Abu Ghraib es el nombre de la tristemente célebre cárcel de Sadam Husein que en un terreno de 115 hectáreas albergada a cerca de 50 mil prisioneros políticos iraquíes. Tras la invasión norteamericana, la cárcel quedó desocupada para ser utilizada esta vez como lugar de detención de unos 5 mil iraquíes que resistieron la ocupación o que fueron catalogados como terroristas.

Lo que ocurrió en ese recinto controlado por un ejército embebido por las ideas ultraconservadoras de Bush y Rumsfeld, es decir, las escandalosas escenas de maltratos, torturas y sadismo alegremente filmadas por soldados a cargo de los prisioneros, salió a la luz pública en la cadena de televisión CBS y la revista The New Yorker, provocando torpes excusas oficiales y el juicio lapidario de la opinión pública acompañado de un escándalo mundial cuyos ecos persisten hasta hoy. La llamada “guerra contra el terror” sufrió allí su primera derrota y tuvo que aprender en un día que “una imagen vale más que mil palabras”.

La tortura es la mayor expresión de falta de consideración por la dignidad del otro. Para que sea posible, es decir, para que una persona llegue a suponer legítimo y hasta necesario ejercer tal tipo de malos tratos sobre su prisionero, se requiere no sólo una intrincada justificación ideológica y legal, sino una profunda metamorfosis de su humanidad. La base de la cuestión está en el desprecio del otro, sea porque no comparte mi fe, mi ideología, mi nacionalidad, mi color de piel, mi condición sexual. La escritora estadounidense Susan Sontag, en un artículo publicado en el New York Times a propósito de las fotografías de Abu Ghraib se preguntaba “¿cómo puede alguien sonreír ante los sufrimientos y la humillación de otro ser humano?”. Sostenía que “las fotografías somos nosotros”, es decir, son representativas de una corrupción fundamental del alma humana gracias a  la cual no sólo algunos creen tener el derecho de infligir tales humillaciones a otros, sino que además, se fotografían junto a sus víctimas derrotadas, exhibiéndolas como trofeos de caza o como actores de escenas sadomasoquistas de una película pornográfica casera.

El propósito de esos jóvenes soldados torturadores era fijar en digital un momento de gloria en su aventura militar para exponerlo en las redes sociales. La lógica es compartir con sus iguales la diversión a costa de los otros,  una suerte de bullying al extremo o de imitación trastornada de las miles de jóvenes adolescentes que pueblan facebook con fotografías de sus fiestas, bienvenidas y despedidas.

Fernando Botero, horrorizado por las escenas, se concentró durante 14 meses en la producción de una serie de 80 trabajos —pinturas al óleo, dibujos y acuarelas— para volver sobre uno de los tópicos menos mencionados por la crítica, pero más recurrentes en su pintura: la violencia ejercida contra el otro. Abu Ghraib ciertamente representa la culminación y la expresión más explícita del tema en su pintura. Lo hace en diálogo con grandes artistas que, como Goya o Picasso, también reaccionaron a la guerra y la violencia con sendas obras de arte, pero a la vez  con total fidelidad a su estilo característico, lo que le permite otorgar humanidad y dignidad a las torturadas figuras.

Los antecedentes más directos de Abu Ghraib, empero, se encuentran en sus obras relativas a la violencia en su país, en la acción del narcotráfico, las guerras civiles y las dictaduras latinoamericanas. Por ello, aunque la cárcel de Abu Ghraib se encuentra a miles de kilómetros de nuestra región, las escenas finalmente nos parecen horrorosamente familiares.

La exposición BOTERO Abu Ghraib representa un reconocimiento internacional al lugar que ocupa el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Es la institución en la que estas obras debían ser expuestas.

Me interesa destacar otro aspecto relacionado con este hecho y que dice relación con lo que diversos autores (Todorov, Cohen, Etxeberría) califican como un abuso de memoria, es decir, una vía para negar la existencia de las víctimas del terrorismo, ya sea éste de Estado como en nuestro caso, o de otro tipo.

Efectivamente, tras la organización del homenaje a Krassnoff  hay un esfuerzo de pasar desde una negación literal de las violaciones a los derechos humanos (que fue lo que caracterizó el discurso de la dictadura y la prensa oficial hasta bien avanzada la transición) hacia una negación interpretativa de los hechos por los cuales éste y algunos otros de sus compañeros de armas han sido condenados.

