De profundas redes empresariales y políticas, Cristóbal Lira es sobrino de Pedro Ibáñez, uno de los fundadores y financistas de RN, es primo de Nicolás y Felipe Ibáñez (ex controladores del imperio supermercadista D&S), fue gerente de D&S y al menos hasta antes de convertirse en subsecretario todavía era dueño de cerca del 5% de acciones de Cruzados, sociedad anónima propietaria del equipo de fútbol Universidad Católica.

Hoy Lira hace noticia porque cuatro importantes asesores a honorarios de la Subsecretaría de Prevención del Delito: Felipe Achondo Doren, Gonzalo Díaz del Río, Óscar Díaz Bustamante y Alonso Castillo Bastías; ganan en total al mes $14.000.000 y ninguno de ellos tiene título profesional ni experiencia demostrable en materias de prevención delictual.

¿Qué define a un gobierno de los mejores “sin cuoteo ni repartija política” o mejor dicho qué experiencia curricular en materia de seguridad y prevención del delito tienen estas personas y bajo qué criterios profesionales fueron contratadas a honorarios para dichos cargos?

Se lo preguntamos a Lira. Esta fue su respuesta:

“Las personas aludidas, que en su mayoría ya estaban cuando asumí esta subsecretaría, son de alta confianza, gran experiencia en el ámbito de las actividades en que se desarrollan e importante experiencia política. En estos dos años, han demostrado excelencia en el desempeño de sus actividades y sus remuneraciones están de acuerdo a las responsabilidades del cargo que cumplen”.

Los datos contradicen la versión del subsecretario. Revíselos usted caso a caso.

EL MEJOR PAGADO DE LA SUBSECRETARÍA

León Felipe Achondo Doren según los datos oficiales publicados en la sección de Gobierno Transparente de la Subsecretaría, sólo tiene Licencia de Enseñanza Media, fue contratado como asesor a honorarios el 1 de septiembre de este año, cuando Lira ya era subsecretario, y gana más que cualquiera de los funcionarios de planta, contrata u honorarios de la Subsecretaría, con excepción del propio subsecretario. Específicamente $5.600.000 al mes. ¿Su tarea? Ser “Asesor en Materias de Diseño e Implementación del Programa Estadio Seguro”.

Cristóbal Lira no se refirió a si conocía a Achondo antes de contratarle o si trabajaron juntos cuando el subsecretario era miembro del directorio de Cruzados pero lo concreto es que el último trabajo conocido de Achondo, antes de sumarse al gobierno, fue el de presidente de la rama de fútbol de la UC, cargo que mantuvo desde 2006 hasta 2010, período en que no se le conocen programas públicos en materia antidelincuencia o respecto a la seguridad en los estadios.

Si usted revisa la planilla de contratos a honorarios de la Subsecretaría, como lo hizo El Mostrador, verá que el único asesor que se acerca a lo que gana Achondo es un ingeniero civil industrial que percibe $5.000.000 por una labor idéntica a la de el ex presidente del equipo de fútbol de propiedad de Cruzados SADP.

El otro caso de asesoría sin título dentro de esta área es el de Alonso Andrés Castillo Bastías, quien sólo tiene  Licencia de Enseñanza Media, pero recibe mensualmente $2.057.614 a honorarios por el mismo trabajo de Achondo. Específicamente, en Gobierno Transparente, figura como “Asesor para la implementación del Programa Estadio Seguro” desde el 1 de septiembre de este año. Igual que el ex presidente de fútbol UC.

El delfín de Carlos Larraín

Gonzalo Díaz del Río Riesco es “Técnico Pesquero” del Centro de Formación Técnica Zipter y está contratado por la Subsecretaría como “Coordinador Regional de la Región Metropolitana”, cargo por el cual percibe honorarios mensuales de $3.333.333 y al cual, según Gobierno Transparente, llegó el 1 de agosto de 2011 (pese a que en la Subsecretaría aseguraron que Díaz del Río ostenta dicho cargo desde antes de la llegada de Lira).
Díaz del Río es militante RN y es conocido públicamente como uno de los “regalones” del presidente de ese partido, Carlos Larraín. De raigambre Opus Dei como “don Carlos”, Díaz del Río fue candidato a diputado en 2009 por San Joaquín, Macul y La Granja pero fue derrotado por el UDI Felipe Salaberry.

Calificado como la “mano derecha” del ahora senador Larraín en la Intendencia Metropolitana -donde trabaja como jefe de seguridad pública y ha subrogado a Cecilia Pérez pese a que no figura en los registros de Gobierno Transparente de la Intendencia-, Díaz del Río también es cercano al “Coté” Ossandón e integra el directorio de la Polla Chilena de Beneficencia. Por esta última labor recibe más de $3.000.000 mensuales. El presidente del directorio de la Polla es Roberto Ossandón, reconocido ex encargado de las platas de RN y hermano del “Coté” y la ex directora de la Junji, Ximena Ossandón.

Coordinador nacional de Seguridad… sin título

Óscar Díaz Bustamante es militante UDI de larga data. Fue miembro de la comisión política del gremialismo en los períodos 1996-1997 y 1997-2000 y en la actualidad es concejal por ese partido en la comuna de Lo Espejo.

