Los que no tenemos  el Poder Ejecutivo al menos  colaboramos  fiscalizando y proponiendo  porque los 370.000 damnificados siguen  esperando solución.

El mando político debe abrirse a escuchar  sus errores y partir desde la verdad de las cifras sin refugiarse en la manipulación comunicacional.

La situación la describen los números .Pero a pesar de que los hechos derrumbaron la propaganda del gobierno, el MINVU ha  manipulado  la presentación  de las cifras, lo cual es  una manera  de mentir.

Cuando los denunciamos, el ministro de Vivienda, señor Pérez, nos mandó a decir que no mirábamos los datos completos  y que solo nos referíamos al incumplimiento del anuncio de  S.E. el  Presidente  Piñera, porque  lo hicieron decir que: “A Junio de 2011, 100 mil de esas casas estarán construidas o en avanzado estado de construcción”, y demostramos que la verdad es que a Diciembre del 2011,  hay solo 5.430 casas construidas en vez de las cien mil.

El ministro y  sus asesores contestaron que nuestro análisis  no menciona los 180.000 subsidios que se han asignado. Es cierto, pero al  aceptar  el enfoque del MINVU para analizar  las cifras, veremos que los números otra vez nos muestran un  fracaso en la reconstrucción.

1.- Consideremos como nos lo pide el MINVU, los subsidios asignados y comparémoslos con la cifra oficial de  viviendas construidas  .Olvidemos, por ahora, nuestra cita de la fallida promesa presidencial.

En Maule se han asignado a la fecha  17.128 subsidios para la construcción de casas y se han construido solo 2.027.

En O’Higgins, de los 12.998 subsidios asignados para construcción de viviendas lo construído llega a penas a 887 viviendas.

En Bío Bío,la indignación de un diputado gobiernista lo llevó a exigir públicamente que “no podemos seguir escondiendo ni mintiendo”. En esa región se han asignado  29.675 subsidios pero se han construido 1.985 viviendas.

Y en la Región Metropolitana el avance no llega ni al 1,3% pues de los  3.837 subsidios asignados a la fecha solo se han construido 48 viviendas. El  99% de las familias no ha recibido vivienda.

2.- Nos replican que nuestra denuncia no considera los programas de reparación. Es cierto. No lo hicimos porque no son viviendas construidas  sino un subsidio de solo UF 50 con IVA y honorarios incluidos que creó la presidenta Bachelet para reparar en tiempos normales, no terremoto,  pequeños deterioros de las casas.

Pero aún si  aceptamos  incluir esos programas de reparación para computar  el avance, el resultado del atraso sigue siendo  brutal.

Porque si comparamos los 180.000 subsidios asignados con el total de avance a la fecha, sumando  todos los programas que el MINVU nos exige considerar, sumando las 5.430 viviendas construidas, más las reparaciones de UF 50,  más la compra de casas usadas, más el  D.S 40, sumando todo arroja un total de 65.168 unidades, lo que significa un atraso de casi el 70%.

El avance es apenas casi un tercio  de los  “papeles” entregados a las familias.

Y decimos un tercio porque no hemos querido comparar los subsidios asignados con el total  de viviendas construidas en sitio propio o en nuevos terrenos ya que  ese  cálculo  implicaría  un atraso de casi el 97%.

3.- Y qué decir del escandaloso resultado  del atraso si la comparación de avance se hace respecto a las 220.000 viviendas prometidas al final de la reconstrucción. No lo hacemos porque eso sería una manipulación de las cifras para exagerar el fracaso del gobierno.

4.- No nos han pedido comparar el avance considerando viviendas iniciadas, las no terminadas. Pero aunque  agregáramos al cómputo las viviendas iniciadas no llegan ni lejos a las 100.000 prometidas por el Presidente para Junio del 2011, ni a los 180.000 subsidios entregados pues las obras comenzadas sólo suman 37.367 viviendas.

Todas nuestras  cifras son oficiales. Sólo hay que saber encontrarlas en la web que el MINVU tuvo que publicar por obligación de transparencia.

¿Que ocurrió? ¿Por qué tan increíble  diferencia entre la propaganda del gobierno y la realidad? Porque como los damnificados están dispersos se  pueden manipular las cifras para darle al resto del país una imagen de avance, con el ministro llegando a caballo a los lugares apartados y fantaseando.

¿Por qué tanto atraso si al gobierno no le conviene? Simplemente por ineficiencia, un poco de insensibilidad de quienes ven el sufrimiento como un reclamo de electores y no de seres humanos y también por soberbia de no haber querido escuchar las críticas a tiempo.

Las promesas que le hicieron decir a S.E el Presidente Piñera  no se han podido cumplir por pura incapacidad de gestión, insensibilidad  y soberbia. Ni con seis meses de holgura de la fecha de la promesa presidencial  logran superar el 94% de retraso.

En estos días el ministro señor Pérez dijo que iba a aplicar unas propuestas que le hicimos al ministerio hace un año y medio cuando mandaba la ministra del caso  Kodama. El 6 de Diciembre anunció que permitirán acreditar el dominio con una declaración jurada y que van a simplificar los permisos de edificación y las recepciones finales. ¿Recién ahora? ¿Casi dos años después de ocurrido el terremoto se les ocurre aplicar medidas de simplificación que les habíamos sugerido en el propio ministerio y que ellos prometieron aplicar?

No es fácil cooperarle a un gobierno que es soberbio y que saca cuentas alegres de sus fracasos. Menos aún si no quieren escuchar .Aún así nos volvemos a ofrecer para colaborarle al gobierno.

Y levantar este debate es un deber humanitario, patriótico y profesional.

Nos acusan de querer cortar la comunicación celular en el territorio al regular la colocación de  antenas;  que atentamos contra los  derechos adquiridos por las empresas. Intentan descalificarnos en el debate público porque “no entendemos de comunicaciones”; que sería invento nuestro que la gente reclama porque sus propiedades bajan de precio al lado de una antena; que queremos paralizar  la industria con propuestas que se judicializarán en un caos en tribunales; que solo nos importan las ciudades y no lo rural; que solo nos inspira la política. E  inventan rumores  y falsas propuestas para acallarnos.