De lo que se trata –al respecto, el título del opúsculo que se presentó es indicativo: “Prisionero por servir a Chile”- es de argumentar justificando los hechos como necesarios para servir una causa mayor, en este caso, la patria. Las víctimas de la acción represiva no serían tales ya que no habría victimarios, sino soldados de una causa justa y las personas asesinadas o torturadas serían simplemente enemigos. Pueden llegar incluso a reconocer que hubo víctimas inocentes o “excesos de los organismos de seguridad”, pero ello se justifica como un costo probablemente inevitable en medio de un conflicto que no admitía vacilaciones.

Este es un tipo de discurso típico de las organizaciones terroristas y de los regímenes que usan el terrorismo de Estado para acallar a la población. En ello no hay nada de original. Unos lo utilizan para justificar la acción de los represores, otros para disculpar su silencio. Sin embargo, lo que resulta preocupante es que a veinte años de recuperada la democracia, la sociedad chilena, a través de autoridades públicas y los medios de comunicación, admitan que se puedan realizar prácticas de conmemoración y homenajes a los victimarios, que no pretenden otra cosa que reinterpretar la historia represiva convirtiendo a los perpetradores de violaciones a los derechos humanos en víctimas o héroes. Y lo que resulta francamente indignante –como lo hizo ver Patricia Politzer- es que la prensa presente en un plano de igualdad moral a victimarios y víctimas.

En este y otros casos similares, la sociedad chilena debería no sólo condenar de manera contundente estos intentos de negacionismo, sino también protegerse de los mismos prohibiéndolos de manera contundente, como de hecho lo hacen muchas naciones democráticas europeas en relación al nazismo o al terrorismo. Ello pondría al poder político democrático no en un plano de cínica equidistancia sino en un firme compromiso con los derechos humanos y la memoria justa de las víctimas, lo que no es una opción, sino un deber.

Me interesa destacar otro aspecto relacionado con este hecho y que dice relación con lo que diversos autores (Todorov, Cohen, Etxeberría) califican como un abuso de memoria, es decir, una vía para negar la existencia de las víctimas del terrorismo, ya sea éste de Estado como en nuestro caso, o de otro tipo.

Efectivamente, tras la organización del homenaje a Krassnoff  hay un esfuerzo de pasar desde una negación literal de las violaciones a los derechos humanos (que fue lo que caracterizó el discurso de la dictadura y la prensa oficial hasta bien avanzada la transición) hacia una negación interpretativa de los hechos por los cuales éste y algunos otros de sus compañeros de armas han sido condenados.

De lo que se trata –al respecto el título del opúsculo que se presentó es indicativo: “Prisionero por servir a Chile”- es de argumentar justificando los hechos como necesarios para servir una causa mayor, en este caso, la patria. Las víctimas de la acción represiva no serían tales ya que no habría victimarios, sino soldados de una causa justa y las personas asesinadas o torturadas serían simplemente enemigos. Pueden llegar incluso a reconocer que hubo víctimas inocentes o “excesos de los organismos de seguridad”, pero ello se justifica como un costo probablemente inevitable en medio de un conflicto que no admitía vacilaciones.

Este es un tipo de discurso típico de las organizaciones terroristas y de los regímenes que usan el terrorismo de Estado para acallar a la población. En ello no hay nada de original. Unos lo utilizan para justificar la acción de los represores, otros para disculpar su silencio. Sin embargo, lo que resulta preocupante es que a veinte años de recuperada la democracia, la sociedad chilena, a través de autoridades públicas y los medios de comunicación, admitan que se puedan realizar prácticas de conmemoración y homenajes a los victimarios, que no pretenden otra cosa que reinterpretar la historia represiva convirtiendo a los perpetradores de violaciones a los derechos humanos en víctimas o héroes. Y lo que resulta francamente indignante –como lo hizo ver Patricia Politzer- es que la prensa presente en un plano de igualdad moral a victimarios y víctimas.

En este y otros casos similares, la sociedad chilena debería no sólo condenar de manera contundente estos intentos de negacionismo, sino también protegerse de los mismos prohibiéndolos de manera contundente, como de hecho lo hacen muchas naciones democráticas europeas en relación al nazismo o al terrorismo. Ello pondría al poder político democrático no en un plano de cínica equidistancia sino en un firme compromiso con los derechos humanos y la memoria justa de las víctimas, lo que no es una opción, sino un deber.

En el ámbito de la Justicia, las condenas recientemente dictadas por el Tribunal de Cañete contra Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, Jonathan Huillical y José Huenuche son un ejemplo más de discriminación. El contraste con otras decisiones de la justicia en el marco del conflicto de la Araucanía es evidente: el carabinero que mató de un tiro por la espalda al comunero Matías Catrileo recibe una condena de tres años de pena remitida mientras que Lleitul recibe 25 años de cárcel por delitos que no se consumaron.

