Se confunden causas con efectos. Ante un gobierno enclenque, una creciente deslegitimación de la clase política y un evidente deterioro de las relaciones al interior de las coaliciones del cogobierno, estamos en una inmejorable coyuntura para realizar cambios profundos que terminen con el pringoso legado dictatorial.

Pero el duopolio Alianza-Concertación solo sabe hacer humo. Las primarias no van a revertir el rechazo que produce un sistema político ilegítimo. La cuestión no se reduce a saber si el voto es voluntario u obligatorio, o si los candidatos son designados por cúpulas partidarias o por primarias. La ciudadanía rechaza el sistema político porque se da cuenta que fue elaborado para preservar los privilegios de unos pocos, y alejarla de toda posibilidad de participación real. De ahí que, en vez de abrirle las puertas a la democracia, nos den primarias que no deciden de nada sustantivo.

Sistema electoral, ley de partidos, Parlamento decorativo, leyes orgánicas con quórums imposibles, Tribunal Constitucional, diseño de distritos y circunscripciones, centralismo y presidencialismo exacerbados, sistema de financiamiento de partidos y campañas, en fin, todo el sistema político fue pensado para eternizar la obra dictatorial. Hasta ahora ha funcionado, con la complicidad de quienes tenían la obligación de ponerle fin pero terminaron acomodándose.

La desafección política del pueblo demuestra que la acción política fue vaciada de contenido, que la opinión popular no le importa a nadie, y que el voto sólo contribuye a legitimar una casta cuya única preocupación es mantener sus privilegios. No se trata pues de reencantar a nadie (¡no somos serpientes!) sino de repolitizar a la sociedad, y de devolverle a la política la nobleza que perdió a manos de la dictadura y de la Concertación. La danza del caño que practican unos o el ula ula programático que ofrecen otros, no sirven.

Cuando la Constitución de 1980 estaba siendo perpetrada, Pinochet recalcó la importancia de consagrar una “democracia protegida”. Uno de los referentes, suyo y de sus asesores, era Frederich von Hayek, para quien “el objetivo de la concreción institucional de un modelo de dominación tecnocrática consistía en asegurar que un uso atenuado y regulado de los mecanismos electorales fuera compatible con decisiones de óptimo racionalismo”. En otras palabras, la política debe estar privatizada pues la masa es ignorante y no toma buenas decisiones.

Como siempre nos recuerda el brillante abogado Roberto Garretón, a la hora de explicar lo que busca este diseño institucional Jaime Guzmán fue explícito, “(…) había que asegurar que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque —valga la metáfora— el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario”. Más claro echarle agua. Esa es nuestra “democracia”, en la que todo está limitado por la camisa de fuerza diseñada por Guzmán.

¿Qué valor tiene el voto que elige candidatos impotentes para cambiar los designios de Jaime Guzmán?

En ese marco de hierro, ¿Qué importa si los candidatos son elegidos en primarias, o son designados por cúpulas partidarias o por el cara o sello?

En los primeros años de esta pseudo democracia Tomás Moulián afirmó que, dados los mecanismos protectores del statu quo, daba lo mismo si los gobiernos querían realizar cambios o no, pues aún teniendo la voluntad y la mayoría del electorado estaban imposibilitados de hacerlo.

Para Moulián, lo que teníamos en ese entonces, y que sigue vigente, era una democracia aparente. Aun cuando presenta sus signos exteriores (elecciones, posibilidad de alternancia en el gobierno, funcionamiento del parlamento y de algunos partidos), en realidad fue una creación institucional destinada a garantizar la continuidad del modelo socioeconómico de la dictadura.

Me atrevo a afirmar que las primarias, como ocurrió con la inscripción automática y el voto voluntario, sólo agudizarán la crisis institucional que vive el país.

La inscripción automática y el voto voluntario debían revertir el envejecimiento del padrón y obligar a los partidos a mejorar sus “ofertas programáticas” (para quienes detentan el poder la política es un mercado). La altísima abstención del 61% de los electores en las municipales, principalmente de los jóvenes, refleja que el remedio empeoró la enfermedad.

¿Hubo alguna propuesta programática que marcase la última elección municipal? La llamada “oferta programática” fue más nula que nunca.

Las primarias son la pomada milagrosa para la falta de legitimidad de candidatos designados por las cúpulas partidarias. Pero lo que ya no tiene credibilidad son los partidos: todo lo que hacen infunde desconfianza y rechazo en la ciudadanía. Hay medicamentos que, si no hacen ningún bien, no hacen ningún mal. Las primarias, por el contrario, agudizarán la crisis que azota a los partidos políticos.

Ganar la confianza de la ciudadanía no pasa por maquillarse un poco. Las cúpulas partidarias deciden si hacen o no hacen primarias, dónde y cuando las hacen y en qué condiciones. Con ellas las cúpulas no pierden poder: lo aumentan. Y de paso escamotean el debate, privilegian a las figuras por sobre los programas, consagran el bipartidismo de facto, privilegian el protagonismo del dinero (propio, o de los padrinos).

El primer paso que conduce al saneamiento político que exige el país pasa por la creación de estructuras políticas que sean el fiel reflejo de la nación, y de sus intereses reales. Organizaciones democráticas que acojan y hagan suyas las dinámicas de participación que se están dando en los movimientos sociales y se manifiestan en nuestra sociedad.

La política no puede estar secuestrada en manos de clanes y jaurías. Pero hay un detalle: una organización democrática no puede sobrevivir bajo el imperio de una institucionalidad que no lo es. De ahí que el único modo de transitar a la democracia consiste en cambiar la Constitución ilegítima por una emanada de la más amplia participación ciudadana vía Asamblea Constituyente. Restituyéndole su soberanía al pueblo de Chile.

Nada de eso ocurrirá por voluntad de quienes, para preservar sus privilegios, venden pomada. Las primarias son sólo una muestra de lo primaria que es nuestra clase política.