Hay mucho interés en juego y la discusión está vigente.

Aún se niegan algunos parlamentarios a aprobar nuestras claras propuestas para la nueva ley. ¿Qué queremos?

1.- Que se retiren  torres existentes e impedir nuevas torres en las zonas sensibles (escuelas, salas cunas, hospitales, jardines infantiles hogares de ancianos, consultorios).

2.- Prohibir, sin excepciones artísticas ni compensaciones,  nuevas antenas en zonas saturadas (cuando hay más de 2 torres en 100 metros a la redonda).

3.-  Exigir que las empresas que tienen una sola antena  en una  estructura  sean obligadas a aceptar   el  retiro y su reinstalación (“dos en una”), es decir co -localizar las instalaciones, disminuyendo la cantidad de antenas existentes.

Cada parlamentario levanta poderosas razones en  la comisión mixta final que dirimirá las discrepancias que aún impiden la aprobación de la primera regulación de verdad ante la invasión de torres de celulares permitidas por la ley. Años de presiones empresariales han impedido regular un tema que aún mantiene  diferencias importantes en las opiniones de quienes deben corregir este desastre.                       .

Comprendo, pero no comparto, que  para algunos el resguardo legal de los derechos adquiridos por  las empresas al momento que de la instalación de las cerca de 9 mil antenas que hoy existen  sea un bien jurídico de primer orden. Esa legislación ha sido  tan permisiva que en su  redundancia dice que las antenas no requieren permiso.

Así se perjudicó a la población a tal extremo que hoy el primer bien jurídico que se debe proteger es la población afectada y no las empresas. Eso  requiere que se reparen  los  daños y que se retrotraiga la situación a las condiciones anteriores a la ley.

También debe ponerse en primer lugar la defensa de la salud y del patrimonio de miles de viviendas de clase media que ven destruido el valor de sus inmuebles en un 30%  o más de su precio en los barrios afectados por  torres de antenas. Hacerlo retroactivamente no es inconstitucional si de lo que se trata es un acto de fuerza mayor de autoridad por el daño causado.

Sería una contradicción substancial e indignante que el Estado de Chile, después de tantos años y tanto trabajo, promulgara una ley que “regulara” las antenas y torres de celulares aprobando  un art. 4° transitorio que permite instalar nuevas torres  en zonas que la propia ley califica de  saturadas (artículo 4° y en el 116bis I)y que hoy son un enjambre de torres.

Más inaceptable aún es que por la vía  de “mejoras” en el barrio  las empresas puedan instalar más torres en el territorio saturado solo porque   van  a financiar (por el 30% del valor de la torre)  jardines, ciclovías u otras mejoras,  como pago para agregar más daño en zonas que la misma ley califica como  saturadas.

Chocante e inexplicable que votáramos a favor de este art 4° como ley reguladora. Nosotros proponemos no solo rechazar esa colocación de antenas nuevas  sino obligar a retirar antenas.

El  gobierno y algunos parlamentarios rechazan la propuesta de los que apoyamos  el art. 5° transitorio, con el cual  queremos obligar a que  las empresas  retiren de las  escuelas, salas cunas, hospitales, jardines infantiles hogares de ancianos, consultorios todas las antenas ya instaladas  que se encuentran  de una distancia menor o equivalente a 4 veces la altura de la torre. El argumento es que fueron instaladas con la ley anterior.

Mantengo mi rechazo a la postura del gobierno y de algunos parlamentarios  de  sacralizar las normas con que se instalaron alguna vez esas torres. La nueva ley  pueda corregir y resguardar como bien superior la salud, la ciudad y el valor patrimonial de las viviendas.

En esa misma línea está nuestra propuesta de cambio al art.19.Bis, indicando a la letra que: “A los concesionarios de servicios públicos e intermedios de telecomunicaciones que directamente o por su encargo hubieren emplazado torres o soporte de antenas y sistemas radiantes, deberán tener una oferta de facilidades para colocalizar antenas de terceros concesionarios no relacionados, en  torres de 18  metros o más que les hayan sido autorizadas. La oferta de facilidades deberá ser actualizada a lo menos cada 6 meses y publicada en un diario de circulación nacional, debiendo a lo menos indicar la altura y ubicación de la torre y la oferta técnica de colocalización”.

Donde hay dos o tres torres cercanas ya instaladas, estas tres  pueden transformarse en una sola torre que concentre las tres antenas que hoy tiene cada una. Esa es la “co -localización”.Y ella debe ser retroactiva para que se rebaje la cantidad de torres existentes.

Con habilidad el gobierno acogió nuestra presentación  de regulación co-localizadora, pero la “podó” y la llevó al Senado limitándola sólo  para las torres nuevas. Eso es una tergiversación del principio y con ello se protege a la principal empresa que ya tiene miles de torres instaladas  pues la “poda” de nuestra propuesta  no permite aplicar el concepto para las torres existentes.

Si se rechaza la propuesta de cambio al art. 19 Bis) se vuelve a lo inexplicable de que no vayamos a hacer  nada frente a los bosques o enjambres de antenas existentes que indignan y dañan a los  ciudadanos su patrimonio y su salud.  Estaríamos haciendo una nueva ley para dejar al ciudadano  nuevamente impotente ante  daños que persisten.

Reconozco que exigir  menos torres a futuro, obligando a colocalizar en una misma torre las antenas de  dos o tres empresas, es una idea positiva para lo que viene. Es un avance. Conscientes de la legislación que viene ahora las empresas descubrieron que no era necesario poner una torre para cada antena y están dispuestas, incluso, a construir torres como aportes a la ciudad.

Para las torres nuevas aceptaron no seguir “palmerizando”  la ciudad  y  proponen torres hechas por artistas que sean armonizadas con la arquitectura y el entorno urbano. Así lo propuso el gobierno el Lunes 14 de Noviembre en un texto escrito por el ministerio y lo valoramos y ayudamos a precisar las condiciones para juzgar un arte urbano y que no se vuelvan a construir mamarrachos en las antenas nuevas.

