Bajo el título de “Cuestionable acuerdo en el sector pesquero”, La Tercera editorializó (01/10/2011) sobre la negociación que concluyó el 26 de septiembre entre las grandes compañías industriales y dirigentes de la pesca artesanal, la cual mereció los calificativos de “extraordinaria”, “histórica” y “representativa” por parte del Ministro de Economía, Pablo Longueira, el Subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, y diversos dirigentes del sector pesquero.

Esta inédita colusión entre los regulados del sistema, tuvo como objetivo impedir que en los próximos meses el gobierno envíe al Parlamento un proyecto de licitación de las cuotas de pesca del sector industrial. De paso, aprovecharon para repartirse a puerta cerradas las valiosas pesquerías del país por 20 años, las cuales generan 220 millones de dólares anuales. Este golpe de mano intenta generar un precedente en relación a cómo se van a definir las políticas públicas de acceso y uso de los recursos naturales en Chile, sin tener que ser discutida por la ciudadanía, y menos, pasar por la republicana discusión en el Parlamento de la Nación.

Sin embargo, nada anticipa que este audaz intento expropiador bajo la tutela del Ministro de Economía vaya a ser validado en el Parlamento. Desde ya, 12 parlamentarios han anunciado su buena disposición a escuchar a las pequeñas y medianas empresas pesqueras (Pymepes), pueblos costeros originarios, sectores de la pesca artesanal y ciudadanos afectados.
De partida, las Pymepes han presentado ante la Fiscalía Nacional Económica una denuncia por colusión entre competidores. Ella se fundamenta en la letra a) del artículo 3° del DL 211, el cual fija las normas sobre la defensa de la libre competencia, señalando como actos que la impiden, el “(…) asignarse zonas o cuotas de mercado, excluir competidores o afectar el resultado de procesos de licitación”.

Sin embargo, llama la atención que junto con cuestionar el procedimiento implementado en este acuerdo derivado de la cultura binominal, la editorial de La Tercera sugiriera que para que exista una definición de derechos de propiedad pesquera “sólidos y susceptibles de ser transados”, es necesario dar término a la categoría de pescador artesanal, ya que “otorga un estatus diferente a determinados empresarios,(…) y restringe la operación de un auténtico mercado de cuotas de pesca, de modo que nuevos inversionistas puedan ingresar al rubro, adquiriéndolas a precios razonables, y que les permitan formar una base de explotación eficiente, competitiva y con las necesarias economías de escala”.

Esta es una vieja aspiración del empresariado pesquero industrial chileno, que alguna vez fue plasmada en el Proyecto de Ley de Pesca que elaboró el Almirante Merino en las postrimerías de la dictadura militar. Allí se intentó suprimir la categoría de pescador artesanal, sustituyéndola por la de “armadores” y “obreros o trabajadores”. Es decir, entre pescadores propietarios de embarcaciones, y quienes trabajan para ellos. Dicha propuesta fue eliminada en la Ley General de Pesca promulgada por el gobierno del Presidente Aylwin en 1991.

Frente a este provocador desafío del Grupo Saieh a través del diario La Tercera, sería importante saber cómo se consideran los propios pescadores artesanales y sus dirigentes. ¿Cuántos siguen pensando y actúan como tales?, ¿Cuántos están contentos con ser considerados como “empresarios pesqueros ” o “emprendedores” por los grandes conglomerados industriales? Paradójicamente, podrían por ese camino ser representados en el futuro por instancias tales como Sonapesca o Asipes. Y ¿cuántos estarán felices por pasar a ser la categoría de empleados o trabajadores de sus ex compañeros?

Es muy sintomático que los viejos estandartes pesqueros de 1988 estén reapareciendo ahora, aprovechando esta agresiva colusión pesquera, concebida e impulsada por el audaz Ministro Longueira.
Hoy los Pinochet´s boys controlan posiciones claves en el gobierno y Parlamento. Ejemplo de ello son las figuras de Andrés Chadwick, Joaquín Lavín, Cristián Larroulet, Juan Antonio Coloma, el propio Longueira, así como el presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Melero.