Durante más de veinte años la posición dominante en la Concertación ha sido que, si bien la Constitución es ilegítima en su origen, se ha legitimado en su funcionamiento y contenido. Para justificar el acomodo alegan que la Constitución no contiene mecanismos que permitan hacerle modificaciones sustantivas, que con los años se irían eliminando sus elementos más fascistas y que, visto lo que hemos visto, las ideas de Guzmán no eran tan malas y le han dado gobernabilidad al país.

La resignación se transformó en conversión. Cuando estos argumentos eran refutados, recurrían a la tesis de Lavín que asegura que “esos no son los verdaderos problemas de la gente”. ¡La máxima expresión del Bacheletismo-Aliancismo!

Durante la pasada campaña presidencial escuchamos ese tipo de argumentos incluso en la izquierda. Si en el curso del debate la Asamblea Constituyente fue ganando fuerza, para algunos no podía transformarse en su principal bandera de lucha y la relegaron a sus reivindicaciones testimoniales. Plantear que la principal línea divisoria de la sociedad separa a los herederos de la institucionalidad pinochetista de sus víctimas, o sea el pueblo de Chile, implica necesariamente romper con dicha institucionalidad. Objetivo contradictorio para quienes buscan integrarse en el cuadro.

Afortunadamente la exigencia de una Asamblea Constituyente trasciende a la izquierda y sus debates, y en los últimos tres años ha cobrado fuerza en la ciudadanía y en los movimientos sociales. Ha sido levantada por movimientos mapuche, sindicales,estudiantiles, regionales y de mujeres. Hace tres años la Asamblea Constituyente era un tabú en Chile. Hoy, nadie que haga política puede ignorarla. Avance gigantesco.

Pero los conversos hicieron de las piruetas políticas un deporte olímpico y se proponen firmemente disputar el medallero. Hace tres años se reían de quienes exigíamos educación gratuita. Hoy se asustan pero aparentan estar de acuerdo. Lo mismo ocurre conla reforma tributaria. El aparente cambio de opinión de los conversos no tiene otro fin que el de hundir la idea.

Los gatopardos pululan, y conviene escuchar a Pablo Ruiz-Tagle cuando nos recuerda que si esta Constitución es la que más modificaciones ha tenido en la historia de Chile, es la que menos ha cambiado. Según la Real Academia, que preside honorariamente el Rey cazador de elefantes, oportunismo se define como “la actitud que consisteen aprovechar al máximo las circunstancias para obtener el mayor beneficio posible, sin tener en cuenta principios ni convicciones”. Los conversos dirán que no son oportunistas porque no tienen ni principios y convicciones. ¿Cómo no concederles ese punto?

Las dos coaliciones de la transición eterna lograron que la reforma tributaria, justa demanda ciudadana, terminase en un nuevo privilegio  para los dueños del país.

De Enríquez-Ominami a Ignacio Walker, pasando por José Antonio Gómez y Ricardo Lagos, cambiaron repentinamente de opinión con respecto a la Asamblea Constituyente. Evidentemente no la definen: se limitan a proponer una consulta ciudadana (que nunca organizaron cuando estuvieron el poder), para aparecer como reformadores y progresistas. Peligro. Pero Chile ya se dio cuenta que la alegría sólo le llegó a ellos y a los grupos económicos. No volverán a meternos el dedo en la boca.

Hace 200 años, evocando la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, Fray Camilo Henríquez escribió en “El catecismo de los patriotas”: “La soberanía reside en el pueblo. Ella es una e indivisible, imprescriptible einalienable” y “una porción del pueblo no es la soberanía, ni puede ejercer la potencia soberana del pueblo entero”.

La Asamblea Constituyente es el órgano democrático fundador por excelencia, compuesto por ciudadanos y ciudadanas elegidos libremente y sin trabas de ninguna especie por sus pares, con el fin de elaborar su organización política y sancionar su Constitución política. No está subordinada a las normas de la Constitución anterior pues está por sobre dicha Constitución. El pueblo es Soberano.

Toda propuesta que emerja de la actual institucionalidad solo conducirá a desastres como la LGE y la reforma tributaria.

“El pueblo tiene siempre el derecho de revisar y reformar su Constitución. Una generación no puede someter irrevocablemente a sus leyes a las generaciones futuras” estipula la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano.

¿Cuándo ejerceremos nuestro derecho de autodeterminación?

(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl

El abogado Fernando Atria resume muy bien la metáfora del ideólogo de la UDI cuando afirma que la cancha diseñada por Guzmán para la transición es una trampa: el equipo que gana está designado de antemano. Quienes aceptaron participar de esta trampa son igual de tramposos que quienes la diseñaron. Con un sistema electoral binominal que le da poder de veto a la UDI en el parlamento, sumado al poder de veto que ostenta el Tribunal Constitucional, y con la imposición de mayorías parlamentarias imposibles de reunir para reformar leyes relevantes (eufemísticamente llamadas “leyes orgánicas”), Jaime Guzmán cerró con un triple candado cualquier posibilidad de realizar un cambio estructural significativo en Chile. El poder de veto que le dejó a la Alianza, -y muy especialmente a la UDI-, es similar al que tienen los EE.UU en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o en el seno del FMI. El Consejo de Seguridades el único organismo de la ONU que importa, pues, a diferencia del resto, —que se limita a ofrecer “recomendaciones”—, el Consejo de Seguridad puede obligar a los países miembros a acatar sus decisiones (con la notable excepción de Israel). Con nuestra Constitución pasa algo parecido.

Las disposiciones que sustentan el actual modelo económico, político e institucional están contenidas en las llamadas “leyes orgánicas”. Reformarlas requiere tener el voto favorable de 70 de los 120 diputados y 22 de los 38 senadores. Sistema binominal mediante, quien se proponga hacer algo distinto a lo que haría Guzmán en el poder necesitaría la anuencia de estos 92 parlamentarios.

