En política los cambios no se producen espontáneamente pero tampoco porque algunos dirigentes políticos se iluminan repentinamente. Estamos frente al siguiente problema: la clase política de izquierda y centro izquierda constituida formalmente en los cargos parlamentarios y gubernamentales de estos últimos 20 años, tiene sus raíces sea en la década del sesenta o de los ochenta en la oposición a la dictadura, en tanto los de derecha se politizaron como los delfines de ésta. Ambas tendencias se han podido consolidar como clase política que maneja los asuntos del Estado, bajo un esquema de socialización en los marcos institucionales que permitía la transición y la Constitución autoritaria.

Lo anterior ha implicado que su modo de hacer, en el campo de la política, está marcado por ser un estamento cerrado en sí mismo, que vive en su propia burbuja. La política es pensada y realizada como un asunto de especialistas que no deben ser molestados por el bullicio de la gente. El sistema de reproducción de la institucionalidad político representativa (gobierno y parlamento) para el caso chileno no requiere escuchar la voz de las mayorías pues basta distribuir cupos en acuerdos cupulares entre los partidos y luego los dirigentes seleccionados –pero no electos- negocian en el marco de lo posible otorgado por una institucionalidad que todos y todas respetan.

Esto ha ocurrido por diversos motivos, pero los más importantes han sido la inviabilidad del cambio de la Constitución por la vía legislativa y la existencia del sistema electoral binominal que impide la competencia efectiva por los cargos de representación popular. Así, se ha consolidado a “representantes” que solo lo son justamente por no representar el sentir, la voluntad y las esperanzas  de las mayorías de los potenciales electores. Esta afirmación, considerando las excepciones de algunos políticos que confirman la regla, se verificaba hasta la reciente reforma a la inscripción electoral, en la baja proporción de inscritos en los registros como por el incremento de quiénes no iban a las urnas y por aquellos que votaban nulo y blanco.

Con políticos de escaso prestigio, una palabra mágica para entrar a la clase política en el país, es que a uno le reconozcan ser “un hombre de Estado”, un “político republicano” que está a la altura de sus responsabilidades. Así tenemos políticos de izquierdas y derechas alzándose contra el desorden, el griterío en la sala de sesiones del Congreso, las irrupciones en lo que sería la majestad del edificio que los alberga o reclamando contra los bloqueos de caminos y desmanes callejeros producidos por la ineptitud de escuchar el clamor de la ciudadanía.

En Chile se ha consolidado un tipo de político que podríamos conceptualizar como el político de la república del binominal. Este no tiene necesidad de representar a los electores de acuerdo al distrito o circunscripción, más bien debe negociar con los partidos aliados el que no le pongan competencia efectiva. Debe saber negociar el interés propio haciendo como si fuese el interés general. Cuando negocia con sus pares el interés general, en realidad el resultado termina siendo la suma de los intereses particulares que generalmente no cuadran con el interés general.

De esto está jalonado el relato transicional que hoy queda al desnudo: la reforma educacional del gobierno pasado es lo más notorio, pero también se inscribe la reforma previsional que consolidó el sistema de capitalización individual, sin AFP estatal y con lamonopolización del mercado; estuvo la reforma de la salud que logró el AUGE, pero no el fondo solidario ni el fortalecimiento de la salud pública, incrementando el gasto público a través de las Isapres; está el royalty minero pero no un gravamen que salvara al país del saqueo y la destrucción ambiental. En fin, las negociaciones –en el marco de lo posible- se definen no de cara a la ciudadanía sino entre los políticos de la república del binominal y lo que éstos consideran lo más adecuado según la situación actual.

La lógica sistémica de un equipo de gobierno que fue electo con el apoyo de un electorado que no alcanza la mitad de los ciudadanos mayores de 18 años y de un parlamento que no expresa las mayorías reales, no lleva a la estabilidad sino al desorden social y político; lleva al desacoplamiento entre ese sistema auto referenciado y la voluntad de quienes son los soberanos para darle continuidad a su existencia. La tendencia reiterada en la última encuesta Adimark es elocuente de lo que afirmamos.

En definitiva: el razonamiento de la clase política solo parece “entrar en razón” cuando la gente pierde la paciencia, se cansa de dar argumentos, entra a movilizarse y presiona socialmente para que su razonamiento sea considerado. En otras palabras, habrá reformas en Chile no cuando los políticos entren en razón sino cuando los hagan razonar.

¿Qué explica entonces su derrota?

Lo primero es que en Peñalolén hay una cultura profunda, de aquellos fundadores de la comuna, que tienen un celo importante en resguardar sus espacios propios, sus barrios y lugares que hicieron con sus luchas y sus manos (no llegaron a comprar casas construidas). La modernización de las zonas donde viven no puede hacerse pensando que se hace por el bien “de ellos”. En cierto sentido esta tradición es conservadora, pero en un contexto de modernizaciones comandadas por el lucro, emerge la sospecha de quiénes iban a ganar con la reforma al Plan Regulador Comunal, PRC, por lo que esta memoria social es más bien anti lucro, crítica al libre mercado.