Con estudios no acabados de Derecho, Díaz Bustamante no es autor de investigaciones sobre delincuencia ni registra un currículo de público conocimiento en criminología o áreas relacionadas. Pese a ello ocupa el cargo de Coordinador Nacional de la División de Seguridad Pública, quizá el cargo más relevante del organismo después del subsecretario Lira, y es su asesor directo. Por estas funciones percibe honorarios mensuales de $2.950.000. Según Gobierno Transparente trabaja en la entidad pública desde el 1 de enero de 2011.

A Rodrigo Javier Hinzpeter Kirberg, más bien, confidencian cercanos suyos, todo esto le divierte porque dice que cuenta con la confianza del “jefe” y es “el gallo que conduce el gabinete y no el que se parece a otros ministros del Interior”.

Autodefinido desde la campaña presidencial como un “soldado” de Piñera sin agenda política propia y con cero interés de replicar el estilo de sus predecesores en el cargo (le irrita sobremanera que lo comparen con José Miguel Insulza), Hinzpeter odia ir al Congreso porque le parece una pérdida de tiempo y en privado recita que su única agenda actual “es el éxito del gobierno: paz social, gobierno interior y delincuencia”. Todas materias en las que el oficialismo no ha sido bien evaluado por la ciudadanía y sobre las cuales Hinzpeter ha desplegado una fuerte estrategia comunicacional para endosarle la responsabilidad de la pérdida de la “batalla contra la delincuencia” al Ministerio Público y los jueces.

El análisis que hacen en La Moneda es que si bien fue el gobierno quien prometió reducir las cifras de victimización y criminalidad, la culpa de haber fallado es compartida y debe ser endosada a quien corresponde. “Hay que ponerle nombre y rostro al tema y la gente de a pie sabe que el problema no radica en las policías o el gobierno sino que en las fiscalías que archivan los casos prematuramente”, dice un asesor de Palacio, quien además asegura que los sondeos reservados hechos por el gobierno indican que la ofensiva de Hinzpeter contra fiscales y jueces está bien evaluada por los segmentos populares y de clase media.

De ahí que el duro match de box de Hinzpeter con el fiscal nacional Sabas Chahuán no tiene para cuando terminar. Más aún cuando las estadísticas de la propia fiscalía indican que sólo en el primer trimestre de este año se archivó el 84% de los casos de robos y que desde el año 2009 el propio Chahuán ha criticado a su gente por los altos números de casos de todo tipo que se archivan antes de que las víctimas siquiera presten testimonio ante un fiscal.

Vuelta de mano a Chahuán

El último round del titular de Interior y el Fiscal Nacional se dio el viernes pasado cuando Hinzpeter citó a Chahuán a una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública en La Moneda y el fiscal nacional se excusó de asistir debido a que a esa misma hora debía presidir la cuenta anual de los fiscales regionales;  encuentro que tenía agendado hace meses.

La justificación no valió de nada. Hinzpeter le dio con todo:

“El Fiscal Nacional ha equivocado el camino cuando se resta de una reunión de carácter nacional”, declaró al término del encuentro en La Moneda. “Esta no era una reunión social, el Consejo Nacional de Seguridad es una instancia a la que hay que concurrir por obligación legal. El Fiscal Nacional en ejercicio debe asistir al consejo por ley”. Luego añadió que “es lamentable este hecho, porque el combate a la delincuencia exige responsabilidad de todos los organismos encargados de combatirlo. Como gobierno vamos a seguir avanzando en materia de delincuencia, se reste quien se reste. Lo que ocurrió aquí no es un desaire personal, es un desaire a todos los chilenos”.

Tras la jugada se cuadró buena parte del oficialismo tras Hinzpeter e incluso se empezó a hablar de una eventual destitución de Chahuán por parte de diputados de la Alianza.

Las declaraciones del jefe de gabinete, según cercanos al fiscal, fueron una vuelta de mano a la actitud de autonomía profesional que ha mantenido Chahuán durante los meses de “hostigamiento” por parte de Hinzpeter.

También, afirman, fue la forma de cobrarse la deuda por la cita de Chahuán con Andrés Chadwick, donde este último le habría reconocido que la polémica pública por el tema de la delincuencia no era bueno “porque se podía afectar la imagen institucional”.

El error de Chadwick

Si fue así o no, lo que es vox pópuli en el entorno del titular de Interior es que a Hinzpeter le molestó muchísimo que en el medio de una discusión que le parece importante, el vocero de gobierno tenga una reunión privada con Chahuán. “Le pareció que fue un error”, aseguran.

A ello se suma que Chadwick haya dicho públicamente que era efectivo que Hinzpeter estuvo renunciado 24 horas el 12 de septiembre pasado, después de una dura reunión con Sebastián Piñera; y que la prensa mayoritariamente destaca como el primo del Presidente se ha convertido en una especie de “triministro” que lleva las riendas de la conducción política del gabinete.

Reconocido como un hombre de perfil analítico pero que se “pica” con facilidad, Hinzpeter en privado ha dicho que “lo de la jefatura de gabinete de Andrés es una lesera”.