En la práctica —con ley de partidos políticos de Pinochet y sistema electoral binominal mediante— los parlamentarios son designados a dedo, —fifty-fifty Alianza/Concertación—, lo que hace casi imposible disponer de una mayoría parlamentaria simple, y sencillamente inimaginable el disponer de una mayoría calificada. Esta trampa hizo inevitable el cogobierno Alianza-Concertación, y nos legó un Parlamento ilegítimo e impotente, cuyo papel es mayormente decorativo.

El principal objetivo del sistema electoral binominal, —único en el mundo—, consiste en  darle poder de veto a los unos contra los otros y a ambos en contra del pueblo soberano, condenando al país a una crisis institucional permanente. Jaime Guzmán tomó tantos resguardos para conservar intacta la obra de Pinochet y la dictadura cívico-militar que, aún modificando el sistema binominal o alcanzando las mayorías calificadas para modificar estas “leyes orgánicas”, se termina chocando contra el Tribunal Constitucional, que es el enemigo mortal de lo que logra pasar los dos filtros anteriores. Por eso la propuesta de Ricardo Lagos para modificar el binominal es tan insuficiente.

¿Hay un órgano más antidemocrático que el Tribunal Constitucional? La soberanía concentrada en diez abogados que nadie ha elegido, pero que tienen más poder que cualquier representante de la ciudadanía. Los miembros del Tribunal Constitucional no son electos popularmente: tres son ministros de la Corte Suprema elegidos por ella misma; tres son designados por el Presidente de la República; dos son elegidos por los 2/3 de los miembros del Senado, y los dos últimos son propuestos por la Cámara de diputados y designados por el Senado. Todos sus miembros deben ser obligatoriamente juristas. Su principal tarea consiste en eternizar la constitución ilegítima.

El show que monta la Concertación cada vez que hay una elección es un mal chiste no sólo porque nunca logró ningún cambio significativo, sino porque, gracias al dry cleaning que le hizo a la derecha y los arreglines institucionales, RN y la UDI no necesitan disponer de una mayoría para ejercer un derecho a veto. En virtud de esa estafa se podría incluso maquillar el binominal, —como quieren hacerlo ahora—, sin eliminar ninguno de los tres candados institucionales de Jaime Guzmán dado que desde el 2001 la Alianza alcanza los 3/7 del Congreso que necesita para mantener su veto. Peor aún: cada nuevo maquillaje gatopardista, —como la firma de Lagos a la constitución de Pinochet el año 2005—, posterga aún más el retorno a una democracia digna de ese nombre. La única respuesta a los problemas de la democracia es más democracia. Sólo una constitución democrática, elaborada por una Asamblea Constituyente y aprobada por el pueblo soberano, puede restituirle a Chile su calidad de República, y al pueblo los derechos que le arrebataron con un golpe de Estado.

(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl

Los abusos de quienes detentan el poder político y económico en Chile van acompañados del deterioro de las condiciones de vida de la inmensa mayoría. Chile es un país bipolar: de un lado, un puñado de privilegiados figura en los rankings mundiales de las grandes fortunas, del otro, millones se endeudan gravemente para acceder a los servicios más elementales: vivienda, salud, educación, transporte, agua, energía. Peor aún, al culminar su vida laboral, chilenos y chilenas reciben una pensión indigente, tan miserable como fabuloso es el pillaje que operan las AFPs sobre los dineros de los cotizantes. La mejor prueba de lo que afirmo la dio el propio Piñera el 21 de mayo al anunciar un “bono solidario alimentario”. Esa limosna no tiene otra justificación que la verdad insoportable: con lo que ganan, ocho millones de chilenos no se alimentan adecuadamente. Para algunos la copia feliz del edén, para otros un infierno cotidiano.

En el curso del primer trimestre las AFPs aumentaron sus utilidades en un 48% respecto del mismo período de 2011, mientras que los fondos que administran -los nuestros-, rentaron un 3,72%. Las cuentas no cuadran.

Ahora, el Sistema de Impuestos Internos (SII) informa que le condonó una millonaria deuda impositiva a la multitienda Johnson’s de propiedad del grupo Calderón, familia cuya fortuna la sitúa en el décimo segundo puesto de los grupos económicos más ricos del país.

El mal llamado gasto fiscal —10 mil millones de dólares de exoneraciones de impuestos al riquerío inscritas en los presupuestos del Estado aprobados por el Parlamento—, ya no basta. Ahora hay que premiar a quienes ni siquiera cumplen con sus obligaciones tributarias. Y de paso, con este regalo impositivo, facilitarle a otra familia, los Paulmann, comprar la multitienda Johnson’s. Nada personal… sólo negocios. Bello precedente para los empresarios que le deben dinero al Estado.

La venta del 85% de Johnson’s se efectuó al precio de US$ 100 millones. Contando el 15% que conserva el grupo Calderón, se constata que los activos de Johnson’s eran más que suficientes para cancelar el total de las deudas contraídas con el Estado. ¿Por qué el SII no hizo lo mismo que hace con todos los ciudadanos morosos y no incautó sus activos? Si un ciudadano común y corriente no paga sus contribuciones, ¿no se remata su bien raíz? Pasa que Chile no es una república de ciudadanos, sino un almácigo de grandes empresarios. El SII los riega y los cuida. Las leyes y los deberes son para los débiles y vulnerables, mientras el Estado interviene en la economía sólo para favorecer a los poderosos. Si en Chile nunca se condonó más del 50% de las deudas impositivas de las personas, el perdonazo que favorece a Johnson’s cubre el 99% de su deuda. ¡Qué generosidad!

