El proyecto de ley constituye más bien un ardid para evitar los reclamos de los usuarios. En efecto, el PGS es una reducción de las prestaciones garantizadas para que los usuarios  -que puedan hacerlo- compren planes complementarios que podrán ser elaborados por las Isapres sin restricción alguna. El propio proyecto les llama a aquellas “prestaciones básicas y uniformes”.

¿Cuáles serán estas prestaciones? Las del Plan AUGE, incluyendo el examen preventivo, más las catastróficas (muchas de las cuales ya están en el AUGE pero no se sabe cuales otras incluirán) y las urgencias. Es decir, este plan básico es equivalente a lo que hoy ofrece Fonasa con cobertura más bien universal y garantizada; en las demás enfermedades los afiliados quedan totalmente desprotegidos o cubiertos por planes complementarios que caerían fuera del concepto constitucional de seguridad social.

¿Cuál será el precio de este Plan Básico? En el transcurso de las deliberaciones de la comisión (ver Diario Financiero del 26 de diciembre 2011) trascendió que el valor mensual del PGS podía alcanzar a 17.000 pesos por persona y que los costos del SIL eran unos 2.500 pesos adicionales. Es decir, una familia tipo de cuatro miembros con un solo trabajador -para cubrir el mínimo de prestaciones y quedar absolutamente descubierto para todo lo demás- debe aportar mensualmente $70.500, es decir, el ingreso mínimo para estar en Isapres es de un millón de pesos. En Chile, según la encuesta Casen, el 90% de los hogares percibe ingresos inferiores a esta cifra. En conclusión, el proyecto de ley consagra un sistema excluyente y anti solidario ya que, justamente, los ingresos superiores podrán usar los excedentes en su particular provecho sin aportar nada a los de menores ingresos.

Las excesivas ganancias de las Isapres se manifiestan todavía más nítidamente si se compara la distancia entre los seguros generales y las isapres con el criterio habitual: el de rentabilidad sobre capital y reservas. Bajo ese prisma, las Isapres rentaron 36,6% en el período. Es decir, por cada $100 que los propietarios comprometen en el negocio, las firmas “devuelven” $36,6. En el caso de los seguros generales, por cada $100 invertidos los socios propietarios reciben $13.

Tal fue el impacto en la opinión pública de estos resultados que el propio Superintendente de Salud, Luis Romero, destacó que “el proyecto de ley que el Gobierno ingresó al Congreso la semana pasada, crea un IPC de la Salud que permitirá controlar los precios y un patrón de referencia para las alzas que las Isapres aplican anualmente a los planes de los afiliados…”.

Si bien en el proyecto “se encomienda al INE calcular indicadores de la variación de los precios de las prestaciones de salud, de la variación experimentada en la frecuencia de uso de las mismas y de la variación del gasto en subsidios por incapacidad laboral” pero, además, se ha previsto ”la creación de un panel de expertos que tendrá por función establecer índices referenciales de variaciones de precios”. En buenas cuentas, una comisión de tres personas (dos privados de universidades y uno en representación del Ministerio de Salud) decidirá cuánto y cuándo se aumentarán los precios del PGS lo cual le resta total transparencia al sistema y lo fragmenta aun más.

Las personas que, estando en Isapres, queden marginadas de los planes complementarios quedarán en una situación extremadamente crítica de desprotección. Este proyecto no solo es excluyente para los hogares de menores recursos sino para la mayoría de la clase media que se verá forzada a pagar sumas cuantiosas para ser atendidos en enfermedades ‘extraseguros”.

Para aparentar una cierta legitimidad en los cobros de los planes el proyecto del gobierno concede un mecanismo que fue bienvenido en las Isapres. Esto es el Consejo Consultivo del Plan Garantizado de Salud que “efectuará las evaluaciones de tecnologías sanitarias con un criterio de costo efectividad y de priorización sanitaria…”. Lo más grave es que estas atribuciones son propias de la autoridad sanitaria (el Ministerio de Salud) y que las ha desarrollado lo que hoy es la Subsecretaría de Salud Pública que, de este modo, además de perder las principales atribuciones se convierte en una suerte de secretaría o Departamento de Estudios del Consejo. Pero además, ¿por quien está constituído este Consejo? Por un representante de las Isapres, uno de los prestadores privados, uno del Ministerio de Salud y uno de la Dipres.  En suma, de no mediar reparos en las salas del Congreso se asistirá a una sutil privatización de la autoridad sanitaria y de las prioridades en salud, así como a incrementos notorios en los costos de la salud para la población.

(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl

Ciertamente, nadie quiere pagar impuestos más altos. Los desacuerdos en el ámbito de los impuestos desafían la teoría económica. Los demócratas en la medida que se preocupan por el déficit presupuestario, quieren aumentar los impuestos, que dicen que son demasiado bajos, especialmente los de los más ricos. Los republicanos, por el contrario, estiman que los impuestos son demasiado altos y que el déficit presupuestario debiese ser  enfrentado con recortes en los gastos, aunque también aquí la polémica es mayor porque mientras algunos dirigen las miradas hacia gastos militares otros lo hacen hacia los gastos sociales supuestamente “innecesarios”.

Entonces, ¿quién está en lo correcto? ¿Los impuestos son demasiado bajos o demasiado altos? ¿Las altas tasas impositivas desestimulan el incentivo para trabajar y el crecimiento de la economía?

Blodget basado en datos de la Tax Foundation examina lo sucedido a lo largo del siglo pasado en las tasas impositivas y el crecimiento. Este análisis conduce a sorprendentes conclusiones (corroboradas por los gráficos que pueden consultar al pie de esta entrada):

- Hoy los gastos del gobierno de EE. UU. son, por cierto, demasiado altos, al menos comparados con el nivel promedio del ingreso por impuestos que el gobierno ha percibido en los últimos 60 años. A menos que los estadounidenses estén dispuestos a aumentar radicalmente la cantidad de impuestos que pagan en relación al PIB, el gobierno debiera recortar los gastos.

