No se trata de llegar siempre a acuerdos. Hay muchos casos en los que simplemente esto no es posible, como cuando discutimos sobre valores y principios éticos a los que no se puede renunciar sin traicionar nuestra propia identidad. Pero en todos los demás casos –que son la mayoría- los ciudadanos democráticos deben esforzarse por hacer, a lo menos, dos cosas: a) identificar la razonabilidad de sus desacuerdos (esto es, argumentar por que en materias de significación privada, parece inevitable respetar visiones irreconciliables entre sí) y; b) construir acuerdos fundados en razones públicas (esto es, dotar de razones que puedan ser entendidas por todos, para la construcción de las instituciones que nos gobiernan a todos).

Estos principios fundamentales de la democracia deliberativa deben ser debidamente complementados con otros ideales regulativos. En particular, con las condiciones de igualdad que permiten a todos discutir desde una posición equivalente de poder. Si la discusión tiene lugar al interior de relaciones de poder asimétricas, o en la que una de las partes coacciona o domina a la otra, entonces los acuerdos resultantes de ese debate serán ilegítimos. Sólo partes concebidas así mismas en un pie de igualdad formal y material, abiertas a la coacción sin coacción del mejor argumento y que acceden a procedimientos abiertos de debate democrático, pueden ver satisfechas sus expectativas de inclusividad democrática.

Nada de esto parece estar ocurriendo en Chile.

De una parte, se observan demasiadas personas (sean los estudiantes, sean las autoridades de Gobierno, sean los ciudadanos en general) que parecen creer que basta con tener buenos argumentos o razones, para imponer su posición. Si las razones públicas no chocan (en el mejor sentido posible) con otras razones, entonces ellas serán meras posiciones personales. En una democracia deliberativa, las razones orientadas al debate público deben ser siempre capaces de abrirse a su revisibilidad, en base a un proceso de discusión que nos permita llegar al más alto nivel de claridad. Ello demanda humildad intelectual, respeto ideológico y, por sobre todo, conciencia cívica.  En otras palabras,  las razones que se esgrimen para el diseño de nuestras instituciones públicas y las normas que regulan a la nación, no son para nosotros mismos o para quienes están de acuerdo con nosotros. Muy por el contrario, las razones orientadas al diseño de nuestra sociedad se dirigen, principalmente, a quienes están en desacuerdo con nuestros puntos de vista.  Esto es, pensamos a sabiendas que, acto seguido, deberemos dialogar, de modo tal que los acuerdos y desacuerdos razonables que se identifiquen permitan avanzar hacia la adopción de decisiones institucionales que promuevan el interés general.

De otra parte, parecen no existir espacios de inclusividad discursiva para quienes reclaman, con justa razón, que la institucionalidad nos los considera. Al no existir espacios de deliberación pública formalmente reconocidos en los que aquellos que no son escuchados puedan serlo (los niños, niñas y adolescentes, las minorías sexuales, los pueblos indígenas, los consumidores abusados, los ecologistas, los trabajadores no sindicalizados o informales, etc.), parece razonable esperar un nivel de indignación importante frente a la autoridad. Para reclamar diálogo, deben reconocerse espacios formales (y no oportunistas) de inclusividad discursiva para todos y todas. Eso no se logra con el botón fácil del plebiscito, sino con el más complejo y sustancial camino de una asamblea constituyente para debatir, por primera vez, que tipo de constitución queremos, parece ser el primer y evidente paso en este sentido.

Pensar, hablar, acordar. Eso es lo que Chile requiere. Para ello los ciudadanos en general, y quienes protestamos en particular, debemos darnos cuenta que nuestras razones, por mejores que sean, son sólo el inicio de una conversación democrática, no su fin. Pero para que lo anterior sea exigible, el Gobierno debe entender, de una buena vez, que nuestra coyuntura actual es una oportunidad única para repensar la institucionalidad de participación y diálogo democrático en Chile. Dicho cambio no se logra temiéndole al pueblo y reduciendo el movimiento social  a la irracionalidad, la violencia o la intransigencia. Muy por el contrario, el Gobierno debe ser capaz de liderar un proceso de discusión en el que su posición –al igual que la de quienes se oponen a él- esté siempre abierta a la fuerza del mejor argumento.