Otro elemento es que convocar a votar Sí o No, cuando un PRC como el propuesto tenía tanto elementos positivos como conflictivos, generó una lógica polarizante, contraproducente para el objetivo de modernizar el desarrollo de la comuna. Así la disyuntiva se vivió como una imposición autoritaria y no como una expresión de la democracia plena que confiaba  en los ciudadanos/as para que resolvieran en las urnas respecto de los puntos que estaban en conflicto.

Se pueden incorporar otros factores, como la evidente intervención municipal –avalada por todos los concejales, con excepción de Guanca-  en la propaganda por el Sí; el ingreso del propio Orrego a respaldar abiertamente la opción Sí transformando este plebiscito en un anticipo de las municipales; la distorsión de la información sobre qué se resuelve en un PRC, etc.

Pero hay otros elementos que pueden explicar esta derrota. En estricto rigor ésta no es sólo la derrota del alcalde Orrego, pues quienes apoyaron abiertamente el Sí fueron los concejales del PDC, PPD, PS y también de RN y la UDI, incluida la diputada Angélica Cristi y los comunistas. Desde esta perspectiva es la derrota de los que mandan, de la pequeña elite política de la comuna, por lo que se está reproduciendo lo que ocurre a nivel del país: hay una critica radical al modo de hacer política cuando no cumple con requisitos básicos como es la información clara, la igualdad de acceso a los medios de comunicación, el uso de  recursos no abusivos en las campañas, entre otras cosas.

Por lo anterior es también la derrota del sistema de partidos, pues la que ganó es la ciudadanía sin partidos que abrumadoramente se pronunció en contra de lo que aprobaron  sus representantes electos en el Concejo Municipal.  Las directivas comunales de los partidos PS, PPD, PRSD estuvieron por el NO, en contra de la opinión de sus concejales y actuaron junto al PRO y los Humanistas. En este sentido Peñalolén es un aviso de que las próximas elecciones municipales no serán como las anteriores y que los ganadores no estarán –necesariamente- entre quienes cuenten con la venia de los partidos o los recursos económicos de las máquinas electorales.

La derrota de Claudio Orrego es a la vez la victoria de la ciudadanía. Lo que cabe es entonces reconocer de una vez por todas que los partidos – que  tienen el porcentaje más bajo de credibilidad entre las instituciones de la república-, deben dar un giro hacia la representación real de los ciudadanos que hoy son más educados e informados que en las décadas anteriores. Esta lección  no sólo es viable para Peñalolén, pues la FECH es otra señal de tipo nacional.  La reconstrucción de la credibilidad de los partidos es indispensable para la democracia, pero será efectivo cuando se le crea a los partidos que efectivamente están por construir una democracia real, cuestión de la que hasta el propio Ricardo Lagos E., sospecha.

La ciudadanía demanda democracia efectiva y por tanto consideración real de sus opiniones y ello no lo entrega el actual sistema binominal ni los débiles sistemas municipales. La tarea es construir unidad para una verdadera democracia.

Una sociedad sin relato, que esté impotente para integrar  su diversidad de discursos, explicita la existencia de un proceso muy importante de transformaciones culturales,  que está poniendo fin a un tipo de hegemonía discursiva que había logrado operar como si fuese natural  el orden socio político que normaba la vida cotidiana de los y las chilenas. Ese orden aceptado por convicción o por su potencia para articular la vida cotidiana, se autoexplicaba el abuso y  el lucro como meros accidentes (según señaló el ex ministro Fontaine para el caso de La Polar) y las desigualdades y discriminaciones como diferencias naturales en la competitividad y el emprendimiento personales.

Creo que no es casualidad que al inicio de las movilizaciones, el 21 de mayo recién pasado, un manifestante se haya desnudado frente a carabineros en Valparaíso y hubiese corrido hacia ellos dejándolos impávidos. Luego vendría el suboficial de carabineros Ripetti que se desnuda frente a sus compañeros de institución reclamando por las calificaciones arbitrarias de sus oficiales. Posteriormente será un padre que lo hace en protesta porque su hijo estudia gratis en Argentina viviendo un exilio educacional pues él como taxista no pudo pagarle la universidad en Chile. Tres desnudos, tres empelotamientos ante la situación actual del país que están comunicando la crisis en distintos niveles.

El desnudo comunica la impotencia por no ser escuchados en sus argumentos. Es la sordera de la autoridad, que en su concepción de sociedad no ve otras formas posibles de organizarla, salvo aquellas que en su dicotomía significan el caos.  Es la reiteración del “nada es gratis en la vida”.

El desnudo nos dice que nos mostramos tal cual somos. El que habla con su cuerpo desnudo no tiene nada que esconder, se le acabó la vergüenza, el pudor y la pasividad y se muestra tal cual es: único, sobrepasando las normas de “la moral y las buenas costumbres” para hacerse ver por nosotros y la autoridad, concentrando la mirada, para que se le ponga atención a sus “microrelatos” que claman por ser oídos.

El desnudo, en este caso es de hombres, como protesta individual, pero en un marco de movilizaciones sociales. El hombre desnudo, ante los millones de telespectadores, con sus cuerpos cotidianos, sin contextos eróticos, está revelando también la impotencia que se siente “como hombre” de cumplir con aquella demanda social de ser o llegar a ser el sostén de la familia. Es una crisis en la masculinidad que es exigida a ser un proveedor que se transforma en impotente. En esta tensión consigue abrir otra dimensión de esta crisis cultural: el viejo rol del hombre se ve acosado, compulsado a cambiar, por un movimiento social que tiene como principal líder a una mujer.