- Las tasas actuales de impuestos son notoriamente bajas en relación con las tarifas del siglo pasado, especialmente para los más ricos. En la mayor parte del siglo, incluyendo algunas épocas de auge, el tope superior de las tasas de impuesto sobre la renta eran mucho más altos que en la actualidad.

- Contrariamente a lo que dicen los republicanos –afirma Blodget- las altas tasas de impuestos sobre los ricos no parecen afectar a la economía o hacer más perezosa a la gente. Durante los años 50 y principios de los 60, el tope superior de la tasa de impuesto a los ingresos fue sobre 90% y, como se observa en el segundo gráfico al pie de esta entrada, la economía floreció.

- Períodos con muy bajas tasas impositivas son seguidos de períodos con muy altas tasas impositivas y viceversa. Así, la historia sugiere que las tasas impositivas pronto comenzarán a subir.

En suma, subir el tope máximo impositivo para los que ganan cifras escandalosas no es un gran problema. Aunque en Chile más que subir impuestos debiésemos empezar porque las empresas paguen impuestos, es decir, no sea sólo un crédito; que las personas no eludan impuestos creando empresas que no pagan; y que se eliminen la mayoría de las excepciones que fueron creadas con ánimo de protección o subvención temporal y se han quedado como permanentes.

(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl

La intransigencia e incapacidad del gobierno para entender las dinámicas de los movimientos sociales ha estimulado las protestas. Todos saben que mientras más tiempo pase, el lumpen se organiza para aprovechar la anomia y los espacios sociales que dejan las torpezas gubernamentales.

La forma como el gobierno maneja sus tiempos lo hace corresponsable de los destrozos  colaterales  que se sabe se van a producir, entre ellos la eventualidad de baleados y muertos, que ya se produjeron la noche del jueves. Se requiere, por lo tanto, soluciones y no sillones para conversar.

Conversar sin soluciones en la mesa es solo “muñequeo político”, y si bien la táctica le resultó a la Concertación el 2006, las decenas de miles de chiquillos movilizados en esa época aprendieron mucho de lo que necesitaban y de la manera como los políticos  les “resolvieron” sus problemas.

Hoy, “señores políticos” (reconozco que me cuesta usar esa frase por el uso abominable que hizo la dictadura de la misma) esos muchachos están –llegaron mal que bien- en la universidad. Y hoy no les creen ni a los de acá (gobierno) ni a los de allá (Concertación). Y subrayo acá y allá porque para los jóvenes no hay otros criterios que los diferencien.

Ningún político de derecha se atrevería ir a las marchas pese a que el ministro Longueira cree que dependen solo de los ingresos  y las encuentra legítimas (lo que ya es un gran reconocimiento). Un par de diputados de la Concertación  tomaron el significativo desafío de ir a la marcha del  25 de agosto y fueron muchos los que le recordaron a la madre.

¿Qué quieren? ¿Alguien les ha escuchado hacer una autocrítica profunda, o una explicación de la privatización de la educación, que se intensificó más que nunca durante la Concertación? El ex ministro Bitar se sale de las casillas en una entrevista con un dirigente estudiantil simplemente porque este le recuerda que él consolidó el sistema de  colegios privados. ¿Es cierto o no ministro Bitar? No puede ahora negar su responsabilidad.

Es tiempo de sincerar opiniones, de pensar el futuro. Una posibilidad es que prime el pragmatismo del Presidente y soluciones heterodoxas, ante un conflicto que llama la atención de toda la opinión pública internacional. Algunos piensan que Piñera intensificará las soluciones de fuerza, como ocurrió en los países árabes, lo que generaría un fuerte cuestionamiento a su capacidad política.

Sin embargo, lo que no se puede olvidar es que ha habido manifestaciones de apoyo en más de 30 capitales de países desarrollados y en toda la América del Sur. Es decir, el resultado de las reivindicaciones estudiantiles chilenas no es indiferente para la opinión pública mundial.

En la línea de la represión el Presidente podría ganar la batalla interna de su coalición y, tal vez, aplacar transitoriamente las movilizaciones. Pero todo indica que ello lo acercaría al imaginario derechista del golpe del 73, es decir, violencia sin argumentos ni razones, antes que a las prácticas políticas liberales que dice profesar. Más bien es su hora de hacer propuestas reales y profundas y, efectivamente, gobernar.

Fonasa ha ido incorporando, caso por caso, a diferentes grupos excluidos: primero, los carentes de recursos; luego, las mujeres embarazadas hasta un año después de nacido el infante; los trabajadores temporeros que tengan  al menos cuatro meses de cotizaciones; los trabajadores a tiempo parcial; más tarde, las víctimas de la represión en la dictadura inscritos en el PRAIS, entre otros.

La mitad de los trabajadores desprotegidos -y con ello sus familias- son  por cuenta propia o autónomos, como los artesanos, artistas, taxistas, profesionales independientes, vendedores, pequeños empresarios. Ellos quedan marginados de la seguridad social porque el sistema legal no lo permite. Pero, asimismo, los trabajadores dependientes solamente cotizan en promedio ocho meses al año lo cual da cuenta de la rotación, estacionalidad y precariedad de los empleos en Chile.

Crear un “Fonasa para todos” universalizaría la cobertura de la seguridad social en salud a todos los nacionales y extranjeros con residencia legal, en las condiciones establecidas para sus afiliados calificados en el Grupo A (carentes de recursos), y costaría diez veces menos que algunas de las modificaciones que pretende el actual gobierno.