Durante gran parte de esos años, vi a gobiernos de la Concertación negando esta dramática situación. Comentarios desdeñosos sobre el carácter imparcial de estudios de Derechos Humanos, notas y comentarios de molestia por los dichos de funcionarios internacionales que criticaban este estado de cosas, negativa a proveer información sobre números de muertos, sumarios administrativos y otras irregularidades. Todo ello ocurría mientras la clase política de centro izquierda miraba hacia un lado y olvidaba sus compromisos ideológicos más básicos, se compraba el discurso de la mano dura, caía rendida a los pies de las encuestas y subía al podio de súper héroes, a subsecretarios bautizados con nombres de películas de acción. En este orden de cosas ¿Qué puede decir ahora la Concertación sobre esta tragedia? Nada. Las cosas parecen ser mucho más graves de lo que uno pudiera realmente creer.

Las cosas por su nombre. Ha sido un Gobierno de Derecha –para mi sorpresa e incomodidad ideológica- el que ha sincerado el carácter inhumano e incivilizado del sistema penitenciario chileno. Ha sido este Gobierno de Derecha, impulsado por el Ministro de Justicia, el que se ha propuesto reformar el sistema penitenciario, nombrando en cargos de dirección política en esta materia, a personas técnicamente competentes y que parecen honesta y efectivamente comprometidas con mejorar las condiciones de los privados de libertad. A diferencia de otras catástrofes que hemos sufrido este año, el Gobierno no está improvisando una respuesta a la crisis penitenciaria; ya la había evaluado y propuesto un plan de acción de largo aliento, orientado al logro de metas claras y correctamente fundadas. Esa es la realidad. Aunque moleste a algunos. ¿Pero es suficiente? No lo es.

La muerte de 81 reclusos de la Cárcel de San Miguel no es un accidente. Es el resultado de un sistema jurídico y político -no sólo penitenciario- que explica, promueve y justifica este tipo de atrocidades.

Nuestro sistema jurídico y político explica lo ocurrido, ya que como se ha venido sosteniendo hace ya varios años por organizaciones de derechos humanos, por la Fiscal de la Corte Suprema, Sra. Mónica Maldonado y por el propio Relator de Personas Privadas de Libertad de la OEA, el Estado de Chile retiene a más de 54 mil personas privadas de libertad bajo condiciones de tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes. Como lo indicó el Consejo para la Reforma Penitenciaria este año, Chile cuenta con deficientes condiciones estructurales de las cárceles; hacinamiento (el que llega a un 60%); una bajísima inversión en rehabilitación y reinserción (la que ni siquiera alcanza al 14% del presupuesto global de Gendarmería); un ineficaz sistema de sanciones alternativas a la privación de libertad; ausencia de controles externos en la etapa de ejecución de las sanciones penales. A ello debe sumarse la ausencia de órganos autónomos –no dependientes del Ministerio de Justicia- que puedan supervisar las condiciones de las cárceles y formular recomendaciones.

En este orden de cosas, y a pesar del dolor que genera esta noticia, nadie debe verse sorprendido por lo que ha ocurrido este día miércoles. Lo sabía el Estado, este Gobierno y los de la Concertación también, la Cámara de Diputados y el Senado, lo sabían los jueces, los fiscales, los defensores, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, los medios de comunicación y esa silente masa de chilenos más preocupados del destino de la ANFP, que de la altura moral de nuestro país.

A su vez, el sistema jurídico y político actual promueve este tipo de atrocidades. Nuestro sistema penitenciario no sólo es del todo incapaz para otorgar la debida protección a los derechos de aquellos privados de libertad, sino que Gendarmería recibe –con bajísimo presupuesto y menos peso político- aquello que la clase política chilena le ha concedido graciosamente: una agenda corta contra la delincuencia.

En efecto, esa agenda promovida entusiastamente por el Gobierno de Michelle Bachelet y que sonaba como una hermosa melodía para la Alianza, es la que promueve niveles descomunales de privación de libertad en Chile. Esa agenda corta es que la reforzó la prisión preventiva y aumentó las hipótesis de privación de libertad de muchos de los que hoy se encuentran en la Cárcel de San Miguel, incluso por delitos que no revisten gravedad. Un record Latinoamericano de privación de libertad, y uno de los más altos del planeta, que habla de cuan realmente dispuestos estamos a buscar soluciones serias para la delincuencia.