Pero es inaceptable que por la vía de un articulado alambicado aprovechen su “abuenamiento”  con el arte y el entorno urbano para contrabandear la propuesta de agregar estas antenas en zonas saturadas o sensibles. La forma de  impedir ese abuso es que se acepte nuestra propuesta formal  de rechazar el art. 4° transitorio, para que “ni disfrazadas de fraile” estas antenas puedan instalarse en esas zonas. Lo malo, ya lo dijimos, es que la propuesta de co-localizar del gobierno solo propone  para el futuro y no resuelve el daño presente.

Si bien se avanza en la nueva ley, el país no puede aceptar la consagración del bosque de antenas existentes como algo intocable, como si no existiera un daño brutal que debe ser mitigado. No mitigar y reparar será otra desgracia para que la ciudadanía confirme su mala opinión de toda la política peor aún sin no habrá otra oportunidad antes de muchos  años para  corregir lo que hoy  se haga mal.

La potestad normativa del  MINVU  faculta al gobierno a establecer en la Ordenanza General de U. y Construcciones, por un simple decreto, las regulaciones de toda obra de construcción. Y así lo hace el ministro de vivienda permanentemente respecto a otras materias. Pero a las antenas no las toca.

La autoridad se justifica diciendo  que el gobierno tendría que esperar que se apruebe la ley en discusión para evitar que la instalación de antenas  siga provocando la destrucción del valor de los barrios, baja del precio de  los inmuebles, daño del paisaje urbano, el patrimonio  y la armonía espacial. Falso. El gobierno tiene todo el poder de regular las antenas, por medio de  la Ordenanza, pero no quiere hacerlo.

Pero la verdad más cruda es que el ministerio de vivienda y urbanismo, en vez de regular, usó su   capacidad de dictar normas  para desregular, y  permitió  por decreto la instalación de antenas sin permiso  municipal con simple aviso.

Para eso usó su poder y  estableció por decreto N° 183 del 2004 reemplazando el numeral  7 del  artículo 5.1.2. de la O.G de U. y C. por el texto que dice :”El permiso no será necesario cuando se trate de:…“7.Instalación de antenas de telecomunicaciones. En este caso el interesado deberá presentar a la Dirección de Obras Municipales, con una antelación de al menos 15 días, un aviso de instalación,…”, con el acompañamiento de planos simples, sin solicitud de permiso, sin pago de derechos y solo dando “aviso”.

El MINVU no ha querido cambiar esa disposición gubernamental.

Con la misma mano que el gobierno autorizó instalar antenas sin permiso, podría dictar de inmediato un decreto exigiendo a las empresas condiciones de respeto a la ciudad, su arquitectura y  evitar la depreciación  de las propiedades.

Pero se impuso el libertinaje del modelo que solicitaban las empresas de telefonía para sacarle el jugo al negocio. Era y es una política diseñada para ser permisiva con las empresas. Por eso ningún gobierno y ningún ministro de vivienda ha querido usar su potestad normativa para modificar la ordenanza respecto a las antenas.

Hay un enfrentamiento de dos posturas de políticas de Estado.

Así, ante esa resistencia política estructural es que nació la desesperada iniciativa de presionar simultáneamente por el flanco legislativo desde fines de los años 90 (aunque no fuera necesario legislar), para obligar a la autoridad dándole la orden de  regular las antenas. Ya que los gobiernos no quieren usar sus capacidades legales, se lo   exigiríamos con una ley. Así surgieron varios proyectos de ley exigiendo al gobierno un  debate público que ayudaría a crear conciencia y a forzar resistencias.

Pero las habilidades empresariales y políticas desplegadas para evitar regulación frente a la posibilidad de una ley reguladora han diversificado sus  tácticas desde la agresión, amenazando con el fin de las comunicaciones por celular, descalificando a los políticos que promovemos la regulación, hasta usar la malvada fórmula de “enriquecer” los proyectos de ley con complicidad de algunos parlamentarios de modo de eternizar la discusión o transformarlos en leyes inviables con “aportes” de regulaciones impractibles.  La técnica legislativa de pedirlo todo para que no resulte nada.

Hace más de un año  aprobamos el primer trámite de un proyecto de ley  que, aunque no tiene todo lo necesario, es un gran avance. Por eso lo bombardean  las empresas. Y así  es que sigue  esperando la urgencia del gobierno en el Senado.

La alianza política de excepción fue la que se logró con René Cortazar que cuando fue ministro de Telecomunicaciones la iniciativa de los parlamentarios que exigían  regulación e impulsó el proyecto actualmente en trámite. El resto de las autoridades del sector nunca han promovido leyes de  regulación de antenas.

En el gobierno del presidente Piñera ni los ministros de vivienda ni telecomunicaciones han demostrado ningún interés  en corregir la ordenanza con simple decreto.

Peor aún, este gobierno ha lentificado la legislación reguladora en curso.

El actual gobierno recibió en bandeja un proyecto ya aprobado por la Cámara de Diputados donde sin diferencias políticas, con Cristián Monckeberg, Gonzalo Uriarte, Javier Hernández y otros produjimos una extensa ley que podría ayudar  a nuestras ciudades. Le pedimos al gobierno en Abril del 2010 que le pusiera urgencia y se burlaron demorándolo un año y medio. Ahora en el senado en vez de apurarlo lo transformaron obligando a cerca de 150 indicaciones que hay que estudiar. ¿Así cuando habrá ley de regulación? ¿Cuando el paisaje urbano sea de torres de telefonía?

Evidentemente que si los gobiernos de la Concertación se encandilaron con la desregulación de telecomunicaciones para demostrar que la centro izquierda no paralizaba la inversión  (y aún algunos se preguntan cómo se pierden elecciones), el gobierno del presidente Piñera tiene el conflicto de interés originario de sus ministros y colaboradores que, formados en la paternidad del mercado y sus negocios , tienen resistencia filial a regular un negocio tan poderoso como el de la telefonía y comunicaciones.