Los cuerpos desnudos han hecho caer el velo de la ideología neoliberal que organizó la sociedad durante 40 años y deja al descubierto una sociedad inquietante, llena de desigualdades, discriminaciones y excluidos que no se ven ni sienten integrados al orden construido.

Entonces, lo que el movimiento social por la educación ha hecho es derrotar culturalmente al orden discursivo generado en la época de la dictadura.  Por ello, el discurso que era hegemónico como el del Intendente del Bío Bío cae en el descrédito, al relacionar violencia, odio y familias no constituidas en el matrimonio; por eso el discurso a favor del lucro en la educación carece de simpatizantes en la actual opinión de la mayoría de los chilenos y chilenas; por lo mismo, el abuso de diverso tipo (retail, banca, Transantiago, etc.) soportado estoicamente porque “es lo que hay”, ha dado paso a la ira, la exigencia de ponerle fin y a unas autoridades que reconocen que se les había pasado la mano en la tolerancia al abuso y ahora buscan regularlo, pero no tanto.

La sociedad chilena parece haber estado “cohesionada” durante décadas, más por una política desde el poder que usó el temor o la persuasión de hacer “lo posible” definido desde el mismo poder y no se instituyó un orden desde un ethos compartido. Así, lejos de trabajar los disensos que se acumulaban y los discursos críticos que se anclaban socialmente, como los malestares sociales y culturales que se evidenciaban ya desde el 97, se promovió el gran relato de la transición impecable, el país ejemplar, el “fin de la historia” a la chilena.

El actual dilema que presenta el gobierno acerca de un potencial “apagón eléctrico” si no se echa a andar HidroAysén, se explica porque el desarrollo energético del país pasó de manos públicas al sector privado durante la dictadura, y el agua se transformó en un bien privatizable a la par que se debilitaba al Estado en su capacidad de regular las inversiones y el mercado. En otras palabras, la crisis energética se produce porque el modelo de desarrollo impuesto transformó en negocio de unos pocos el requerimiento energético de una nación. Junto a ese proceso, las universidades tradicionales fueron debilitadas, las políticas de inversión pública en ciencia y tecnología se devaluaron, y, como ésta se podía comprar a través de patentes y royalties las empresas no demandaban investigación nacional; así, tampoco las nuevas universidades privadas desarrollaron investigación pues se dedicaron al negocio de la docencia, o mejor dicho a la renta inmobiliaria. La innovación, al estilo de los proyectos de Boris Chornik, fue desestructurada en sus cimientos.

Ahora el Presidente señala: “estoy más preocupado de los chilenos, porque las personas merecen más protección que los árboles. Nos preocupa mucho la protección del medio ambiente, pero nos preocupa mucho más la salud y la calidad de vida de los chilenos”. Este paradigma es el que ha quedado obsoleto, pues es obvio que el ser humano merece más protección que los árboles, pero hoy es claro que sin árboles el Hombre queda desprotegido; esto no tiene que ver con la ideología sino con la situación planetaria: si la tierra sigue siendo incrementada en su temperatura el desastre humanitario será total, como ya se insinúa. Si la modernidad entendió que el progreso humano estaba en la capacidad de conocer las leyes de la naturaleza para controlarla y explotarla para su beneficio de manera ilimitada –intentando superar la máxima de “necesidades ilimitadas y recursos escasos”-, ello se ha demostrado como un error, pues la naturaleza no es algo que está allá afuera – oh! Descartes- sino que es parte de nosotros y sin la cual no podemos vivir.

El paradigma emergente está sobre todo en las nuevas generaciones que se están movilizando, no porque sean “posmaterialistas” sino porque están informadas y saben que el tipo de crecimiento desregulado con apropiación de la riqueza para unos pocos, no es lo deseable. El eje articulador de un nuevo paradigma es resituar al ser humano en su relación con el medio ambiente pasando del modelo “destructor” al de la convivencia, extrayendo riquezas y reponiendo los ciclos de vida de la naturaleza.

Así, la discusión está en el modelo de desarrollo al que aspiramos los chilenos y chilenas. En términos generales hay dos tesis: la tesis gubernamental con apoyos transversales, es que si “queremos seguir creciendo” para “derrotar a la pobreza”, hay que profundizar la misma receta económica  de hace 37 años; la otra señala que crecer no es lo mismo que desarrollarse, y que ello está demostrado por las desigualdades en la distribución del ingreso y del poder. El debate sobre un modelo de desarrollo no debiera excluir a nadie, lo que implica socializar la discusión y ampliarla a los campos más importantes, entre ellos el de la educación pública, las condiciones del trabajo, la estrategia para incrementar el conocimiento científico técnico propio, y la matriz energética que alimentará el desarrollo productivo.

Por todo esto, no es bueno que el Ministro de Defensa declare que el asunto de la “matriz energética es un tema de seguridad nacional” -colocando la inversión de HidroAysén en una delicada frontera-, pues el actual carácter privado y transnacional de la explotación del agua y las debilidades en la investigación científica sobre las energías renovables, debilita la soberanía y él debiera considerarlo en su concepción de seguridad.