Se exceptuarían de este derecho las personas cubiertas por otros sistemas de seguridad social o por otros seguros de salud, sean éstos pactados colectiva o individualmente. Quienes pertenecen a los Grupos B, C ó D del propio Fonasa tendrían desde luego el derecho. Pero continuarían vigentes las diferencias entre los del Grupo A con los demás en cuanto al acceso a prestadores de libre elección, y entre el Grupo A y B con los demás en cuanto a las proporciones de los copagos (la parte que paga directamente el asegurado) que para el grupo A y B son totalmente gratuitas en el sector público de salud.

El Director de Fonasa, Mikel Uriarte, ante la petición de diputados de todo el espectro político, anunció el 19 de abril de 2011 que podría considerar excepcionalmente el acceso del Grupo A (4 y medio millones de personas) a la modalidad de libre elección. Esa propuesta significaría un aumento potencial del gasto público en salud de unos 450 millones de dólares, que irían directamente o casi, a la vena financiera de los prestadores privados.

Tal eventual decisión debe ser contrastada con el costo de universalizar la salud, el que no alcanzaría los 100 millones de dólares, con la diferencia que su impacto real sobre la calidad de vida de la gente sería inconmensurable.

¿Cómo calcular ese costo?  Una proporción de las personas que no acceden a la seguridad social en salud es o porque no lo necesitan o no han recurrido a esta cobertura (mayoritariamente hombres jóvenes); porque de todos modos son atendidos por el sistema público, como urgencias o en la atención primaria, sin necesidad de estar inscritos, ambos casos asociados a personas de primer quintil; y por último personas que tienen coberturas individuales privadas con deducibles que pueden ser asumidos como gasto de bolsillo, o sea las personas de mayores ingresos.

En suma, si se descuenta de la cifra total de no cubiertos a quienes, de todos modos, se benefician de la seguridad social pública (I quintil) y aquellos que probablemente no tienen ningún interés en usarla (V quintil) quedan unas 360 mil personas (3.1% de la población) aproximadamente que no acceden a la seguridad social por trabas legales o burocráticas.

Los gastos anuales informados por Fonasa para 2009 (último año disponible) indican que el gasto total per cápita en el sector público es de $193.434. Para evaluar los costos de las personas del grupo A es necesario descontar los gastos de los subsidios por incapacidad laboral, conocidos como pagos por  licencias médicas, y los costos de la modalidad de libre elección a la cual no tienen derechos los beneficiarios del grupo A de Fonasa.

Haciendo tales descuentos el per cápita se reduce a $133.640, que multiplicado por 360 mil  da un costo de universalizar la seguridad social en Chile de 48.110 millones de pesos (unos 100 millones de dólares anuales como máximo). Esto es el  2% del presupuesto actual de salud o si se quiere el  0,53% del Producto Interno Bruto.

Lo más seguro es que tal cifra se recupera con creces en los impactos que tendría en la reducción de los costos administrativos de operación, la simplificación en el uso de las bases de datos; los mejores resultados en la salud; y la mejor integración de las redes sanitarias.

En esta perspectiva, se justifica ampliamente una redefinición del seguro público, para que Fonasa universalice la adscripción a toda la población y, luego, mediante sistemas cruzados de información se descarte –o cobre por las prestaciones- a quienes pertenecen a otros de los subsistemas de protección social (Isapres, FF.AA. seguros de accidentes del trabajo administrados por las mutualistas, seguros privados).

A ello debiera apuntar una buena administración de Fonasa. Si no se hizo en el pasado fue por el prejuicio ideológico de pensar que una decisión de esta naturaleza no pasaría la aprobación parlamentaria de la derecha. Si no se hace hoy, es porque los administradores actuales prefieren los negocios a la protección total de la población en salud.

Es evidente también que la calidad del servicio de transporte no ha aumentado dos veces. Más bien, hay muchos que consideran que ella ha empeorado, aunque la extensión de las líneas del Metro es un apoyo cierto para la población que reduce significativamente los tiempos de viaje diarios.

El gobierno actual utilizó el descalabro del Transantiago para desacreditar las capacidades técnicas de la Concertación, pero no ha generado cambios significativos, salvo aumentar los precios de las tarifas.

El transporte y las comunicaciones es el que más caro les está costando a los chilenos: 22,3% del gasto de los hogares según la encuesta de Presupuestos familiares de 2006 del INE, seguido por alimentos, que absorbe otro 22,1% de ese gasto. Ambos son los rubros más impactados por las alzas de precios actuales.

El alza del transporte público impacta mucho más sobre los grupos de menores ingresos (7% del gasto mensual antes del alza).

Empero, las alzas constantes de las bencinas también han empezado a golpear duramente a la clase media, que no siempre puede prescindir del uso vehicular, por ejemplo, para el transporte de los hijos al colegio.

Una situación similar ocurre con el índice de precios de los alimentos. El gasto en alimentos y bebidas de los hogares es muy alto entre los grupos de menores ingresos  y la clase media, y  menor, en relación a los ingresos, entre los más pudientes.

Proporción del Gasto en alimentos sobre el total del gasto de los hogares según quintil de ingresos:

En los últimos tres años la tasa de crecimiento del precio de los alimentos supera en casi el doble al IPC.  La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) anunció que el “Índice para los Precios de los Alimentos” batió un nuevo record histórico en enero de 2011. Por primera vez se situó en los 231 puntos de promedio cuando antes de 2007 nunca rebasó los 120.