Y acá surge lo evidente: Mientras no se restrinja la capacidad del sistema penal para apretar el botón fácil de la cárcel, no habrá licitación alguna que pueda llevar el tranco de la construcción de cárceles -aunque sean de alto estándar- y evitar que este tipo de desgracias se repitan en el futuro. Aún cuando estuvieran listas las 3 cárceles comprometidas para el año 2013, de mantenerse los niveles de crecimiento de la población penal actual, ese mismo año ya habría un déficit de más de 2 mil plazas.  Así, habrá más cárceles -un buen negocio por lo demás- y seguirán los hacinamientos. Un circulo vicioso impresentable y que, por fortuna, el Ministro de Justicia parece tener claro.

Finalmente, el sistema jurídico y político justifica este tipo de catástrofes. Lo hace, ya que más allá de las palabras de buena crianza que damos a los familiares de las victimas, lo cierto es que lo que parece estar a la base de lo que hemos visto, es una ampliamente compartida visión social o cultural, sobre el carácter infrahumano de todo aquel que es detenido, imputados y, particularmente, condenado. Es cosa de ver los realities de persecución policial, de seguir un par de días a la semana las noticias de televisión y la prensa escrita, de ver las celebraciones políticas por números de detenidos, de prestar atención al discurso político que promueve “el basta ya con los derechos de los delincuentes y más derechos para las víctimas”.

Todo esto no está ni en el Código Penal, no está en la agenda corta contra la delincuencia, en el plan de mejoramiento al sistema penitenciario, no aparece en las orientaciones de política criminal, ni en los informes de seguridad ciudadana. Los chilenos no creemos que estas 81 personas hayan tenido algún derecho realmente significativo a ser tratados con mínima dignidad, a cautelar su integridad física y psíquica y a no morir en una cárcel incapaz de garantizar su derecho a la vida. Estas muertes hablan de Chile, aunque no lo queramos ver.

Por ello es que para poder enfrentar con responsabilidad lo que ha pasado este fatídico miércoles, no sólo será necesario impulsar una reforma global al sistema penitenciario y apurar el tranco de las medidas paliativas inmediatas (como las cárceles modulares, por ejemplo). La propuesta de mejora al sistema penitenciario presentada por el Gobierno hace casi 2 meses atrás, aunque mejorable en varios aspectos, parece ir en sentido correcto, es indispensable y hay que seguir apoyándola. De hecho, en su incipiente aplicación, ya ha significado una mejora progresiva en diversas áreas sensibles para los derechos de aquellos privados de libertad. Lo que ha pasado ayer no puede hacernos perder de vista esto, y en particular, los esfuerzos desplegados desde ya hace rato en esta materia. Pero enfrentar la muerte de estas 81 personas, seres humanos como Ud. o como yo, implica también, hacer otras cosas fundamentales.

En primer lugar, el Gobierno y toda la clase política deberán ser capaces de dar, antes que nada, una lucha ética por la dignidad humana, por la decencia de nuestro país. Defender a quienes son objeto de nuestra simpatía o admiración es algo fácil, pero hacer lo mismo respecto de quienes son objeto de detenciones policiales, cargos criminales, o resultan ser condenados en base a los mismos, es lo que otorga el verdadero talante moral de una persona y de la institución que la representa. Y en este punto, la posición del Gobierno no parece ser unívoca. De un lado, se emprende una reforma al sistema penitenciario con una justificación correctamente liberal, pero de otro lado, se mantiene y refuerza un discurso de seguridad interior y “guerra contra los delincuentes” que francamente parece contradecir los supuestos de ese primer gran esfuerzo. Por los derechos de todos nosotros, espero que gane el liberalismo que veo en las políticas de Justicia, y no la obsesión por una persecución criminal a todo evento, que veo en las políticas de Interior.

