Sin duda, tal actitud deviene de un modelo que, a pesar de los esfuerzos, no ha sido posible modificar en su esencia. En lo económico percibe al trabajo como un mero recurso productivo, al igual que maquinarias y equipos, apostando a su regulación por las leyes del mercado, sin espacios ni roles democratizadores ni redistributivos para el actor sindical. En lo socio-político, representa la impronta de una ideología individualizante que desnuda de toda significancia a la sociedad civil organizada. La visión antisindical de las autoridades se manifiesta una vez más en la reciente creación de la Comisión Asesora Presidencial para la Seguridad en el Trabajo, la cual, entre otras falencias, no integra a los trabajadores. También causa extrañeza el anuncio del  Gobierno un día después, de creación de una comisión paralela pero sólo referida a la minería, garantizándose de ese modo la continuidad del escenario de fragmentación normativa y de fiscalización estatal parcializada y descoordinada que contribuyó al accidente laboral en la mina San José.

Valga recordar que la garantía a la vida y seguridad de las personas no es escindible de la protección a la seguridad y salud en el trabajo. Como ésta a su vez, entre otras variables, depende de la organización del trabajo, la extensión e intensidad de las jornadas, la estructura y monto de las remuneraciones, la precariedad contractual y de las condiciones de trabajo, el respeto a la libertad sindical (reconocimiento efectivo de los sindicatos, de la negociación colectiva y del derecho a huelga), etc., nos enfrentamos a un problema de gran complejidad, que requiere de soluciones integrales y voluntades políticas explícitas.

Las actuales regulaciones de la relación capital-trabajo, junto con posibilitar escandalosos márgenes de ganancia empresarial, aumentan los riesgos y generan un mayor disciplinamiento de la fuerza laboral, profundizando su supeditación al poder empresarial. De allí, la importancia de la calidad de las normas, de una real garantía  de cumplimiento por los distintos poderes del Estado, de la legitimidad social de éstas, lo que sólo se logra cuando son generadas con la participación activa de los actores involucrados, en particular de los trabajadores, a través de sus organizaciones, etc.

A pesar de los intentos de reducir el terrible drama de los trabajadores de la Mina San José a sólo un fenómeno de inseguridad de la pequeña minería, guste o no, éste se inserta en una problemática país, presente en todos los sectores productivos, resultante de una estrategia dominante que privilegia el crecimiento y la concentración económica por sobre otros valores de muy superior relevancia social. Representa concepciones ideológicas que nos negamos incomprensiblemente a transparentar, a debatir y a confrontar con otras que postulan a la persona humana como sujeto y fin del desarrollo, devolviéndole al trabajo su necesaria centralidad social.

Tal situación sólo tambalea, y por poquito rato, frente a grandes dramas sociales, como el de ahora o como el accidente ocurrido el 2004 en una obra de construcción, con un saldo de siete fallecidos y quince heridos, clave en la aprobación de la ley de subcontratación. El que se tratase de un hecho políticamente imposible de minimizar facilitó la incorporación de algunas importantes normas sobre accidentes fatales y graves, con el fin de mejorar la función inspectiva y de control de parte del Ministerio del Trabajo y también del sector salud; incrementar la responsabilidad de las mutualidades; y, reforzar la prevención de riesgos. ¿Qué pasó con estas normas? Pues bien, triunfó la estrategia de sectores empresariales de dejar sin efecto gran parte de sus contenidos, logrando, de pasada, consolidar una absurda jurisprudencia judicial que niega a la Dirección del Trabajo la facultad de calificar la existencia o no del vínculo laboral, y por tanto de definir quien se encuentra protegido o no por las normas del trabajo.

Mientras más posterguemos el debate de fondo, seguiremos girando en banda, discutiendo cada norma laboral en función de sus costos, y si algunas, por su justeza, presión social o conveniencia política, logran superar dicho examen,  no importa mucho, porque para eso están los complejos e intricados mecanismos de muy variado tipo que posibilitan a muchas empresas, con impunidad, vaciarlas de contenidos, condenándolas a una total ineficacia.

