Sin embargo, algo tan artístico como una creación audio visual ha levantado críticas destempladas, presiones indebidas, actos de clara censura ideológica, que en el fondo buscan imponer el olvido ¿para qué tener Memoria, para qué recordar, si al país la va bien? Miremos hacia el futuro y olvidemos el pasado reciente, nos dicen algunos.

Sin embargo el olvido, la desmemoria, es una opción errada que coloca al país en un callejón sin salida. Según la RAL una acepción de Memoria es “retórica del alma, por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado”. Recordar, re-cordo, es pasar de nuevo por el corazón y la autora Josefina Cuesta nos acerca al sentido de esta acción “por qué recuerdo: recuerdo para no olvidar, para no volver a sufrir lo vivido, para sentirme parte de una sociedad devastada”.

La Memoria es personal, dice relación con los relatos y vivencias de cada uno, pero al enfrentarse con la memoria de otros vamos construyendo una memoria colectiva, que a su vez forma identidad: los derechos humanos son, y deben ser, parte de la identidad de la sociedad chilena.

Cuando hablamos de cifras, por ejemplo de las 3.195 personas detenidas desaparecidas o ejecutadas que hasta ahora nos arroja el Informe de la Comisión Rettig, no es lo mismo que cuando conocemos los rostros y las historias de vida de algunas de ellas, cuando sabemos del sufrimiento que su pérdida han causado a sus seres queridos, cuando nos cuentan sobre lo que ellos hacían cotidianamente o cuándo nos imaginamos qué historia se hubiese contado si siguieran vivos y hubiesen seguido desarrollando su destino con normalidad ¿dónde habrían llegado ellos o sus hijos; qué habrían hecho por Chile; a quién habrían amado? Ya lo dijo Norbert Lechner en su texto Las Sombras del Mañana: “La verdad de la memoria no radica en la exactitud de los hechos como en el relato y la interpretación de ellos”. Por esto, la serie Los archivos del Cardenal, siendo arte y ficción, también es Memoria, buena Memoria.

Ahora bien, ¿de qué forma el Estado de Chile ha preservado la Memoria de las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1990? Lo ha hecho con la trilogía de Verdad; Justicia y Reparación.

Verdad: con los Informes de Verdad que dan cuenta en detalle de las violaciones a los derechos humanos sufridas por miles de  niños, mujeres, hombres, jóvenes y ancianos.

Justicia: por los cientos de procesos judiciales que se han llevado y siguen llevando adelante en el país, con un fuerte impulso vivido este año con la presentación de oficio de 726 nuevas querellas, que buscan establecer la verdad judicial y la individualización y castigo de los victimarios.

Reparación:con políticas de reparación como pensiones; bonos; beneficios de educación, salud, vivienda u otros, como financiamiento de Memoriales; asesoría jurídica, el Instituto de los DD.HH. y el Museo de la Memoria y los DD.HH.

Es así como esfuerzos como la ya mencionada serie de televisión que todo el país podrá juzgar este jueves buscan crear una reflexión valórica que fortalece la voluntad nacional para que Nunca Más se repitan actos que afecten la dignidad de ningún ser humano, lo que sin duda fortalece nuestra democracia. Esto no es una victimización de nadie, es nuestra historia, es nuestra Memoria y por eso me quedo con las palabras del Ministro  Felipe Bulnes que, viniendo de un político de derecha, a mi juicio tiene aún más valor al interpretan el real sentido que la Memoria tiene: “….afortunadamente hoy día estamos en un país donde los derechos humanos no le pertenecen a ni un sector, no es una bandera que esté en un lado, sino que una bandera que está instalada como parte de la democracia”. Las organizaciones de derechos humanos, las víctimas, los creadores, han entregado una contribución vital a que esta historia pueda ser sentida como parte de la vida de todos.

En primer lugar la ubicación de este proyecto amenazaba la estabilidad de un área marítima costera protegida: Punta de Choros, es decir, para generar la necesaria energía eléctrica debíamos escoger entre mantener la biodiversidad o eliminarla. Las autoridades locales que participan en la COREMA de la región de Coquimbo eligieron autorizar el proyecto del grupo transnacional GDF Suez, pero la ciudadanía tenía otras consideraciones y prioridades.