En segundo lugar, y relacionado con lo último,  si realmente se quiere emprender una reforma global al sistema penitenciario, el Gobierno deberá convencer a todos, inclusive aquella fracción más conservadora de la Alianza, que es necesario disminuir los niveles de privación de libertad en Chile y reforzar la efectividad de las medidas alternativas a la prisión. Esta batalla es por hacer ver que la privación de libertad no es la panacea de la seguridad ciudadana, que invertir en prevención y reinserción es moral y económicamente más rentable que fruncir el ceño y celebrar el número de operativos policiales, imputados y encarcelados. Aprender algo de estas inexcusables muertes implica, en otras palabras, comprender que el estado de las cárceles y la seguridad, dignidad y vida de quienes se encuentran en ellas, es función de los acuerdos políticos sobre delincuencia y seguridad ciudadana que se adopten por el gobierno de turno y la clase política. No reparar en esta cuestión es simplemente evadir el desafío que nos impone el sistema penitenciario chileno. Por ello es que será necesario que el Gobierno tome una decisión en esta materia. Una decisión, por cierto, que de no tomarse, tornará en insuficientes los esfuerzos que pueda desplegar Gendarmería de Chile o el propio Ministerio de Justicia para enfrentar esta crisis. La gramática moral de Chile se juega en este tipo de decisiones.

La expresión maricón no busca nombrar a hombres que le pegan a las mujeres, sino para referirse a los hombres homosexuales (Diccionario de la Real Academia de la lengua Española). En este sentido, los maricones siempre han sido, en el sentido coloquial-despectivo de la palabra, los gays, los homosexuales, los maricas, los invertidos, los mariquitas, los sarasas. Por ello es que resulta particularmente perversa la asociación de la expresión maricón a otro significado coloquial-despectivo del término y que surge con posterioridad en el tiempo: quienes fastidian o tienen malas intenciones para con otros.

Es decir, culturalmente, a lo menos en Chile, hemos llegado a asociar una determinada orientación sexual –no heterosexual- con una debilidad de carácter o falta de corrección moral. ¡Que salto lógico más olímpico!  “No seas maricón= no te arrepientas”; “no seas maricón: no me falles”; “no seas maricón=no me mientas”; “no seas maricón: no te rías de otro”. Y en el sentido inverso: “se hombrecito= asume tus decisiones”, “se hombrecito=apóyame”; “se hombrecito=di la verdad”; “se hombrecito: no abuses de tu posición”.

Una vez despejado lo anterior, pasemos a lo que hace la campaña de SERNAM. Antes que todo, no se trata de una campaña para superar la homofobia, los crímenes de odio o la estigmatización de género. Es una campaña orientada a disminuir los niveles de violencia en contra de las mujeres. ¿Y es que acaso no es ese un objetivo deseable? Por cierto, y no solo deseable, sino imperativo (sólo al 14 de noviembre de 2010, se han cometido 37 femicidios en Chile). La pregunta para mi es otra. ¿Justifica la disminución de la violencia en contra de un grupo, la violencia en contra de otro? ¿Violencia, se dirá usted? ¿Qué tiene que ver la utilización de la expresión maricón para llamar así a quien golpea a una mujer, con la violencia en contra de la población homosexual? Yo creo que mucho.

La violencia material o física, practicada de forma sistemática no es un accidente, sino una consecuencia necesaria de los hábitos sociales, de las valoraciones o desvaloraciones respecto de un grupo, clase o grupo de individuos y que se radican, entre otros lugares, en el lenguaje. Puesto que sabemos que la violencia en contra de la mujer es consecuencia de la dominación masculina, es que intentamos atacarla desmantelando los patrones simbólicos de la supuesta superioridad moral, política y económica de los hombres respecto de las mujeres y que dan lugar a una suerte de justificación o explicación social de por qué los hombres golpean a las mujeres. ¿Pero acaso no esperable que los homosexuales esperen lo mismo?  ¿No tienen derecho a esperar que también nosotros  -y el Estado- seamos cuidadosos en disociar la idea de homosexualidad de criminalidad? (el Código Penal de Chile, hasta el año 1999, criminalizaba la sodomía) ¿No es acaso cierto que la fatídica asociación entre homosexualidad y falta de corrección moral abre paso a un manto de justificación social de la discriminación y violencia física y simbólica en contra de la población homosexual?

