El satélite forma parte de un sistema de información con la tecnología más de avanzada accesible, que nos entregará información sobre nuestro territorio y nuestra gente, todo lo cual será la base para tomar decisiones más informadas y, por lo tanto, mejores.

Conoceremos más acerca de nuestra minería, sobre la agricultura y los mares, de nuestros bosques, sobre las ciudades y sus característica y ayudará a proteger nuestro medio ambiente. Nos permitirá vigilar mejor nuestras fronteras y monitorear los desastres naturales.

Para el buen uso del sistema se requiere de la creación de una verdadera industria nacional en torno al conocimiento, manejo y utilización de la información que se genere.

Se requiere, también, de una institucionalidad y de expertis que permita orientar el sector  y a sus usuarios, generar acuerdos internacionales que multiplique el efecto de lo que hacemos, que participe en los foros internacionales en que se discuten y se decide sobre estas materias.

Es un buen momento para preguntarse: ¿en qué estamos en el país respecto a estos temas? ¿Tenemos la institucionalidad adecuada? ¿Qué ha pasado con el desarrollo de la Agencia Espacial Chilena?  La información que conocemos es muy preocupante ya que se nos dice que la Agencia está prácticamente desaparecida y dependiendo de un organismo sectorial de la agricultura, sin presupuesto relevante, sin planes ni proyección, habiendo perdido la iniciativa, sin un rol en el marco internacional, alejado de los que más saben de estos temas: la Fuerza Aérea y la comunidad científica.

Por otro lado, ¿qué se ha hecho para preparar al país en el uso de la información que se genere en este programa? Cuando levantamos la decisión de invertir en el sistema de información basado en éste y otros ingenios satelitales, teníamos planes de mantener una activa relación con la comunidad científica y académica nacional, ¿qué ha ocurrido con este proceso? ¿Ha seguido adelante?

Se había trabajado el concepto de crear, en las Universidades, los espacios para que se desarrollara una línea de carreras, cursos y especialidades en esta línea, orientadas a preparar a los usuarios de la información, tanto en el sector privado como público. ¿En qué está la preparación y formación de profesionales y técnicos que deberá trabajar en esa área? ¿Cuáles son  la líneas y orientaciones de la Agencia al respecto?

Esta importante inversión pública nacional es sólo una primera señal de un  programa de largo plazo que deberá tener continuidad por medio de otros ingenios de este tipo. Sabemos que su vida útil es de unos 5 años. Por tanto, ya debiera haber una planificación del segundo y del tercer satélite, de su financiamiento, de sus características y usos futuros. Se había pensado, incluso, en trabajar un proyecto de un satélite de comunicaciones para un futuro, dadas las características geográficas y posibilidad de desastres naturales con complejas consecuencias en este ámbito, como lo demostró el terremoto último y los problemas de la red eléctrica que vivimos hace poco. ¿Qué se está haciendo en esta dirección? ¿Qué tiene programado la autoridad al respecto? ¿Dónde se está elaborando la Política Espacial Nacional? ¿Quiénes la están elaborando? ¿Cuáles son los expertos nacionales del ámbito científico, de las instituciones aéreas, del área de relaciones internacionales, que están en esta labor? ¿Cuáles son los avances logrados?

Son muchas las interrogantes y dudas que nos preocupan y que quisiéramos conocer respuestas, propuestas y visiones que lo vinculen al interés nacional.

Recuerdo que no fue fácil ni exenta de problemas tomar las decisiones en su momento. Hubo mucha oposición de parte de gente que no entendía que al país hay que ponerlo en otro nivel de desarrollo tecnológico o que, simplemente, tenía otros intereses en esta área. Algunos de ellos los vemos hoy posar muy orgullosos. Pero se tuvo el impulso inicial del Presidente Lagos y la decisión clara y visionaria de la Presidenta Bachelet, que orientó a los grupos de gobierno, especialmente del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Aérea; y de la comunidad científica; a materializar este complejo proceso para arribar a las mejores decisiones para el interés nacional. Por su parte, algunos miembros del Congreso, particularmente de la Comisión de Defensa de la Cámara, jugaron también un activo y positivo rol en apoyar la iniciativa gubernamental.