El deprimente panorama puede revertirse si se suma  presión ciudadana a la acción apoyando la política de quienes sí quieren regular .Y si no más viviendas perderán el 30% de su precio cuando en el barrio se instale un antena, aumentarán los riesgos, se deteriorará el poco patrimonio que nos queda y nos engañaremos creyendo que la belleza de un árbol puede ser reemplazada por una estructura metálica.

La Sra. Ministra se autoaplaude: “Nunca ha existido un ministro que lleve a la Fiscalía un caso”. Se olvidó que fue ella con su firma quien autorizó el pago del escándalo.

La prueba de su grave responsabilidad está en sus declaraciones:

-Pregunta El Mostrador (14 de Abril): ¿Por qué firmó un decreto exento, el 25 de enero pasado, autorizando al Serviu Metropolitano a pagar $17 mil millones a Kodama?

-Ministra Matte: Porque venía solicitado por el director del Serviu, Antonio Llompart, y tenía las firmas del subsecretario (s), Guillermo Rolando; de la jefa de la división jurídica, Mirna Jugovic, y de Carolina Arrau, asesora legislativa…”.

-Pregunta El Mostrador: ¿Era un decreto para llegar y firmar?

-Ministra Matte: Sí. El decreto sigue su curso y va al director de finanzas, Daniel Johnson…Habla con el subsecretario Andrés Iacobelli….”.

Bien decían los clásicos que la prudencia y sabiduría del príncipe (o princesa), para desempeñar el cargo, reside en la elección de sus secretarios. Es parte de su responsabilidad. No basta culpar al subalterno. Se requiere del arte de mandar de Gavet.

Pero lo peor es que el responsable se disfraza como denunciante de lo que no denunció antes: transformismo. Pues la PDI investiga lo que firmó la ministra.

Este estilo pone en duda la voluntad del gobierno de transparentar la verdad y cuestiona el sentido de responsabilidad de Estado en los más altos niveles. Atenta a las reglas de seriedad de las democracias modernas, que en el extranjero tanto aprecian del Estado de Chile. No basta que la autoridad sea honesta, trabajadora y sensible. Debe responder por sus faltas.

Milenios de normas han establecido el principio de la responsabilidad. También los principios actuales de la Constitución chilena, los juramentos, las declaraciones programáticas y las promesas electorales recientes, exigen pulcritud de la autoridad en los actos de Estado. Hoy vemos lejana la humildad ante la falta, el autocuestionamiento por la conducta errada , el sentido del deber ofreciendo la renuncia, establecidos por la virtud de Aristóteles, los romanos con Cicerón, el sentido del honor japonés , las reglas portalianas y la promesa de la “nueva forma de gobernar”.

Un ministro del Interior en Bélgica renunció porque un violador se arrancó de la cárcel por unas pocas horas. Desde el sectarismo político ciego se replicará empatando con los casos de corrupción, ineficiencia e irresponsabilidad de la Concertación. Dirán parte de la verdad. Y querrán olvidar que renunció el Vicepresidente de Corfo cuando un funcionario técnico se coludió con Inverlink para cometer fraude. Todos juzgamos con dureza el ineficiente control. Y aunque nadie dudó de su honestidad, Gonzalo Rivas renunció.

Mop Gate, Chile Deportes, plantas de revisión técnica, puente Loncomilla, incluso Transantiago (sin corrupción) son vergüenzas de nuestros gobiernos, con listados de renunciados y removidos de sus cargos con nuestra implacable fiscalización y juicio crítico. Y no tengo recuerdo que ningún responsable de esos escándalos se haya disfrazado de acusador, o que como la ministra y el gobierno, se autoerigieran en Savonarola.

La Sra. Ministra, hoy exige investigar y transparentar lo que no investigó ni transparentó oportunamente y dice: “Yo quiero la transparencia más total y absoluta”. Ella se hace un reconocimiento de mérito y no de faltas. ¡Qué capacidad para comunicar como positivo lo negativo!

Sus declaraciones actuales contradicen la tranquilidad que tuvo para firmar autorizando el pago en cuestión. Ahora dice “quiero que se investigue hasta las últimas consecuencias. Transparencia total. Caiga quien caiga”.

¿Y cómo responde ella por qué no exigió transparencia e investigó antes de firmar el decreto? Ese es el malabarismo comunicacional que denunciamos.

Esta construcción de imagen de heroína y de gobierno eficiente, es tan reprochable como su error descuidando las platas del Estado. Todos nos equivocamos y hacemos cosas malas. Pero el reconocimiento de la falta es condición de credibilidad y transparencia en la función pública. Ni una investigación podrá esconder que entre el Minvu y la empresa se pusieron de acuerdo para el pago los 17 mil millones para evitar ir a la justicia. El decreto no fue una sorpresa para la ministra. La ministra consideró tan importante el conflicto que ella, en Junio 2010, le pidió a su abogado particular, al abogado Baeza que le veía sus negocios privados en su empresa, que se hiciera cargo del tema.

El abogado particular de la ministra le informó que con Kodama habían acordado el pago de 17 mil millones. El abogado no firmó ningún papel. La que firmó fue la ministra, asesorada por su equipo de confianza incluida la abogada que la representa en las sesiones de la Cámara de Diputados, Carolina Arrau. Y ahora finalmente esto llega con escándalo a la policía.

Asumiendo todas las faltas de gobiernos de nuestros partidarios ejerceremos nuestro rol fiscalizador a pesar de las amenazas veladas y directas. Y esperamos que otros fiscalizadores de antaño, sin politiquería, se sumen a la causa.

Entendí y sentí su representación simbólica con  la carga de identidad nacional chilena. La ballena giró en curva alrededor de nuestro barco desplazándose como  una impactante demostración de soberanía  en la Antártica. Estaba protegida por el Estado de Chile.  Ahora, luego de 25 años de moratoria  de muertes de ballenas, la Cancillería decidió autorizar la caza comercial de ballenas y  legitimar las operaciones de la flota japonesa en aguas del Océano Austral.