Por otra parte la Comisión de expertos prevista por el Gobierno puede ser una buena iniciativa para tener una opinión técnica –si no tiene en su interior conflictos de intereses-, pero ésta debiera operar como un insumo para una decisión democrática de todos. Pues resolviendo sobre este punto se estará constituyendo una base de lo que será la estrategia de desarrollo.

En este contexto, es lícito plantearse profundizar y ampliar a otros sectores el movimiento democratizador en marcha tras un modelo que sea sustentable, productivista y respetuoso de la ecología. Un nuevo modelo de desarrollo que no está planteado ni contra la empresa ni contra el mercado, sino por un Chile sustentable, con mayores cuotas de igualdad y más democracia, en donde la política regule los negocios y no a la inversa; donde la inversión respete el patrimonio cultural y natural y no lo destruya; donde el empleo que se genere no sea a costa de la destrucción del medio ambiente, ni de la dignidad de los trabajadores o los derechos de los pueblos originarios; donde la educación de calidad se refleje en la inversión pública y la ciencia y tecnología tengan un presupuesto decente. En suma hay que proponerse tener una Constitución Política gestada y sancionada en condiciones democráticas, que genere el marco consensuado de una nueva etapa de la vida política y social del país.

Hay una generación juvenil que hizo de la calle la expresión de sus proyectos políticos allá en los ’60. Tanto los Allamand como los Escalona, los Viera-Gallo como los Gutemberg Martínez, además de los millones de chilenos y chilenas se lanzaron al espacio público a defender o denostar al gobierno de Frei o Allende. Pero parece que allí se creó un trauma, en ellos mismos, pues hoy hacen la relectura de que la calle fue la culpable de la batalla, de la expresión de las voluntades de cambio y no de los proyectos de sociedad. En años recientes, cuando los estudiantes secundarios se tomaron las calles para reclamar reformas, aquellos mismos ahora nos dijeron que esto retrotraía al país a las épocas del desorden.

Luego estuvo la generación de los ’80. Unos estaban, como los hoy senadores Longueira o Coloma, sea en las ordenadas marchas de Pinochet de Chacarillas o en las protestas contra los obispos en el aeropuerto, mientras que los líderes estudiantiles y cientos de miles de chilenos se lanzaron a la calle, esta vez para sacar a la dictadura. Allí estuvieron desde G. Valdés hasta F. Pollarolo, de María Rozas a A. Navarro.

Allí los demócratas resignificaron la calle como espacio de protesta y libertad a riesgo de su integridad, mientras la dictadura jugó con la idea que la calle era igual a barricada y desorden, que se igualaba a subversión y el caos, por lo que se debía reprimir toda expresión callejera; ese espacio era peligroso para la dictadura si lo ocupaban las fuerzas democratizadoras. En definitiva la dictadura jugó a ensuciar la calle con muertos, balas, quemados y vitrinas rotas. Pero esa generación del ’80 vino a hacerse cargo de los puestos secundarios de gobierno o las empresas y vieron que la calle era peligrosa para la transición pactada, que complicaba el entendimiento en los salones (pues el parlamento tenía senadores designados) y podía desestabilizar los difíciles acuerdos en la elite política y empresarial.

¿Qué pasa hoy que la calle vuelve a ser parte del espacio público, es decir de la congregación de los y las ciudadanas para exponer su opinión, movilizándose con gritos y pancartas. ¿Por qué esa gente es fundamentalmente joven?

Algunas respuestas pueden estar asociadas a que la generación actual no tiene los traumas del pasado y restituye en los hechos su derecho a usar el espacio público, sin temor a que ello pueda derivar en una desestabilización política o una muerte casi segura de algún manifestante.

Por otra parte, se toma la calle y así normaliza la vida ciudadana que ha estado “secuestrada” en la representación formal y los imbricados debates de las dirigencias políticas y empresariales. Debe ser Chile el único país de Latinoamérica en donde se rehúye o se persigue duramente al que expresa sus derechos y necesidades en la calle; no conozco otro y tienen similares “crecimientos PIB”.

Esta generación utiliza la calle y la plaza –como los movimientos ambientalistas, los universitarios de la U Central, los indígenas, la CONFECH o lo secundarios, así como los regionalistas de Punta Arenas- en una clara demostración de la distancia que existe entre el sistema político y de partidos con las demandas juveniles. Hoy ya no vemos las viejas banderas partidarias y los enjutos rostros de los “hombres de Estado” en las marchas, sino la alegría desbordante de los nuevos ciudadanos, que siendo jóvenes demuestran estar interesados por lo que ocurre con su país, su medioambiente o educación.

En vez de responder con la represión y el uso del temor para ahuyentarlos de ese espacio -que bien usado fortalece la democracia-, debiera celebrarse la capacidad de salir del individualismo, conformar sociedad y opinión política, reconstruyendo el tejido social que permite vivir en democracia.

La calle se hace tribuna en la misma medida que los medios callan lo que ocurre y los partidos políticos se desentienden de los problemas ciudadanos. A no desalentar, pues, a esta generación que articula sus intereses con los del país de una nueva manera, haciendo de los derechos humanos una concepción más integral y valórica, que la del cálculo político estrecho de los alineamientos partidarios.