Es necesario reflexionar sobre el contexto: la creciente toma de conciencia de sus derechos por parte de nuevas generaciones de líderes mapuche y las dificultades que enfrentan los Gobiernos para entregar soluciones efectivas y realizar un diálogo político a fondo y de buena fe por ambas partes, ha llevado a procesos de radicalización con consecuencias lamentables. Los móviles de los hechos de violencia que se juzgan no son los de los delitos comunes, sino los de quienes consideran que están luchando y defendiendo sus derechos.

En las condenas contra Lleitul y sus compañeros se ha ignorado el contexto y no se ha buscado hacer justicia castigando con penas proporcionales al daño causado, sino imponer una sanción ejemplar que busca advertir a los miembros de las comunidades indígenas sobre las consecuencias de su lucha.

Lo más aberrante del caso, sin embargo, es que la mayoría del Tribunal aceptó las pruebas de la Fiscalía obtenidas utilizando las facilidades procesales que le otorga la ley antiterrorista (testigos secretos especialmente), en circunstancias que el propio Tribunal de Cañete absolvió a todos los imputados del delito de asociación ilícita terrorista y el Gobierno se desistió de la invocación a la ley antiterrorista afirmando no tener convicción sobre si los hechos investigados revestían tal carácter. En otras palabras, a pesar de no ser terroristas, se les juzgó y condenó como terroristas, violando su derecho a un debido proceso.

Uno de los jueces del Tribunal de Cañete, conciente de este vicio procesal, se manifestó por absolver a los acusados de todos los cargos ya que los testimonios presentados por la Fiscalía no son aceptables en un juicio penal ordinario.

Se ha anunciado que la defensa de los condenados va a recurrir a la Corte Suprema pidiendo la nulidad de este juicio. Queremos solidarizar con Lleitul y sus compañeros ejerciendo nuestro derecho a petición ante el máximo tribunal del país: exigimos un juicio justo para Lleitul.

Es positivo que el Gobierno haya decidido escuchar a quienes desde las comunidades indígenas, desde el Senado y desde organismos especializados, exigíamos la realización de una consulta que cumpliera los exigentes estándares del Convenio 169, antes de adoptar una reforma tan relevante como el reconocimiento constitucional. En efecto, dicho reconocimiento debe asumirse como una oportunidad para romper con la lógica de la imposición para dar paso a una forma de convivencia mutuamente convenida, donde los pueblos indígenas puedan ejercer sus derechos colectivos de manera real, especialmente el derecho de auto representarse.

Es positivo que este reconocimiento se asocie íntimamente a la reforma institucional que propuso el Gobierno de la Presidenta Bachelet y que el Gobierno actual ha hecho suya, en especial la creación del Consejo de los Pueblos Indígenas, órgano representativo de los pueblos originarios del país. En efecto, al reconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas, se abre de inmediato la pregunta acerca de quienes pueden legítimamente representar a dichos pueblos. El debate será amplio: ¿debe crearse un Consejo único para todas las etnias o cada pueblo tendrá su propio Consejo?, ¿Cómo se elegirá a los representantes? Son temas que es imposible resolver legítimamente sin consultar y buscar un acuerdo con los propios pueblos.

En tal sentido el reconocimiento constitucional es un paso trascendente que debe dar origen a un conjunto de reformas institucionales y legales que permitan que los derechos de los pueblos indígenas prevalezcan sobre normas comunes. Ese es, en definitiva, el sentido de incorporar este reconocimiento en la Constitución.

La Consulta indígena, sin embargo, no es un trámite sencillo. Mucho se habla de que ésta debe cumplir los estándares del Convenio 169, sin embargo, poco se dice acerca de cuales son, precisamente, dichos estándares. Son pocas, por otra parte, las experiencias de consulta realizadas en otros países que efectivamente den cuenta de esos estándares. Más bien, pareciera que los estándares se encuentran en construcción y en ese sentido, la experiencia que se va a desarrollar en el país es también una oportunidad para hacer las cosas bien y poder ingresar con la frente en alto a la reunión de Naciones Unidas del año 2014 que estará convocada para discutir la situación de los pueblos indígenas.

No obstante lo dicho, existen ciertos criterios respecto de la Consulta Indígena que están acertadamente expuestos en una comunicación que el “Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas”, James Anaya, dirigió al gobierno de Chile  en abril de 2009, a propósito de la consulta sobre la reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas.