Esto, como es lógico, ha encendido las alarmas ante otra posible crisis alimentaria, aunque conviene subrayar que no se trata de una crisis por escasez de alimentos sino de factores especulativos debido a efectos encadenados entre precios del petróleo y mayor uso de bienes que reemplazan la bencina, y que hasta hace poco eran preferentemente solo para consumo humano (azúcar, maíz, etc.). Ello crea un desequilibrio por una mayor demanda y una menor oferta. Sólo en USA, durante 2010, se destinó el 35% de maíz al consumo nacional de bioetanol como agrocombustible. Los Estados Unidos cosechan el 40% de la producción mundial, lo que significa que el 14% del maíz mundial se dedicó a la “alimentación” de automóviles.

La reducción puntual de la oferta estalló en Rusia por las malas cosechas de trigo debido a las sequías, lo que propició el cese de sus exportaciones. Otros estados como Ucrania y Canadá también experimentaron restricciones. A raíz de ello ya durante el verano de 2010, en la bolsa de futuros de Chicago, el trigo sufría un incremento de precio de entre un 60 y 80%. Desde entonces la tendencia alcista en los mercados se ha disparado y contagiado a otros alimentos. Adicionalmente la FAO  augura para 2011 una disminución del 2% en la producción de alimentos.

La volatilidad provocada por maniobras especulativas ha obligado a los países pobres a gastar entre un 11-20% más para importar alimentos. Este es el caso de Chile para los commodities agropecuarios.

De continuar la tendencia alcista del petróleo intensificada por la crisis del Oriente Medio, es probable que aumente la producción y consumo de biodiesel afectando la disponibilidad y el comercio de los aceites vegetales destinados al consumo humano.

Si los precios de los alimentos y el transporte público han aumentado casi el doble de los demás bienes y todas las evaluaciones llevan a concluir que podría continuar un alza mayor Chile está en el peor de los escenarios porque debe importar muchos de sus alimentos y  no produce  petróleo.

Esta medida está respaldada por las organizaciones de salud por el positivo impacto de que la madre permanezca cerca de su hijo tanto por la lactancia como por otras razones de salud  (la Sociedad Chilena de Pediatría, indica que también reduciría el impacto de enfermedades como leucemias, asma y muerte súbita). No obstante, con el proyecto se han desnudado diferentes problemas relacionados con las desigualdades nacionales que en este caso se manifiesta en cobertura y las diferencias de natalidad por sectores.

En Chile nacen alrededor de 230 mil personas al año. Según datos de la Casen (2009), el 45% de ellos nace en los tres primeros deciles, es decir, en familias que perciben menos de $63 mil; $197 mil; y $275mil pesos per cápita, respectivamente.

Se investigó en la base de datos de la Casen 2009 cual era la situación laboral de las mujeres que tuvieron intervenciones u hospitalizaciones relacionadas con el embarazo o con el parto (incluyendo cesáreas) lo cual permite obtener otras conclusiones importantes, a saber:

a) Solo el 32% de las mujeres que tienen hijos, trabajan

Además, en la  medida que aumentan los ingresos familiares las mujeres trabajan con mayor frecuencia. En el decil más pobre trabaja el 9% de las nuevas madres y en el decil más rico lo hacen el 83%. Esto da cuenta -de paso- del fracaso de las políticas de prevención del embarazo adolescente que afecta especialmente a los grupos más pobres.

b) como no todas las trabajadoras tienen contrato, solo el 23% de las madres reciben indemnizaciones de pre y posnatal (cerca de 53.000 partos)

La situación es mucho más discriminatoria porque la precariedad laboral de Chile hace que solo tienen derecho a estos beneficios las mujeres que, además de trabajar, tienen un contrato formal. Las trabajadoras por cuenta propia y las que no tienen contratos regulares no tendrán acceso a los beneficios de la seguridad social, es decir, entre ellos a ser reembolsadas con su salario durante las 18 semanas que incluye el pre y posnatal.Nuevamente las diferencias son notorias entre los grupos sociales. Solo el 3% de las madres del primer decil serán reembolsadas así como el 60% de las madres del 10% más rico.

En suma, siguiendo a la Casen, sólo el 23% de las mujeres que tienen hijos en Chile están cubiertas por la seguridad social dando lugar al sistema de indemnizaciones por natalidad. Las demás mujeres no tienen este derecho.

Ahora bien, para algunos (al parecer la opinión de los ministros de Hacienda Velasco y Larraín) esta medida tendría un efecto mayor sobre las finanzas públicas. Un estudio de la Universidad Católica (Pilar Pérez y Verónica Valdés) señalan que en primer lugar habría un ahorro de alrededor de $300 mil para las familias por la compra de leches alternativas; pero además hay importantes ahorros por reducción de enfermedades y pagos de sala cuna para los empleadores. Asimismo, otro estudio de la consultora Altura Management de 2008 señala que “Hoy en día, a cada licencia maternal que se entrega en nuestro país, hay que sumarle un promedio de 72.1 días adicionales de descanso materno producto de la enfermedad del hijo menor de 1 año, en comparación a los 12,2 días de 1991. Para Altura Management  habría un mal uso evidente del beneficio…” pero reconoce que esta propuesta que circula “desde el debate iniciado el 2003, es la de aumentar de 12 a 24 semanas el período de post natal, con cargo del gobierno”.

Los cálculos de Altura Management difieren de los que ha anunciado autoridades gubernamentales: “los recursos necesarios para implementar esta medida, bordean los 20.000 millones de pesos anuales a partir del año 2009 hasta el 2016” (siete veces menos que lo que indicó la Ministra Matthei).

En definitiva, ampliar a seis meses el reposo maternal es un avance importante que solo había sido trabado por economicismos extremos que han primado en los sucesivos ministros de Hacienda. En segundo lugar, hay dos tercios de trabajadoras- madres que no tienen acceso a beneficios. Las madres que permanecen en el hogar pueden acceder cuando más (si acreditan pobreza) a un subsidio maternal de alrededor de $6,500.