Sería paradojal que luego que obtengan las seguridades jurídicas sobre supuestos “derechos históricos” de acceso y uso de la mayoría de las pesquerías del país, además de consolidar sus derechos de propiedad mediante la creación de un mercado secundario de compra, venta y arriendo de cuotas de pesca, los grandes conglomerados pesqueros industriales presionen para eliminar legalmente  la categoría de “pescador artesanal”, haciéndola desaparecer productiva, social y culturalmente de la faz del sexto país pesquero del planeta (y de desapariciones, estos funcionarios tienen experiencia). Cuando esto ocurra, uno de los jóvenes de Chacarillas 1977, habrá logrado en tiempo récord, cumplir con su promesa de llevar a término una de las reformas inconclusas de la dictadura militar.

Esta decisión da luz verde al primero de los cinco proyectos de explotación carbonífera para la región de Magallanes, constituyendo un nuevo paso hacia la “carbonización” de la matriz energética del país en base a energía sucia. Todo ello está ocurriendo a contrapelo de las tendencias existentes en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), del cual Chile es un reciente miembro.

En Magallanes, la nueva institucionalidad ambiental, cuidadosamente diseñada por los negociadores de la Alianza de derecha gobiernista y la Concertación, con objeto de eliminar cualquier intento de oposición regional, logró excluir de las votaciones a los consejeros regionales. Estos representantes votaban en el antiguo sistema, permitiendo la expresión del sentimiento ciudadano local. Frente a la importancia de la decisión, los consejeros habían solicitado en la última sesión del CORE aplazar la votación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de isla Riesco hasta que se clarificaran las contradicciones existentes entre la antigua y nueva legislación ambiental.

También lo había solicitado la ciudadanía regional organizada en el Frente de Defensa Ecológico Austral, la iniciativa ciudadana Alerta Isla Riesco y la Organización Comunitaria de Desarrollo Sustentable de Río Verde, debido a gruesos errores existentes en las determinaciones de la velocidad de los vientos en el área de este proyecto de explotación minera a tajo abierto.

El proyecto industrial consiste en la extracción de carbón bituminoso, combustible fósil considerado de bajo potencial calórico y escasa calidad. Por ende, más contaminante para el medioambiente al contener altos niveles de humedad y bajo contenido de carbono.

Para dejar en evidencia cómo se ha implementado el modelo bananero-stalinista en Magallanes, el ex gerente general de la empresa AES Gener, una de las propietarias de la central termoeléctrica Guacolda, junto con los grupos Angelini y Von Appen, era Sergio del Campo, quien acaba de ser nombrado recientemente como subsecretario de energía de la República de Chile.

A esta funcional coincidencia, se tiene que sumar la aprobación en diciembre del 2009 del proyecto portuario de Punta Lackwater, propiedad del grupo Von Appen, el que será utilizado para transportar el carbón hacia las regiones centro- norte del país.

Si se continúan aprobando por “unanimidad” los restantes cuatro proyectos mineros, que suman reservas por 240 millones de toneladas de este contaminante material, se le aseguraría a las centrales termoeléctricas un suministro continuo de este combustible fósil hasta el 2030, consolidando de paso un negocio redondo para la sociedad de las empresas Copec y Ultramar, propiedad de los grupo Angelini y Von Appen, respectivamente.

Importante es señalar que los hermanos Sven y Wolf von Appen son a su vez propietarios de la naviera Ultramar, cuyos barcos transportarán el carbón desde su puerto en Punta Lackwater, isla Riesco, hasta las centrales termoeléctricas ubicadas en el centro y norte del país. Con ello este grupo empresarial integraría sus negocios de energía, mineros y navieros, a costa del patrimonio ambiental patagónico.

Los grupos Angelini y Von Appen son dueños en un 25%, cada uno, de la central termoeléctrica Guacolda en Huasco, correspondiendo el resto a la empresa AES Gener.

Teniendo la explotación y distribución de carbón asegurada desde Magallanes, se dará luz verde a una serie de proyectos de centrales termoeléctricas, los cuales tendrán a su disposición combustible fósil barato por dos décadas. Con ello se incentivará la presentación de nuevos proyectos energéticos de este tipo.