Es otra de las desprolijidades  que amenazan la continuidad de las políticas de Estado. Recién fue Miguel Otero y ahora esta propuesta  presentada e impulsada por el presidente y el vice presidente de la Comisión Ballenera Internacional (CBI), el comisionado chileno, Cristián Maquieira y el  de Antigua y Barbuda, Anthony Liverpool,  a la reunión de  Marruecos del 21 al 25 de Junio próximos.

Nadie pensaba que  la anacrónica caza y comercio de ballenas podría volver a ser realidad en los océanos del planeta. Un fantasma del siglo XVIII ha vuelto a proyectar su sombra sobre la diplomacia chilena. El embajador chileno  propone reabrir las operaciones de caza comercial de ballenas, legitimando que Japón, que ya usó una cuestionada “caza científica”, pueda  expandir sus capturas comerciales.

La protección  ballenera en Chile corresponde a su independencia política  por sus derechos como Estado ribereño. En Chile representa una política de Estado.

En  1947, con la conservación de  las poblaciones de ballenas, Chile posibilitó la Declaración Presidencial basada en la  Tesis de las 200 millas marinas  -promovida en conjunto con Perú y Ecuador que se convertiría en el más grande aporte de la diplomacia Chilena al Derecho Marítimo Internacional,  reconocido treinta años más tarde como Zona Económica Exclusiva por la Convención de las Naciones Unidas Sobre Océanos y el Derecho del Mar.

Frei apoyó e impulsó en la CBI la adopción del establecimiento del Santuario Ballenero Austral,  aprobado por la Comisión Ballenera Internacional en 1994. Y en 2008 con la Presidenta Bachelet, la Ley de Santuario de Cetáceos emerge como uno de los mayores logros ambientales y ejemplo de participación ciudadana de Chile para la conservación  de las poblaciones de ballenas y sus ecosistemas.

Hoy, de modo impresentable,  el embajador Maquieira propone a la Comisión Ballenera Internacional, la entrega de cuotas de captura comercial de ballenas en aguas antárticas, atropellando el  Santuario de Ballenas reconocido por Chile y la CBI y donde las capturas de cetáceos se encuentran prohibidas. Arriesga un área en las que Chile, y países como Argentina, Australia, Inglaterra, Nueva Zelanda y Noruega, mantiene reclamos territoriales  “congelados” por el Tratado Antártico.

Australia en cambio presentó una demanda ante la Corte de  La Haya contra la  “caza científica” de ballenas que realiza Japón en el Océano y, a diferencia de nuestra Cancillería, a favor de la conservación de los cetáceos, y  actúa en coherencia  con su reclamación de soberanía en aguas de la Antártica.

Resulta inaceptable la propuesta de un  representante de la Cancillería que sea  contraria a la política de Estado chileno, la política exterior del país en materia de alta mar y debilite  nuestra reclamación antártica. El gobierno chileno debe oponerse a la propuesta del actual presidente de la CBI y apoyar activamente la demanda en defensa de las ballenas de los Océanos Australes interpuesta por Australia en La Haya.

Nos parecía pasajeramente comprensible ahora que, como en todas las derrotas, algunos liderazgos buscaran fuerza replegándose en el pasado victorioso, con un natural miedo al futuro, y convocaran a ordenarnos en torno al orgullo que tenemos por los 20 años de realizaciones. Pero esa tesis, carente de autocrítica, siendo psicológicamente aceptable por unos días, no sirve para dirigir los partidos y  menos para ganar la Presidencia de Chile el 2013.

La causal autoritaria se desplegó condenatoria culpándonos de la derrota, por nuestra  supuesta  incapacidad para defender la obra de los gobiernos de la Concertación. Como si alguna vez en la historia de la humanidad  los éxitos del pasado consiguieran más votos que las propuestas para el futuro. Churchill, Temístocles, Frei Montalva, Jospin, Bachelet, son ejemplos con 2.500 años de rango donde el pasado exitoso no se proyectó a un resultado electoral de futuro.

La complacencia con  nuestros grandes éxitos no constituye una propuesta de futuro para ganar la elección del cercano 2013. Por eso, cuando el orgullo nostálgico comienza ahora a ofrecerse como tesis de conducción del PPD y los partidos de la Concertación, vimos el peligro de otra derrota. Al contrario, muchos decidimos profundizar la crítica de nuestra reconexión con la base social, sus demandas y el incumplimiento de algunas promesas. Entonces le pedimos a Auth que encabezara el giro histórico que se requiere.

Así,  a diferencia del equipo de Carolina, reabrimos el debate, acallado, sobre las desigualdades no resueltas, las promesa incumplidas de fortalecer  la educación pública, los cambios constitucionales pendientes, el royalty decorativo garantizándole a los empresarios 15 años sin aumento de impuestos, los impuestos a la renta recién aumentados por la caricatura de Piñera, los DD.HH. siempre pendientes, el medioambiente postergado, el agua privada.

Abordar los temas de ese programa evitará condenarnos a repetir las palabras y los números del resultado electoral de Diciembre: la Concertación obtuvo el 29% de los votos.

Algunos se olvidan que el casi 50% de Enero no lo logramos solos. Por eso cuando escuchamos que nuestra política de alianzas debe conservar las fronteras de la minoría que obtuvimos, comprobamos una gran diferencia que nos motiva a conducir el PPD: crecer y no conservar.

Ganar la elección  del PPD con Pepe, es pensar  cómo construir la nueva alianza política que se requiere para el futuro de Chile, y no por descalificación de la persona de Carolina. Tenemos diferencias políticas con  el diagnóstico  conservador de su equipo. Lo grave, en lo político, es que ella misma ha planteado, en estos días hasta  por escrito, que políticamente la Concertación, los cuatro partidos  que obtuvimos apenas un 29%, nos bastaríamos a nosotros mismos. Es  análogo a lo que un sector de la DC levanta, en estos mismos días, como fórmula que cierra el paso a la apertura política hacia la izquierda y hacia el centro.