Si es que lo que digo es cierto, entonces la utilización de la idea de un “maricón” para atacar la violencia en contra de la mujer es una mala idea. Como agudamente ha señalado Julio Dantas en su columna de The Clinic al utilizar la palabra maricón para atacar la violencia contra la mujer, el SERNAM no resignifica la violencia, sino que solamente la desvía hacia otro sujeto: el homosexual. En este sentido, y en contra de la campaña comentada, nadie “merecería” ser llamado maricón, si es que con ello se intenta describir un acto miserable, ilegal y brutal, como es pegarle a una mujer. Al nombrar como maricón a un agresor, se logra el efecto de asociar los actos de esa persona con algo que parece incorrecto. La trampa es que – incluso sin darnos cuenta, ya que así es como opera el lenguaje coloquial- reforzamos la asociación de lo indebido con la homosexualidad. Así, ganan las mujeres y pierden los homosexuales. ¿No habrá otra forma de atacar la violencia en contra de las mujeres, sin que el precio de dicha campaña sea el de reforzar la estigmatización en contra de la población homosexual?

Como usted podrá advertir, la preocupación que planteo aquí no solo es aplicable a la población homosexual. Tal vez la bien intencionada, pero incorrecta lógica campaña de SERNAM, pueda ser utilizada en el futuro para otras causas. Por ejemplo, para intentar disminuir los accidentes de tránsito y las muertes asociadas a los mismos: “No maneje como indio, que se puede matar”. Tal vez se disminuyan los accidentes de tránsito, pero es probable que el Estado no quiera llegar a decir algo como eso, a lo menos, por ahora.

En primer lugar, el Consejo condena enérgicamente al Ministerio del Interior por infringir el principio de facilitación de acceso a la información de interés público en favor del Sr. Paulo Álvarez. En efecto, una vez requerido por el reclamante, el Subsecretario del Interior, en sus descargos y audiencia ante el Consejo, a través de sus abogados, señaló que no existiría un plan de intervención en la Legua. Es más, como se consigna en el mismo fallo, los abogados del Ministerio del Interior indicaron que el nombre “Plan de Intervención de La Legua” sería sólo un nombre de fantasía que hace referencia a un grupo de actividades que desarrolla el Ministerio en esa materia. Algo realmente insólito.

En virtud de lo anterior, y luego de revisar una serie de declaraciones –incluso del propio Ministro Hinzpeter-, notas periodísticas y documentos públicos de órganos tales como la División de Seguridad Pública, el Consejo sostuvo que resulta inaceptable que la autoridad emplee “nombres de fantasía” que aludan a ciertas realidades (en esta caso claramente a acciones relacionadas con la seguridad pública) y que cuando se consulte sobre ellas, se niegue su existencia o la participación en las acciones que naturalmente se entenderían allí incluidas. Más importante aún, el Consejo señaló que resulta particularmente delicado el actuar del Ministerio del Interior en esta solicitud de acceso a la información, pues la solicitud presentada se refería a acciones de la autoridad que podrían haber incidido en derechos y libertades ciudadanas relevantes, circunstancia que ameritaba una actitud especialmente diligente y apegada al principio de facilitación de la información. En suma, la respuesta jurídica del Ministerio del Interior era simplemente inaceptable y poco seria.

En segundo lugar, el fallo del Consejo es destacable porque reconoce el derecho de un sujeto particular, un poblador de La Legua, al que le interesa que el Estado de Derecho se aplique a todos por igual. Y es que todos sabemos que es deber del Estado velar porque los derechos de aquellas personas que habitan poblaciones que enfrentan problemas de narcotráfico y delincuencia más violentos, puedan ser debidamente respetados. El fin no se discute. Pero no vivimos en el Lejano Oeste, sino en un Estado Democrático de Derecho, lo que importa, necesariamente, restringir y limitar las herramientas y el poder discrecional con el que actúa el Gobierno y las policías al intentar combatir la delincuencia y el narcotráfico.