En la etapa de construcción del proyecto de la mina Invierno se necesitarán alrededor de 800 personas. Todas ellas especialistas en la operación y mantención de equipos mineros y de operación portuaria, por lo cual la mano de obra provendrá mayoritariamente de fuera de Magallanes. Frente a esta dura realidad, el bi-ministro Laurence Golborne sostuvo socarronamente que “en Magallanes tendrán que ver la manera de entrenarse y capacitarse para cumplir con la necesidad que se genere en la zona. Allá hay capital humano para el trabajo”.

Ello explica en parte el descontento y las actuales movilizaciones de los pescadores artesanales de Calbuco, Ayacara, Puntilla de Tenglo o Pichi-Pelluco, exigiendo aumento de cuotas de pesca y la extensión del periodo de captura de merluza austral (Merluccius australis).

Intentando sacar dividendos políticos de esta dramática situación y desviar la atención pública sobre las reales causas y responsables de la destrucción marina y exclusión social, el senador por la Región de Los Lagos, Camilo Escalona, está promoviendo junto a la entrega de bonos familiares y de subsidios gubernamentales a los pescadores, el establecimiento de cuotas de matanza de lobos marinos comunes (Otaria flavescens). Ello con el fin de controlar una supuesta “sobrepoblación” de estos mamíferos marinos que actualmente se encuentran protegidos por la legislación chilena.

Para ello Escalona ha iniciado una orquestada campaña comunicacional y lobby político, acusando a los lobos marinos chilotes de ser los responsables de la deplorable situación económica y social que afecta a los pescadores artesanales regionales.

La propuesta de establecer cuotas de  matanza local de esta especie como “solución” a los problemas de los pescadores artesanales, constituye una medida política de corte populista y cortoplacista, sin asidero científico ni racionalidad técnica. Coincidentemente, la iniciativa del senador socialista es complementaria con la reciente denuncia efectuada por SalmonChile, que estima en 140 millones de dólares anuales las pérdidas provocadas por la acción de los lobos marinos en centros salmoneros.

No hay que olvidar que el actual Intendente de la Región de Los Lagos -donde existe mayor presión para eliminar lobos marinos y calmar el temporal de descontento social-, es Juan Montes, ex gerente de las compañías salmoneras AquaChile y Salmofood.

Precediendo la llegada de las fiestas patrias, el senador Escalona ha emitido un comunicado donde justifica su proyecto. “Hemos estado en contacto con dirigentes de la pesca artesanal de Puerto Montt y diferentes lugares de la región, donde nos han manifestado el problema de desequilibrio ecológico, producido por la costumbre (sic) de los lobos marinos de alimentarse de lo producido por la pesca artesanal”. Luego enfatiza que “Cada día que pasa, el perjuicio hacia los sectores productivos que son afectados por la sobrepoblación de lobos marinos es mayor. Así que esperamos que la autoridad cumpla con lo que es elemental de la autoridad, es decir, asumir la responsabilidad que significa garantizar el bien común”.

La iniciativa de Escalona choca con la experiencia de casi un siglo en aguas chilenas, y los numerosos estudios internacionales, los cuales indican que la eliminación selectiva o masiva de ejemplares es una medida absolutamente inefectiva para solucionar la interacción entre las pesquerías y los mamíferos marinos. A menos que el senador y el gobierno intenten suprimir a toda la población de esta especie nativa.

Importante es llamar la atención sobre la inconsistente y contradictoria información que entregan los promotores de la matanza de lobos marinos en aguas chilenas. Con ello se refleja el escaso conocimiento existente sobre la biología, parámetros poblacionales, comportamiento reproductivo y hábitos alimentarios de estos mamíferos marinos. Mientras las denuncias señalan  el consumo y la destrucción del 70 y 80 por ciento de las capturas artesanales, científicos indican que dichas interacciones serian estacionales y que afectarían solo hasta un 3,3 por ciento de las capturas (De la Torriente y colaboradores, 2010).

También sorprende la disparidad de cifras existentes sobre el tamaño poblacional de los lobos marinos comunes en aguas chilenas, el cual según los especialistas variaría entre 100 mil a 150 mil ejemplares. Por su parte quienes denuncian una sobrepoblación de esta especie que aventuran cifras de hasta 2 millones de ejemplares, tal como lo señaló públicamente  Francisco Fernández, director de Sernapesca en la región de Los Lagos.