El primero de ellos establece que es obligación de los Estados consultar a los pueblos indígenas previamente a la adopción de las medidas que los afecten y que “el incumplimiento de dicha consulta y sus requisitos esenciales implica la nulidad de derecho público de los procedimientos, actos y medidas adoptadas”. Los llamados “requisitos esenciales” podrían sintetizarse del siguiente modo:

1-     La consulta de una medida legislativa debe realizarse en todas las fases del proceso de producción normativa, especialmente en aquellas propuestas que tengan relación con las ideas matrices del proyecto en cuestión. En tal sentido, habría que señalar que más allá del esfuerzo de consulta que realice el Gobierno, el Senado tiene también la obligación de instaurar su propio proceso de consulta. Al respecto, es importante tener presente que tal como lo dice el Tribunal Constitucional,  el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT “modifica las disposiciones de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional e introduce una norma (la Consulta Indígena) que deberá observarse en la tramitación interna de la ley”.

2-     La consulta no es un mero trámite de audiencias o de información, sino un encuentro  de “diálogo genuino entre ambas partes signadas por comunicación y entendimiento, mutuo respeto y buena fe, y con el deseo sincero de llegar a un acuerdo común”. La consulta debe realizarse en un ambiente de confianza mutua, la que se puede lograr a través de medidas generales que beneficien a los pueblos y a través de la aceptación mutua del procedimiento de consulta. En un clima de violencia y enfrentamientos, no sería posible realizar esta consulta.

3-     La consulta debe realizarse a través de las instituciones propias y representativas de los indígenas. Si bien la representatividad debe entenderse en forma flexible dada la inexistencia de un modelo único de institución representativa, debe convenirse con los líderes o jefes un mecanismo adecuado que respete sus tradiciones y su organización política. Al respecto, el Relator Especial de NNUU recomienda atenerse a criterios sistemáticos y preestablecidos, incluir distintas formas de organización indígena e incluir una pluralidad de perspectivas identitarias, geográficas y de género.

4-     La consulta debe “prever los tiempos necesarios para que los pueblos indígenas del país puedan llevar a cabo sus procesos de toma de decisión y participación efectivamente”. Esta reforma fue parte de los Acuerdos de Nueva Imperial de principios de la transición y lleva casi 20 años en el Congreso sin poder materializarse. Sería impropio criticar los mecanismos de consulta por la lentitud que implican.

5-     La consulta debe ser formal,  sistemática y transparente. Adoptar procedimientos o una metodología que cumpla estos criterios puede también ser convenido con los líderes representativos, de modo de evitar conflictos innecesarios.

La Consulta indígena si bien no es jurídicamente vinculante en un sentido estricto, y debe realizarse  en conformidad a las circunstancias propias del país, es decir, respetando la institucionalidad vigente y los procedimientos de formación de la ley establecidos, debe también  efectuarse de una manera apropiada “con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”. Para ello es esencial que la iniciativa no recaiga exclusivamente en el Gobierno o en el Parlamento. Al respecto, el Relator Especial cita como una buena práctica la experiencia de Australia en donde se organizó un comité indígena independiente responsable de supervisar la consulta a nivel nacional.

La Consulta Indígena sobre el Reconocimiento Constitucional es un desafío mayor para un gobierno poco amigo de escuchar a los otros. Esperamos que no se quede en los anuncios.

No los hay ahora ni los hubo antes. Un grave error de apreciación y conducción política llevó a los gobiernos pasados a aplicar la ley antiterrorista. El Ministerio Público por su parte, amparado por este descriterio y aportando lo propio, utilizó hasta el hastío los viciados procedimientos que contempla la ley antiterrorista: testigos secretos pagados por la fiscalía, escuchas telefónicas, malos tratos a los detenidos, presunción de culpabilidad para los imputados, solicitud de penas desproporcionadas, montajes publicitarios –recuérdese por ejemplo, los “testigos” colombianos- y acusaciones al voleo con amplia resonancia en el prensa derechista.

Sin embargo, a pesar de la resolución anterior, el tribunal de Cañete declaró culpables del delito de homicidio frustrado en contra del fiscal Mario Elgueta a Héctor Lleitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical, este último testigo de la fiscalía que afirma que sus declaraciones que acusan a sus compañeros se obtuvieron bajo tortura.

La defensa, los familiares y los amigos de los acusados sostienen que la resolución del tribunal contra Lleitul y sus compañeros debe anularse ya que su fundamento se encuentra en declaraciones de testigos secretos y escuchas telefónicas, las que sólo pueden tener validez procesal cuando existe el delito de asociación terrorista, que en este caso ha sido descartado.