Como prueba de ello, afirma uno de sus mejores amigos, está el hecho de que cuando algún ministro tiene un problema serio acude a él. “Pasó en el caso de Felipe Bulnes en medio del debate por la Educación, en el tema del Acuerdo de Vida en Pareja que iba a ser súper aguachento hasta que se metió Rodrigo; en las reformas políticas, donde él destrabó muchos puntos; y también con la oposición. Han existido muchas mas reuniones privadas de Rodrigo con la Concertación, que las que se conocen. Muchos gallos de la Concertación saben que cuando deben ver algo importante van donde él. Como dijo Joaquín Lavín es el primus interpares y eso él dice que lo tienen claro los ministros, les guste o no”.

Este lunes El Mostrador detalló cómo Ricardo Ariztía, director de Indap,  el subdirector de la entidad Juan Carlos Domínguez, el director de fomento Ramón Arrau y el jefe de gabinete del subsecretario de Agricultura, Federico Errázuriz, vienen o están ligados familiarmente a dos de las principales empresas acusadas por la FNE: Pollos Ariztía y Agrosuper. Incluso, algunos ocuparon cargos en esas firmas o en entidades relacionadas durante el periodo en que se las acusa del coludirse contra los consumidores.

A todo ello se sumó el ingrediente del matrimonio entre Sebastián Piñera hijo y Carmen Ariztía, nieta del dueño de Pollos Ariztía, Manuel Ariztía Ruiz, situación que convertirá al Presidente de la República en pariente político de Ariztía, poniendo a Piñera y a Ricardo Ariztía, sobrino de Manuel Ariztía, en una incómoda situación que cruza familia, gobierno y propiedad con el caso de la colusión “de los pollos”.

Cabe recordar que las tres compañías que concentran el 92% del mercado local -Agrosuper (60,1%), Ariztía (28,1%) y Don Pollo (3,5%)- son acusadas de implementar en la última década prácticas destinadas a limitar la producción de pollos, controlar los precios y asignarse cuotas de mercado, en la lógica de un cartel.

Renuncia preventiva

Este martes El Mostrador confirmó en Indap que el subdirector del organismo Juan Carlos Domínguez Covarrubias presentó su renuncia poco antes de que la FNE diera a conocer su resolución acusatoria.

Domínguez Covarrubias es hijo del que fue el último ministro de Agricultura de Pinochet, Juan Ignacio Domínguez (quien fue mencionado en círculos de la UDI como candidato a dirigir el Indap a comienzos del gobierno de Piñera). Se integró al gobierno en abril de 2010, fecha en que se convirtió en asesor del subsecretario de Agricultura, Álvaro Cruzat (UDI), cargo que mantuvo hasta junio de 2010, tres meses antes de que la FNE iniciara la investigación que hoy tiene de cabeza al mundo de los pollos.

De acuerdo a las versiones oficiales de Indap, cuando Juan Carlos Domínguez llegó a trabajar para el gobierno después de casi una década trabajando para Agrosuper en distintos cargos gerenciales a nivel nacional e internacional, los cuales incluyeron el trabajo de estrategias de precios y ventas (parte de lo que investiga la FNE), aseguró que dedicaría dos años al servicio público y regresaría al mundo privado al cumplirse la fecha (abril de 2012). De ahí que antes de que explotara el caso de colusión de los pollos, le habría indicado a Ricardo Ariztía su decisión de dejar su cargo a fines de diciembre próximo.

Fuentes al interior de Indap tienen otra respuesta. De acuerdo a las versiones recogidas en el organismo público, Domínguez habría renunciado alertado por la investigación de la FNE y lo que podría venírsele encima al grupo de altos funcionarios ex ejecutivos y empresarios del mundo avícola. Otros aseguran que fue el chivo expiatorio de Ricardo Ariztía.

Como haya sido, el resultado concreto es que Domínguez se va a fines de diciembre.

Los otros polleros

Cabe recordar que el subdirector de Indap no es el único funcionario de pasado “pollero”.

Ricardo Ariztía Castro es sobrino de Manuel Ariztía Ruiz, dueño de Empresas Ariztía, y director de la entidad pública. Como tal le toca vincularse con el mudo agrícola y avícola, así como con los grandes gremios como la SNA, de la cual fue presidente. Pero además, según el currículum oficial de Ricardo Ariztía este ocupó el cargo de gerente general de  Agrícola Baracaldo, una de las cuatro áreas de negocios del holding Ariztía.

Otro funcionario de Indap relacionado al mundo “pollero” es Ramón Arrau García de la Huerta, hijo del quien fuera gerente de asuntos corporativos por 27 años de Agrosuper y director suplente de la Asociación de Productores de Pollo (APA), Ramón Arrau de la Cerda.

Ramón Arrau García de la Huerta llegó en mayo de 2010 a ocupar el puesto de jefe de gabinete del director nacional de Indap, con un sueldo de $3.662.105. Después, fue contratado a honorarios por $4.827.000 con cargo de asesor de programas de apoyo a la agricultura familiar campesina. Tras sólo tres meses, en abril pasado lo integraron a la planta funcionaria como jefe de la División de Fomento de Indap, cargo por el que percibe $ 3.656.667, además de una asignación de alta dirección pública de 65%.

Dentro de la Subsecretaría de Agricultura también hay vínculos con el negocio de los pollos. Es el caso del jefe de gabinete del subsecretario Álvaro Cruzat, Federico Errázuriz Tagle, que fue  jefe del área de Pavos de Ariztía.