A su vez la consultora Pupelde, contratada por Subpesca, indica que habría existido un incremento del 50 por ciento de la población de lobos marinos entre 1998 y 2008. Ello se contradice con los resultados del Proyecto del Fondo de Investigación Pesquero  Nº 2006-49, realizado entre Valparaíso y La Araucanía, el que concluye que la tasa intrínseca de crecimiento en el área de estudio sugiere que esta población se encuentra estable, y que “las proyecciones poblacionales en 10 años evidencian una tendencia a la disminución de la abundancia poblacional para las próximas décadas”.

Ni una palabra ha emitido el senador Escalona sobre las responsabilidades que tienen en la actual crisis las “medidas de parche” implementadas en su región por el Subsecretario de Pesca, Pablo Galilea. Entre ellas destacan la reciente apertura de las capturas de merluza austral en plena veda reproductiva de esta especie, cuyo único resultado fue aumentar el endeudamiento de los pescadores locales. A ello se suman la populista entrega de una discrecional “pesca de investigación” de 3 mil toneladas de sardina, especie clave para la estabilidad del ecosistema marino regional, así como el anuncio de la repartición de 400 millones de pesos del  Fondo de Administración Pesquera para “fomento de desarrollo productivos” en el sector artesanal.

Estos hechos demuestran la existencia de una administración pesquera irresponsable, insustentable y poco transparente, la cual hace uso del resquicio legal denominado “pesca de investigación”, que posibilita que las autoridades de turno entreguen altos volúmenes extractivos para pagar favores políticos o negociar la desactivación de los conflictos sociales.

Llama la atención que el senador Escalona no señale como responsable del actual colapso de las pesquerías regionales, los destructivos efectos que ha tenido la sobrepesca industrial sobre la cadena alimentaria de la merluza austral. Esta fue autorizada en años anteriores mediante sucesivas “pescas de investigación” en las áreas de desove de merluza común y merluza de cola.

Ni una palabra sobre la información del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) que fue presentada ante las comisiones de pesca de la Cámara de Diputados y del Senado durante el gobierno anterior. En ellas se establecía claramente los destructivos impactos provocados por la pesca ilegal y los sub-reportes de las capturas sobre la biomasa disponible de la merluza austral. A pesar que ello significó un fallido intento de la Cámara de Diputados para investigar el escandaloso ingreso de merluza austral proveniente Chile a Mercamadrid, España, cuyos volúmenes superaban ampliamente las cuotas de captura establecidas por la institucionalidad pesquera nacional.

Como organizaciones ciudadanas nos sorprende que el Senador Escalona no haya mostrado durante los últimos 10 años la misma premura y voluntad política para controlar la otra “sobrepoblación” que destruye a la pesca artesanal y a los operadores de turismo regional: la de los centros de cultivo de salmón. A su vez es inexplicable su inacción frente a los millones de salmones y truchas -especies carnívoras introducidas en aguas chilenas-, que escapan anualmente y depredan la valiosa y frágil biodiversidad marina, dañando al medio ambiente y los intereses de la pesca artesanal, o frente a la evidente contaminación química y orgánica proveniente de la industria salmonera que afecta tanto a los valiosos ejemplares de ballena azul y al borde costero, columna de agua y fondo marino del archipiélago de Chiloé.

La otra cara de la propuesta de matanza de lobos marinos es que ella es una “moneda de cambio” en la cual el senador Escalona espera intermediar entre los dirigentes pesqueros y el Ministerio de Economía y el Subsecretario de Pesca, para negociar el respaldo a la dictación de 15 reglamentos contenidos en la nueva normativa de la modificada Ley General de Pesca y Acuicultura, de la cual el senador fue uno de sus principales impulsores.

Este proceso que se encuentra muy retrasado constituye un paso clave para hacer operativa la entrega de certeza jurídica a los bancos acreedores de la industria salmonera, permitiendo la hipoteca de bienes nacionales de uso público y la consolidación de la privatización del litoral austral. A su vez los dirigentes pesqueros están colocando sobre la mesa demandas por “pesca libre”, nuevas “pescas de investigación”, la entrega de subsidios y compensaciones económicas por parte del Estado, para paliar temporalmente los impactos de la supuesta sobrepoblación de lobos marinos en la pesca regional.

