Hacer ciudad sin planificación, sin instituciones y sin herramientas suficientes, parece ser la única explicación para un proyecto de inversión que ha chantajeado permanentemente a presidentes, ministros y alcaldes, incapaces de resistirse a sus promesas de modernidad y futuro. Siempre han terminado por ceder de forma explícita o implícita; amparándose en mecanismos burocráticos algunos, en interpretaciones de débiles normas, otros.

Las ciudades se encuentran siempre en un equilibrio precario entre crecer y gobernar su desarrollo. Su dinamismo o fragilidad dependerá siempre del adecuado arbitraje y equilibrio de las instituciones existentes, tanto para expandirse y ocupar los territorios donde se proyecta, como para resolver los naturales conflictos internos de convivencia. Sostener su dinamismo y al mismo tiempo no extender mas allá de sus reales capacidades su tamaño y complejidad, son las condiciones básicas para el balance de su metabolismo.

El ejercicio permanente de todo organismo vivo —la ciudad— que va desarrollándose en relación con otros sistemas —el territorio—, es de acoplamiento estructural como diría Maturana y Varela, acoplamiento que no es otra cosa, en el caso de la ciudad, que un proceso de aprendizaje institucional que le permite gobernar estas relaciones complejas y dinámicas de forma permanente y recursiva, siempre y cuando integre sus experiencias en forma de conocimiento y reorganización.

Tal rol juega la clase política cuando es de calidad, y el gobierno de la ciudad cuando existe y cumple su rol de árbitro y regulador de actividades de difícil convivencia. Es por eso que gobernar este chantaje permanente entre inversiones y empleos versus cumplir con las normas básicas de convivencia, es donde debieran estar puestos los esfuerzos futuros de toda autoridad política y técnica de nuestra ciudad. Festinar un proyecto que refleja la nula capacidad de aprendizaje de alcaldes, ministros y presidentes, sería seguir aumentando las externalidades negativas del mismo.

Mientras tanto, a los demás sólo nos está reservado lo mismo que al crítico de la Torre Eiffel, Guy de Maupassant, al que aludió Paulmann: ir a tomarnos un café todos los días en el Costanera Center para no tener que verlo.

No faltan quienes rasgan vestiduras sobre el desarrollo futuro de nuestra capital y región vaticinando el agotamiento del suelo para viviendas sociales o aéreas verdes como si ese fuera el objetivo central de este Plan Regulador. Otros se felicitan del rechazo, porque finalmente obstaculiza la tendencia de crecimiento extendido como si ello por si solo fuera garantía de sustentabilidad ambiental. Pareciera que el dilema está centrado en escoger entre una ciudad compacta o una extendida.

Sin embargo, al igual que como señalaron Fernando Montes o Ricardo Abuauad en artículos recientes, el problema parece estar mal planteado. No se trata de escoger entre un tipo u otro de crecimiento y desarrollo urbano, sino en poder realizar un debate transparente y oportuno sobre nuestro desarrollo territorial para la cuenca, primero; y en segundo término, pasa por diseñar un plan con instrumentos adecuados que lo hagan viable, creíble y operacionalmente factible. Estos son requisitos mínimos de cualquier plan de desarrollo territorial, lo cual presupone disponer previamente de una visión sobre el tipo de ciudad que queremos y el tipo de calidad de vida al que aspiramos gozar.

Antes de realizar un debate sobre qué estrategia es la más adecuada para resolver los dilemas del crecimiento urbano del Gran Santiago, que justificará inversiones públicas y privadas  conducentes a potenciar nuestro desarrollo económico,  es fundamental disponer de una visión consensuada sobre la ciudad que queremos, y sobre la convivencia que aspiramos con las instituciones que disponemos. Lo que ha sido rechazado -y en buena hora-, es un intento  de imponer una estrategia y una visión sobre el Gran Santiago, sin dialogar con todos los actores de la región en forma oportuna y a través de instrumentos adecuados.

Enfrentados a un nuevo ciclo político, ser capaces de traducir la creciente demanda por calidad de vida y la natural necesidad de deliberación pública sobre ella en el debate sobre las decisiones de gobernanza urbana, aparecen como determinantes. La ciudad del futuro será fruto de la deliberación y la negociación de visiones, intereses y proyectos sobre ella, o simplemente será un territorio en permanente conflicto. No es cierto que sea solo un problema técnico.

La participación de la ciudadanía en el sistema de gobernanza urbana -entendida como un espacio sistemático, institucionalizado y democrático de deliberación-, constituye el más urgente de los desafíos territoriales del corto plazo. Lo recomiendan incluso, las visiones más conservadoras como la OCDE en su último informe sobre Chile y el Banco Mundial en su último informe sobre desarrollo del 2009. Esto implica, revisar los espacios de toma de decisiones como los Concejos Regionales; revisar el rol de los Gobiernos Regionales y sus Intendentes -que en este caso prefirió estar en Sudáfrica que conducir el debate. Implica contar con los instrumentos adecuados para la planificación, ya que el plan intercomunal como único instrumento de planificación territorial de macro escala, es insuficiente para integrar variables más complejas como las ambientales y productivas, propias de un plan de ordenamiento territorial.