La semana pasada, como en los típicos “road show” de empresarios que buscan levantar capital fresco o de los escritores que salen de la soledad de sus despachos, el ex catedrático de Harvard, quizá uno de los economistas más brillantes del país, dio entrevistas a quien quisiera escucharle. Desde Estado Nacional pasando por radios y diarios hasta el canal de noticias de TVN, el mensaje fue el mismo: renovación, terminar con la desigualdad y hablar de lo bien que lo hizo Bachelet y lo mal que lo está haciendo Piñera.

¿A qué se debe su nuevo estilo directo, muy distinto a la mesura con la cual solía hablar desde la responsabilidad del ministro de Hacienda?

“Yo siempre he sido muy franco al referirme a lo que no me gusta o no me parece bueno para Chile”, responde Velasco. “Por eso pudimos sostener buenas políticas económicas, a pesar de las presiones, durante 2006-2010, tanto en la parte de auge como en la de crisis del ciclo. La única diferencia es que un Ministro de Hacienda habla principalmente de los temas de su cartera. En mi etapa actual corresponde que me refiera a todos los asuntos, políticos o económicos, donde las cosas podrían hacerse mejor”, agrega.

Ministro versus candidato

El jueves pasado en el Centro Cultural Gabriela Mistral, Velasco lanzó “Contra la desigualdad”, libro que escribió junto a Cristóbal Huneeus.

En el texto, el ex ministro de Hacienda y el economista, proponen 15 medidas para mejorar las oportunidades de empleo en Chile y señalan que la brecha de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre es de 78,5 veces.

En la ocasión, además, Velasco volvió a decir que está en la carrera presidencial, que está abierto a participar en elecciones primarias de la Concertación y habló de la importancia de renovar la clase política incorporando a jóvenes.

Al lado suyo en la testera, el ex ministro era escuchado por Camilo Escalona, invitado estelar a comentar el libro y quien, ironías aparte, fue uno de los tapones de la renovación generacional de la Concertación en el gobierno pasado y el principal enemigo de hacer elecciones primarias en la última carrera presidencial, lo cual derivó en que Marco Enríquez-Ominami, uno de los militantes jóvenes del PS, renunciara a la coalición y lanzara candidatura propia.

En las primeras filas del evento figuraba el ex Presidente Patricio Aylwin, quien dio su venia al candidato Velasco al decir que “Andrés tiene condiciones para hacer un buen papel”, y personeros de la línea histórica del antiguo oficialismo, como José Antonio Viera-Gallo y Edmundo Pérez Yoma, así como el ahora outsider, amigo de Velasco, Pablo Halpern.

La escena completa es un buen ejemplo de las tensiones entre la movida historia del Velasco ministro y el Velasco candidato, que recuerdan sus críticos de las “dos almas de la Concertación”; esa mezcla de ring de box y política de sobremesa que cruzó al gobierno de Michelle Bachelet cada vez que se vio obligado a decidir entre su lado más estatista o aquel más libremercadista.

Caso a caso

En el gobierno de Bachelet –quien prologó el libro- Velasco partió siendo el ogro neoliberal para el ala más “progresista” y terminó convertido en el superhéroe de la regla del superávit fiscal del 2% que permitió al país capear la crisis de 2008.

En el camino, Velasco, quien hoy promociona su tesis de mejor empleo y distribución, chocó con el entonces ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade cuando el titular de Hacienda propuso flexibilizar el empleo. Se pelearon nuevamente cuando el socialista, que le decía “rucia” a Bachelet, propuso la creación de una AFP estatal, a lo cual Velasco se opuso tajantemente. Otra disputa ocurrió cuando se discutía la ley de Subcontratación a fines de 2006 y luego, cuando un fallo judicial revirtió una orden de la Dirección del Trabajo para incorporar a los subcontratados de Codelco.

Cinco años después, el ahora candidato Velasco pasó de rechazar los petitorios de los trabajadores a apoyar el paro nacional que convocó la CUT, en un intento fallido de apoyarse sobre la popularidad del movimiento estudiantil, en agosto pasado.

Según el cientista político Patricio Navia este es una de las contradicciones más evidentes del creador del think tank Expansiva: “Su apoyo al paro nacional que convoco la CUT es una. Él dijo apoyar ese paro -en entrevista en radio Zero- dado el alto nivel de desempleo. Pero el desempleo era inferior a cuando el fue ministro. Creo que su apoyo al paro fue un error”.

Otro episodio contradictorio según sus críticos está relacionado con las reivindicaciones de los estudiantes. En 2006, a raíz de la “revolución pingüina” que marcó la agenda del inicio del gobierno bacheletista, la Mandataria destrabó el conflicto constituyendo la Comisión Nacional de Educación que planteó reformular la LOCE, recomendó crear una Superintendencia de Educación y promover una ley de aseguramiento de la calidad de la Educación.

En medio de todo el debate, cuando los parlamentarios díscolos exigieron mayor presupuesto para Educación y rechazaron la partida presentada por Hacienda en la Cámara de Diputados, el ministro Velasco visitó un jardín infantil y habló de la derrota en el Congreso. “Las movilizaciones, las presiones, no pueden hacerse a costa de los niños, no pueden hacerse a costa de la educación”, dijo, tal como podría decirlo hoy su sucesor Felipe Larraín, si Hacienda tuviera el peso que tuvo como eje gravitante de los gabinetes concertacionistas.