El senador Escalona indica en su comunicado que “han aparecido nuevos aparatos ecológicos (…), en este caso sonoros, que permiten ahuyentar (sic) a los lobos. Obviamente los pescadores artesanales no están en condiciones de financiar. Lo que debiese ocurrir es que estos aparatos sean entregados por la autoridad, que tiene la posibilidad de hacerlo, a través de Sercotec, la Subsecretaría de Pesca o de las gobernaciones, etc.”.

Luego el ex presidente del Partido Socialista agrega que “el gobierno tiene los recursos, porque independientemente de que este aparato, que según nuestra información cuesta cerca de 5 millones de pesos y para una familia que vive de la pesca artesanal resulta inalcanzable, para el gobierno que ha tenido un gran año económico, producto de la reactivación para la cual se echaron las bases en el gobierno de Bachelet, pero que efectivamente ahora está ocurriendo, con más tributos, más recaudación, mejores precios del cobre y ahorros en el exterior, el gobierno perfectamente podría entregar a cada embarcación estos aparatos por embarcación, que les permita pescar sin estar rodeados de lobos que le arrebaten sus productos”.

Como los negocios avanzan rápido, especialmente cuando hay dinero de los contribuyentes chilenos de por medio, ya se anuncia la instalación de un sofisticado equipo de ultrasonido en Caleta Anahuac, Puerto Montt. Lo paradojal de esta situación es que en el hemisferio norte hace más de una década se descartó el empleo del ultrasonido como medida disuasiva en el medio marino, dada su absoluta ineficacia y al hecho que afecta solo a ballenas y pequeños cetáceos adyacentes al área.

Lo paradojal de la propuesta de “matanza bicentenario”, es que una vez que los lobos marinos hayan sido eliminados de las áreas costeras, le seguirán los propios pescadores artesanales, quienes son los otros “disfuncionales” del actual sistema pesquero basado en la privatización, concentración económica y transnacionalización de nuestro mar y sus recursos. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos predadores que amenazan a la pesquería artesanal chilena?

Intentando apaciguar el creciente descontento social que recorre Chiloé y Palena, el Subsecretario de Pesca está implementando una serie de “medidas de parche”. Entre ellas, la apertura de capturas en plena veda reproductiva de merluza austral, la entrega por primera vez de una discrecional “pesca de investigación” regional de 3 mil toneladas de sardinas y la asignación de 400 millones de pesos del  Fondo de Administración Pesquera para “fomentos de desarrollo productivo” entre los pescadores.

La culminación de esta política de bio-populismo pesquero gubernamental, lo constituye el intento de aprobar un “Plan de manejo integral” de lobos marinos comunes (Otaria flavescens), eufemismo bajo el cual se esconde la entrega de cuotas de captura y matanza para controlar una supuesta “sobrepoblación” de esta especie, actualmente protegida por la legislación chilena.

Para ello se ha dado inicio a una orquestada campaña comunicacional y lobby político, acusando a los lobos marinos chilotes de ser los principales responsables del colapso pesquero y de la deplorable situación económica y social que afecta a los pescadores artesanales. A esto se suma la acusación de interferencia con la re-expansión, post virus ISA, de la industria salmonera en las regiones de Los Ríos, de Los Lagos, Aysén y Magallanes.

Al respecto, es importante señalar el papel que tras bambalinas juega la industria salmonera, cuyo representante en Puerto Montt, Carlos Odebret, denunció pérdidas por 140 millones de dólares anuales por la acción de lobos marinos. Esta cifra empresarial es muy superior a las abultadas estimaciones gubernamentales de 19 millones de dólares anuales en pérdidas por esta causa para la pesca artesanal. No hay que olvidar que el actual Intendente de la Región de Los Lagos, donde existe mayor presión para la eliminación de lobos marinos, es Juan Montes, ex gerente de las compañías salmoneras AquaChile y Salmofood.