Lo anterior importa, como corolario fundamental, saber con qué legalidad se mueve el Gobierno y las policías en el diseño e implementación de sus decisiones, restringir los medios a su alcance, sujetarlos estrictamente a la consecución de sus objetivos y ponderar los distintos derechos en juego en situaciones como las que viven los pobladores de La Legua. Y es que en La Legua no sólo hay personas que buscan que el Gobierno proteja su derecho a la vida, la integridad corporal o su propiedad, sino también quienes esperan que se respete su derecho al debido proceso, a su vida privada y a su dignidad.

Se trata, en consecuencia, de un fallo notable por evitar que la autoridad obstruya el acceso a la información pública en materias de seguridad pública y actuar policial y, a su vez, por hacer que los derechos valgan la pena: ahí, cuando triunfan en contra del Leviatán. Bien por el Consejo por la Transparencia; bien por Don Paulo Álvarez Bravo.

Esta publicación de los informes de las CISC constituye un hito histórico en el avance tanto de la transparencia activa del Ministerio de Justicia, como parte del comienzo de un proceso de mejoras al sistema penal adolescente en Chile y que enfrenta enormes desafíos.

Como es bien sabido, a más de tres años de la implementación del nuevo Sistema Penal Adolescente en Chile, resulta claro que existe una serie de graves déficit que deben ser enfrentados a la brevedad. La apresurada implementación de la Ley 20.084 (que crea un sistema penal adolescente) en junio de 2007 dio como resultado un sistema que contiene sólo algunos elementos de especialización, principalmente a nivel de la Defensoría Penal Pública. No existen en Chile jueces penales adolescentes ni fiscales especializados a nivel nacional, siendo también altamente incipiente los niveles de especialización de los administradores de tribunales y equipos técnicos del SENAME.

El sistema penal adolescente carece de un sistema informático integrado (Poder Judicial, SENAME, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, MINJU) que permita el manejo de información simple y básica sobre aspectos central del funcionamiento del sistema penal adolescente. A marzo de 2010, el sistema penal adolescente carecía de metas y plazos de corto, mediano y largo aliento que orienten el trabajo de los actores del sistema penal adolescente y que orienten la reforma a la nueva institucionalidad de infancia en Chile.

Sin metas ni plazos claros, el sistema penal adolescente en Chile ha sido acompañado de la ausencia de indicadores estructurales, de proceso y resultado en áreas tan vitales como salud, oferta socio-educativa y reintegración social efectiva de adolescentes infractores de ley. Paralelamente, y como ha documentado la Defensoría Penal Pública, el sistema penal adolescente exhibe un alto nivel de uso de internación provisoria de adolescentes que, en su mayoría, luego no son sometidos a una sanción privativa de libertad.

A esta preocupante situación ha de sumarse un aumento progresivo de sanciones definitivas que importan privación de libertad, una medida que, como establece la Convención Sobre los Derechos del Niño, debe constituir una medida de último recurso. Adicionalmente, el sistema penal adolescente vigente en Chile permite que jóvenes que han sido condenados bajo un sistema penal especial, terminan cumpliendo sus sanciones en cárceles de adultos, bajo el sistema de secciones penales juveniles administradas por Gendarmería de Chile.

Finalmente, a pesar de la creación de los Consejos Regionales Interinstitucionales del Sistema Penal Adolescente, el trabajo regional y orientado hacia la consolidación de un sistema de coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Justicia, de Salud y de Educación ha sido insuficiente, afectando la debida complementación de las funciones de estos servicios del Estado.

Como se puede advertir, los desafíos para mejorar el sistema penal adolescente en Chile son muchos y de diversa complejidad. Por ello es que resulta una buena noticia el que se comiencen a adoptar medidas concretas en el sector justicia por reformular dicho sistema y adecuarlo a las obligaciones mínimas que el Estado de Chile debe seguir en esta materia.

La publicación de los informes de las CISC es un paso audaz y serio de parte del Ministerio de Justicia, orientado a discutir y superar los déficits de nuestro sistema penal adolescente.Audaz porque sincera las enormes dificultades que enfrenta el Estado para el desarrollo de una política integral de protección en materia penal adolescente. Serio, porque la decisión del Ministerio de Justicia en orden a hacer públicos los informes de las CISC ha ido acompañada de un intenso trabajo por sistematizar la información disponible sobre el sistema privativo de libertad, crear indicadores técnicos, fijar metas y plazos concretos orientados a mejorar el sistema, profundizar la coordinación institucional regional, desarrollar planes orientados a la prevención del delito y evitar que la privación de libertad se convierta en la panacea de la lucha contra la delincuencia adolescente.