El equipo de Auth interpreta a las bases PPD y concertacionistas que saben, por experiencia propia que, para convocar al pueblo con ideas, instalar el programa adecuado y ganar las elecciones municipales del 2012 y presidenciales y parlamentarias del 2013, es necesario ampliar la Concertación hacia los lados definiendo el programa y las fuerzas motrices. Ese es el salto histórico al que  convocamos con  Pepe Auth. Si la Concertación se cierra en sí misma será un cadáver insepulto.

Mirarnos el ombligo y  refugiarnos  hacia adentro no convocará a esa  mayoría del pueblo que no votó por la Concertación en Diciembre. Reducirnos a las medallas de las glorias pasadas nos permite ser  una minoría orgullosa, pero minoría al fin.

Hay que romper el ciclo y eso requiere voluntad política. Congelamiento de liderazgos, conservadurismo, miedo a las nuevas alianzas, temor a nuevos programas, nostalgia, autoritarismo, han transformado la palabra autocrítica en un adorno del discurso de los que  se han propuesto ganar las elecciones internas en los partidos de la Concertación para conducirlos por el camino de la repetición de la reglas  de la derrota presidencial del 2009.

La buena conducta  partidaria, el orden en las vocerías, en las conductas y en los debates públicos se disciplinarán en torno a  ideas claras y convocadoras de mayoría, como siempre ha sido en la historia política. Un programa claro, doctrina firme, ideario entusiasta, renovación en las alianzas políticas son las bases desde la que se construye la disciplina. Al revés, querer imponer disciplina cuando la doctrina no se sostiene y el programa no convoca a las mayorías, cuando la autocrítica se considera traición y las alianzas políticas son minoritarias, el desorden avasalla como lo hacían los que saltaban el  muro del socialismo hasta hacerlo caer en la cara del autoritarismo político más disciplinado.

Presidir el PPD para decirle al país que nuestra autocrítica consiste en reconocer falta de disciplina y  ofrecerle que conservaremos congelados los límites de la Concertación, es convocarlo a la nueva derrota. Eso es lo está en juego en la  elección del PPD.

En el diagnóstico de  la derrota y en  la política de alianzas para ganar en el futuro, es donde las diferencias son nítidas.

Sería prudente que el nuevo Presidente de la República permitiera que ese brillante General instale su retiro y que  se distancie, en espacio y tiempo,    de la sólida y obediente  red de mando militar que conducía recién antes de pasar a un mando político.

El cargo de subsecretario de Defensa no es un cargo técnico ni  militar, es político. La ley  20.424 indica claramente, y a la letra, que el Subsecretario está  a cargo de  proponer  políticas de Defensa para el Congreso y al debate que efectuarán los partidos políticos;  políticas internacionales, de adquisiciones de armas , y otras  que cada gobierno propone según su concepción política de la Defensa.  Son materias en las que hay muchas diferencias políticas. Los acuerdos se buscan, no están. En esa  tarea política estará el subsecretario. Malo sería que esa tarea política se perciba militarizada por la llegada de un reciente jefe castrense.

A pesar  de su apego a la ley, el ascendiente militar que recién tenía  el General Izurieta  sobre el  actual Comandante en Jefe, sobre el Jefe del Estado Mayor Conjunto y sobre el alto mando, no desaparecerán por decreto. Y entre militares, el afecto, los lazos, y la  obediencia tienen  estrecha relación. Es recomendable  un  tiempo de distancia siempre necesario en la naturaleza humana.

El General Izurieta tendría el  mando político de la Defensa y una especie de mando militar. Se produciría una confusa sensación de conducción en quienes hace pocos días eran sus subordinados militares.

La súbita transformación del general en autoridad  política sobre  sus recientes subalternos militares podría ser incómoda  para los nuevos mandos.

El orden democrático que consagra  la ley separa claramente el mando político del mando militar no deliberante. La reciente Ley de la Defensa  fortalece  a los militares como un recurso de todos los chilenos. Pseudo-militarizar  la autoridad política deforma la supeditación constitucional de las FF.AA.

El nuevo Presidente de Chile debería  cuidar evitar dar señales confusas entre política y militares que tantos problemas crearon  en el siglo XX .Para lograrlo, debería dejar pasar al menos esos dos años que la Ley 19.880 prevee  para ciertos conflictos de intereses. Las atribuciones del General podrían verse impedidas por las circunstancias de abstención de esa ley.

La sola posibilidad de nombrar a este reciente militar hizo suponer   contactos políticos previos a su retiro, que el propio General Izurieta se ha visto obligado a negar y de cuya palabra nadie duda. Pero si el gobierno instala este procedimiento de alta velocidad entre retiro militar y política,  permitirá suponer que instala un método de  exploraciones de  los políticos sobre los militares. La prudencia de dejar pasar unos años evitaría imaginar al gobierno invitando militares que  están en las filas a sumarse a un  proyecto político.

La gravedad de una  apresurada decisión de Piñera permitirá deducir  un precedente para que todos los partidos políticos se sientan autorizados a ingresar a los cuarteles y a reclutar militares para el futuro.

Dañino sería que cada  partido político se considerara autorizado a convocar militares en servicio activo, preparándoles su retiro con  un cargo de gobierno o quizás uno de elección popular.

Los militares retirados no son eunucos políticos y tiene pleno derecho a participar de la política. Lo incorrecto  sería que  estando en las filas,  acordaran con políticos que los esperen en la puerta de los cuarteles, después  de convocarlos en las sombras, para  sus proyectos partidarios.

Por eso debe mediar un tiempo importante desde  su retiro.

Asumimos que el Presidente Piñera no ha cometido esa ilegalidad, pero no ha despejado las confusiones entorno al apresurado nombramiento del General Izurieta.

El Presidente  tendrá que aprender que  invitar a un  ex militar  a trabajar en un gobierno que ganó con los votos de un solo sector de los chilenos requiere, no solo  la legalidad sino  la total y sana apariencia de legalidad que regula la relación entre política y militares.

*Patricio Hales es diputado, miembro de la Comisión de Defensa de la Cámara.