Por ello el tema de los lobos marinos se ha convertido en una “moneda de cambio”, ya que el  Ministerio de Economía y el Subsecretario de Pesca esperan poder negociar a cambio con los dirigentes pesqueros el apoyo a la dictación de 15 reglamentos de la cuestionada nueva Ley General de Pesca y Acuicultura. Este proceso se encuentra muy retrasado y es un paso clave para hacer operativa la entrega de certeza jurídica a los bancos acreedores de la industria salmonera, al hipotecar bienes nacionales de uso público y consolidar la privatización del litoral austral, mediante el establecimiento de áreas aptas para acuicultura y de “barrios salmoneros”. Por su parte, se encuentra sobre la mesa de negociación las demandas por “pesca libre”, “pescas de investigación” y la entrega de subsidios y compensaciones económicas por parte del Estado para paliar temporalmente la actual situación económica y social en la pesca regional.

¿Administración pesquera democrática, equitativa y sustentable?

Estos hechos demuestran la inexistencia de una administración pesquera transparente, sostenible, equitativa y responsable en nuestro país. Ejemplo de ello son los impactos sobre la estabilidad de los recursos y ecosistemas marinos derivados del empleo de las denominadas “pescas de investigación”, resquicio legal que permite al Subsecretario de turno entregar discrecionalmente altos volúmenes de captura para pagar favores políticos o negociar frente a los conflictos sociales del sector.

En ello es evidente la irresponsabilidad de los consejos nacionales y zonales de pesca, así como de quienes avalan “científicamente” la entrega de elevadas cuotas de captura, como es el caso de la pesquería de jurel (Trachurus murphiyii), la más importante a nivel nacional, donde las cuotas de pesca para el 2009 excedieron en un 87% las recomendaciones técnicas del IFOP.

Por ello es urgente el control público, como ciudadanos y contribuyentes, sobre las políticas, autoridades e institucionalidad pesquera, que hoy son los principales generadores de destrucción ambiental y pobreza en las regiones costeras. Esto mediante la sobreexplotación de los recursos y la creciente eliminación de las escasas regulaciones y medidas de conservación marina.

La lucha por el último pez al sur del mundo

Frente a la aguda crisis que recorre las costas chilenas, se ha establecido en los últimos años una estratégica alianza entre funcionarios gubernamentales, políticos, empresarios y algunos dirigentes pesqueros para responsabilizar a las propias especies marinas del colapso de las pesquerías y sus impactos económicos. Un ejemplo clásico lo constituyó la campaña comunicacional que culpaba a la “sobrepoblación” de jibias de la caída de la biomasa y el reclutamiento en la sobreexplotada pesquería de jurel. Hoy se intenta justificar una matanza legal  para enfrentar una supuesta abundancia de lobos marinos comunes.

Esto constituye una medida política de corte populista y cortoplacista, sin asidero científico ni racionalidad técnica, con la cual el Gobierno intenta desviar la atención pública y de los pescadores sobre su responsabilidad y las causas de fondo que generan la actual destrucción marina y exclusión social en aguas chilenas.

Llama la atención que las autoridades pesqueras no demostraron la misma premura y voluntad política para controlar durante los últimos 10 años la otra “sobrepoblación”: la de los centros de cultivo de salmónidos que arrinconan a la pesca artesanal y a los operadores de turismo. También es sorprendente la inacción gubernamental frente a los millones de salmones que escapan anualmente y depredan sobre la valiosa y frágil biodiversidad marina, o en relación a la contaminación química y orgánica que está afectando a los ejemplares de ballena azul, al borde costero, a la columna de agua y al fondo marino de Chiloé.

Hace décadas los estudios internacionales indican que la eliminación de ejemplares es una medida absolutamente inefectiva para solucionar la interacción de mamíferos marinos y las pesquerías (Pemberton & Shaughnessy, 1993; Yodzis 200; Fraker & Mate, 1999), a menos que se intente eliminar a toda la población de estas especies nativas. La experiencia en Columbia Británica, Canadá, después de una década de eliminación de mamíferos marinos no ha disminuido la intensidad de la interacción con la pesca (Jamieson & Olesiuk, 2001). A ello se suma la paradojal situación creada en Namibia, África, donde después de grandes matanzas de lobos marinos, las pesquerías paradojalmente comenzaron a declinar.

Por su parte, la experiencia internacional señala que solo las medidas de mitigación, relacionadas con cambios en las estrategias de pesca, tales como la pesca cooperativa y variación en la permanencia de las artes de pesca en el agua, poseen una alta factibilidad de implementación.