¿Será posible hacer ese debate, bajo un Gobierno marcado por el sello empresarial, por una mayor privatización de responsabilidades en áreas públicas tan relevantes como salud y educación, y con una declarada manifestación de morigerar la fiscalización laboral? He allí una gran interrogante y un urgente desafío, ya que dramas como el que hoy viven los mineros de Atacama no se debiesen nunca repetir.

Todo ente regulatorio o fiscalizador recibe presiones y toma conocimiento de intereses, muchas veces en pugna, desde los diferentes sectores afectados. Lo importante, es que ellas no lo desvíen nunca de las responsabilidades que le asigna la ley ni a perder de vista la importancia de los bienes jurídicos que se deben proteger. Al menos, la Dirección del Trabajo durante varios años se caracterizó por ese sello, lo que es totalmente comprobable y bastante conocido.

Mayor es la extrañeza, cuando hoy se habla con gran soltura de la necesidad de regular el lobby político, como parte del quehacer de un Estado democrático; si bien, antes de legislar sobre este tema sería de máximo interés conocer la opinión de la ciudadanía.

Lo anterior sorprende aún más, cuando lo que sí debiera  preocuparnos son otros temas ineludibles, de ser cierto aquello que queremos construir una sociedad más justa, igualitaria y buena para todos. He aquí sólo algunas de muchas interrogantes.

¿Cómo es posible que un país con los grados de crecimiento económico alcanzados no protejamos mejor la vida en el trabajo? Los avances logrados en los últimos años, varios de ellos relevantes, no impiden que las cifras oficiales, sin capturar totalmente la realidad debido a un lamentable subregistro, sigan siendo escalofriantes. Durante el 2009 se registraron 443 accidentes fatales en los lugares de trabajo; en igual período, los registros -sólo de las mutualidades de empleadores-  arrojaron 191.685 accidentes de trabajo, incluyendo los de trayecto. En el período de enero a marzo del 2010, las vidas perdidas en iguales circunstancias ya ascendían a 155 personas. Los homicidios durante el 2009, producto de los logros en seguridad pública, alcanzaron la siempre triste cifra de 285 personas; sólo las víctimas fatales con ocasión del terremoto y tsunami de febrero pasado, son similares a las laborales en sólo un año. ¿Qué nos pasa como sociedad si hechos tan lamentables, salvo cuando se nos presentan en forma tan impactante, nos dejan impávidos? Pareciera ser que sólo las grandes catástrofes logran conmovernos.

Aunque no guste, los problemas en seguridad e higiene en el trabajo son constatables en todos los sectores productivos, cualesquiera sea su dinamismo o el  tamaño de la empresa. Estudios muestran que la gran Minería, a pesar de la alta tecnologización de sus procesos, con sus explotaciones en altura, jornadas excepcionales (por la ubicación de los yacimientos), ambientes contaminantes, colaciones en máquina, externalización de riesgos a través de la subcontratación y del suministro de trabajo en iguales o similares actividades que los trabajadores propios,  doblajes de turnos, etc., también genera riesgos evitables a la salud y vida de los trabajadores.

El crecimiento y expansión de la salmonicultura, con o sin virus ISA, se sustenta en la vida de los buzos mariscadores que laboran en los centros de cultivo, con altísima cantidad de trabajadores muertos (58, en menos de tres años) y en condiciones de trabajo lamentables en la industria: funciones repetitivas, en permanente humedad, sin contar la gran precariedad contractual, los bajísimos sueldos y las extenuantes jornadas.  Ello, con sus particularidades, se reproduce en la agro-industria, con el agravante del conocido fenómeno de los plaguicidas y pesticidas, el trabajo infantil, etc.; así como,  en otros sectores de actividad.

La pérdida de vidas, todas valiosas y evitables, sí debieran indignarnos; al igual que la poca valoración que se le otorga a las condiciones de trabajo, la discriminación laboral, la libertad sindical y los derechos laborales en general; a lo menos, saquemos lecciones provechosas de experiencias tan lamentables como la de los mineros de Atacama.