la sentencia de inhabilitación fue por esas escuchas, “esa fue precisamente la vía que encontraron para sacar al juez Garzón de sus investigaciones de los crímenes de lesa humanidad, incluido los crímenes del franquismo en España”,

Garzón “ha sido una pieza fundamental para indagar las violaciones a los derechos humanos cometidas fuera de España, como lo fue con el dictador Augusto Pinochet, cuando los Estados no han querido abrir juicios en sus propios países”, recordó García.

Para el abogado de derechos humanos Nelson Caucoto “está muy claro que el juez Baltazar Garzón está siendo víctima de una brutal persecución por la derecha política española, que no le perdona haber sido el primero en atreverse a abrir una indagatoria por los crímenes cometidos bajo la dictadura de Franco”.

A juicio de Caucoto, la comunidad internacional “debe estar inmensamente agradecida de este juez que, rompiendo las fronteras, instauró el concepto de una justicia penal universal para investigar los delitos de lesa humanidad” donde ocurrieran, cuando los países de origen se negaron a hacer justicia.

Garzón, quien cobró celebridad en 1998 por emitir una orden de extradición contra Augusto Pinochet que mantuvo al ex dictador más de un año bajo arresto domiciliario en Londres, fue juzgado por los delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales por haber ordenado dichas escuchas, en un proceso en el que la acusación la ejercieron los abogados de los cabecillas de la presunta red corrupta.

La sentencia del alto tribunal, que se aprobó por unanimidad de los siete magistrados que juzgaron a Garzón, supone la “perdida definitiva” de la condición de juez del hasta ahora titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, aunque estaba suspendido de sus funciones desde 2010.

El Tribunal Supremo sostiene que Garzón, al ordenar las grabaciones, adoptó una resolución injusta y restringió el derecho de defensa de los imputados en prisión “sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable”.

Durante el juicio de este caso, que concluyó el pasado 19 de enero, Garzón defendió su decisión de ordenar las escuchas señalando que se hicieron para evitar que los acusados siguieran delinquiendo y blanqueando dinero desde prisión.

Crímenes del franquismo

El magistrado está imputado en otras dos causas en España, una por tratar de investigar los crímenes del franquismo -que ya está vista para sentencia- y otra por unos cobros que supuestamente recibió por unas conferencias en Nueva York.

Sobre este último caso, en el que arriesga otra condena de 20 años de inhabilitación,  el juez recibió el domingo último el respaldo de un editorial del diario The New York Times, que consideró que estaba siendo perseguido por “desafiar la ley de Amnistía promulgada en 1977 para facilitar la transición a la democracia”.

Asimismo, sostuvo que la  acusación no se sustenta porque “en virtud del derecho internacional, no puede haber amnistía para los crímenes de lesa humanidad y desapariciones no resueltas que constituyen un delito continuado”.

El X Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual en Chile, elaborado por el Movilh, reveló que la discriminación contra las minorías sexuales alcanzó los 186 casos, 48 más que en 2010.

Según el Movilh, estos hechos son cada vez “más violentos” debido a la cada vez “mayor valentía” de las víctimas para denunciar los abusos.

Los 186 casos y denuncias incluyen el asesinato de tres personas por razones de su orientación sexual, 13 agresiones físicas o verbales perpetradas por civiles y cinco casos de abusos policiales.

El Movilh contabilizó además 46 movilizaciones y campañas contra la igualdad de derechos de las minorías sexuales y 57 declaraciones homofóbicas y “transfóbicas” (de odio a los transexuales).

El informe revela que ocho de las once formas de discriminación que contempla el estudio aumentaron en 2011 con respecto al año anterior.

El Movilh destacó el alza de las movilizaciones y declaraciones contra LGBT y la exclusión institucional, de las cuales fueron “principalmente responsables” autoridades de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN), los partidos políticos conservadores que forman la coalición de Gobierno en Chile.

También responsabilizó a “sectores duros” del Tribunal Constitucional, Carabineros, y de la iglesia católica y evangélica, así como a grupos extremistas religiosos y neonazis.

De los 186 atropellos contabilizados en 2011, el 19 % afectó a gays, el 9 % a transexuales, el 7 % a lesbianas y el 65 % a la población LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgénero, como conjunto).