Mundos Opuestos: esa es la conclusión que sacan los estudiantes. Mientras el Estado arregla las deudas de la familia Calderón para facilitar sus negocios con la familia Paulmann, hay más de 106 mil familias endeudadas por el Crédito CORFO, algunas de las cuales están siendo embargadas y sus casas rematadas. Cientos de miles de jóvenes y sus familias están endeudados por haberse dado el lujo de estudiar. ¿Por qué no se aplica el mismo criterio que se utilizó con Johnson’s para condenarles sus deudas? El mandamás del SII justifica este escándalo aduciendo que no fue una condonación de deuda en sentido estricto, sino sólo de multas e intereses. Bien. Que de ahora en adelante le aplique el mismo criterio a todas las familias endeudadas con créditos financieros destinados a pagar la educación superior de sus hijos. Copia feliz del edén para todos, o para ninguno. Dura lex sed lex.

Lamentablemente en Chile predomina la ley del embudo.

Cuando Sebastián Piñera alcanzó la presidencia de Chile la prensa nacional e internacional vinculó su triunfo con un nuevo aire que recorría a la derecha en el mundo. Según decían, David Cameron, Nicolás Sarkozy, Felipe Calderón, Juan Manuel Santos y Sebastián Piñera, entre otros, representaban a una nueva versión mucho más liberal de la derecha, la ‘nueva derecha’, y le permitía a ese sector volver al dominio político luego de décadas de hegemonía socialdemócrata.

¿Recuerda Ud. el optimismo que marcó la gira que hizo Piñera en Europa a fines del 2010 para reunirse con Sarkozy, Merkel y Cameron? De seguro allá no olvidan su obsesión con el papelito de los mineros de la Mina San José.

Gracias a Ángela Merkel, Silvio Berlusconi, David Cameron y Nicolás Sarkozy, los mercados financieros mundiales y los grupos económicos tenían garantías de sobra de estar en una etapa muy favorable para sus intereses. ¡Se ahorrarían varios millones de euros y libras esterlinas en lobistas socialistas! Con ellos, al igual que el Chile de Piñera, estaban representados por sí mismos en los gobiernos.

Es curioso que la misma prensa que vinculaba a estos gobiernos como una tendencia de progresión de la ‘nueva derecha’ ahora no realice el mismo ejercicio con los avances de la izquierda, la de verdad, esa que rechaza el imperio de los mercados financieros.

¿Por qué ningún medio hace el balance político de la gestión de esos representantes de la ‘nueva derecha’? Es más, ya ni siquiera se habla de ‘nueva derecha’.

La crisis financiera europea, simple avatar local de una crisis planetaria, no termina de acabar. Sus  responsables están precisamente en esa derecha sin complejos, aquella que pretendió erigir el dogma de la ‘ciencia económica’ en panacea universal. No sabían, o no querían saber, que la ‘ciencia económica’ no existe. Que no hay sino la economía política. Y que alejando la política, es decir la participación ciudadana, de las decisiones que les incumben a todos, mataban a la democracia, le abrían las puertas a los facinerosos que fungen de banqueros, para terminar en la apoteosis del descalabro general.

Para seguir leyendo y escuchando sandeces a propósito del libre mercado hay que venir a Chile: en el resto del mundo los neoliberales adoptan el color del papel mural, intentan pasar desapercibidos, ya no dan lecciones sobre la pretendida eficiencia del sector privado.

Es verdad que haber quebrado el sistema financiero mundial cuando dominaban sin contrapeso, o más bien gracias a que dominaban sin contrapeso, no les incita a la soberbia. La crisis no sólo hundió a los mercados financieros, también acabó con el optimismo y la petulancia de la derecha. Ni la ‘nueva’ ni la vieja derecha sabe cómo salir del hoyo en el que pusieron al mundo, y en el que se encuentran muy a su pesar.

El ‘progresismo’ y la socialdemocracia que les imitaron como chimpancés amaestrados aplicando las medidas emanadas del Consenso de Washington, perdieron la brújula, la identidad, y hasta el modo de hablar. Ahora remedan el tonito des imbéciles heureux del FMI.

Tiene gracia: la cuna de lo que nos vendieron como democracia, Grecia, se convierte hoy en su cementerio. La ciudadanía no está dispuesta a seguir pagando las consecuencias de una crisis generada por un puñado de charlatanes y de rufianes.

Los pueblos de Europa saben que la austeridad se les aplica a ellos pero no a la banca, y nadie les va a convencer de que la deuda no es sino otro oscuro negociado. ¿Por qué seguir financiando a los causantes de la crisis?

Ante el hundimiento del proyecto neoliberal la izquierda emerge como alternativa para transformar profundamente las cosas. En Francia el Front de Gauche liderado por Jean-Luc Mélenchon aumentó en 3 millones y medio de votos la adhesión a la izquierda en serio. En Grecia, las elecciones parlamentarias vieron a  ΣYPIZA, el partido de izquierda griego, transformarse en el segundo partido más votado. Todo hace pensar que en las elecciones de junio se convertirán en la primera mayoría.

Junto a las masivas movilizaciones de los indignados, que marcaron el año 2011, nadie puede ocultar que un aire de cambios profundos recorre Europa. Las crecientes protestas y el renacer de la izquierda constituyen la respuesta a la irresponsable borrachera neoliberal. En Europa los cambios están empezando. El despertar político y social ha sido el primer paso. El fantasma se levanta, con ganas de cambiar el mundo. ¿Es que hay otra alternativa?

La transacción entre la derecha oficialista y la derecha concertacionista para la salida de Pinochet consistió  en que mientras la primera exigió impunidad política, social y judicial —y que se mantuviera intacta la obra de su dictadura—, la segunda solicitó y obtuvo ser parte de la distribución del botín generado por el modelo económico y de la distribución de cupos del sistema político. Cada uno cumplió con su parte.