Visto de esta forma, nos queda mucho por avanzar para disponer de una visión sustentable y apropiada sobre nuestro crecimiento urbano, y otro tanto para disponer de una institucionalidad y regulación adecuada. Así, más pertinente que llorar por el mal resultado de una propuesta forzada o celebrar un triunfo pírrico, parece conveniente iniciar el camino para encontrar un procedimiento adecuado que garantice un proyecto de ciudad compartida.

Cuáles serán las medidas y los perfiles de quienes asumirán la conducción del diseño y ejecución de las políticas públicas sobre la ciudad empieza a aclararse. Lo natural es la tentación de actuar desde el prejuicio. Pero por otro lado hay expectativas altas sobre lo que pueda ser “una forma de gobierno diferente”.

Existen genuinas dudas de la capacidad de comprender en profundidad y sin ideologismos simplificadores la real naturaleza de los problemas que en los distintos ámbitos del desarrollo del país enfrentamos.

Una manera de hacer este análisis, más que especular sobre el perfil adecuado o no del ministro que asume el liderazgo de los equipos, lo más saludable es revisar el programa de gobierno del presidente electo con sus medidas. Y contrastarlo también con los desafíos que hereda de la actual gestión, queha sido elogiada por los mismos que hoy quieren asumir el liderazgo desde el Estado para producir un cambio.

Se plantean como gran desafío algunos problemas emblemáticos, como terminar con los campamentos existentes, resolver los problemas ambientales de las poblaciones de Arica, enfrentar el problema de los deudores habitacionales, abordar el problema de calidad y deterioro de los condominios construidos durante los últimos años, entre otros temas relevados durante la campaña, para lo cual muchas de las medidas ya han sido tomadas y sus primeros efectos empezaran a evidenciarse.

Las grandes propuestas consisten en un “nuevo sistema simplificado de subsidio habitacional” con una serie de modificaciones dentro de un viejo esquema. Aquí es cuando, cualquiera que haya seguido el desarrollo del debate técnico de las políticas públicas en materias habitacionales y urbanas  estos últimos 10 años, no le queda otra que sorprenderse o espantarse.

Resulta a lo menos desesperanzador, que luego de 20 años de preparación y crítica desde la oposición, la gran propuesta se reduzca a mejorar el subsidio único a la vivienda. Una formula diseñada hace más de 30 años y que ha terminado por perder toda eficacia independientemente de quien la gestione, porque Chile simplemente cambio.

También es inquietante que una de las propuestas presentadas sea la creación de “un subsidio, endosable más de una vez, para que las inmobiliarias puedan vender su cartera de subsidios al sistema financiero y otros inversionistas, dado que se trata de instrumentos financieros estatales”. Y, perdón, ¿no fue por esto que el mundo enfrenta hoy una crisis financiera sin precedentes, debido a la irresponsabilidad de los agentes financieros e inmobiliarios que endosaron una y otra vez papeles tóxicos que terminaron no siendo solventes ni bancables? Ojo con este tipo de creatividad e innovación, podría costarnos caro.

Por último, se propone un “proyecto de ley sobre donaciones para proyectos sociales urbanos” tipo Ley Valdés pero de la ciudad, que permita enfrentar alguno de los déficits urbanos de equipamientos, áreas verdes y espacios públicos. Esta es una buena iniciativa, pero claramente no es una política pública de impacto territorial y social suficiente para enfrentar los profundos problemas de deterioro y vulnerabilidad territorial que padecen amplias zonas de nuestro territorio urbano.

Es por esto que emerge en la comunidad una sensación de incertidumbre respecto de cómo el próximo gobierno va a integrar lo aprendido durante estos últimos 20 años. Hay que saber recibir la herencia de los desafíos país que a cada gobierno corresponde. Hacer tabla rasa de los avances es no sólo un retroceso, es también un derroche de recursos y una estrategia ineficiente.

Los gobiernos de la Concertación estrujaron al máximo los instrumentos heredados de las gestiones anteriores. El gran consenso de los últimos años en todos los sectores políticos y técnicos es que la desigualdad territorial y la falta de oportunidades constituyen la principal causa de la vulnerabilidad y ausencia de cohesión social que corroe nuestras poblaciones y sus comunidades generando inseguridad y desconfianza en un proyecto de convivencia común en nuestros barrios.

Una parte de estos fenómenos tienen su explicación desde una dimensión espacial de la segregación y la geografía de oportunidades que ofrecen nuestras ciudades. Otra dimensión está en el rol que las ciudades cumplen en el territorio, como plataformas de un proceso productivo más innovador y competitivo, cuestión que nuestras políticas públicas en los últimos 30 años han intentado resolver, pero aún no han sabido abordar con los instrumentos disponibles.

Por eso es que una política habitacional disociada de lo urbano, con la consiguiente aproximación al déficit y los subsidios habitacionales; el retraso en el diseño e implementación de una política nacional de regeneración urbana como lo hiciera Chirac y continuara Sarkozy en Francia; un mejoramiento e institucionalización de líneas de acción como el Programa Quiero Mi Barrio; y el aumento en la participación de las decisiones en materias urbanas; entre otros desafíos, constituyen lo propio de una gestión de gobierno para el bicentenario con visión de Estado. Esto,  si alguien pretende liderar un nuevo ciclo político y consolidar un salto al desarrollo. Cuatro años son poco tiempo para soslayar lo aprendido y no hay tiempo para visiones ideologizadas.