Si la ampliación del subsidio perjudicará el trabajo femenino es exactamente lo mismo que se argumentó cuando éste no existía y la discriminación hacia las mujeres es independiente de la desprotección existente. Se ha escuchado a empresarios del sector del comercio reclamar que sería el más “perjudicado”. Recordemos que el subsidio lo paga el Estado y que las calificaciones necesarias para reemplazar por ejemplo a vendedoras no reflejan un costo significativo. Aún así sería posible pensar en subsidiar la calificación de personas que pudiesen hacer estos reemplazos: Un nacimiento es un evento que se conoce con mucha anticipación.

Los cubanos no pierden su esencial optimismo pese a su precariedad económica. Un salario mensual equivale a 20 o 30 dólares. Muchos hogares son mantenidos por modestos envíos de algún familiar en el exterior. Numerosos jóvenes se preguntan si vale la pena trabajar por una suma que se puede obtener en solo algunas horas con ventas semilegales de productos extranjeros. A ese rebusque los cubanos le llaman “resolver”.

Los economistas sostienen que cuando existe una distorsión tan brutal de los precios relativos (los bienes bajo control y los “liberados”) se crean economías paralelas, que perjudican justamente a los productores de bienes esenciales, generalmente con precios fijados por el estado.

La reforma propuesta tiene como eje el crecimiento de la producción agropecuaria y la reducción del empleo público. El gobierno cubano anunció que hasta abril de 2011 se suspenderán 500.000 puestos públicos, y otro millón de personas deberán reciclarse en un par de años.  Es decir, cerca del 30% de los 4,8 millones de trabajadores de un  país que tiene 11,5 millones de habitantes.

Se autorizaron 178 oficios en los cuales las personas podrán trabajar de manera privada: restaurantes privados, reparación de bicicletas, vendedores y reparadores de zapatos y vestimenta, etc.. Es decir puros pequeños emprendimientos.

En todas partes el problema de la falta de recursos para las pequeñas empresas es una traba casi insuperable. En Cuba ello podría ser aún peor porque, además de no existir un mercado financiero para pequeños empresarios, tampoco existen los insumos para que los emprendedores atiendan a sus eventuales clientes.  Sabido es que el malestar social se exacerba cuando en los procesos de ajuste quienes optan por una iniciativa privada no tienen acceso a las condiciones mínimas para hacerla funcionar, y se desesperan.

De igual modo, no basta con dar la tierra a los campesinos si no se le entregan los medios para producir. El diario oficialista Granma informó hace poco que entre septiembre de  2008 y enero 2011, se habían distribuido 1,18 millones de hectáreas a 128.435 personas, prueba clara de la marcha atrás en materia de colectivización. Cuba tiene tierras improductivas que le permitirían   reducir las importaciones de alimentos que alcanzan 2.000 millones de dólares por año (80% de lo que se consume en el país).

Alejandro Pável Vidal, académico de la Universidad de La Habana declaró hace poco que “El nudo central de la reforma económica es la agricultura y si esto fracasa todo fracasará”.

Hasta ahora los resultados son modestos. Y puede ser que para tener éxito se requiera una envergadura de reformas mucho mayor de lo que los economistas cubanos suponen o desean. De hecho, el propio Olivera reconoce que 30% de las tierras distribuidas aun no entran en producción. El ministro de Economía Marino Murillo, afirmó “que el sector agropecuario tuvo una baja de 2,8% en la producción en 2010” y parte de los resultados negativos se dieron en 12 subsectores entre los cuales están  arroz, carne, huevos y hortalizas.

El Partido Comunista cubano espera resolver todas o parte de estas inquietudes en el VI Congreso a realizarse en abril de 2011. Pero sus militantes tienen muchas dudas porque hace 13 años que el Partido no realiza Congreso ni debate alguno, y parte de los temas pendientes están reventando socialmente.

Es evidente que la economía estará en el centro del debate. Hoy circula en el país un documento de 32 páginas con los principales lineamientos de los cambios sugeridos, que plantea que “sin renunciar a la planificación socialista el proyecto quiere desarrollar la iniciativa privada y reducir los controles estatales”, “reconociendo y estimulando” las empresas mixtas, las cooperativas y los trabajos por cuenta propia. Al mismo tiempo, propone conceder mayor autonomía en cuanto a precios e inversiones a las empresas públicas, y cerrar aquellas que sean  evaluadas como poco rentables. Plantea asimismo la implantación de impuestos territoriales a las empresas para contribuir al desarrollo local.

En este escenario, el anuncio del fin de las “libretas” que permiten a los cubanos acceder a un puñado de bienes básicos a precios muy bajos, es bien recibido por la población porque él está asociado a “colas” interminables y tediosas. Pero al mismo tiempo se instala el temor de si los nuevos salarios permitirán adquirir esos mismos bienes –por escasos que sean- cuando éstos se transen a precios de mercado.

En la actualidad el mercado negro de ellos existe, por lo cual una gran mayoría de cubanos tiene dos trabajos, el oficial y otro que funciona en el mercado paralelo con otros precios y otras reglas. La desaparición de la “libreta” -que se anuncia progresiva- podría tener efectos desastrosos para quienes queden “anclados” en los salarios actuales.

Otro cuello de botella de las reformas está en la distribución de los alimentos porque los sistemas de cuotas funcionan de manera muy diferente a los de mercado y se necesitan otras modalidades de transporte, infraestructura y almacenamiento.

Si bien el documento que circula en el país usa numerosos conceptos económicos relacionados con gestión, eficiencia y asignación racional de recursos, es pertinente interrogarse si es posible hacer todas las reformas propuestas manteniendo los fundamentos del actual  modelo socialista cubano.