Nos alegra profundamente que finalmente el satélite nacional esté en el espacio y Chile pueda ingresar a ese grupo de países que nos queremos mirar desde las alturas para conocernos mejor y progresar hacia el desarrollo, para lograr una mejor calidad de vida para todos.

Rindo homenaje a todos aquellos y aquellas que estuvieron dispuestos a mirar el bien de Chile en función de un concepto de servicio público y de fortalecimiento del rol de Estado en estas materias. Hay aún mucho que avanzar.

El gobierno actual debe tomar en serio este proceso y no sólo como un hecho mediático más, y reimpulsar la prioridad y dinamismo que éste necesita, con una amplia mirada de lo que son los intereses nacionales.

Asumo que cuando hablamos de lucro en educación es cuando personas y/o instituciones buscan obtener utilidades directa o indirectamente con estas inversiones. Lo que en otras actividades de la vida humna es aceptable, necesario y tiene plena vigencia, en el caso de la educación universitaria es ilegal (reforma de gobierno Pinochet que crea las universidades privadas como las conocemos hoy) y es éticamente discutible, ya que se trata de un bien público que debe formar la capacidad productiva y social del país y que define el futuro de toda una sociedad. Históricamente, la educación ha sido una tarea de los Estados en sus más variadas formas, aunque también ha convivido con una importante labor privada de inspiración religiosa, filosófica y educativa. Aunque ambos sectores han hecho una importante contribución al país y al mundo, el rol del sector público ha sido siempre central y lo sigue siendo en los países más desdarrollados.

Lo nuevo durante las últimas décadas en Chile ha sido el que universidades obtengan utilidades (en muchos casos enormes) en circunstancias que las propias normas que les permiten existir (DL 3.541 de 1980 y otros) expresamente lo prohiben. Se han creado una serie de subterfugios para vulnerar la ley y crear un “mercado de instituciones universitarias”. Incluso más: se ha establecido un “precio de mercado” a las matrículas en la transacciones que se han realizado durante estos últimos años, lo que se expresa en un “valor por alumno matriculado”. Es una de las bases para valorización de las universidades privadas en las transacciones que hemos visto estos últimos años.

Para ello, queremos avanzar en proponer criterios que nos posibiliten establecer cuáles universidades podrían acceder a fondos públicos, de manera directa o indirecta.

El dato de fondo es que no es posible considerar a todas las universidades como iguales, debido a que algunas tienen la finalidad del lucro mencionada. Esto influye, inevitablemente, en la calidad y proyección de la educuación y de las actividades de las instituciones educativas. Si lo que se pretende es obtener utilidades, se va a pretender “aumentar ingresos y reducir costos” como política general. Esto significa profesores de menor nivel y menos capacitados, contratados por perídos y por jornadas, menos planta permanente y más “por horas”, todas discriminaciones y abusos hacia los docentes. Significa la creación de carreras y espcialidades que estén “de moda” sin importar otras consideraciones que la existencia de “demanda” y alumnos / padres dispuestos a cancelar gastos, independientemente de lo que resulte de esto (casos ya hay muchos y vendrán otros). No se consideran criterios de rigurosidad (“no se puede aprobar a menos del 75% de los alumnos; criterios en los que no se toma en cuenta rendimiento de alumnos ni nivel académico sino sólo “que los cursos no pierdan mínimos de alumnos-ingresos”). Las críticas pueden ser prácticamente infinitas.