La sociedad chilena venía sospechando de la tolerancia eclesial para con los religiosos vinculados a casos de pedofilia, así como de la poca valoración que tenía este tipo de crímenes entre legisladores y jueces (costó varios años modificar la ley de abusos sexuales contra los niños). Los casos del “cura Tato”, “el cura Salesiano de Valdivia”, el “cura de Putaendo”, el “cura de Melipilla”, eran una muestra. El caso del obispo Cox, enviado a Alemania para evadir la justicia con la complicidad de los propios pares, fue aleccionador: por una parte había que detener los abusos de menores que eran denunciados para evitar el escándalo, pero manteniendo la impunidad de los delitos haciendo prevalecer  la autoridad religiosa y el derecho canónico por sobre el Estado.

El caso Karadima, incubado desde la época de Fresno, vendrá a estallar en el seno mismo de los sectores privilegiados de la sociedad, con hijos víctimas de familias ligadas al poder económico y político tradicional del país, por lo que su tratamiento no tuvo los efectos limitados y más bien fue por esas influencias y la persistencia valerosa de las víctimas, que pudo abrirse paso en medio de la sordera obispal y las presiones de los empresarios poderosos.

También ayudó  en este caso el contexto de debilitamiento de la legitimidad de la autoridad de la iglesia católica sobre sus fieles a nivel mundial. Múltiples acusaciones de pedofilia contra obispos de EE.UU., Irlanda, Bélgica, etc. y en la Congregación de los Legionarios de Cristo, arrastraban a una crisis de credibilidad que venía del giro conservador con que Juan Pablo II arrinconó a los teólogos progresistas, impidió la sana crítica, disolvió la relación de la iglesia con las comunidades organizadas y alentó congregaciones ultra conservadoras como el Opus Dei y los mencionados Legionarios. Esto se expresó en nuestro país en la designación de autoridades conciliatorias con el poder y los privilegiados, como lo fueron los Arzobispos  Fresno y  Errázuriz y la promoción de una camada de obispos  fieles a la nueva orientación, que desplazaba a personas como el destacado ex Vicario de la Solidaridad Cristián Precht, por ejemplo.

El giro hacia el conservadurismo implicó que culturalmente la iglesia operó en el sentido contrario a lo que en Chile se abría como expectativa de la transición política. Su rol de activa defensora del respeto a los Derechos Humanos se relativizó por la idea de la reconciliación, abandonando la coherencia respecto de la paz con justicia; su papel de aliento al protagonismo del pueblo cristiano en la democratización del país se trastocó en la disolución de las comunidades cristianas, la re-destinación de los curas progresistas y el aliento al desarrollo de una espiritualidad individualista. A ello se sumó su opinión extemporánea sobre la sexualidad juvenil, la opción homosexual y el aborto terapéutico, todos temas avanzados ya por la sociedad chilena en los años ’60.

Notable es el recuerdo de las ministras de Educación, Salud y Sernam en conferencia de prensa eliminando -por presión eclesial- las JOCAS, denostados programas de educación sexual en las escuelas, mientras el embarazo adolescente se empinaba sobre el 23%. También se podría recordar la resistencia de la iglesia a las políticas públicas relacionadas con el reconocimiento de la diversidad de tipos de familias existentes en el país, las que consideraban que alentaban el “mal vivir”, la disolución de los valores de “la familia” y debilitaban el rol de la mujer como madre. Aún está vivo el prolongado debate sobre el divorcio, cuyo lobby eclesiástico llevó a que incluso senadores socialistas separados se opusieran al proyecto.  En otras palabras, la autoridad moral de la iglesia corría en contra de la liberalización de los valores, doblegando al poder político y recomponiéndose como un poder fáctico en la transición para dar “orientaciones  valóricas”.

La iglesia se empleó a fondo en levantarse como el reservorio de “la” corrección de la conducta moral, en su autoconferido papel de ser parte constitutiva de la identidad nacional. Levantó el argumento que “el secularismo no sólo representaría una amenaza para la identidad eclesial, sino que también para la misma cultura latinoamericana” (Morandé). En otras palabras, oponerse a la iglesia era oponerse a la continuidad de una identidad nacional nacida en el “encuentro” entre la religiosidad india y la hispana. Más claro, cuestionar el discurso católico a pesar de tener un Estado laico, era oponerse al orden natural de lo que es “ser chileno”.

El catolicismo debiera recobrar su humildad, particularmente en el plano de las lecciones morales y debe dejar de presionar a los dirigentes políticos. El Obispo J.I González (2006), ahora lucha contra el “neo paganismo” que “bajo el amparo de una falsa libertad han vuelto a paganizar las leyes que vuelven a hacerse salvajes…” y le exige al Estado no sólo respetar la libertad religiosa sino que juegue un papel más activo en proteger ese derecho. Es la iglesia que aún no entiende que en la relación entre ciudadanos no hay superioridades morales.