Durante la —eterna— post dictadura, cada vez que este pacto ha sido cuestionado, la derecha oficialista y la derecha concertacionista han evacuado cualquier posibilidad de cambio coludiéndose al mejor estilo de las farmacias, isapres y fabricantes de pollos plásticos. ¿Recuerda Ud. el acuerdo educacional que Bachelet anunció tomada de las manos de los dirigentes de las cúpulas partidarias? Para no mencionar el supuesto Royalty a las empresas mineras que les ahorró 4 mil millones de dólares.

El debate económico debería centrarse hoy en el modelo de desarrollo por el que Chile debiese optar. El neoliberalismo fracasó en Chile y en el mundo. Eso es inobjetable. Cualquier modificación al sistema tributario es estéril en el marco del injusto modelo económico actual. Por otra parte, pretender reformar el sistema binominal sin transformar todo el sistema político equivale a intentar sanar un cáncer con ventosas. Dicen que quieren rejuvenecer el padrón e incorporar más electores en las elecciones, pero en ningún caso restituir las libertades secuestradas hace cuarenta años: mantienen la Ley de Partidos Políticos de Pinochet y Guzmán cuyo objetivo principal consiste en alejar a los ciudadanos de la política, impedir el nacimiento de nuevos partidos, en definitiva; evitar los candidatos no autorizados. Como si fuera poco, la guinda en la torta: aprueban una ley anti “díscolos”.

Luego, dicen que quieren que los jóvenes se inscriban para votar, pero por ningún motivo que sean candidatos: nadie sugiere siquiera eliminar las barreras y obstáculos para postular a senador o presidente, entre ellos el ser mayor de 35 años. Ninguno de los dirigentes estudiantiles que cuentan con el respaldo de más de 80% del país puede hoy ser candidato.

La DC y RN desempolvan las reformas políticas propuestas por Edgardo Boeninger: como su diagnóstico es que el sistema electoral binominal no favorece la moderación, proponen un sistema electoral más moderado (!)…

Pablo Ruiz Tagle dice que la actual Constitución es la Carta Magna más modificada en la historia de Chile y que mientras más cambios se le han hecho más se ha cristalizado su esencia: la llama la Constitución Gatopardo. ¿Acaso esto no es más de lo mismo?

Recientemente Andrés Chadwick, ministro vocero de gobierno, señaló que la Concertación no hizo nada para reformar el binominal en veinte años. Justo. La respuesta concertacionista es una lamentable justificación de su falta de voluntad: culpa a la derecha oficialista, con la que ha transado todo, de bloquear en el Parlamento sus intentos por realizar transformaciones profundas.

La verdad objetiva es muy diferente a su cómoda excusa. Como bien documenta Felipe Portales, la Concertación tuvo dos veces los quórums necesarios para efectuar modificaciones a la institucionalidad de Pinochet: tanto en el gobierno de Lagos (de agosto 2000 a marzo 2002, por los desafueros combinados de Pinochet y Francisco Javier Errázuriz) como en el de Bachelet (desde el comienzo y durante más de dos años, dada la mayoría de 20-18 que logró en el Senado) tuvieron el quórum parlamentario suficiente realizar cambios sustantivos.

¿La deslealtad de la Concertación hacia su pueblo y su programa exime a la derecha oficialista? Por supuesto que no. No hay que pedirle peras al olmo… ¿O de verdad alguien piensa que los mismos que hicieron la actual ley van a hacer ahora una distinta? Todo cambio que provenga de ellos es para mantener todo tal cual está.

Si a principios de los años 90 la Alianza fue la principal fuerza política subsidiada por el binominal, desde las elecciones parlamentarias del 2009 la Concertación es quién más se ha beneficiado con este sistema.

¿Qué tienen en común Fulvio Rossi y Jaime Guzmán? Que ambos pudieron ser senadores de la república gracias al binominal.

Jaime Guzmán sacó la tercera votación en las elecciones senatoriales de 1989 en la Circunscripción 7° de Santiago Poniente, alcanzando el 17,19% de los votos. La primera mayoría la obtuvo Andrés Zaldívar con el 31,27%, mientras Ricardo Lagos obtuvo el 30,62%. Lagos casi dobla a Guzmán, pero gracias a la ley que el mismo había creado, Guzmán se quedó con el escaño senatorial.

Veinte años después, en las elecciones senatoriales del 2009 de la Circunscripción 1° de Tarapacá y Arica, la primera mayoría la alcanzó el UDI Jaime Orpis con un 33,49%. El Independiente Salvador Urrutia obtuvo la segunda mayoría con el 27,96%. Fulvio Rossi llegó tercero con el 27,10%. Sin embargo, hoy Rossi es senador gracias al sistema binominal.

Las dos derechas están sobre representadas, ¿O alguien cree de verdad que cada una representa a la mitad del país?

¿Qué tienen en común Fulvio Rossi, Jaime Guzmán, la derecha oficialista y la derecha concertacionista?

Que todos se benefician del statu quo y ninguno quiere cambiar la institucionalidad.

Si mi frágil memoria no me engaña, corría enero del año 2001 cuando Ricardo Lagos decía “(…) no quiero vivir en un país donde los pobres pagan más y los más ricos pagan menos.

Para no hablar de la evasión fiscal que en esa época preocupaba a Ricardo Lagos: “En Chile, hay un 25% de los impuestos que no se paga (…). No señor, cuatro mil millones de dólares. Cinco veces el presupuesto de Obras Públicas es lo que no se paga en impuestos, pero las cosas no se dicen con claridad”.

Tenía razón Ricardo Lagos: en Chile las cosas no se dicen con claridad. Retoques por aquí, retoques por allá, el sistema impositivo que actualmente tenemos, 10 años después y con dos gobiernos “socialistas” de por medio, es peor al que denunciaba Ricardo Lagos. Uno de los gobiernos “socialistas” fue el suyo.