Frente a estas instituciones, en Chile y en el mundo, hay una mayoría de universidades que no tienen esos objetivos, ya sea porque son estatales o porque, siendo privadas, realmente tienen una estructura, una cultura y una práctica de generación de bienes públicos sin enrequecimiento privado. Son Universidades “sin dueño determinado”. Por tanto, cuando hablamos de Educación Pública, nos refierimos a las que imparten establecimientos de propiedad estatal y a los que no buscan fin de lucro, como son la Universidad Federico Santa María, la Universidad de Concepción, Universidad Católica de Chile, Universidad Austral, todas del actual Consejo de Rectores y llamadas Tradicionales, a las cuales anhelan incorporarse otras instituciones por la vía de establecer Fundaciones y sin retirar utilidades, como es el caso de la Universidad Diego Portales, Central y algunas otras instituciones.

Lo que sí me parece que no es aceptable, al igual que lo que expresa la gran mayoría de la sociedad chilena de diversas maneras, es que recursos públicos, del Estado, pertenecientes a todos los chilenos y chilenas, sirvan para financiar esas utilidades. El principio fundamental es que no deberán existir fondos públicos para financiar las utilidades privadas. Y es aquí donde queremos poner el acento de nuestras propuestas.

Chile al Desarrollo

Objetivo-país debe ser garantizar una educación pública de primera calidad, como debe ser en un país que aspira a obtener niveles de desarrollo de primer mundo. Estamos en condiciones materiales de dar ese gran salto, pero para ello requerimos de mejorar notablemente la educación y otros servicios públicos. Esta variable ha sido la clave en todas las experiencias de desarrollo con equidad en la Historia de la Humanidad. Actualmente el país está maduro y existen los recursos de los que no disponíamos hasta hace pocos años apara abordar estas tareas ahora y no mañana. Por tanto, nos parece vital establecer de manera muy clara, explícita y funcional, criterios que posibiliten que la sociedad pueda controlar adónde se van a ir los recursos de todos los chilenos.

Un primer criterio es que los establecimientos educacionales respeten plenamente la Constitución Política del Estado. Aunque parezca muy básico, no estará de más explicitarlo. Esto significará que no se discrimine ni de manera religiosa, o ideológica, ni por origen étnico ni social, ni de ninguna forma.

Un segundo criterio, es que la institución receptora no tenga fin de lucro, y que no se pueda, bajo ningún subterfugio, extraer utilidades del establecimiento que esté recibiendo apoyo financiero estatal. Para esto será necesario establecer una autoridad pública (superintendencias con recursos y facultades) que controle el cumplimiento de estas condiciones y que vele por el cumplimiento de la ley y transparentar la información en el sector.

Un tercer criterio es que cada institución cumpla con las tres funciones clásicas de una institución de educación superior: docencia, investigación (a lo que se debe incorporar hoy día: innovación y desarrollo) y extensión. Con este objetivo, que un porcentaje determinado de su presupuesto sea destinado a la investigación técnico-científica bajo estándares de calidad internacionalmente conocidos y que las instituciones hagan aportes reales al avance científico y tecnológico del país. Hay mecanismos que tienen que ver con generación de patentes y licencias, con productos o innovaciones que surjan de su trabajo, con publicaciones realizadas, etcétera, que pueden transformarse en criterios objetivos al momento de evaluar. CONICYT y CORFO tienen roles que jugar en esta área. Asimismo, el aporte cultural que cada institución pueda hacer a su comunidad es también otro criterio relevante: existencia de centros de cultura, publicaciones relevantes (libros, revistas, etc), orquestas, grupos de teatros, de cine, realización de conciertos, actividades en conjunto con las comunidades, tanto internas como extra universitarias. Que sean instituciones en que se valorice su Responsabilidad Social.

Un cuarto criterio lo debiera dar el carácter regional y su aporte a dar fuerza y densidad a las regiones donde se desarrollan y a los procesos de descentralización que el país debe profundizar. Se debiera, consecuentemente, establecer un mecanismo que destaque a las universidades que junto con desarrollar sus actividades en regiones, mantengan su casa central y el eje de su trabajo fuera de la Región Metropolitana. El país requiere de establecimientos que aporten una mirada país desde las regiones.