Si ahora, tras las masivas manifestaciones estudiantiles de los últimos meses, los jóvenes consiguieron instalar la necesidad del cumplimiento de la ley y una mayor fiscalización a nivel escolar y universitario, en ese tiempo la Concertación no estaba disponible para enredarse en disputas con los grandes conglomerados universitarios privados. Según el entonces ministro de Educación Martín Zilic, Velasco tampoco estaba a favor de fiscalizar a través de la creación de la Superintendencia del ramo:

“Cuando lo planteamos en 2006 no hubo consensos para llegar a implementar la Superintendencia como debe ser implementada y en eso hay culpables de la Concertación y de Alianza. Desde el inicio en el Ministerio planteé el tema de la Calidad como el tema central. La presidenta Michelle Bachelet me pidió que lo diera a conocer en un comité político. Y lo hice. Andrés Velasco –ministro de Hacienda– no estaba de acuerdo con aumentar el marco regulatorio y la ministra Veloso fue algo mas irónica preguntando si había existido antes en la historia de Chile una Superintendencia de Educación”, recordó Zilic en una entrevista con El Mostrador. Aunque “en esa oportunidad sentí claramente el apoyo de la Presidenta que me dijo yo creo en una salud pública y en una educación pública de calidad”, añadió Zilic, lo concreto es que la Superintendencia durmió el sueño de los justos hasta la implosión estudiantil de este año.

Otro consultado, un experto en educación que siguió de cerca todo el proceso de la revolución pingüina y el trabajo legislativo del gobierno de Bachelet en la materia, asegura que el problema del gobierno entonces fue que “sencillamente no hizo la pega que tenía que hacer en educación. No se cuanto influía Velasco en eso, lo único que se es que no tomaba el tema, lo delegaba a su subsecretaria, lo cual hace pensar que no le dio tanta importancia”.

“Sería bueno hacer críticas basadas en hechos y no en fantasías”, responde Velasco. “Tomemos el ejemplo de educación. En los 4 años de Bachelet echamos a andar la subvención preferencial para los alumnos pobres, reajustamos la subvención básica y expandimos masivamente la educación pre-escolar. Por eso durante nuestro gobierno el gasto en educación creció un 13% real por año, más que en ningún gobierno para el que se tengan datos. El que diga que entre 2006-2010 se escatimaron recursos para la educación no habla con la verdad”.

Otra situación que se le critica al discurso actual del ex titular de Hacienda, quien dijo que la reforma social hecha durante el gobierno de Michelle Bachelet fue ”la mejor de la historia”, es relativa a la distribución de la riqueza y la brecha entre ricos y pobres que, tras el fin de la dictadura, no se redujo.

Al contrario, el año 2009, casi al fin del período de la administración Bachelet, la brecha entre ricos y pobres subió según la encuesta CASEN 2009. Mientras el 10% más rico subió en nueve puntos porcentuales sus ingresos, el 10% más pobre apenas lo hizo en 1 punto. Es decir, quien entonces ganaba $113.000 pasó a ganar $114.000 en tanto el que ganaba $2.700.000 subió a $2.950.000. Puesta en distancia, dicha brecha significa que el 10% más pobre vivía con el 1,5% de los ingresos totales del país y el 10% más rico concentraba el 39,2% de los ingresos. Descontando subsidios, la diferencia total entre uno y otro grupo en ese minuto era de 46,2 veces.

Esta cuestión también es rebatida a El Mostrador por Velasco, quien afirma que “durante los últimos 20 años el desarrollo de políticas sociales audaces —de salud, educación, vivienda, pensiones— tuvo un impacto grande en la distribución del ingreso total de los hogares. De hecho, tomando en cuenta el impacto de todas estas políticas, la brecha entre ricos y pobres en Chile se reduce a la mitad. A mi me tocó diseñar y aplicar la reforma de pensiones, que da beneficios a más de un millón de jubilados, ha reducido en más de dos puntos porcentuales la pobreza en la tercera edad, y en el futuro bien puede eliminar la indigencia en este grupo. Me tocó también llevar a cabo el subsidio al empleo joven, una política muy novedosa para Chile y América Latina que hoy beneficia a más de 200 mil jóvenes y que tiene un potencial grande para reducir la desigualdad”.

Para influir sobre los parlamentarios a favor de la posición de una u otra operadora, las empresas han echado mano a compañías de lobby externo, agencias de comunicaciones dedicadas al marketing, a sus propios gerentes de asuntos públicos y materias regulatorias, e incluso al expediente diplomático. Debajo de los argumentos técnicos explicitados, el objetivo es uno sólo: conseguir la mejor posición para la empresa que se defiende.

El dream team del cabildeo

Entre los escuderos de la “telcocracia”, hay nombres que se repiten.

Enrique Correa y su empresa Imaginacción fueron contratados por Nextel para hacer valer sus intereses ante los congresistas. Aunque el ex ministro Correa no acostumbra frecuentar los pasillos del Congreso, si monitorea el trabajo en terreno de su área de Asuntos Públicos y hace los llamados telefónicos que le hicieron famosos y lo convirtieron en uno de los dos lobbistas top, junto a Eugenio Tironi, en la época concertacionista.