Al  frente de los que robaban televisores, destruían cajeros, asaltaban casas, y desmantelaban autos, aprovechándose del terremoto, aparecía la voluntad   de miles de personas que sienten crecer el sentido de sus vidas sacrificándose para ayudar a los que sufren. Con ellos reapareció  la solidaridad que Leopoldo Castedo dijo que echaba de menos cuando le preguntaron qué le faltaba si comparaba  el Chile de los 90 con el de su llegada en el “Winnipeg”.

Pues, junto con comprender a una madre que roba leche porque su guagua no tiene ni agua limpia para sobrevivir, clamábamos castigo para los que, riéndose frente a la televisión, llenaban  carros, camionetas, carretillas de mano, sacos, autos y sus brazos para arrancar con lo que pillaran. A las pocas horas pedíamos a los militares en las calles. Pero los valores no se construyen a balazos. En la “La Tierra Permanece” de Sturgeon, la poca  humanidad sobreviviente al desastre nuclear, abusaba  del abandono  para acaparar el mundo material a su disposición, mientras otro grupo comenzaba a reconstruir la sociedad estableciendo el orden básico desde donde volver a partir. En Chile en cambio, el terremoto no destruyó los valores de la mayoría.

El remezón dejó en evidencia la degradación humana de un grupo  de personas que ha ido perdiendo algo profundo de su espíritu que deberemos atender cuando terminemos las primeras tareas materiales. Solo una grieta grave en los cimientos de su formación familiar, puede haberlos llevado a asaltar con alegría, algunos  junto a sus hijos para robar en la impunidad de la turba y el descontrol mientras el país sufría la catástrofe.

El terremoto demostró la fragilidad estructural de los valores éticos y morales de una parte de nuestra humanidad de país. En estos días vimos esa falla en algunos pobres y menos pobres, pero que en el día a día, de otra manera, si miramos bien, la veremos  en otros abusos de aquellos que tienen buenos ingresos. Una descomposición valórica de pobres  y ricos, un poco consecuencia  del  hedonismo de la cultura del poseer por sobre el respeto mutuo; la felicidad de tener las cosas por cualquier medio, más que las ganas de ayudar al caído o la alegría de dar alivio. El aprecio a la marca del auto, el reloj o la polera por sobre el valor de la persona. Una falla de construcción en el alma que cruza a ricos y pobres. La diferencia está en como la expresan. Unos en masa y  gritos de venganza, los otros con silencioso refinamiento.

Nótese que la velocidad  de respuesta con que la poblada inició el saqueo demuestra además  un destape lleno de odio. Una odiosa ansiedad por apropiarse o destruir aquello que representa las desigualdades, las diferencias odiosas. Tenerlo o incendiarlo. Y no es culpa de la pobreza pues la pobreza no es lo mismo que desigualdad y  los pobres no son delincuentes por su condición. La mayoría de ellos se marginó de los saqueos e incluso fueron víctimas. Los asaltantes son los terremoteados del alma, los que sufren las grietas del odio vengativo generado por  las desigualdades y el envilecimiento. Son fruto de la descomposición ética de un edificio social  cuya estructura diseñamos mal y que construimos mal.

Los saqueos no  fueron simplemente falta de policías. Es algo más de fondo que nos falló en la edificación del alma de nuestra sociedad.

Y al frente quedó en pie esa gran mayoría del Chile  solidario. El sismo demostró la firmeza  de esa gran cantidad de chilenos que están en las calles dando su amor a los demás sin pago de dinero alguno. Los médicos que no duermen, los militares que cuidan en toque de queda más allá de su sueldo, la pobladora de Constitución que solita abrió su patio para dar albergue y arroz caliente a 11 personas, los estudiantes con los que estamos catastrando los daños en cada casa o edificio en el norte de Santiago, los modestos pobladores de la Villa  Santa Mónica que  cooperaron  con mercadería en la misa del Padre Jaime en el atardecer de  la Plaza de La Valleja, los Techo para Chile , las redes solidarias en Internet, los que donan calladitos sin aviso en los diarios.

Ese es el gran parque edificado con fierro y hormigón del bueno donde los valores no muestran fisura alguna. Es importante constatar que esas son las fundaciones intactas del Chile bueno, que existe, y que puede ayudar a hacernos pensar qué hemos hecho, o qué hemos dejado de hacer, para que en otros se hayan producido los daños tan dolorosos que agrietaron el alma de Chile.

Cuando un directivo  concertacionista  aprecia la decisión  de Piñera de nombrar  un ministro que militó medio siglo con nosotros y llama a “interpretar los intentos de Piñera por incorporar a figuras concertacionistas en sus equipos de trabajo como un reconocimiento a la obra de los distintos gobiernos de la Concertación”, lo menos que está haciendo, con su declaración, es un abuso oportunista de falso apoliticismo. A ver si este dirigente se seguiría alegrando si es que desde  su partido comienzan a retirarse militantes para sumarse a trabajar con la derecha. Esa declaración  de falsa alegría, contribuye a aumentar el desprestigio de la política.

Si el Presidente electo nos sorprendió y ganó esta primera partida, no hagamos malabarismo con la realidad  aparentando transformar el revés en victoria. Lo correcto sería reconocer que la operación Ravinet fue un golpe, que nos apena,  que analizaremos lo qué ocurrió y que no tenemos rencor. Pero eso de  “hacerse el leso” es parte de nuestra insuficiencia en la verdad que tanto exige la gente a la política.

Así no nos extrañemos del rechazo del ciudadano a la política y de su idea que cualquiera que gobierne le da lo mismo. La sentencia vulgar de “yo tengo que trabajar igual” sólo puede surgir de la ignorancia o del olvido de quien tuvo que trabajar con una u otra legislación laboral o quien jubiló con uno u otro sistema de pensiones, con uno u otro modelo de crecimiento, todo lo cual fue debatido y a veces votado  desde las diferentes posturas políticas con que miramos de modo distinto  el país.

El falso apoliticismo supone que da lo mismo que gobierne “Chana que Juana” porque lo importante sería que gobiernen los inteligentes, los que demostraron capacidad en lo suyo. Como si el progreso fuera apolítico y como si la política no fuese fuente del ordenamiento del país, de su  dirección, de  las políticas públicas, las normas, el cumplimiento de las mismas, el rigor de la institucionalidad pública.