Para que la calidad sea un objetivo principal, se debería rediseñar el sistema de acreditación vigente, tanto para la acreditación institucional como de carreras, junto con hacerlo por medio de evaluadoras públicas, evitando así este otro negocio que es de dudosa consistencia debido a los conflictos de intereses que se observan. Además, resulta imprescindible elevar los estándares de los procesos de acreditación. En ellos se debiera considerar, asimismo, el mercado de trabajo de las carreras que se están impartiendo, generando un sistema de información a los padres y alumnos sobre el objeto de la decisión que cada uno está haciendo. En nuestra opinión, con estos elementos se puede crear un quinto criterio: función social de las carreras que se imparten; nivel de sueldos de los egresados; niveles de empleabilidad en susnprofesiones o labores afines. Es un quinto criterio.

Y un sexto criterio lo constituiría el nivel de integración social y no discriminación de las univerisdades por la vía de aceptar en sus aulas a un cierto porcentaje de alumnos de los llamados “sectores vulnerables”. Esto se podrá calcular con establecer un porcentaje relevante de alumnos nuevos, pertenecientes a los 4-5 deciles de más bajos ingresos, por ejemplo.

Es el momento de hablar con propuestas concretas para avanzar en resolver este importante problema nacional. Para avanzar en serio se debe incorprar reformas al sistema tributario que garanticen financientos permanenets adecuados. La carga tributaria chilena es incompatible con un sistema de calidad en la educación y para psobilitar el paso al desarrollo. No nos engañemos en estas cuentstiones fundamentales.

Evitemos caer en un punto muerto en el actual debate y analicemos los escenarios pensando en el Chile del siglo XXI, el cual nos está demandando otro sistema educacional. En particular, nos demanda una Universidad distinta: más inclusiva, flexible, formadora de buenos profesionales y de mejores líderes, que entiendan el mundo globalizado al que se integran.

(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl

Leí una opinión en la misma dirección del alcalde DC Claudio Orrego, argumentando con mucha fuerza lo relevante de la propuesta. Hemos visto las opiniones favorables de los ex Presidentes Frei, Lagos y Bachelet y de muchas otras personas.

Creo que todos vamos a coincidir en que las formas de hacer política de carácter cupular y de designar a los candidatos y futuros “representantes populares” en nuestras instituciones de elección popular “entre cuatro paredes, por padrinos, mecenas o máquinas de poder”, como dice Orrego, ya se ha agotado de manera definitiva.

No podemos aspirar a revitalizar nuestra democracia con gente que se ampare en el sistema binominal, en la ingeniería electoral, o en las matemáticas de “esto es tuyo y esto es mío”, o de “el que tiene mantiene” y/u otras fórmulas ya tan manoseadas y que se deberían desterrar para siempre. No hay posibilidad de renovación de la Concertación (y si me permiten, esta afirmación vale también para la Alianza) si no se entiende que hay que consultar a la gente para que opinen sobre sus futuros representantes. Si los dirigentes políticos no lo hacen, no sólo se quedarán cada día más solitarios y alejados de la sociedad sino que estarán atentando contra las bases mismas de la democracia.

Que Carolina Tohá y Claudio Orrego coincidan, junto a muchos otros, en esta idea tan básica y relevante, es un gran paso adelante. Correspondería ahora hacer una invitación a que se genere un movimiento nacional que impulse esta reforma y esta práctica y a que cada partido asuma el compromiso ante el país de que ya no habrá más acuerdos electorales que sólo busquen resguardar los intereses individuales de algunos o que respondan a “compensaciones” de grupos, que nada tienen que ver con las preocupaciones de la gente.

O devolvemos protagonismo a la gente o se seguirá jibarizando la política e impulsando el surgimiento de populismos u otras formas alternativas de expresarse. Las primarias abiertas son una gran oportunidad para la renovación de la política.