En el otro extremo político, el acento peruano-chileno de Cristina Bitar, socia de Azerta junto a Gonzalo Cordero, se oye con regularidad en los pasillos del Congreso y la antesala de la Comisión. Cuando ella no está, sus boys aplanan los pasillos del edificio de Valparaíso rastreando minutas y definiendo estrategias para VTR y otros clientes.

Nextel como VTR además cuentan con apoyo diplomático de Estados Unidos. Como son empresas controladas por capitales estadounidenses, la embajada de ese país hace suya la defensa de su posición, según fuentes de la Cancillería chilena y un documento al que accedió El Mostrador. De hecho, Mitch Larsen, el consejero comercial de la legación norteamericana en Santiago, envió una carta a Relaciones Exteriores el 8 de septiembre pasado donde solicita una reunión con el subsecretario de Telecomunicaciones Jorge Atton y hace ver que a su gobierno le “preocupa el alcance de esta ley ya que creemos podría afectar a las empresas estadounidenses que se encuentran actualmente operando en Chile”. Atton se habría negado al encuentro. Consultada sobre la carta enviada a Cancillería, la Oficina de Prensa de la Embajada de Estados Unidos señaló que tiene “como política general no comentar sus conversaciones privadas con el Gobierno de Chile”.

En otro registro, el de gerente de asuntos corporativos de Movistar, el ex subsecretario de Eduardo Frei, Andrés Wallis representa los intereses de la empresa de capitales españoles pero rechaza ser catalogado de “lobbista”.

Mientras que Entel tiene a su área de asuntos públicos desplegada en torno a la Comisión Mixta, por otra parte tiene contratada a la agencia B2O, de la asesora presidencial Fernanda Otero y su hermano Jorge Miguel, para encargarse del proyecto “Artenas”, que busca convertir sus antenas en “obras de arte”, lo cual según uno de sus competidores es parte de su estrategia de mitigación para no compartir las antenas con las otras empresas, pese a que estas estén dispuestas a pagar por ello. A este team se suma, de acuerdo a otra fuente de la industria, las excelentes conexiones de Entel con el ex think tank de Cristián Larroulet, Libertad y Desarrollo, que puso a dos de sus profesionales (Silvia Baeza y Daniel Montalva) a monitorear todo lo que sucede en las sesiones de la Comisión Mixta.

Cierra el cuadro la embajada de México, que ha intentado influir a favor de Claro. La legación azteca, el 19 de agosto pasado, envió a Cancillería una misiva donde hizo explícita la “preocupación del Grupo América Móvil” (cuarta empresa de telecomunicaciones mas grande del mundo, dueña de Claro y controlada por el billonario mexicano Carlos Slim) “ante el complejo escenario que representaría la eventual aprobación de la citada ley (de antenas) en los términos planteados actualmente”. En el párrafo siguiente, señala que el proyecto incorpora limitaciones y obstáculos que desincentivan “la inversión de los operadores en la ampliación y despliegue de sus redes y limita el servicio en gran parte de las comunas del país”.

Lo que está en juego

Los puntos claves de la disputa de ajedrez entre los lobbistas de las “telecos” son la llamada “colocalización” de antenas, la altura e impacto urbano de las torres y la definición de las zonas sensibles:

La primera significa que en una torre puedan instalarse antenas de varias compañías; si acaso esta colocalización debe ser aceptada de manera obligatoria o voluntaria por Entel, Claro y Movistar -las tres empresas que cuentan con antenas propias y que tendrían que autorizar a los nuevos jugadores, VTR y Nextel, a usar sus torres-; y si acaso la colocalización debe permitirse o no en las 6.254 antenas que ya existen a precio regulado o definido por el mercado.

La segunda, es la altura e impacto visual urbano de las torres y si acaso se debe prohibir la construcción e instalación de antenas a menos de 50 metros de escuelas, hospitales, jardines infantiles y asilos de ancianos; cuestión que, según algunos operadores, implicaría retirar cientos de antenas o dejar de construir otras, aumentando los costos para el consumidor final.

En ninguno de los casos mencionados las compañías están de acuerdo.

La posición que ha planteado la Subtel en las últimas sesiones de la Comisión Mixta, según fuentes de la industria, sería la de buscar un punto intermedio entre las posturas antagónicas para tratar de llegar a acuerdo, a sabiendas de que si la Comisión Mixta no logra un consenso, el proyecto no tendrá piso y podría morir en cuanto llegue a la sala de sesiones.

Los aspectos claves de dicha posición serían a) No establecer barreras de entrada a nuevos actores -léase cobros abusivos- b) Desincentivar la aglomeración de antenas c) Incentivar la colocalización retroactiva d) Promover la instalación de antenas con bajo impacto urbanístico (mimetización de antenas disfrazadas de palmeras u otros diseños de un catálogo a definir) e) Incentivar la instalación de antenas pequeñas f) Compensar por pérdida de plusvalía de propiedades de ciudadanos y g) Participación ciudadana en la toma de decisiones para que, por ejemplo, en La Dehesa o La Pintana sean los vecinos los que decidan si quieren una torre con antenas de varias empresas o varias antenas disfrazadas de otra cosa.