Tampoco existe hoy una crisis de identidad nacional aunque la iglesia y el país se estremezcan ante las denuncias de pedofilia. Este caso fue posible que se mostrara en toda su desnudez porque la sociedad chilena ha conquistado una mayor independencia entre el Estado y la iglesia, en una tarea aún inconclusa por la secularización definitiva de la sociedad y sus instituciones políticas, incluidas el poder judicial y las FF .AA.  Lo que está en juego en el futuro cercano es culminar el proceso de modernización definitiva de las instituciones del Estado para que Chile sea una República en forma y se relacione con las religiones dándoles todas las libertades, pero sin financiar ni privilegiar a ninguna.

La renuncia del alcalde Gajardo condensa un conjunto de datos que es bueno considerar respecto de lo que ocurre con el sistema político. La situación ratifica que actualmente el individualismo en política está por sobre las consideraciones colectivas, pues la tendencia que se impone es la de tomar decisiones sin debates en las instancias que originan esos cargos y tampoco asumen lo que se representa.  Así, el sistema político se vacía  de potenciales sujetos interesados en ingresar a la cosa pública como actividad que expresa intereses societales, quedando los propietarios de los cargos como únicos soberanos de sus decisiones.

Lo segundo, es que los dirigentes políticos nacionales no tienen ningún vínculo, interés sistemático y comprensión de lo que sucede en el ámbito territorial de la política. La renuncia de Gajardo era previsible –según las señas dadas con anterioridad por los conflictos con el diputado, los equipos de asesores y el Concejo- pero no hay partidos que se hagan responsables de monitorear, asesorar y prever  los conflictos pues sus directivas jamás han desarrollado una relación entre las estrategias políticas generales y el espacio que ocupan las estrategias territoriales para un proyecto nacional. Esta debilidad ha sido construida, pues relevar el mundo local lleva necesariamente a fortalecer las organizaciones sociales, la participación y los procesos de emergencia de nuevos liderazgos, cuestiones claves para la democratización del país, pero no para el modelo de democracia limitada que ha dibujado  la elite política. Esta se ha conformado con la negociación de pasillo, la liquidación de nuevos liderazgos para asegurar sus re-elecciones y la ausencia de lo popular pues puede ser “desestabilizante” para sus intereses.

Una tercera cuestión involucrada en los hechos de La Florida es que las fronteras políticas, que definieron los proyectos alternativos por los que la ciudadanía es convocada a votar periódicamente, se han hecho porosas (líquidas diría un sociólogo), confusas y móviles. Vemos en la escena de esa comuna ex concejales socialistas ahora de RN, una concejala PPD que prefiere a un UDI y los RN que dicen detestar al postulante UDI. En fin, las diferencias se han “gasificado”, todos  en política respiramos el mismo aire tóxico. Esto también fragiliza la democracia, pues el ciudadano no sabe por quién votar si “son todos iguales” o más precisamente si “todos los partidos son iguales” (de malos);  los caminos que le dejan son votar por los atributos de las personas o desertar de la consulta.

Otra componente. La “crisis de la familia socialista” expresa la “crisis de liderazgos” en la oposición la que no se resolverá –como creen algunos- esperando a la ex Presidenta. Este factor político argumentado por los “realistas” se sustenta en las encuestas descendentes para el gobierno y que mantiene a Bachelet bien posesionada. Así, la consigna es que “nadie se mueva” para no estropear su retorno triunfante el 2014. Esta posición parece no entender que la política, como el fracaso socialista en La Florida, no esperará  esa fecha y que permanecer sin consensuar las profundas razones de la derrota presidencial, los nuevos desafíos que tiene el país y los motivos de la impotencia ciudadana ante las alzas (del transporte, alimentos, educación, etc.), los abusos empresariales y  la lenta reconstrucción, seguirán cambiando el escenario político y harán emerger nuevos liderazgos menos comprometidos con los intereses de los poderosos, no atados a esta “vieja política” y más ligados a las dinámicas reales de los que no tienen cargos que perder.

Una última reflexión sobre el tema.  El país, la oposición y el PS en particular viven una carencia de autoridades legítimas –no digo legales-.  La presidencia actúa sin ideario, con muchos proyectos  y activismo tecno-empresarial; la oposición concertacionista no es tal y no propone ningún ideario compartido y el PS se consume sin recuperar un pensamiento de izquierda. La legitimidad se constituye en la coherencia  del vínculo entre autoridad y representado, cuando el discurso los une en torno a proyectos y a través de las personas que puedan generar adhesión porque son creíbles y fiables.  Como señala el historiador M. de Certeau, la mera razón de retener o retornar al poder para su usufructo no construye convicciones,  tampoco  la entrega militante  se constituye  por un supuesto beneficio futuro. Lo que esas autoridades están perdiendo es la adhesión –como muestran las encuestas y las elecciones- y no porque las virtudes por las que luchan los ciudadanos estén destrozadas en éstos, es que ya  no habita entre aquellos. No es que falte. Les falta.

La estrategia de la Concertación de apoyar la idea de realizar la “justicia en la medida de lo posible” y hacer referencia permanente en los 20 años de construcción de la democracia al pasado dictatorial, terminó por colocar el estándar de la calidad democrática no en la democracia sino en lo que no tenía de dictadura.