El espíritu patriótico y la buena voluntad que puede inspirar a cualquier sector de la política  para gobernar no se expresa en iguales  propuestas.

Pensamos distinto a Chile porque materias tan complejas generan inevitablement , en la historia de la humanidad,variadas soluciones y distintos diagnósticos del por qué de los males. Por eso nos diferenciamos. Por eso hay desacuerdo, debate y decisión por votación. No basta  ser inteligente para proponer lo correcto. La política ofrece la oportunidad de decidir por las diferencias. Y hay que hacerlo en serio. Sin la hipocresía del apoliticismo oportunista con que a veces se presenta el político y que confunde al ciudadano. Por eso vale la pena registrar el desacuerdo y su derecho a luchar por otra postura. No hay nada más antidemocrático que las decisiones por aclamación donde nunca se sabe cuanto pesa el que disiente sugiriendo  su anulación por inexistencia.

Los políticos  tomamos “partido” ,  respecto a cómo lograr el bien  del país .

Por eso resulta peligroso el oportunismo de algunos políticos de la Concertación que , percibiendo el entusiasmo anti-política con que se  recibe al nuevo gobierno, prefieren esconder sus diferencias y ganar unos puntos de imagen personal presentándose con un  falso apoliticismo. Ese oportunismo también desprestigia a la política.

No es sólo la ciudadanía o la prensa las que avivan el desprestigio de la política sino que a menudo lo hacen nuestras propias prácticas viciosas.

Todos deberíamos  cuidar la política  por el bien de Chile. La política decide  procesos  de dirección. Existe por acción o inacción , pero siempre existe .Ayudar a desprestigiarla no le sirve a Chile. La conducción del país se hace en gran parte por parte de quienes ,en democracia, recibimos el mandato popular. Los países no se administran solos.  Avivar  el   desprestigio de la política  no la  mejorará. Sería bueno que tengamos en  cuenta que cuando a los países se les echa a perder la política, se le  echan a perder las reglas del juego y entonces se echa a perder el país. Experiencias ha habido  varias.

Su conflicto de intereses no se restringe a las posibilidades  de corrupción por las relaciones de negocios personales que tiene cada ministro. Por el contrario nadie puede asegurar que   usarán su cargo para aumentar su patrimonio. Eso está manchado por la duda de  la demora excesiva del propio presidente electo para desarmar sus propios negocios en áreas donde su gobierno  tendrá que dictar políticas. Pero es sólo una duda. Por ahora.

Lo que estos ministros  no podrán borrar de lo profundo de su alma es su mirada empresarial de la vida, su fe en el mercado como regulador por excelencia, su  concepción del desarrollo medido reductivamente en el PIB y en el balance de las empresas. Las contradicciones profundas de estos nuevos ministros, con el interés de la mayoría de los chilenos, residen en su alma libremercadista,  privatizadora, desreguladora y despectiva hacia el rol promotor y protector del Estado.

Sus declaraciones  acerca del  Estado no borrarán su historia personal y grupal que marcó a fuego su modo frío de pensar el progreso. Por esto es que creen en un voucher para comprar salud y no en más salud pública, en  un bono para que los padres  vitrineen  colegios en vez de mejor educación del Estado, en la privatización de Codelco, en la bancarización de la deuda en  vivienda social  y en la flojera como explicación de la pobreza.

Los intereses personales de estos ministros y su trayectoria en la gestión empresarial los harían excelentes directores de bancos, conducirían  éxitos financieros, crearían y presidirían empresas , reproducirían eficientemente el  dinero , pero gobernando serán  pésimos distribuidores de riqueza , implacables negociadores sindicales , insensiblemente crueles a la hora de ejecutar las deudas de las pymes y de las personas ,fríos apretadores del cinturón de los trabajadores, indiferentes a los abusos de los carteles empresariales que ahogan al consumidor y a la clase media.

No  podrá  cumplir la promesa de trabajar por el bien de Chile, un gabinete ,que nació acunado en el amor del empresariado . En esto está su más grave conflicto de intereses. Su corazón y su razón siempre los tironeará hacia el amor de sus amores a la hora de definir una política pública. No basta  que vendan sus acciones y renuncien a sus directorios para apartarse del compromiso de sangre que tienen con las políticas de las grandes organizaciones empresariales. Creen en ellas. Y tienen derecho a hacerlo, pero convengamos que ahí están los intereses solo de una parte de Chile.

Con los empresarios está un Chile pujante pero no todo Chile. Son gente de esfuerzo, que ha creado riqueza, que ha dado trabajo y en muchos casos bien remunerado y que han hecho crecer a Chile . Se han dedicado a eso y no a hacer política. Con justo derecho suelen reclamar de la política  o proponer políticas.

Pero los empresarios no son conductores de la política, no  están a cargo de regular las políticas de gobierno, ni menos las que los regularían a ellos mismos. Por eso, en buena hora, debaten con los políticos  las materias que los afectan. Eso se practica en la política. Pero ahora entraron a la política.

Los empresarios no son los que hacen la legislación laboral, no dictan  la regulación del mercado, la sanción a los abusos del mercado, las normas de control de la competencia y los controles a los bancos. Es el gobierno y no los empresarios los que  elaboraran las leyes que les cobrarán más o menos impuestos, las leyes del mercado de capitales, los tratados de libre comercio, la protección laboral. No son los empresarios sino el gobierno el que decide los subsidios a los productores  de azúcar, la protección a las empresas lecheras o un subsidio productivo.

Pero ahora los empresarios tendrán  en el gabinete  gente que viene de sus filas.

Los ministros solo  venderán sus acciones, cambiarán de oficina, prometerán trabajar por el bien de todos los chilenos… pero la realidad, los hechos, la fuerza del cariño, las marcas de una vida haciendo empresa, las relaciones personales, el modo de mirar a Chile desde los negocios, ahora que conduzcan la política, quedarán enfrentados a  un gigantesco conflicto de intereses.