Todo esto se traduciría en promover la colocalización de antenas en las torres que ya existen y en aquellas que se construyan; y, por otra parte, que la empresa dueña de torres ya instaladas pueda negarse a recibir a un competidor en su torre pero deba pagar una compensación económica a la comunidad por la instalación de las torres de sus competidoras.

En la actualidad la torta del negocio móvil se reparte entre los “tres grandes”: Movistar, Entel, Claro; y, un Nextel, pequeño a nivel local pero gigante en otros países de Latinoamérica que quiere ponerse pantalones largos en Chile. Según datos oficiales de la Subsecretaría de Telecomunicaciones hoy Movistar lidera el mercado con el 40,6% de teléfonos móviles, seguida por Entel con 36,7%, Claro, con 22,6%, y en último lugar, con apenas un 0,2%, Nextel.

Guerra sin cuartel

El proyecto de ley de antenas ha tenido una larga tramitación, de casi seis años, interrumpida por varias siestas legislativas. Ingresó a discusión en la Cámara de Diputados el 18 de abril de 2007 y después de idas y venidas al Senado, fue enviado el 4 de octubre pasado a la Comisión Mixta, integrada por los diputados PPD Patricio Hales y Pepe Auth, los UDI Gustavo Hasbún y Javier Hernández, el DC Juan Carlos Latorre y los senadores Juan Pablo Letelier (PPD), Francisco Chahuán y Baldo Prokurica (ambos RN), el DC Jorge Pizarro y el UDI Jovino Novoa. Hasta ahora, dicen en la propia comisión, la votación estaría empatada, pero se hace difícil comprobarlo ya que al ser una comisión mixta sólo se hace público el informe final y las actas de sesiones se mantienen en reserva. Tampoco ayuda el hecho de que la comisión no deja a los periodistas entrar a las sesiones.

Lo que se decida en la Comisión Mixta tendrá un impacto decisivo para la aprobación del proyecto de ley en sala y, de paso, en las estrategias comerciales y de negocios futuras de la industria y las inversiones de Nextel y VTR (ambas de capitales estadounidenses), que como nuevos proveedores buscan aprovechar la capacidad instalada para funcionar al menor costo y tiempo posible.

En Chile hay casi 21 millones de teléfonos celulares (casi 1,3 por habitante) y el ingreso al sector de nuevos competidores debiera traducirse en un aumento de líneas móviles pero también en una lucha comercial por los clientes y una jibarización de la porción de mercado de los “tres grandes” que son los amos y señores de las antenas existentes. De las antenas que hoy hay en el país, según el último reporte publicado por la Subtel, Entel concentra el 47%, Movistar el 39% y Claro tiene el 23%. Aunque no lo dicen públicamente, en privado algunos de los consultados reconocen que compartir sus torres sin condiciones es como si usted dejara que el amante de su mujer duerma en su pieza. De ahí que busquen compensaciones o “premios de mercado”, como explica un alto ejecutivo de una las compañías, que pide anonimato.

Si tuviésemos que reducir la batalla a las posturas más duras y diametralmente opuestas, se podría traducir en la disputa Entel versus VTR, pese a que el concepto de colocalización retroactiva fue levantado en un principio por Nextel.

Mientras que Entel, controlada por Juan Hurtado Vicuña, Eduardo Fernández León y el grupo Yaconi Santa Cruz, ha fijado públicamente su posición asegurando que rechaza la colocalización obligatoria de antenas instaladas y por instalar; VTR (controlada por la norteamericana Liberty y con el dueño de Copesa, Alvaro Saieh, como socio minoritario) exige colocalización obligatoria retroactiva y de todas las que se construyan a futuro a un precio de mercado, pero que no sea tan alto como para que se convierta en una forma de taponar su ingreso al mundo móvil.

A su vez Entel sostiene que la retroactividad es mala por los problemas ciudadanos que puede significar que en una torre o antena se agreguen nuevos aparatos que conviertan la infraestructura en una parrilla de antenas rechazada por los vecinos; y VTR dice que es al revés ya que la colocalización permitiría no multiplicar la construcción de antenas y torres.

Detrasito de ambas “telecos” está Movistar que plantea que el precio de la colocalización sea un acuerdo entre las partes, netamente comercial, regulado por la oferta y la demanda. Su interés en este punto no tendría tanto que ver con que si la empresa de Telefónica recibe buenos dividendos por aceptar otros operadores en sus torres como con el hecho de que ya ha vendido un porcentaje no determinado de sus antenas a American Tower, empresa del negocio de antenas y torres que en Estados Unidos funciona como administradora del rubro, y sea probable que desee venderle el porcentaje restante, para dedicarse al núcleo de su negocio y compartir infraestructura en todo lo que se pueda para abaratar costos.

La posición pública de Claro es la de la colocalización obligatoria de ahora en adelante y pretende tomar medidas de mitigación para sus antenas ya instaladas.

La palabra final la tienen los 10 parlamentarios de la Comisión Mixta.

El argumento irritó a Piñera ya que el rubro pesquero es una de sus obsesiones, a tal punto que durante sus vacaciones en Italia, en mayo pasado, el Mandatario llevó consigo la propuesta de proyecto de ley de pesca elaborada por Juan Andrés Fontaine, para estudiarla, y a su regresó instruyó al entonces ministro de Economía seguir adelante con la idea.