Todo Chile espera mucho de este cambio de gobierno, sería una lástima desaprovechar este remezón de energía para no realizar los verdaderos cambios que nuestro país requiere, y perder la oportunidad de hacer de una política de ciudad y territorio una política pública de Estado. Lo que está claro es que hay un nuevo jefe en la ciudad y mucha incertidumbre en el barrio.

Hay quienes consideran que es bueno más líneas de metro y menos Transantiago, para favorecer también el desplazamiento de los automóviles y los viajes privados en la superficie, en una ciudad muy extensa. Algunos piensan que la línea propuesta no es la adecuada y otros consideran que su implementación tiene un claro propósito electoral. En las regiones se piensa que se debe parar el exceso de inversiones en Santiago y más de algún capcioso cree que se busca favorecer algún oculto proyecto corporativo privado. Todo ello no tiene ni un lugar de debate y falta información.

Pocos ahondan sobre la forma en como se toman las decisiones de inversión de recursos públicos en materias de ciudad y territorio. Hace poco se anunció la inversión de obras publicas en estadios, el Costanera Center reinició sus faenas con subsidios implícitos a sus obligaciones de mitigación de sus impactos viales, y apenas unos días atrás se anunció esta nueva línea de metro sin precisar mayormente  como el proyecto se vincula estructuralmente al del parque inundable Zanjón de la Aguada, al remozado Estadio Nacional u otros.

¿Corresponde sólo a la lógica empresarial de Metro S.A., y si es así es pertinente que sea ella la que tome sola esta decisión? ¿Quién y como procede la articulación interinstitucional e intersectorial, para planificar y negociar entre los servicios involucrados? ¿Cómo se acopla esta decisión con los proyectos privados o públicos existentes? ¿De que forma integra en la decisión a los municipios y los usuarios? ¿Cómo se miden los impactos y como se consulta a los ciudadanos? ¿Cómo recuperan los no directamente favorecidos por esta buena decisión sus aportes como contribuyentes en otros proyectos que si los benefician de forma más directa?

El sistema de transporte público juega, o debiera jugar, un rol determinante en la configuración de la ciudad. Así lo demuestran Transantiago y Metro. También las inversiones en infraestructura pública o concesionada.  Que se transparenten los protocolos y procedimientos de toma de decisiones en esta materia se vuelve trascendental para los ciudadanos. La extrema fragilidad de los planos reguladores se ve acentuada por la complejidad de este tipo de proyectos en los cuales, si bien las ventajas son muchas, también tiene enormes costos sociales asociados a sus etapas de construcción. De los que muchas veces se conoce poco o nada a nivel ciudadano.

Con todo el respeto que la opinión de un grupo de expertos pueda merecer, es tiempo que decisiones que resultan en cambios irreversibles en nuestras ciudades no dependan sólo de un estudio que no se difunde o de la rentabilidad para una empresa, sino de consideraciones más amplias, entre ellas las de certidumbre de los procesos, el equilibrio de las decisiones y la información ciudadana y el control democrático.

En muchas de las obras anunciadas podríamos encontrarnos una vez mas con situaciones equivalentes a las de las autopistas urbanas, que en muchos casos ha terminado en mayores  problemas de congestión e impactos viales negativos, segmentación de barrios o desplazamientos masivos de moradores.

En el caso de la construcción de la anunciada nueva Línea 6 existe deficiente información pública acerca de los criterios y opciones que determinaron y justificaron su elección.  Metro S.A. es una empresa claramente eficiente y con cifras azules en su gestión, pero nadie puede sostener que es un ejemplo de transparencia corporativa. Tampoco el MOP.

La situación del desarrollo urbano nacional, especialmente en las grandes ciudades está un tanto a la deriva y se presenta como un espacio profesional y de gestión pública fragmentado. Ello no ha sido un eje del debate presidencial. Seria bueno escuchar propuestas novedosas y serias a este respecto pues crecientemente la ciudad y su funcionamiento condicionan de manera integral la vigencia efectiva de los derechos sociales y políticos, y por esa vía, de derechos humanos como la vida, la salud, la educación y la libertad de trabajo y desplazamiento.

La generación de una ciudad de calidad requiere un Estado más activo y moderno, con capacidad para concebir, planificar y actuar sobre fenómenos cada vez más complejos, de una manera multisectorial. Pero por sobre todo requiere de un nuevo trato hacia las personas, que incluya una mayor certidumbre de derechos y una visión integrada de ella.

La propuesta de generar un estatuto de garantías urbanas como base de un contrato ciudadano que todo chileno pueda exigirle a la autoridad, hecha por el Comando de Eduardo Frei parece una idea innovadora que va en la dirección correcta para generar una  ciudad más integrada para que los beneficios y oportunidades del progreso como el metro llegue a todos los chilenos de una manera justa y transparente.