Se trata, sin lugar a dudas, de una buena noticia para Chile, a 20 años de promulgación de la Convención de Naciones Unidas Sobre los Derechos del Niño como Ley de la República.

Estoy hastiado de esos contactos en vivo, haciendo preguntas estúpidas a los familiares de esos mineros, buscando una frase que enganche a la dueña de casa del matinal, al oficinista que prende la tele luego del trabajo, a todos nosotros, morbosos despiadados que seguimos este drama con interés animal. Molesto con la utilización patética y asquerosa del Gobierno, de sus llamadas a la espera de milagros, de los viajes del Presidente, de su esposa, del Ministro de Minería (llore o no llore) de cuanto tonto oportunista de izquierda y de derecha que pueda colgarse de la noticia y relacionarla con el Bicentenario… Estoy asqueado con los reportes pelotudos que relacionan esta tragedia con algún otro evento similar, con el conteo de los metros que avanzan las máquinas esas y del despliegue de conocimiento minero de Amaro Gómez Pablos, en fin, de la portada de los diarios electrónicos que actualizan la noticia minuto a minuto: “¿está aburrido en su oficina? Lea acá que pasa con los mineros pobres”.

Todo esto es una porquería, falsa, insensata, que no parece acabar nunca. Nadie está satisfecho. Hay que seguir mirando, mientras calentamos la sopa, sorbeteamos el plato de tallarines, le echamos sal a la ensalada y vemos como van los sondajes. ¿Importa esta gente en realidad? Un níspero. La realidad de esta gente no vale nada, para nadie. Los políticos de izquierda –puro progresismo desclasado- están más preocupados de un royalty que se relaciona con los derechos laborales de mineros que trabajan en óptimas condiciones, que reciben bonos espectaculares y que prefieren enviar a sub-contratistas que entrar ellos mismos a las faenas más duras. La solidaridad de la clase trabajadora se hundió hace rato en el fondo del mar y los partidos de la mal denominada izquierda se encargan que no reflote.

¿Qué tiene que decir el PPD sobre la explotación de los pirquineros? Nada. El tema es otro, la diversidad, reencantar a la gente con la política, más participación ciudadana, y los mismos rotos olvidados. Los políticos de derecha, en tanto, en silencio máximo. Salvo los que creen que la injusticia social se subsana con milagros, no hay nada que decir. ¿Cómo se enfrenta esa miseria cuando uno está pensando en cualquier otra cosa, menos en el fenómeno de la explotación de algunos hombres por otros hombres?

Seguro creerán que el tema es el management de esa institución que vinimos a conocer recién ahora (SERNAGEOMIN) y que cambiando algunas prácticas ahí, estamos al otro lado. Ingenuidad o maldad, no sé. Lo que si se es que el entierro de esos mineros pobres es el síntoma de cuanto importa en realidad la vida de quienes tienen que vivir como animales para que otros hombres y mujeres vivamos como reyes (igual que los trabajadores de temporada agrícola, los pescadores artesanales, los inmigrantes ilegales). Pero se supone que nada de esto tiene que ver con el capitalismo.

Lo cierto es que las máquinas llegarán al fondo, a descubrir esos cadáveres, hediondos, con costras, destrozados. No los veremos, si los reportajes de TVN, Megavisión, Chilevisión y UCTV, con historias de esfuerzo, música para emocionar, las emotivas palabras del Presidente –que ya deben estar circulando en el Segundo Piso-, la propuesta de revisión a la institucionalidad de la minería informal, etc., etc., etc.  Cuando eso pase, y la parrilla programática nos haga volver a Fiebre de Baile, Yingo o SQP, habremos sólo pasado de un reality a otro. Nada habrá cambiado en nosotros, como tampoco cambia cuando la Vale Roth se dobla el pie o la Geisha queda embarazada. Bienvenidos al Reality del Dolor.