China ha pasado a ser, “oficialmente”, la segunda potencia económica mundial, desplazando a Japón. Es extraño que no se analice esto con más intensidad y profundidad en un país como el nuestro, tan vinculado y dependiente del comercio y de las relaciones internacionales.

Lo cierto es que estamos frente a uno de los hechos más relevantes de la historia moderna. Ya son muchos los analistas que están convencidos que China camina aceleradamente a ser la primera potencia en sólo unos años más, superando a los EE.UU. y dando por clausurado un período de la historia abierto en la post Segunda Guerra Mundial.

China ha venido experimentando un crecimiento económico espectacular desde comienzos de los años 80 y no ha perdido el dinamismo logrado. Sus tasas de crecimiento promedio son del 10 % anual en los últimos 30, haciendo que la economía crezca en ¡11 veces en ese período! Este año se estima que puede crecer a más del 8% anual. Según estudios (The Economist Intelligence Unit) de hace unos años, la porción de China en el PIB mundial (en paridad de poder adquisitivo) ha aumentado desde el 3,4 % en 1980 al 15.4 % en 2005 y debiera estar llegando al 16.6 % durante el presente año, para llegar al 19.4% en 2020, mientras EE.UU. representaría 19.0% y la UE 19,1%. Medidos en dólares corrientes, esta situación descrita se retardaría unas décadas más pero, manteniéndose las tendencias de las últimas décadas, China igualmente se convertiría en la primera potencia económica mundial.

China es no sólo la nación más poblada del mundo sino es ya hoy el mayor exportador mundial, el mayor consumidor de materias primas (para gran beneficio de nuestro país y de otros países exportadores de éstas), el mayor consumidor de energía y, lamentablemente, también tiene el primer lugar como emisor de dióxido de carbono. Tiene asimismo las mayores reservas mundiales en divisas y una capacidad de acumulación anual enorme debida a sus superavits comerciales.

Un factor no menos relevante es el impacto social de esta espectacular expansión. Aunque el punto de partida pueda ser relativamente bajo, dirán algunos, lo cierto es que en China se experimenta un enorme cambio en las estructuras sociales mediante la creación de una poderosa clase media con acceso a niveles de consumo comparables o superiores a los sectores sociales equivalentes en Occidente, con la diferencia de que su nivel de vida previo al proceso de cambios era inferior y a que la magnitud cuantitativa de las familias que se incorporan a ese consumo es realmente enorme. Al mismo tiempo, son notables las cifras de reducción de la pobreza donde en los 20 primeros años de este salto en el crecimiento se ha reducido del 63.8% al 16.6%, con notables mejoras en prácticamente todos los indicadores sociales. El nivel salarial se ha incrementado también de manera notable lo que incrementa el mercado interno, aunque también comienza a poner en cuestión uno de los fundamentos del éxito exportador: sus bajos costos salariales.

Sin embargo, no es menor otra ventaja que se ha ido generando a la par con este salto en el crecimienmto. Se ha creado y/o mejorado una notable infraestructura que, continuando como proceso los próximos años, se puede constituir en un factor que tienda a contrarestar la pérdida de competitividad por la vía del incremento de salarios.

El crecimiento económico ha ido, asimismo, a la par con un serio y razonable manejo de la macroeconomía, con niveles de déficit público relativamente bajos, superávits en cuenta corriente muy altos y niveles inflacionarios bastante bajos, aunque observemos ciertos nubarrones en el horizonte.

Se habla mucho de que ya dentro de poco el yen chino será considerado moneda dura y medida de negocios por lo menos en las esferas de comercio con China, con las relevantes consecuencias que esto implicaría. Recordemos que no hace más de 13-14 años se “ninguneaba” al Euro y, más allá de las dificultades que éste tiene en su consolidación mundial, es innegable que es un factor a considerar y en tendencia a crecer en su importancia, una vez superada la crisis actual que atraviesa la llamada zona Euro.