Para algunos, el objetivo estratégico de la nueva dirección es liberar mercados pero mantener el férreo control político del país. Todos saben que ello no es fácil, menos aún en países donde las cúpulas gubernamentales no se han renovado en muchos años. La presión que abren las reformas empuja inevitablemente las reformas políticas. Así ocurrió en toda la órbita soviética y así ocurre hoy en el Oriente Medio.

Para otros analistas críticos, el texto más que introducir un debate económico es adelantar un escenario preparando a la gente para que acepten y se adapten a los tiempos difíciles que se avecinan. La disidencia aprovecha la oportunidad para destacar que la ausencia de derechos civiles impedirá al pueblo cubano luchar por el respeto a los derechos sociales adquiridos.

Como sea, se genera la percepción de que las cosas en Cuba tienen perfil de cambio, ahora sí. La encrucijada es si habrá una apertura capitalista radical con transformaciones profundas en los lineamientos estratégicos vigentes hasta hoy, o si se rearmará el modelo con una apertura económica y política que mantenga la protección social y los accesos equitativos a bienes y servicios públicos, como mitigación de los impactos de mercado que vienen. El punto de incógnita son los 500 mil cesantes del aparato público anunciados para abril. Es mucha gente.

Varios legisladores y gremios temen el cierre definitivo de esta institución, creada en 1930 y encargada de negociar con las empresas los precios de los insumos, especialmente medicamentos. La medida sorprende también a los privados: por ejemplo, la revista digital de salud 2011 este 11 de enero destacaba “la enorme eficiencia logística de Cenabast”. La auditoría que corresponde al año 2010 ha tenido como director la mayor parte del año al propio Rafael Bustos.

El revuelo de la medida se produce especialmente porque no cabe duda de la necesidad de modernizar Cenabast, pero cualquier conocedor de salud pública esperaría que antes que privatizar o segmentar las compras debiese plantearse una política para enfrentar el exagerado costo de medicamentos en el país, por ejemplo, cuando no se usa genéricos.

Las compras de la Cenabast en 2009 fueron de $204.767 millones, donde el 45% fue facturado al Sistema Nacional de Servicios de Salud y la Atención Primaria. Cenabast compra aproximadamente el 48% del gasto en farmacia que ejecutan los hospitales del país. Recuérdese que la institución no compra sólo medicamentos sino insumos y, entre otros productos, las leches del programa especial para adultos mayores.

Al comprar el sector público directamente y en grandes volúmenes se permitiría un 29% de ahorro al sistema público de salud: “El modelo de agregación de demanda y la generación de economías de escala permitió adquirir medicamentos de mejor calidad y a un menor costo” según el balance de gestión integral de 2009.

Súmese a esto que los márgenes de administración son de solo 5,3% en Cenabast lo cual subiría a no menos de 15% si se privatizara esta actividad (esta es la diferencia aproximada en el caso Fonasa/Isapres). En realidad, Chile necesita una política de compras especialmente en lo referente a medicamentos e insumos. Un estudio realizado por Minsal-Fonasa mostraba que con una adecuada política de uso de fármacos genéricos y compras por volúmenes podía reducir hasta en 50%  los costos actuales en el sector público de este rubro.

Los precios de medicamentos a particulares en las tres cadenas de farmacias son muy superiores a lo que puede conseguir una instancia única estatal, más aún si ellas se coluden como se ha comprobado recientemente en Chile. Hay diversas modalidades que usan los países desarrollados además de la compra directa, puesto que en esos países la cobertura de medicamentos es prácticamente igual que las de las demás prestaciones, es decir, el usuario paga cuando más un 10% del costo. Entre ellas precios referenciales internacionales, transparencia en los costos de comercialización. También hay necesidad de dialogar con los profesionales de la salud para proponer mecanismos que permitan mayor uso de los genéricos como sucede en países como Francia, España y otros. Estas son las tareas que se espera tome el (o la) sucesor de la Subsecretaria Liliana Jadue que no tuvo decisiones a este respecto.

No cabe duda que la gestión de Cenabast no fue brillante en años pasados. Los lamentables sucesos de mala gestión en el almacenamiento son irrefutables pero no es razón para privatizar una actividad esencial para, justamente, la gestión pública.  El actual director, nombrado por el Presidente Piñera, ha pretendido modernizar la entidad pero no se ven resultados porque restringir su alcance o eliminar la institución, más bien, sería un estrepitoso fracaso y aumentaría, en primer lugar, los costos del sector público y, en segundo lugar, aumentaría el pago de los usuarios del sector público: 75% de la población.

La deuda desde los hospitales fue un “zapato chino” para las autoridades de salud durante la concertación porque en no pocas oportunidades se constituyó en la variable de ajuste del aumento de los costos por diversas razones (mayor demanda, mayores exigencias y expectativas de la población, el plan Auge, etc.). ¿Cómo van a resolver este problema las autoridades de Cenabast? ¿Han consultado a los directores de hospitales y cuál será el efecto sobre la salud de la población?.

Tienen, entonces, motivos los dirigentes gremiales cuando afirman “Se ha generado un clima de miedo, particularmente, porque la autoridad ha sido poco clara para explicar los alcances de esta medida. Los trabajadores ya sabían sobre el cierre de la Cenabast” o “intencionalmente se ha dejado de comprar para demostrar que la Cenabast no compra”. Otros más suspicaces piensan que en la lógica gubernamental se trata de “liberar de la influencia estatal” un negocio  de cerca de 400 millones de dólares tal que la comercialización sea privada y los márgenes más suculentos. Perdedores netos: los usuarios del sector público.

Era sabido que los esquemas de cobros de las Isapres topaban fondo porque incluso la justicia ordinaria estaba destacando los factores evidentes de inequidad y exclusión que eran contradictorios con lo que estipula la Constitución para la seguridad social.