Importante es alertar sobre la inconsistencia y contradicciones que entregan los promotores de la matanza de lobos marinos, reflejando el escaso conocimiento sobre la biología, parámetros poblacionales, comportamiento reproductivo y hábitos alimentarios de estos mamíferos marinos. Mientras dirigentes de la pesca artesanal señalan que el consumo y destrucción abarca entre el 70 y 80 por ciento de sus capturas, publicaciones científicas indican que las interacciones se concentrarían en algunos meses y que afectarían entre un 1,6 a 3,3 por ciento de las capturas (De la Torriente, y colaboradores, 2010).

También sorprende la disparidad sobre el tamaño poblacional de los lobos marinos comunes en aguas chilenas. Mientras los especialistas señalan la existencia de 100 mil a 150 mil ejemplares, Francisco Fernández, director de Sernapesca de la Región de Los Lagos, afirma que existirían 2 millones de ejemplares. Por su parte, la consultora Pupelde indica que habría existido un incremento del 50 por ciento de esta población entre 1998 y 2008, mientras el Proyecto del Fondo de Investigación Pesquero  Nº 2006-49, realizado entre Valparaíso y La Araucanía,  concluye que la tasa intrínseca de crecimiento en el área de estudio sugiere que la población de lobos marinos se encuentra estable y que “las proyecciones poblacionales en 10 años evidencian una tendencia a la disminución de la abundancia poblacional para las próximas décadas”.

Hoy el “peso de la prueba” se encuentra en el lado del Gobierno, los consejos zonales de pesca y los dirigentes pesqueros, quienes deben demostrar a los ciudadanos, pescadores, comunidades costeras chilenas y a los consumidores internacionales, que la exterminación de lobos marinos permitirá la recuperación de las sobreexplotadas pesquerías nacionales, así como la solución de los agudos problemas económicos y sociales que afectan por décadas a la pesca artesanal chilena.

Lo paradojal de esta situación será que una vez que los lobos marinos hayan sido eliminados, le seguirán los propios pescadores artesanales, quienes son los otros “disfuncionales” del actual sistema pesquero y de acuicultura basado en la privatización, exportación, concentración económica y transnacionalización de nuestro mar y sus recursos. Entonces ¿Quiénes son los verdaderos “lobos” que amenazan la existencia de la pesca artesanal chilena?

Esta cuestionada iniciativa del Ejecutivo, detenida casi tres meses en la Comisión de Hacienda del Senado, constituye un traje a la medida para los intereses de la banca acreedora de la industria salmonera, la cual adeuda cerca de 2 mil millones de dólares y es la responsable de los 20 mil trabajadores cesantes producto de la mayor crisis social, sanitaria, y ambiental en la historia de Puerto Montt y el archipiélago de Chiloé.

La aprobación express del cuestionado proyecto de ley, permitirá que las concesiones acuícolas, que son bienes nacionales de uso público, puedan ser hipotecadas como garantía de esta billonaria deuda privada. A la vez que entrega dichas concesiones a las empresas salmoneras por 25 años renovables sucesivamente, lo que constituye en la práctica una forma encubierta de entrega del litoral costero a perpetuidad.

Este vergonzoso hecho ocurrido en la Comisión de Hacienda del Senado, el que  pareciera ser mas propio de una republiqueta salmonera que de un país que será miembro de la OCDE, fue operado políticamente por la Subsecretaria de Hacienda, María Olivia Recart, en representación del Ministro  Velasco, y perpetrado por los senadores Evelyn Matthei (UDI), Camilo Escalona (PS), Hosain Sabag (PDC) -en reemplazo de Eduardo Frei -, Carlos Kushel (RN), y José García Ruminot (RN). Sólo existió la oposición de los senadores Carlos Ominami (Independiente) y  Pedro Muñoz Aburto (PS).

El senador Ominami en su alegato indicó que “el carácter hipotecable de las concesiones, abre paso a la privatización. Es un tratamiento específico, discriminatorio a un sector que ha tenido extraordinarios problemas en su comportamiento ambiental, laboral y productivo”

Agregó que “esta norma no tiene justificación y significa una suerte de privatización de un bien de uso público, porque las entidades financieras podrán rematarlas en un plazo de 3 años, si los titulares no pueden explotarlas directamente. Eso significa que finalmente será una entidad bancaria la que comenzará a administrar las concesiones acuícolas”.