El Fiscal Nacional subrogante Francisco Ljubetic, quien se desempeñó como fiscal en la Araucanía y ha sido protagonista de estos procesos se ha manifestado conforme con la resolución del tribunal porque “se han acogido íntegramente los delitos de mayor significación” y reconoce que el Ministerio Público acusó a los imputados “entendiendo que los delitos califican dentro de la legislación antiterrorista”. Sin embargo, los delitos en cuestión no tienen ese carácter de acuerdo al tribunal, lo que anula el testimonio de los testigos secretos y convierte las escuchas telefónicas en ilegales.

Si no hay delito terrorista, parece lógico esperar que Lleitul y los otros imputados sean juzgado conforme a la ley penal común, con las garantías propias de un debido proceso, con imparcialidad y objetividad. Pero todos sabemos que la resolución del tribunal contra Lleitul y sus compañeros no es eso. Se les juzgó de acuerdo a la ley antiterrorista, sin garantías de ningún tipo, lo que a la luz de la resolución del propio tribunal en el sentido que en estos casos no aplica la ley antiterrorista, se convierte en un vicio procesal gigantesco.

Los imputados mapuche han pedido reiteradamente ser juzgados de acuerdo a la ley común, que se presuma su inocencia y se presenten pruebas legítimas y concretas que avalen las acusaciones de la fiscalía. ¿Es mucho pedir en una democracia?

La autocomplacencia, trae aparejada un cierto enojo con el mundo y su doctrina se podría sintetizar de la siguiente manera: Los otros, que nos critican, parecen no entender que tenemos buenas razones para hacer lo que hacemos y que si no estuviésemos aquí las cosas serían mucho peor.

La autocomplacencia es el error común de los partidos y coaliciones que gobiernan por muchos años. Se aíslan en sus propias lógicas, terminan creyendo en los argumentos oficiales, desacreditan a los críticos y dejan de escuchar a la calle. La Concertación en el Gobierno sufrió ese mal y los efectos fueron catastróficos: después de medio siglo la derecha ganó unas elecciones presidenciales. Pero aquello fue ocurriendo a lo largo de los años, casi como la intromisión lenta, imperceptible e inevitable de un virus destructor. Lo curioso es que el actual gobierno aún no cumple un año y ya muestra síntomas avanzados de la misma enfermedad.

La autocomplacencia del Gobierno se alimenta además de la grandilocuencia y se refleja en casi todo. Frases como “en dos meses hemos hecho más que en 20 años de Concertación” son habituales y van conformado un clima de falso entusiasmo entre los propios y de gran sorpresa y desconcierto entre los ciudadanos que no alcanzan a percibir un mínimo correlato entre esas afirmaciones y la realidad.

Este fenómeno es transversal en el gobierno. En su respuesta a mi comentario sobre la renuncia del Director de la CONADI, Sebastián Donoso hace una extensa defensa de la política indígena del Gobierno. Su exposición de la política indígena del Gobierno es racional pero deja un resultado típicamente autocomplaciente: no tiene nada que ver con las cosas de la realidad, al menos como la perciben los mortales comunes y corrientes.

Por ejemplo, para los mapuche que estuvieron en huelga de hambre y que llegaron a sendos acuerdos con el Gobierno en relación a la aplicación de la Ley Antiterrorista en las causas que los afectan y que incluso dieron lugar a una modificación a la mencionada ley, la “política del gobierno” ha resultado un mero engaño. Como muestra un botón: el artículo tercero de la ley que modificó la Ley Antiterrorista establece que “Si las conductas tipificadas en la Ley Nº 18.314 o en otras leyes fueren ejecutadas por menores de dieciocho años, por aplicación del principio de especialidad se aplicarán siempre el procedimiento y las rebajas de penas contemplados en la Ley Nº 20.084, que establece un sistema de responsabilidad penal adolescente”. En otras palabras: no se aplicará la Ley Antiterrorista a menores de edad, ni procedimentalmente ni para definir las penas. Sin embargo, al día de hoy siguen procesados por ley antiterrorista los menores Luis Marileo, José Ñirripil y Cristián Cayupan, impidiéndoseles un debido proceso y negándoseles acceder a garantías procesales propias de la ley de responsabilidad penal adolescente. Todo ello en medio de la indiferencia del Ministro de Justicia y el silencio de la prensa.

Los porfiados hechos son los que importan, no las intenciones. Un hecho es que los mapuches siguen siendo juzgados por ley antiterrorista. Un hecho es que el Fondo de Tierras del año 2010 no se ejecutó. Un hecho es que el Gobierno no quiere hacer Consulta indígena para adoptar el Reconocimiento Constitucional. Un hecho es que la CONADI ha sido irrelevante.