La propuesta de la comisión es: terminar con las Isapres como seguros individuales con primas ajustadas por riesgo, con tablas de factores, con selección al ingreso, y afiliados cautivos y con carencias y preexistencias; y, crear un Fondo Compensatorio por sexo y edad que permita cobrar un solo precio para hombres, mujeres, niños y ancianos (iniciativa que rechazó la oposición en 2005).

Esto, sin duda, es una mala noticia –aunque esperada- para las Isapres. Empero, la propuesta no elimina el rol de las aseguradoras de segundo piso. Por el contrario, las ideas que han planteado miembros de la comisión es licitar cuanto se pueda en el sector público (incluido el plan de salud básico y de paso los afiliados al sector público) y en ese “negocio remozado” bien caben las Isapres que por lo demás, estuvieron perfectamente representadas en la comisión.

En efecto, se propone crear Entidades de la Seguridad Social en Salud (ESSS), una pública y otras privadas. Se recomienda, un plan básico o Plan Universal de la Seguridad Social en Salud para todos los chilenos (esto actualmente, de hecho, es el Auge que incluye la mayoría de las enfermedades catastróficas más la Atención Primaria incluyendo las acciones preventivas y las atenciones de urgencia) que sería financiado con el Fondo solidario o compensatorio. Esta es una manera de liberar a las Isapres de sus responsabilidades actuales para que puedan competir como sistemas privados integrados verticalmente de aseguradores y prestadores a través de las ESSS.

La comisión, obviamente, reafirmó que todas las personas debieran tener la posibilidad real de elegir la entidad de seguridad social a la que quieran afiliarse. Esto está garantizado en la actualidad pero, en cambio se plantea generar “en forma gradual los mecanismos que permitan, con aportes de los trabajadores y el Estado, la movilidad de las personas”. Expresamente, se abriría la modalidad de Libre elección a los grupos A de Fonasa. Es decir, que el Estado no solo aportará al fortalecimiento del sector público sino que financiará prestaciones en el sector privado a todo el mundo y además a personas que elijan las ahora llamadas ESSS. Esto es conocido como portabilidad o subsidio a la demanda y es una de las reivindicaciones más preciadas por los esquemas liberales en salud que también quedó plasmada como posición de minoría en el Informe.

En realidad para avanzar en esta llamada transición, la comisión propone desdoblar el seguro público creando un Fonasa para indigentes que solo entrega el plan básico y otro Fonasa que funcionaría con las reglas de cualquier seguro para los cotizantes.

En segundo lugar, la comisión acordó recomendar un cambio institucional para transformar las licencias médicas en un seguro de incapacidad laboral, que cubra en forma temporal la incapacidad de generar ingresos de los trabajadores afectados por una enfermedad común. El cambio principal es que este seguro deberá ser financiado en partes iguales por trabajadores y empleadores. Es decir, el 1% del actual 7% de las cotizaciones se destinará a este fin y los empleadores aportarían un 1%.

Asimismo, se propone una entidad autónoma que decide el trámite de aprobación, modificación o rechazo de una licencia nueva y se traslada a un organismo de carácter técnico e independiente regulado por la Superintendencia de salud. Es decir, se desliga al Estado de las licencias médicas privatizándose el sistema de control al respecto con una entidad nueva.

Se reduce asimismo el actual diseño de los beneficios que incorporan el no pago de los tres primeros días de licencia a sólo dos, pero, en cambio, se aplica este no pago a todas las licencias médicas independientemente de su duración (anteriormente no se hacía el descuento para licencias de más de 10 días).

Finalmente, la Comisión se pronunció respecto a la modernización del sistema público prestador de salud planteando derechamente la privatización completa de la salud en Chile. “Los modelos de concesiones hospitalarias –dice el Informe- valiosos para el desarrollo del modelo de gestión serían, hacia el futuro: i) los que incluyeran la concesión de toda la gestión y, ii) los que permitieran concesionar la totalidad de la red asistencial, incluyendo APS, en modalidad tipo Concesiones Sanitarias… organizadas en los tres niveles de complejidad (baja, media y alta)”. No cabe duda que esta aseveración hará candente una polémica que se desarrolla hace tiempo y que confirma las sospechas que se plantearon gremios y frentes sociales del sector con respecto a la intención del gobierno en cuanto a la privatización de la salud.

La Concertación empezará a sufrir en carne propia la asimetría fundamental, en perjuicio del Congreso, que caracteriza el debate presupuestario. Pero sobre todo no podrá basar su participación en la “defensa del legado” (que en lo formal aparece muy respetado) sino en propuestas de  políticas públicas adicionales.

El gobierno tiene dos ventajas y dos desventajas en esta coyuntura. En el contexto macroeconómico se espera que el PIB en el 2011 alcance un crecimiento de un 6,1% como efecto del sostenimiento de la demanda interna y un aumento importante del valor de las exportaciones. El precio esperado del cobre se ubica en 324 centavos de dólar la libra.

Segunda ventaja. El gobierno actual acepta sin complejos un déficit estructural para todo su período de gobierno. Del mismo modo, acepta déficits efectivos para el período indicado. Más allá de los discursos, el nuevo Presupuesto sugiere un cierto distanciamiento de la ortodoxia y una disposición a utilizar los recursos disponibles. Algunos han sugerido que la política de superávit de la Concertación constituyó la principal traba para mejores resultados sociales y políticos.

Una desventaja es que el tipo de cambio del dólar será un tema crucial del debate macroeconómico y de la discusión sobre el presupuesto del 2011 que estima un tipo de cambio del dólar promedio de 500 pesos. Si bien el cobre es competitivo a un valor del dólar de 400 pesos, los demás rubros (frutas, vinos, productos del mar) requieren un tipo de cambio mayor. Como sea, los procesos que podrían haber sido impulsados para diversificar exportaciones se tienden a congelar. Una desventaja adicional es el alto costo de la energía en el marco del modelo regulatorio vigente.