La Concertación fue derivando en ayudar a construir  una nueva imagen de las FF.AA., respetuosas de los derechos humanos, con convicciones profundas sobre la democracia y bastión de la unidad nacional en las tragedias. Esta “política de la representación” sufrió las estocadas como la tragedia de Antuco que puso al desnudo el desprecio de algunos altos mandos por la vida de los reclutas jóvenes de extracción popular; o como la corrupción, cuyos indicios vienen del caso de los “muebles de ratán” de la FACH y la compra de armas, que ahora se expresan en la casa del millón de dólares o los servicios de mantención a la flota área del Ejército; o como la confusa respuesta en las horas posteriores al terremoto-maremoto para establecer comunicaciones fiables a pesar de los presupuestos multimillonarios que poseen. Sin embargo, son los Derechos Humanos la línea que sostiene esta incapacidad para haber convencido a la población que contamos con unas FF.AA. de claros estándares democráticos a 21 años del gobierno de Aylwin.

Allí están los resultados mentirosos de la Mesa de Diálogo sin que tuviera ninguna consecuencia en el Alto Mando, que protegió las informaciones distorsionadas, que no llevaron ni siquiera a la verdad sobre los cuerpos de los detenidos desaparecidos.

La derecha por su parte, en su estrategia de resistir y defender las acciones pasadas de las FFAA -que mal que mal habían hecho el trabajo sucio para implantar el modelo económico- le generó un cuadro de ilegitimidad para poder gobernar por vía democrática. Ese fue su precio.

Como sabemos, las cosas cambiaron, pues Piñera es el Presidente del país. Pero para el caso de los Derechos Humanos parece que hay una cierta continuidad: Allamand sanciona a militares de segundo orden de la DINA-CNI, y los saca del sector público. Pero no aplican la misma vara para el caso del Jefe del Estado Mayor –y en esto coinciden con el ex Ministro de Defensa Francisco Vidal- pues se trata del segundo hombre del Ejército, que no llegó allí de sorpresa sino avalado –como dice Hinzpeter- por Frei, Lagos y Bachelet. Aunque no debiera olvidarse que también fue un honorable legislador de la Junta Militar, cuestión importante en su Curriculum de la Inteligencia aprendida en la Escuela de Las Américas, esa dónde formaron a los que luego torturarían en Villa Grimaldi a las compañeras y compañeros de la ex Presidenta.

La vana ilusión de enterrar el pasado sólo ha conseguido prolongar la memoria sobre lo ocurrido. Las estrategias para construir impunidad han hecho más opaca la democracia y la justicia sigue en deuda, pero han impedido el olvido porque pervive una memoria colectiva que se recrea permanentemente por ser intergeneracional –transmitida en la convivencialidad familiar o barrial- ayudando en la tarea de construir un proyecto democratizador para el país.

La conducta sobre los Derechos Humanos permanecerá como referente básico para medir a los políticos de cualquier color, a pesar de las imágenes que se quieran imponer. Esto debiera entenderse a la hora del balance de los 20 años de gobiernos de la Concertación y del primero de la Derecha.

Con su discurso de candidato presidencial Piñera agitó en la zona mapuche la unidad de la nación, la majestad de la ley chilena que debía ser respetada y tuvo palabras de comprensión por la demanda de ese pueblo. Sin embargo, vino la huelga de hambre y su prolongación por indolencia y luego por la intransigencia gubernamental, lo que consiguió fue ampliar la sensibilidad ciudadana a favor de la causa mapuche y también radicalizar las posiciones de quienes promueven la constitución de una nación mapuche. Su bandera se agotó en los mercados de Temuco y ferias artesanales de Santiago.

Luego vino la demanda del pueblo rapa-nui, que tomándose unos terrenos ancestrales, tuvo como respuesta la desidia pues se dijo que era un conflicto entre privados, para posteriormente reconocer el conflicto y tratarlo con una rudeza policial desproporcionada al número de involucrados y a la legitimidad de sus peticiones. El resultado es similar: una comunidad rapa-nui más identificada en la diferencia con los chilenos, más unida para luchar por sus demandas y haciendo flamear banderas territoriales.

Hoy asistimos a otro conflicto, esta vez provocado desde el gobierno. La Región de Magallanes prácticamente se ha paralizado desde que se conoció el anuncio del alza de precios al gas, que es como el agua para un santiaguino. El argumento fue meramente económico, incluso solamente técnico. En vez de sensibilizarse por la diferencia regional que existe en el país y el cansancio de los gremios, sindicatos, instituciones varias y de la población que vive fuera de la Metropolitana, el gobierno escogió el camino de la confrontación, con el argumento técnico en mano y el libro de la ley en la otra, intentando dar una lección de que no se puede “vivir en una fiesta” con el precio del gas. El resultado está en pleno desarrollo: movilización ciudadana extensa, descontento con el centralismo y banderas magallánicas flameando en el Estrecho de Magallanes.

Están quedando al desnudo problemas de gobierno y problemas de Estado. El gobierno se enfrenta al inicio de las primeras deserciones parlamentarias y de apoyo electoral regional que pueden marcar su futuro con un parlamento que no controle y haciéndole fuerza para conquistar posiciones de influencia. La ciudadanía empoderada sobre el eje de demandas transversales, abandonando la recomposición clasista de los movimientos sociales, se puede articular por demandas como la reconstrucción, el detener los abusos de grandes comerciantes especuladores o por los temas medioambientales. En este sentido el gobierno no tiene ni un buen centro de detección de conflictos, ni una política de desarrollo del país, más allá de dejar que el mercado funcione como principio de “eficiencia”.