Entonces la gente tiene derecho a preguntarse: ¿Cuál es la verdadera política indígena?

Los hechos sintomáticos de su gestión serán su completa ausencia de la situación política generada por la huelga de hambre de los presos mapuches y la parálisis del Fondo de Tierras, que implicó la devolución de 40 mil millones de pesos que debieron destinarse a compras de tierras para las comunidades indígenas en 2010 y que terminaron en las arcas del Ministerio de Hacienda.

Este fracaso, sin embargo, no se puede atribuir sólo a Painepan. Es la consecuencia de una completa carencia de política indígena por parte del gobierno, de una ausencia radical de propósitos, de una ambigüedad de antología, de una navegación sin brújula en medio de las turbulentas aguas del llamado “conflicto mapuche”.

Se anuncia en la prensa que el nuevo director de Conadi será el contador de la familia de la ministra Von Baer y de varios terratenientes de la zona conocidos públicamente por sus conflictos con sus vecinos indígenas. El despropósito parece no tener límites.

Es de esperar que antes que se consagre el inicio de un nuevo ciclo de pérdida de tiempo, el gobierno se decida a emprender una agenda real: iniciar la consulta indígena para discutir la reforma constitucional que consagre el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y dé curso a las reformas institucionales que permitan contar con un servicio público eficiente para atender los asuntos indígenas y a la vez crear uno o varios  órganos representativos de los diferentes pueblos  que habitan el país; cumplir los acuerdos con los presos mapuches y dejar de aplicar la ley antiterrorista, que en la práctica se ha convertido en un verdadero vicio procesal; retomar la compra de tierras para las comunidades priorizadas, acompañándo dicho proceso de las necesarias reformas anunciadas y hasta ahora nunca ejecutadas.

La otra opción es seguir perdiendo el tiempo.

La prohibición de vender las tierras establecida en la ley indígena se fundamenta en la experiencia histórica, en donde los mapuche no sólo perdieron las tierras que ocupaban ancestralmente, sino también las tierras que se les entregaron bajo la modalidad de Títulos de Merced tras la ocupación de la Araucanía por parte del Estado de Chile y la consecuente Reducción de las comunidades a espacios delimitados.  Es un hecho indesmentible que los mapuche fueron víctimas de usurpaciones fraudulentas desde la época de la reducción hasta la promulgación de la actual ley indígena, período en que el Estado chileno fue incapaz de hacer respetar los Títulos de Merced.

El proceso de restitución de tierras a los mapuche se inspira entonces en el concepto de deuda histórica. Hay que decirlo en forma clara: la restitución de tierras a los mapuches no se hace para mejorar la productividad de las mismas en unos pocos años, sino para hacer justicia y devolverles lo que se les arrebató injustamente, condenándolos a la pobreza, la marginalidad y la destrucción de su cultura. Resulta completamente fariseico denunciar hoy la situación de los indígenas con tierra, atribuyendo a esta última condición su situación de pobreza.

Es cierto que en general no sólo no ha habido un desarrollo productivo en las tierras traspasadas a las comunidades indígenas sino que tampoco ha habido un mejoramiento importante de las condiciones sociales en que viven las familias beneficiadas, pero ello no debe servir como excusa para cuestionar la devolución de tierras, sino como acicate para mejorar los instrumentos de fomento y las políticas públicas orientadas a los pueblos originarios. El problema entonces es como promover el desarrollo de las tierras indígenas, no como echar marcha atrás.

Al respecto, hay que reconocer que en Chile hay todavía una fuerte resistencia en el Estado y en la sociedad para implementar políticas que verdaderamente impulsen el desarrollo de los pueblos originarios. Un ejemplo de ello es lo que pasa con el fomento productivo donde persisten diversos mecanismos de exclusión de posibles beneficiarios indígenas de los programas públicos. Entre ellos, la ley orgánica de INDAP que impide incluir como usuarios a indígenas cuyos ingresos agrícolas no sean generados al menos en un 50% por actividades agrícolas, o el DFL 701 que determina que predios acogidos al decreto no tienen acceso a otros instrumentos de fomento, sin considerar que el predio pudo tener el beneficio antes de ser traspasado a una comunidad indígena; o diversos servicios públicos de los ministerios de Economía y Trabajo que tienen normas que conllevan exigencias de constituirse en figuras jurídicas ajenas a las reconocidas por la Ley Indígena. Todas estas discriminaciones se podrían resolver fácilmente, pero no se hace.