Pero no es momento de llorar sobre la leche derramada. La subordinación de la Concertación al modelo de la dictadura ya no puede ser más evidente y no tiene sentido seguir hablando de una coalición que se parece cada vez más a un personaje de la serie The Walking Dead.

Desde el término de la dictadura el sistema político ha utilizado la fantasmal reforma tributaria para dilatar todos los debates importantes. Concluyendo siempre en que, por alguna razón, no es el momento para hacer cambios. Si hay crecimiento se arguye que una reforma tributaria podría dañarlo. Si la economía está estancada se pretexta que podría desincentivar las inversiones. Con un Código Laboral que protege al empresario, y una estructura impositiva desequilibrada que beneficia al gran capital y castiga a las empresas pequeñas y medianas, Chile se asemeja a un paraíso fiscal.

El movimiento social por la educación le está dando grandes oportunidades al país. Por primera vez en treinta años Chile debate de las consecuencias de un modelo económico impuesto a sangre y fuego, que nos ha convertido en el país con más desigualdad de la OCDE y uno de los más desiguales del mundo.

La estructura política no estuvo a la altura de las reformas a la Educación que el país exige, y todo hace pensar que ocurrirá lo mismo con el sistema impositivo. Las excusas que levanta para negar toda reforma sustancial y mantener la viciada institucionalidad actual, constituyen una respuesta clara.

No hay nada más sano para un país que discutir acerca de sí mismo: de cómo se ve, de cómo quiere ser. El Movimiento Estudiantil logró poner en el tapete de la discusión muchos temas fundamentales hasta ahora ignorados por quienes han ejercido el poder. Entre ellos la necesaria Reforma Tributaria. Pero eso no quiere decir que dicha Reforma deba limitarse a la cuestión del financiamiento de la Educación. De lo que se trata es de alcanzar y de respetar un principio básico de justicia tributaria que haga que quienes ganan más paguen más, y que quienes ganan menos paguen menos, o simplemente no paguen. Tampoco se trata de inventar tributos por inventarlos, o para destinarlos a objetivos predeterminados. La experiencia con los gastos reservados para las FF.AA. basta para entender que nada ni nadie puede estar por encima de la Soberanía del pueblo. Esa Soberanía debe manifestarse también en el ejercicio presupuestario de la Nación.

El Estado de Chile necesita más recursos para la Educación, y también para la Salud, el Transporte Público, la Previsión, la Justicia, los municipios, y muchas otras necesidades que el mercado no ha resuelto, ni tiene ninguna posibilidad de resolver. Para obtenerlos el camino es sencillo: tenemos que terminar con el saqueo de nuestras riquezas básicas, ponerle término a la evasión fiscal de las grandes empresas, y hacer imperar el principio básico de la justicia tributaria. Ese principio definido por Adam Smith, fundador de la economía capitalista, dice que: “(…) el gasto del gobierno es, de cara a los individuos de una gran nación, como lo son los gastos de administración de los copropietarios de un gran condominio que están obligados a contribuir todos esos gastos en proporción al interés que respectivamente tienen en él”. Dicho claramente, quienes reciben más, deben pagar más.

Adam Smith no era precisamente un benefactor de la humanidad. Si sostenía que los ricos deben pagar más impuestos que los pobres, tenía razones sólidas: “El gobierno civil, -escribió-, en cuanto tiene por objeto la seguridad de la propiedad, es instituido en realidad para defender a los ricos contra los pobres, o bien, aquellos que tienen alguna propiedad contra aquellos que no tienen ninguna”. De ahí que: “Los ricos, en particular, están necesariamente interesados en sostener el único orden de cosas que puede asegurarles la posesión de sus ventajas”.

Si el Estado debe asegurar servicios como la Educación, la Salud, los Transportes Públicos, la Previsión y otros, es sencillamente “porque el descontento social y las consecuencias que puede traer no vendrán de un pueblo satisfecho” (J.K. Galbraith). En la medida en que la satisfacción es universal, las naciones logran alcanzar la tranquilidad social y política.

¿Se necesitan más argumentos para acabar con este sistema impositivo regresivo, que carga a los más pobres y privilegia a los ricos, para sustituirlo por un sistema más justo?

Para castrar al Estado arguyeron que este debe reducirse al mínimo, ser neutral y no interferir arbitrariamente en la economía. Las franquicias del no pago del IVA en el transporte aéreo en vuelos domésticos, ¿no es acaso una interferencia arbitraria? Quienes más se benefician con esto son las grandes mineras y sólo en esa partida el Estado pierde anualmente cerca de US$ 400 millones de recaudación. Que las instituciones privadas de salud y educación no paguen IVA, ¿no es arbitrario? ¿No interfiere en la economía? Todos estos “incentivos” creados en momentos históricos específicos, han sido perennizados en el sistema impositivo chileno.

Chile no aguanta más parches. Ni la democracia, ni el sistema educativo, ni la estructura impositiva ni el debilitado Estado incapaz de fiscalizar ni regular nada aguantan más parches.

Dicho esto ¿Qué significa que Piñera diga que presentará una propuesta de reforma tributaria? Nada. No significa nada. Vea Ud. lo que decía Ricardo Lagos en enero del año 2001:“El 20% más rico de los chilenos paga un 14% de sus ingresos en impuestos. El 20% más pobre, el que tiene muy poco, no paga un 14% de sus ingresos como el más rico. Paga más. (…) ¿Y saben por qué? Porque en ese 20% más pobre todos los ingresos van para comprar lo esencial: el pan, la leche, los bienes. Y por cada uno de ellos paga un 18% de impuesto de IVA”.

Ricardo Lagos tuvo la memoria corta: como presidente aumentó el IVA, aumento “transitorio” que sigue allí,  después de Bachelet y con Piñera.

Nosotros sí queremos una profunda Reforma Tributaria: una que restablezca el principio básico de la justicia impositiva que hasta Adam Smith fue capaz de comprender.