Piñera, como agiotista es un Portales, pero en cuanto a estadista es su antítesis y por ello habría que aliviarse.

Los conflictos descritos ponen en la actualidad la necesidad imperiosa de pasar definitivamente a un rediseño institucional que regionalice efectivamente al país, dotándolo de regiones con capacidad de elegir sus autoridades y que éstas pueden decidir sobre sus ingresos e inversiones, bajo mecanismos de control ciudadano y transparencia. Esto implica pasar a otra etapa de la democratización del país que permita mediante el “consenso constitucional” construir un “nosotros los chilenos” en que todos se sientan integrados desde sus regionales y culturales formas de ser.

El otro camino es un autoritarismo trasnochado que puede poner en riesgo la democracia.

Los documentos difundidos por el periodismo independiente, y valiente, del sitio Wikileaks, han dejado al desnudo que el gobierno de M. Bachelet a través de su ex Ministro del Interior, el democratacristiano E. Perez Yoma – durante la cancillería ejercida por el DC A. Foxley- solicitaron la colaboración de la “Inteligencia” norteamericana para combatir la causa mapuche. El gobierno se había comprado el discurso de la derecha autoritaria sobre “el terrorismo mapuche” y recurría a un “aliado” para actuar.

Pero no sería la primera vez que en política ocurría esto –para no hablar de las políticas económicas-, pues como quedó en evidencia con la muerte de los 81 presos comunes hace pocos días, los gobiernos de la Concertación también asumieron como propias las políticas antidelincuencia promovidas por la derecha autoritaria local en prolongación de las políticas norteamericanas. Ya lo han señalado varios estudios, terminamos luego de 20 años, con la mayor tasa per capita de presos entre los países de América Latina y discutiendo sobre el ritmo y número de cárceles construidas.

Los dos ejemplos anteriores ponen en la discusión un problema crucial de la identidad socialista: su carácter antimperialista. No se trata de la nostalgia de revivir las marchas en solidaridad de Vietnam o volver a editar los “Documentos de la ITT” sobre la intromisión norteamericana en la política nacional en los ’70, sino de sostener una política internacional autónoma, que entienda que los intereses norteamericanos no son los mismos que los chilenos o de los latinoamericanos, y que por tanto se requiere de generar los contrapesos regionales e internacionales para defender un proyecto de desarrollo no condicionado a los intereses de las transnacionales (Barrick Gold, Hidroaysen, etc). No vivimos la era “post imperialista” sino más bien la constitución de un imperialismo que requiere cada vez más de la incondicionalidad política de sus áreas de influencia para asegurar los procesos de especulación financiera e inversión en recursos estratégicos de la sociedad de la información.  Allí están el “Consenso de Washington”, las directrices del FMI, la guerra en Irak y Afganistán, la ayuda millonaria a la posición colombiana, entre otras.

La política internacional concertacionista estuvo más cerca de Estados Unidos que de los gobiernos de Bolivia, Argentina, Venezuela, Brasil y Ecuador, procurando con ello obtener un buen puntaje en las clasificadoras de Wall Street que especulan en las bolsas internacionales, más que por solidarizar decididamente con las intentonas golpistas como fue el caso venezolano.

El asunto merece una pregunta. Se ha venido discutiendo acerca del progresismo, pero parece ser que lo que se debe discutir es qué se entiende por una alianza de centroizquierda. Es lícito preguntárselo toda vez que la izquierda concertacionista se desperfiló, perdió identidad programática y más bien pareció reducida a la función de darle gobernabilidad a las medidas liberales pro compensación social. Es decir, las políticas sociales de estas dos décadas no fueron más allá de los diseños impulsados por las agencias internacionales como el Banco Mundial, que propugnaban la reducción del riesgo y la “vulnerabilidad” social, que amortiguaran los efectos de los procesos de liberalización al capital financiero y la falta de regulación de los mercados de bienes sociales.

La izquierda de la Concertación fue colonizada intelectual y políticamente por los diseños producidos en las universidades, centros de pensamiento y organismos ligados a Washington. Mientras la desigualdad social y territorial está instalada como eje de un modelo que continúa concentrando el poder económico, debilitando el ejercicio de la política, cooptando a sus administradores e impidiendo el debate sobre cuestiones como la libertad individual, la participación social y las reformas políticas democratizadoras.

No hay alianza de centroizquierda si la izquierda y en particular el Partido Socialista no contribuyen con una identidad política claramente nacional y popular, de cara a los desafíos de la desigualdad y la libertad. Para ello se requiere poseer un programa político viable para resolver esos temas y también una recuperación de la credibilidad y confianza de los sectores populares y medios hacia una dirigencia que sea creíble en su disposición a la confrontación democrática con los intereses de los más privilegiados. Se necesitará una política de izquierda que recomponga una mayoría social capaz de llevar al país a una nueva estrategia de desarrollo de carácter sustentable e inclusivo.

Si la izquierda no enfrenta este proceso de actualización identitaria que le permita reconocerse en los problemas sociales y los desafíos futuros del país, será imposible construir una alianza de centro izquierda y menos recuperar el gobierno para cambiar el país.