El problema en este ámbito es que el proyecto de presupuesto no presenta indicios de búsqueda de otra política para enfrentar esta situación ayudando a mejorar el desarrollo de la competitividad.   La eliminación de un préstamo vigente del Banco Mundial radicado en el Ministerio de Economía, la práctica desaparición del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad (presuntamente dirigido desde California por el ex senador Fernando Flores) y el estancamiento del presupuesto previsto para el ministerio indicado, no son halagueñas en este sentido.

En cuanto a  los presupuestos para educación y salud, el debate se ha centrado no tanto en el monto de las asignaciones, sino en la orientación del gasto. Lo que el gobierno elude responder derechamente es si se va a privilegiar el fortalecimiento de la provisión pública o la compra de servicios al sector privado.

Si bien pareciera que la estrategia gubernamental es de máxima prudencia para evitar ser catalogada de neoliberal las sospechas de traspasar, crecientemente, responsabilidad a los privados han aparecido claramente en declaraciones anteriores de los ministros Lavín y Mañalich. La discusión podría –o debería- permitir enfrentar y comparar diseños de políticas y modelos de resolución de los distintos problemas que aquejan al país; el rol del Estado en la economía; la política social y la provisión de los diversos servicios financiados por el Estado.

No obstante, la oposición que aún no se recupera de la derrota electoral, no ha mostrado gran capacidad de precisar lineamientos estratégicos comunes ni siquiera en temas que estaban en el ADN del centro y de la izquierda (el cobre de Chile). Además, ello se ha podido observar en el hecho que la confrontación más fuerte ha tenido lugar en torno al financiamiento del Instituto de Derechos Humanos y del presupuesto de la primera dama. Es probable que el debate haga traslucir en la oposición debates que se habían neutralizado -sino escondidos- en  el seno de la Concertación como el rol de los privados en la provisión (no así necesariamente en el financiamiento) de los servicios educacionales y de salud.

En salud el presupuesto de 2011 implica un alza de 12,4% con respecto a 2010. No obstante, en valores, este presupuesto aumentará en 500 mil millones de pesos, pero el aporte proviene esencialmente de las cotizaciones que aportará el traslado de cotizantes de Isapres a Fonasa y de los nuevos entrantes al sistema y no del aporte fiscal. El ministro Mañalich afirmó el 1° de octubre que “el presupuesto permitirá normalizar y prácticamente llevar a cero la gigantesca deuda de los hospitales públicos que, ascendía a 200 mil millones de pesos en el mes de marzo recién pasado”. El propio Ministro había afirmado que la deuda era inferior hace algunas semanas.

Además, este valor es muy diferente al que cuatro días después anunció el director de Fonasa, Mikel. Uriarte: “la deuda que… los hospitales y servicios de salud mantienen con sus acreedores privados -sobre todo con clínicas y laboratorios-, y que en julio llegó a $106 mil millones”.

Los expertos financieros  se preguntan si en este “error” no se esconde el decidido incremento de la compra de prestaciones al sector privado lo que puede terminar desarticulando el sector de salud y, por cierto, al sector público. En efecto, la cifra destinada a compra de listas de espera AUGE es solo de $6.000 millones pero no hay claridad en el destino de los otros 165 mil millones de pesos para el Auge. El temor de los funcionarios se basa en que los analistas estiman que la privatización del sector salud no será como la electricidad o el agua sino, más bien, como en Ferrocarriles en que las propias autoridades abandonarán al sector para que florezca el sector privado y los hospitales públicos terminen vendiéndose como chatarra de rieles.

Por su parte, el Presupuesto de Educación aumenta en un 7,8%. No obstante, los gastos en personal aumentan significativamente menos (2,8%); la dotación máxima de funcionarios se reducirá en – 7,5% para el 2011, es decir, una reducción absoluta de 150 funcionarios.

En relación con la subvención educacional, el crecimiento global (5,9%) resulta modesto atendido el objetivo del Gobierno de doblar la subvención escolar en su período. Otro indicio que hace sospechar de las tendencias privatizadoras es la reducción (24,9%) del Apoyo a la Gestión Educativa Municipal.

Si bien podrá argumentarse que, en cambio, el presupuesto para mejorar la infraestructura educacional, es de 108% esto era obvio porque es necesario reponer los daños materiales del terremoto. Dos terceras partes de estos recursos están destinados a financiar la infraestructura de establecimientos subvencionados que equivale a casi 200 mil millones de pesos.

Más grave es que se reduce el presupuesto para Infraestructura de Liceos Tradicionales Municipales (- 57,6%). El llamado del ministro Lavín a que los establecimientos compitan resulta una burla para los liceos que antes de la competencia tienen un déficit notorio en todo sentido.

Asimismo, resulta sospechoso creer que el gobierno pretende fortalecer la educación pública si los recursos destinados al  perfeccionamiento de los docentes caen en 13,3%. Específicamente el perfeccionamiento docente general cae en 12,3%; el fortalecimiento de aprendizaje en inglés en 39,7% etc.

En definitiva, el gobierno se encargó de mantener un discurso “acorde” con la tradición de protección social que se ha implantado en el país en los últimos años pero hay demasiados “cabos sueltos” en cuanto a la manera en que pretende llevar a cabo los objetivos. Sin duda que la discusión no es mercado o Estado, pero la derecha tiende a evaluar con gran rigor el desempeño público pero una vez lograda las privatizaciones se oponen tercamente a evaluar el dudoso impacto social de servicios pasados a los privados (luz, agua, puertos, pensiones).