La aplanadora Gobierno-derecha pulverizó además la posibilidad de caducidad de las concesiones salmoneras si sus titulares incurrieran en prácticas antisindicales e infracciones a los derechos fundamentales de los trabajadores. La propuesta del Ejecutivo reemplazó la norma anteriormente aprobada en la Comisión de Pesca del Senado, la que establecía el cese de la concesión en caso que la empresa  recibiera tres sentencias laborales condenatorias en tres años consecutivos.

En su reemplazo se incorporó la aplicación de multas que varían entre 2 a 5 millones de pesos (4 a 10 mil dólares), suma irrisoria para una industria que exportó 2.400 millones de dólares anuales en las últimas temporadas.

Además, la norma dispone que no se renovará la concesión acuícola al titular que acumule tres sanciones sólo por prácticas antisindicales en centros de cultivo, en ” tres ciclos productivos consecutivos”, es decir, alrededor de seis años.

Para aclarar el sentido de esta norma, la presidenta de la Comisión de Hacienda,  Evelyn Matthei, indicó que “todo el mundo sabe que no estoy de acuerdo con que la concesión y los cientos de millones de dólares invertidos  se puedan perder por la resolución de un juez, que además es inapelable. Nadie iba a recibir un préstamo ni una hipoteca de ningún banco, si la concesión acuícola quedaba sujeta a causales de caducidad como las que traía el proyecto original”.

Para condicionar más esta cláusula, haciéndola inviable, la norma señala que “las infracciones deberán referirse a hechos acaecidos en un mismo centro de cultivo respecto de trabajadores del concesionario que hayan prestado sus servicios en el referido centro, en la época de ocurrencia de la infracción”.

Y si lo anterior fuera poco, dispone que “la Subsecretaría correspondiente podrá renovar la concesión al titular, si previo informe de la Dirección del Trabajo, constata una conducta laboral irreprochable del concesionario con posterioridad  a los hechos que configuraron la sanción mencionada”.

En la práctica, esta normativa será letra muerta, sólo aire caliente, ya que no contempla  a las empresas subcontratistas y relacionadas, realidad mayoritaria en esta industria de creciente precarización laboral, como es el caso de los buzos que operan en los centros de cultivo. Pero además no contempla a los trabajadores de factorías que son cerca del 90 por ciento de la fuerza laboral.

Es evidente que frente a esta normativa, el titular de la concesión salmonera no tendrá trabajadores propios. Un detalle no menor es el hecho de la no existencia de sindicatos en los centros de cultivo o que estos son un ave rara en las empresas subcontratistas. Entonces ¿quién o quienes presentarán las denuncias por prácticas antisindicales?

Llama la atención, especialmente por las promesas realizadas durante esta campaña presidencial, que tanto los senadores de Gobierno como de oposición hayan excluido las infracciones a los derechos fundamentales de los trabajadores. Esto a pesar de existir 64 trabajadores salmoneros fallecidos durante los últimos 60 meses, lo que representa la mayor tasa de accidentabilidad laboral con consecuencia de muerte, en la salmonicultura a nivel mundial.

Esta vergonzosa ley entrega un cheque en blanco a las empresas salmoneras para seguir abusando e incumpliendo la normativa laboral, en un contexto de alta cesantía que se proyecta para el período 2010-2012, como producto de las próximas fusiones, ventas y quiebras de compañías que serán ejecutoriadas sin contemplaciones por los bancos acreedores. Esto porque ahora ya tienen asegurada la recuperación de sus deudas y la creación de un mercado secundario especulativo de compra y venta de concesiones de acuicultura.

Esta vergonzosa ley es funcional para una industria ambientalmente indecente y socialmente irresponsable, con  lo cual se demuestra que la auto-promocionada “salmonicultura 2.0′, es tan sólo relaciones públicas para incautos.

Sólo queda seguir luchando frente a los visos de inconstitucionalidad y vicios de origen de esta nueva “ley de amarre” que privatiza nuestro litoral. Esto además anticipa lo que será la discusión pública el 2012 para evaluar los impactos ambientales, económicos y sociales de una década de privatización de las pesquerías chilenas a través del sistema de cuotas individuales transferibles.