No fue necesario un partido político o una autoridad eclesiástica, sino que espontáneamente, a través de las redes sociales y con la activa participación de los grupos ecologistas, la gente se organizó y protestó, dio a conocer su opinión, no aceptó eliminar la biodiversidad, entendiendo además que nuestro país tenía otras opciones, tanto para generar energía de maneras menos contaminante, como para ubicar otros territorios que no amenacen la flora y fauna de lugares protegidos, donde puedan crearse y ejecutarse proyectos energéticos.

En segundo lugar, podríamos decir que otra cosa bastante inusual es que el Presidente Piñera, presionado por sus propias promesas electorales, “escuchó la voz del pueblo” e hizo personalmente gestiones para reubicar el proyecto de GDF Suez, pasando incluso sobre la institucionalidad existente, lo cual valoro, pero que deja en claro la urgencia de modificar las actuales normas mediombientales sea en materia de territorio que en las exigencias de emisiones más rigurosas, como lo había propuesto la ex Ministra Ana Lya Uriarte, y de utilizar nuevas tecnologías de punta que existen y que estos proyectos termoeléctricos a carbón o fósiles deben utilizar obligatoriamente para ser viables. Lo ocurrido, que ciertamente crea incertidumbre institucional hacia el futuro, demuestra que surgen otros canales, más allá de los tradicionales, para relacionarse con las autoridades y para tomar decisiones de Estado.

Además, el Presidente Piñera mandató a la Ministra de Bienes Nacionales a ubicar un terreno fiscal donde desarrollar el mencionado proyecto de termoeléctrica, para lo cual la Ministra Parot construyó un mapa con territorios en los cuales no debieran instalarse centrales termoeléctricas a carbón.

Con el basto conocimiento sobre el territorio que dicha cartera tiene, escogieron cuatro variables:

1.- Áreas Protegidas, de las diversas categorías reconocidas en el SEIA.

2.- Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad.

3.-Instrumentos de Planificación existentes y

4. Áreas de Desarrollo Indígenas.

El resultado nos habla de la protección de sitios paradisíacos, como Pan de Azúcar en la región de Atacama; Fray Jorge, en la región de Coquimbo; Rapa Nui o El Yali, en la región de Valparaíso; las Torres del Paine, en la región de Magallanes y Antártica Chilena, entre muchos otros, en las que figuran Parques Nacionales, Reservas Naturales, Monumentos Naturales, Humedales, Áreas Marítimas Costeras.

Pero llevémoslo a cifras y entonces el mismo mapa no sólo nos arroja territorios, sino que nos dice que dentro de esta zonificación existen 11 proyectos de centrales termoeléctricas a carbón, con una inversión de US$ 15.351 millones, todos los cuales pudieran seguir la misma suerte de Barrancones.

Así las cosas, felicito la iniciativa del Ministerio de Bienes Nacionales, pues fue más allá de la norma y señaló que hay que ponerle límites y excluir de este tipo de proyectos a territorios prioritarios para responder a los compromisos internacionales sobre biodiversidad asumidos por nuestro país, a pesar que nuestra legislación, a través del SEIA, sí los permite. Pero esto nos deja a la vista varias interrogantes, tales como, ¿se aplicará de ahora en adelante el aforismo jurídico que indica “donde existe la misma razón debe existir la misma disposición”?; ¿seguirá el Presidente Piñera “escuchando la voz del pueblo” y pasando por sobre los procedimientos legalmente instaurados?; ¿haremos las modificaciones legales pertinentes para zonificar el país y eliminar definitivamente del mapa a territorios prioritarios para la biodiversidad para proyectos contaminantes, sean de generación energética o no, como ocurre con algunos proyectos mineros?; ¿serán los partidos políticos capaces de aunar su sensibilidad con la de la ciudadanía y defender una óptica sustentable que equilibre las necesidades energéticas con el crecimiento económico del país?; ¿qué pasará la próxima vez que la ciudadanía se manifieste y no sea oída?

En mi opinión, es necesario salir del caso a caso y abrir un debate de fondo sobre la estrategia de desarrollo económico sustentable a la cual corresponda una matriz energética que debe incorporar, como componentes esenciales, la eficiencia energética y el estímulo al desarrollo de las energías renovables no convencionales que por cierto deben superar el 8% de participación previsto hacia el 2014, por la opinión generalizada de los expertos. En fin, éstos son parte de los desafíos que el país tiene por delante y que marcarán la construcción de la historia de los próximos 100 años de la República.