El movimiento estudiantil supuso la explicitación de un conjunto de divergencias entre los distintos sectores sociales y políticos, a tal punto, que hubo quienes tuvieron que disentir con su propio pasado. Aún cuando el conflicto educacional ha sido la expresión más visible de un sistema completo que ha fracasado, ni siquiera los consensos de fondo en educación se han alcanzado, si acaso son logrables.

El debate sustantivo –en la educación y sobre el sistema en su conjunto- tomará todavía un poco de tiempo, otro poco de filosofía y otro poco de empiria. Pero no obstante todo lo abierto que pueda estar el horizonte en la educación, hay algo en lo que sí hay consenso hoy en día: nadie duda que el actual sistema ha sido injusto, nadie duda -incluso los que defienden el crédito como herramienta de financiamiento de la educación- que los métodos de endeudamiento fueron lesivos para los estudiantes y sus familias, que la desigualdad educativa ha sido una catástrofe generando un determinismo social y una encastización reproducida desde el propio sistema educativo. Nadie duda, en definitiva, que hoy existen millones de chilenos que han sido perjudicados por el sistema educativo y financiero a la vez.

En este sentido, las herramientas y modos creados en los últimos años para resolver los problemas de la educación, han terminado siendo peores que la enfermedad. El mejor ejemplo ha sido el Crédito con Aval del Estado, en el que el año 2009 el Estado gastó más dinero avalando dicho crédito que si hubiese becado a todos los alumnos beneficiados con él. Ese es el nivel de absurdo, de irracionalidad, de mal diseño, en el que nos embarcaron como país.

El consenso es claro: esos errores no sólo son vergonzosos, sino que además no queda espacio para repetirlos.

Detrás de este diagnóstico laten las soluciones y las voluntades de transitar por un camino que implique una mínima orientación a la reparación del daño cometido. El gobierno lo sabe. Es por eso que definió un 2% como el interés tope al que puede estar afecto un crédito educacional, es por eso que instaló sobre la mesa US$ 4 mil millones a la busca del tiempo perdido.

Pues bien, es tiempo de recuperar el tiempo. Es momento de hacer carne la reparación de los errores cometidos. Todos los chilenos que han pagado hasta ahora más de esa tasa de interés deben recibir de parte del Estado un cheque que les devuelva ese sobreprecio cancelado. No sólo sería el mejor aguinaldo de septiembre, sino que sería el más justo y merecido.

Todos los chilenos que enfocados en la ensoñación celestial de la educación y sus fantasías de un mundo nuevo y que fueron empujados al infierno de la desregulación, deben recibir su compensación.

La subvención escolar, también ella, debe ser modificada de inmediato. Una voluntad de reparación significa decir que se está dispuesto a poner el doble de lo actual.

Finalmente, mostrar una orientación a la compensación involucra introducirse en la educación misma. Es indispensable intervenir el ciclo educativo con actividades propedéuticas en dos o tres momentos posteriores al 7° básico, momento donde las desigualdades comienzan a ser infames. El diseño de esta forma de intervención puede variar, pero debe garantizar cubrir diagnósticos locales y capacidad de reacción sobre ellos.

La reparación es el primer gran consenso al que podemos aferrarnos. La gran discusión conceptual se ha abierto y enhorabuena es así. Pero eso no puede implicar la postergación de la mínima justicia. Es esa la convicción que permitirá vincular el criterio de responsabilidad y una ética pública saludable.

* Esta columna fue escrita en conjunto con el sociólogo y académico de la Universidad de Chile, Alberto Mayol.

Si hubo quienes se contentaban con una manito de gato (arancel diferenciado y TNE válida los 365 días del año), el desarrollo del movimiento impuso naturalmente las reivindicaciones de fondo: educación pública, laica y gratuita, y un cambio constitucional indispensable para resolver los problemas que atraviesan la sociedad chilena.

Magallanes, la huelga de hambre Mapuche, Punta de Choros, HidroAysén, las estafas financieras, el espionaje telefónico y los infiltrados de la policía, y ahora la movilización estudiantil, han puesto en evidencia la delicuescencia institucional: el obstáculo común a la convivencia democrática y al ejercicio de los derechos ciudadanos es la actual Constitución.

Esta Constitución, en palabras de uno de sus gestores, persigue un solo objetivo: mantener incólume la obra de la dictadura, sean quienes sean los que estén en el gobierno.

Lamentablemente para la clase política binominal y los grupos económicos, ese proyecto se agotó y hoy sufre su crisis terminal.

El dique que representan esta pseudo democracia y este modelo económico injusto no dan para más. Chile necesita una Constitución democrática que le devuelva su calidad de República. Una elaborada y aprobada por la inmensa mayoría de sus ciudadanos, que sea el fiel reflejo de la voluntad y del interés general. No sólo de un pequeño grupo de privilegiados. Una Constitución moderna, que proteja a los trabajadores, el medioambiente, nuestras riquezas básicas, que reconozca los derechos de los pueblos originarios, que abra perspectivas a los cientos de miles de pequeñas y medianas empresas. ¿Es tan difícil de entender?

La clase política binominal está desesperada. El gobierno y la Concertación apuestan por llevar el debate educacional al Congreso para congelarlo, como hicieron en el 2006. Pero esos artilugios se agotaron. Contra un movimiento maduro e informado, ya no sirven.

Las marchas y los cacerolazos son cada vez más masivos. Los intentos de los medios de comunicación por demonizarlos y criminalizarlos no resultan. Al aflorar por fin la democracia van a surgir nuevos actores políticos. Y ciertamente también serán otros los medios de comunicación relevantes en el país, libres del dominio esterilizador que ejerce el poder del dinero.

Por todo esto, en torno a la Red Ciudadana Por Más Democracia y Mejor Educación, queremos congregar el 3 de septiembre a 500 mil personas en el Parque O´Higgins.