Es evidente, por otra parte, que no hay suficiente pertinencia y sinergía entre los mecanismos disponibles para incentivar el desarrollo productivo de las tierras indígenas. En efecto, CONADI, INDAP, CONAF, CNR, MOP, MINVU, Gobiernos Regionales y Municipios desarrollan diversos programas e iniciativas, pero carecen de una estrategia común que permita armonizar el proceso de restitución de tierras y el desarrollo productivo. Hay una permanente mezcla de programas de emergencia que introduce una enorme confusión. Las líneas de superación de estos problemas pasan por identificar buenas prácticas y desarrollar experiencias pilotos que por la vía ejemplar incentiven a las comunidades, servicios públicos y sector privado a asociarse e insertarse en los mercados, tal es el caso del proyecto “Santa Rosa de Colpi” de las comunidades Didaico, Pantano y Temulemu, que lamentablemente el actual gobierno ha paralizado.

En el plano de la  Innovación tampoco se hace gran cosa. Los sistemas de fomento y apoyo a la innovación discriminan con exigencias formales que no se condicen con la especificidad cultural indígena. Salvo excepciones, no promueven ni declaran apertura a emprendimientos con valor agregado de identidad cultural o local, o bien destinan recursos de menor calidad a ello.

En relación al acceso al agua, es cierto que las comunidades tienen grandes dificultades de acceso y ejercicio de derechos de aprovechamiento de aguas. Ello se explica por la exigencia de constituirse en figuras jurídicas ajenas a las reconocidas en la Ley Indígena y la pérdida de derechos de agua. Para enfrentar esta situación es imperativo adecuar la legislación relativa a aguas y procedimientos consecuentes a las normas del Convenio 169.

Con medidas como las señaladas, se podría dar un gran paso adelante para apoyar el desarrollo de los predios traspasados a las comunidades indígenas. No será permitiendo la venta o hipoteca de las tierras como va a lograrse el desarrollo de las comunidades. Ese camino llevaría a un nuevo proceso de usurpaciones, teniendo esta vez al sistema financiero como protagonista principal, a un retroceso gigantesco en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, a un nuevo intento por retrotraer la situación a los años del despojo.

Nadie puede discutir el derecho de autoridades legítimamente constituidas a instalar sus propias prioridades programáticas y a buscar que los instrumentos de política con que cuentan se ordenen en función de dichas prioridades. El punto es que para hacerlo, se requiere contar con diagnósticos precisos para reducir en lo posible los márgenes de error. Cabe entonces la pregunta: ¿Es efectivo que los fondos de cultura han tenido como principales beneficiarios a los artistas y sus proyectos creativos? Es una pregunta válida que, como veremos, se responde negativamente.

Un análisis detallado de las cifras efectivamente adjudicadas por los Fondos de Cultura (Fondart Nacional y Regional, Fondo de Fomento del Libro y la Lectura, Fondo del Arte e Industria Audiovisual y Fondo de Fomento de la Música Nacional) pone de manifiesto que el apoyo a la creación artística que hacen dichos Fondos, si bien puede haberse incrementado en términos monetarios, ha venido cayendo en términos relativos entre los años 2004 y 2010. En efecto, los recursos destinados por los fondos de cultura a los proyectos creativos propiamente tales, esto es, al proceso que va desde la concepción de una obra artística hasta la conclusión material de la misma, representaron el 44% de los fondos disponibles entre los años 2004 y 2007, mientras que en 2010 cayeron al 24% de los mismos.

Esta caída coincide en parte con la aparición de la Línea Bicentenario y con líneas de fomento a la difusión y comunicaciones de los distintos fondos. En otras palabras, el cambio de foco desde el apoyo a la creación al apoyo a los proyectos institucionales o a la difusión y comunicación de proyectos creativos ya establecidos, viene produciéndose desde el año 2007.

Consistentemente con ello, los fondos destinados al fomento a la producción y la difusión de los bienes culturales han aumentado significativamente. A modo de ejemplo, el Fondo del Libro y la Lectura, tiene como sus líneas principales el apoyo a la industria editorial y el fomento de la lectura, en cambio el apoyo a la creación de textos literarios o no literarios representa apenas el 15% de los fondos entre los años 2004 y 2010. El Fondo de la música dedica sólo el 20% de sus recursos a fomentar la creación, y alrededor del 50% a proyectos de difusión. El Fondart, en su versión Nacional sufre una evolución que lo lleva a destinar el año 2010 el 84,4% de los fondos a proyectos que no son de creación, contra el 42% de los años 2005 y 2006.

Este cambio en la orientación de los fondos de cultura se hace radical el año 2010, al disminuir los montos adjudicados en un 42,6% en relación al año 2009. Es decir, pasan de 5.243 millones de pesos a 3.007 millones de pesos.