“Los responsables de la mayoría de los casos de discriminación son los mismos de siempre, solo que lamentablemente multiplicaron su odiosidad y violencia en el transcurso del año”, precisó Jaime Parada, portavoz del Movilh.

El aumento de los casos y denuncias contrasta con los “avances históricos y las señales inéditas” favorables a los derechos de las minorías sexuales que se registraron en 2011 en el ámbito de las políticas públicas y privadas.

El Movilh destacó que el Gobierno de Sebastián Piñera creó una inédita mesa de diálogo sobre diversidad sexual y organizó el primer seminario sobre los derechos de las minorías sexuales.

Además, Piñera “hizo historia” al enviar al Congreso un proyecto de ley que regula las uniones de hecho homosexuales y heterosexuales y al reunirse oficialmente con organizaciones de diversidad sexual, añadió el Movilh.

Entre los logros de 2011, el Movilh señaló que el Tribunal Constitucional celebró la primera audiencia pública de su historia sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Si bien ese tribunal rechazó un requerimiento para no aplicar la prohibición del matrimonio homosexual, sentenció que le corresponde al Congreso aprobar o rechazar ese tipo de uniones, algo que, según el Movilh, cierra la puerta futuras intromisiones de carácter homofóbico en ese tema.

En cuanto a los hitos negativos del año, el Movilh recordó que el Tribunal Constitucional descartó que el artículo 365 del Código Penal atente contra el principio de igualdad que recoge la Constitución.

Ese artículo fija en 14 años la edad de consentimiento para mantener relaciones sexuales para personas heterosexuales y lesbianas, mientras que para los gais es de 18.

Además criticó que la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados no sancionara al diputado de la UDI Enrique Estay por calificar a los homosexuales como “maricones”.

Pillay incidió en la “extrema urgencia” de que los países rompan sus lazos políticos con el régimen de Bachar Al Asad, como lo han hecho últimamente los de la Unión Europea, del Golfo Pérsico y Estados Unidos.

Igualmente, les instó a que tomen acciones “efectivas” para proteger al pueblo sirio.

Consideró que el último fracaso del Consejo de Seguridad de la ONU en condenar y acordar sanciones contra el régimen sirio “parece haber avivado la disposición del Gobierno de masacrar a su propio pueblo en su objetivo de aplastar la disidencia”.

El Consejo de Seguridad ha abordado en tres oportunidades la situación en Siria, pero ha sido incapaz de adoptar medidas concretas por la oposición de Rusia y China que afirman que ello sería una injerencia en los asuntos internos del país árabe.

Pillay reiteró a través de un comunicado que existen los elementos para afirmar que en Siria se están cometiendo crímenes contra la humanidad.

La ONU cuenta con información que indica que los hospitales, que ya hacían esfuerzos por atender a la gran cantidad de heridos en las últimas semanas, ahora están simplemente saturados o son inaccesibles, por lo que la gente ha levantado clínicas de campaña en Homs.

Por esta razón, Pillay dijo que además de las violaciones a los derechos humanos le preocupa el fuerte deterioro de la situación humanitaria en Siria, sobre todo en la castigada Homs, cuna de la rebelión y donde importantes zonas han sido aisladas por las fuerzas de seguridad por largos periodos.

Sin atreverse a avanzar una cifra de muertos -la última ofrecida por la ONU hace un mes indicaba más de 5.400 muertos-, Pilay dijo que la naturaleza y el alcance de las violaciones es tal que pueden equivaler a crímenes contra la humanidad.

Para estos últimos, recordó, no existe prescripción del delito, por lo que “habrá esfuerzos sostenidos durante el tiempo que sea necesario para hacer justicia a las víctimas”.

En agosto y diciembre pasados, la alta comisionada pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que remita el caso de Siria a la Corte Penal Internacional.

Lo que hace once meses empezó con protestas pacíficas que pedían apertura democrática y mayores libertades en Siria se ha transformado en un baño de sangre que la comunidad internacional no ha sido capaz de detener ni evaluar en su exacta dimensión por la imposibilidad de entrar en el país que tienen la prensa y las organizaciones internacionales o civiles.