La convocatoria es simple: están invitados quienes piensan que necesitamos una Nueva Constitución y una Mejor Educación para Chile.

El jueves 18 de agosto habrá una nueva marcha nacional por la educación. El 3 de septiembre reuniremos medio millón de personas en el Parque O´Higgins por una Nueva Constitución y una Mejor Educación.

El 4 de Septiembre conmemoraremos el funeral del Presidente Salvador Allende. El 11 de septiembre repudiaremos, como cada año, el golpe militar infame. Este es el mes que nos espera.

Entonces, ¿desgastado quién? ¿quiénes?

Nos vemos en el Parque O´Higgins…

En cualquier democracia digna de ese nombre, el único que tiene legitimidad para dirimir un problema país de esta magnitud es el pueblo soberano. Si la Alianza y la Concertación están tan seguros de lo bien que funciona este sistema y de sus buenos resultados, ¿por qué temen someterlo al juicio de la ciudadanía?

El mayor avance del movimiento estudiantil es que tiene la película clara como nunca antes. Los estudiantes  saben que el sistema de educación superior está en crisis; saben que los datos de cobertura no dan cuenta de la realidad; saben que la educación que reciben es de muy baja calidad; saben que el costo por estudiar se carga a las familias; saben que por estudiar cinco años se endeudan al menos por veinte; y saben que sus profesores no investigan (o muy poco) y que no se desarrolla conocimiento especializado. En definitiva, saben que bajo el actual sistema las universidades estatales tienen como único objetivo sobrevivir, especialmente las de regiones, y que las universidades privadas sólo persiguen acrecentar sus utilidades.

Alianza y Concertación repiten que este modelo amplió la cobertura, pasando de  un 7,2% en 1981 a un 37,5% en el 2005. Sin embargo, estudios realizados por el INJUV y el MINEDUC concluyen en que de cada 100 jóvenes que entran al sistema, 40 desertan y otros 30 reciben un título que después no ejercen. ¿Qué entienden por cobertura? Lo único que ha avanzado es la masa de endeudados que posterga su ingreso al mundo del trabajo. En países con educación superior gratuita como Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, la cobertura es de un 70%.

También sostienen que el mercado auto-regulado asegura la calidad, pues la competencia lleva a las Universidades a otorgar un mejor “servicio”. Pero gracias a los datos que ellos mismos validan, en los tres rankings mundiales que utiliza el CONICYT para dar las Becas Chile, (es decir los rankings que el Estado de Chile reconoce como válidos para garantizar estándares de calidad), los puestos que ocupan las Universidades chilenas son vergonzosos.

Aun cuando reciben menos recursos del Estado que las universidades privadas, las dos mejores universidades chilenas según el Ranking de Shanghái 2010 son la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica. Ambas ocupan el puesto nº 401 en las primeras quinientas del mundo. Por su parte, “The Times World University Ranking” ubica a la Pontifica Universidad Católica como la primera universidad chilena y nº 331 en su clasificación mundial. La segunda es la Universidad de Chile con el lugar 367. Ninguna otra universidad chilena está entre las primeras quinientas. Ninguna universidad privada entra en el ranking. Ninguna.

Otro argumento que utilizan la Alianza y la Concertación para defender el actual sistema es que la educación es una inversión individual, o familiar, y debe ser pagada esencialmente por las familias. En efecto, en Chile el 79,2% de las carreras universitarias es financiado por las familias, mientras que en EEUU es sólo el 34%, en España apenas el 17% y en Francia el 8%. Es importante señalar que en otros países latinoamericanos como Brasil, Argentina y Venezuela las universidades públicas son gratuitas. Lo mismo sucede en ocho de los 31 países de la OCDE. En Alemania, en seis Estados no se paga, mientras que en los países nórdicos la educación superior no tiene costo para sus ciudadanos. En Chile, -previo al Golpe de Estado de 1973-, el Estado financiaba el 80% de los presupuestos de las Universidades Públicas.

¿La educación es una inversión individual o es una inversión nacional? Hay quienes pensamos que la educación es un bien social que le sirve al desarrollo del país en su conjunto.

Chile destina un 2,2% de su PIB a educación superior, del cual sólo un 26% responde a dineros fiscales y el resto al aporte de las familias y otras fuentes privadas. De esos dineros fiscales, sólo el 34,6% se transfiere directamente a instituciones públicas, mientras que el 65,4% restante se distribuye de forma directa o indirecta a instituciones privadas.

Si consideramos el gasto por estudiante, Chile es el país que menos invierte en Latinoamérica, menos de la mitad del gasto por estudiante que hace Bolivia, su vecino más pobre, y menos de la mitad del gasto que hacen  los países de la OCDE y de la Unión Europea.

Finalmente, la comunidad universitaria ha constatado correctamente que no existe coherencia entre las necesidades estratégicas de desarrollo del país y la oferta educativa que genera el mercado. Hay sobreoferta de profesionales y hay déficit de técnicos. Salvo contadas excepciones, no hay desarrollo del conocimiento especializado y la calidad de los estudios de posgrado es deficiente.

Las universidades deben colocarse al servicio no solo de las necesidades del sector productivo, sino también, de las necesidades de cada ciudadano, de las comunidades locales, del país. Requerimos universidades pensantes del país. El país no soporta universidades transformadas en productoras de títulos profesionales inadecuados a las reales necesidades del desarrollo. El concepto de “libertad de enseñanza” sólo ha servido para disfrazar la libertad de empresa educativa.

Disentimos profundamente. Se necesita un árbitro. ¿Quién más que el Pueblo de Chile tiene la legitimidad para decidir qué educación quiere?

La educación nos compete a todos. ¿Por qué una decisión tan importante la tienen que tomar unos pocos?

El plebiscito es la única salida al actual problema. Que el pueblo decida. Vox populi, vox Dei.