Hay muchas dudas respecto a la seriedad de sus estadísticas y, lo que es más importante, la posibilidad de que su economía pueda mantener su dinamismo en el futuro. Lo cierto es que, hasta ahora, China ha logrado mantener sus niveles de crecimiento y dinamismo a pesar de las dudas de los críticos y de las últimas crisis mundiales. También es cierto que la economía china, junto con la de la India y la de Brasil, como ejes del llamado BRIC, son las que están manteniendo el dinamismo de la economía mundial. Mientras las economías industrializadas del norte crecerán al 2.4% este año y 1.9% el año próximo, los BRIC crecerán al 9% en ambos años, según muchos observadores.

En la vida nada está garantizado y tampoco lo está este crecimiento y enorme expansión de China. De hecho son varios los aspectos que se pueden citar como “limitaciones” a que esta tendencia se consolide en plenitud. Se podría mencionar el envejecimiento de la población, que llegaría históricamente antes que en Europa y con menos madurez en su desarrollo económico social, con una reducción relativa de su  población en edad de trabajar y con mayores costos sociales en pensiones y salud, entre otros. Hasta ahora la economía china ha tenido una enorme dependencia del capital extranjero, lo que en caso de cambio de la tendencia, demandaría un mayor esfuerzo en el ahorro interno en caso de cambiar el marco respectivo. Hasta ahora el peso de la industria se observa como superior a lo esperable en una sociedad del siglo XXI que, se supone, debe estar más vinculada al sector servicios, lo que obligaría a un cambio en el patrón considerado adecuado según las teorías más recientes. El deterioro del medio ambiente es cada vez mayor y más preocupante para muchos en Occidente, aunque no tanto para los chinos, y la fuerte dependencia de fuentes energéticas no renovables, especialmente petróleo, son otras dos limitaciones a tener presente. No menos relevante es la falta de democracia y formas de resolver sus futuros conflictos políticos y sociales internos, aunque muy recientemente hemos visto a importantes dirigentes chinos comenzar a plantear este problema como una tarea a resolver.

China podrá tener muchos problemas, pero que la fuerza y el ritmo de expansión y cambio social es espectacular, no genera ninguna duda. Y es ésa la realidad que deberemos considerar para nuestros escenarios internacionales.

En muchas partes del mundo, particularmente en sectores de los EE.UU., la irrupción de China genera enormes desconfianzas, resistencias y rechazos. El temor a las consecuencias de los cambios en la geopolítica y geoeconomía están ya en sus preocupaciones, puesto que el ascenso de China implica, también, la pérdida de hegemonía de esta poderosa nación.

China es ya nuestro socio comercial  número uno, superando a EE.UU. El comercio del poderoso asiático con América Latina se ha incrementado velozmente superando los 140 mil millones de dólares americanos. Sus inversiones son también cuantiosas y crecientes en el mundo y en la región (donde están incluso comenzando a vivir los problemas propios de los países inversionistas con problemas sociales y sindicales, como es el caso en Bolivia en estos días).

Chile es una economía orientada al exterior. ¿Estamos conscientes de los cambios que se están implementando en nuestras narices? ¿Tenemos idea de lo que va a implicar para nuestra economía y nuestro futuro? ¿Cómo va a cambiar el escenario global para nuestra política exterior?

Es el momento de reaccionar como país y como región latinoamericana No nos podemos demorar más en entender activamente lo que se nos avecina. La industria nacional, los exportadores, las autoridades, los partidos políticos, las universidades, deberán mejorar sus vinculaciones a estas nuevas realidades. No hacerlo, es condenarse a no entender los escenarios que nos deparará el mundo en muy poco tiempo y que, en realidad, ya estamos viviendo en sus consecuencias.

¿Estamos conscientes de los cambios que se están implementando en nuestras narices? ¿Tenemos idea de lo que va a implicar para nuestra economía y nuestro futuro? ¿Cómo va a cambiar el escenario global para nuestra política exterior?