La espina en el costado de Piñera con el tema viene de comienzos de los 90, cuando el entonces empresario y senador propuso incluir en la Ley General de Pesca y Acuicultura la posibilidad de licitar las cuotas de pesca. De hecho, el actual Presidente es autor del artículo 27 de dicha ley, que autoriza a la Subsecretaría del ramo a licitar el 50% del total de cuotas de peces de todo tipo (merluza, jurel, etc.). Algo que nunca se ha hecho, debido principalmente a los argumentos de las grandes pesqueras de que no hay suficientes recursos para llevar a cabo una licitación.

Este argumento no fue impedimento para que una vez electo, Piñera pusiera como una de las prioridades de Economía presentar al Congreso un proyecto de ley que terminara con la concentración del millonario negocio en manos de siete familias, incluido el Grupo Angelini.

Incluso, a sabiendas de los estrechos nexos políticos -y en algunos casos financieros- de sectores de la UDI con los grandes pesqueros, Piñera aprovechó su participación en el consejo ampliado del gremialismo en Cauquenes para poner la Ley de Pesca en el tapete, según relató uno de los cuatro diputados UDI que integran la comisión de pesca de la Cámara de Diputados, quienes hasta antes del arribo de Longueira a Economía, habían solicitado que el tema fuera analizado por el gabinete.

Lobby y consenso express

Sin embargo, cuando Longueira asumió como ministro echó por tierra las directrices dadas por Piñera a Fontaine y creó una mesa de trabajo compuesta por 30 miembros –incluida la delegada presidencial Beatriz Corbo, que es hija de un director de una de las grandes pesqueras- para que industriales y pescadores artesanales llegarán a un consenso antes del envío del proyecto al Parlamento, de tal forma que éste no incluyera la licitación de hasta el 50% de las cuotas anuales de pesca.

La mesa de trabajo se constituyó el 9 de agosto y en menos de dos meses concluyó que había que dejar las cosas como están y pedirá al Congreso que el proyecto se apruebe sin licitación por 20 años (ver documento).

El pasado lunes 26 y tras una reunión que se prolongó por más de siete horas, se cerró el acuerdo con la única oposición de Alfredo Irarrázaval, gerente de la asociación gremial de Pequeñas y Medianas Empresas Pesqueras (Pymepes), quien está alineado con la empresa de capitales noruegos Lota Protein en una ofensiva comunicacional para que nuevos competidores puedan licitar cuotas de pesca. Irarrázaval además criticó el proceso asegurando que “Longueira se convirtió en el ministro de las grandes empresas” y aseguró que el acuerdo estaba amarrado de antes gracias al lobby de las grandes pesqueras, a través de la empresa de comunicaciones de Cristina Bitar.

Uno de los factores clave para el acuerdo, según un asesor de los grandes pesqueros, fue que Longueira consiguió que estos aceptaran darle mayores cuotas de participación a los pescadores artesanales, pese a la reticencia original de Roberto Angelini. Así se desactivaría la posible entrada de nuevos actores ya que una licitación podría significar que los artesanales corran el riesgo de quedar fuera de un negocio que vende unos US$1.800 millones anualmente.

De esta forma, también, se mantendría el mapa de poder compuesto históricamente por los mismos: los Sarquis, cuya pesquera Itata se fusionó con El Golfo, del grupo Yaconi Santa Cruz; Jorge Fernández y Francisco Cifuentes, dueños de Camanchaca, que se fusionó con Bío Bío de la familia Stengel; y Roberto Izquierdo Menéndez, propietario de Alimar. Entre todos concentran más del 80% de las cuotas de jurel.

Echar abajo el acuerdo

Longueira calificó el acuerdo de “histórico”, pese a que expertos en competencia como Eduardo Engel aseguran que el actual modelo no se justifica. Para el doctor en Economía y académico de la Universidad de Yale, lo conveniente sería que “las cuotas de pesca sean asignadas mediante licitaciones competitivas, de modo que las rentas financien programas sociales” y se pueda promover mayor productividad e innovación.

En el Segundo Piso hay asesores de Piñera que aún no logran comprender que Longueira desoyera los deseos del Mandatario, aunque no descartan que el ex presidente de la UDI lo pueda haber convencido con buenas dosis de pragmatismo. La otra tesis es que el Presidente apostará sus fichas a echar abajo el acuerdo en la discusión legislativa del proyecto, con el argumento de que ambas cosas no son “vinculantes”.

En la biografía no autorizada de Piñera, sus autoras Bernardita del Solar y Loreto Daza describen el tozudo carácter del Presidente y cuentan que cuando se le mete una idea en la cabeza, es difícil que cambie de opinión.

Algo así estaría pasando con su objetivo de que exista competencia en la industria pesquera; el último episodio de su historial de desencuentros y disputas con Longueira, quien en 2009 abandonó la campaña presidencial de Piñera asegurando que le faltaba “credibilidad” y compromiso con la pobreza pero igual terminó convertido en su ministro y defendido por parlamentarios gremialistas que nada más ayer advirtieron a sus pares de RN que “a Longueira no se le toca”, a raíz de su disputa con el ministro de Hacienda.

Acuerdo de la Mesa de Trabajo Pesquera