¿Hay detrás de esta evolución una opción de política cultural o se trata simplemente del resultado aleatorio del concurso de proyectos? No es evidente la respuesta a esta pregunta, pero del análisis del discurso de las máximas autoridades resulta coincidente con estos resultados.

Una opción por cierto muy discutible. Aún en el contexto de una política que busque un alto impacto de público, lo razonable sería sostener el fomento a la creación, ya que ésta es el corazón de una actividad cultural dinámica y con capacidad de interpelar a sus contemporáneos. Dedicar prioritariamente los recursos a programas de difusión donde el éxito se mide exclusivamente por la cantidad de público participante, puede inducir a una creciente chabacanería, como de hecho ocurre en la televisión, la industria cultural que basa su éxito en la aceptación mayoritaria de sus productos, al punto de infantilizar a las audiencias.

La prioridad por el fomento a la creación pone en cambio en el centro de la política cultural la obra, no al artista ni al público. Se equivocan también quienes buscan asimilar los Fondos de Cultura a los subsidios sociales, buscando insertar criterios de focalización regional o de pobreza. La cuestión del acceso del público y de la difusión de los bienes culturales se resuelve por la vía del fomento a las industrias culturales, la comunicación y la infraestructura cultural, pero sobre la base de que hay obras de actualidad, capaces de otorgar sentido y alumbrar nuestra vida en sociedad.

Es efectivo que hoy tenemos un problema con los proyectos creativos auspiciados por los Fondos de Cultura. Éste no se debe a la supuesta mala calidad de estos proyectos, sino la mala articulación de los eslabones de la cadena de valor de los bienes artísticos, es decir, a una ausencia de compenetración de los procesos creativos con los de producción, difusión y circulación de la creación artística. Esto encauza absurdos tales como la existencia de creaciones que no se comunican y de artistas que no consideran la comunicación de sus obras como su problema, ya que su sustento proveniente del fondo concursable es autónomo de ella. De allí entonces, se deriva la necesidad de enfrentar este tema apoyando el trabajo creativo de los artistas en su relación con las industrias culturales y con las redes de difusión y comercialización, así como con las entidades relacionadas con la formación de audiencias.

De lo dicho se desprende la necesidad de hacer un debate más profundo sobre la manera en que determinadas reformas a los Fondos de Cultura pueden ayudar a enfrentar los problemas que identifica el Ministro. También hay que considerar la existencia de una diversidad de instrumentos, más allá de los fondos concursables, que podrían sintonizarse con esta perspectiva.

En efecto, las industrias culturales podrían verse beneficiadas en su desarrollo a partir de un conjunto de medidas de políticas fiscales destinadas a enfrentar sus debilidades financieras y potenciar su instalación y desarrollo, al modo, por ejemplo, de lo que hizo Colombia con la industria editorial a partir de la Ley del Libro de 1993, que convirtió al país en uno de los principales actores regionales. Del mismo modo, es importante la idea de constituir la anunciada “Comisión Fílmica” nacional que busque atraer proyectos fílmicos al país, creando así nuevas oportunidades y vínculos a nuestros profesionales y artistas. Promover la venta de música nacional a través de Internet, abrir la ley de donaciones culturales para proyectos que involucren la cadena completa de valor de las expresiones artísticas, aceptando que éstas pueden tener –y es deseable que la tengan- una dimensión comercial, son cuestiones que es posible abordar y que están más allá y pueden ser más efectivas que los fondos concursables. Abrir una línea de subsidio a la demanda cultural es también una iniciativa posible, del tipo del “vale libro” propuesta en la política de fomento al libro y la lectura aprobada por el CNCA en 2006.

Como se sabe, el Consejo de la Cultura, por otra parte, no opera exclusivamente a través de fondos concursables. En su presupuesto hay partidas importantes para apoyar a instituciones de la cultura, para desarrollar la infraestructura cultural del país y para la ejecución de proyectos propios. ¿No sería razonable vincular de alguna manera esos aportes presupuestarios a enfrentar el problema que aquí se analiza en vez de pensar en profundizar más aún la pérdida de fondos destinados al fomento de la creación artística?

Es importante que el Ministro haya abierto este debate y que muestre voluntad de enfrentar estos desafíos. Pero, hay que tener mucho cuidado. No se puede seguir afectando los fondos destinados a la creación. Cambios a las bases y orientaciones de los Fondos de Cultura se pueden hacer, pero primero hay que construir una mirada basada en información objetiva y luego debe incluirse una amplia consulta y participación de la comunidad artística.