Luego del conflicto entre el Gobierno y la Corte Suprema, por la sentencia sobre la Termoeléctrica Castilla, la Superintendencia de Medio Ambiente, terminó con el desmantelamiento de todos sus altos cargos directivos, por decisión de la ministra María Ignacia Benítez.

La instalación del Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, se hizo con un procedimiento de “aprender en proceso”, que dejó en evidencia niveles de discrecionalidad reglamentaria, que parecen discutibles si se desea contar con un órgano de alta credibilidad y confianza ciudadana.

Ello no parecería tan ominoso si no existieran actuaciones y declaraciones previas de su Presidente, José Ignacio Vásquez, que generan aprensiones en el mundo profesional vinculado a los temas ambientales sobre los criterios que orientan la acción. En particular aquellas originadas en la controversia judicial por la marca “Pink Lady” de la empresa transnacional Apple and Pear Australia Limited (APAL), y cuya inscripción fuera negada por el Tribunal de Propiedad Industrial hace un tiempo.

Antes de su nombramiento en el tribunal ambiental, Vásquez se desempeñó como Jefe de Estudios de la Corte Suprema de Justicia. El año 2011, Francisco Fernández, ministro del Tribunal Constitucional se percató que una causa que se alegaba ante el TC tenía como argumento principal un Informe en Derecho hecho por el Jefe de Estudios de la Corte Suprema, en circunstancias que esa misma Corte debía resolver posteriormente el fondo del problema.

En su opinión, eso constituía una lesión de los estándares de transparencia y probidad en materia de judicatura, pues podría interpretarse que el implicado estaba usando su cargo en la Corte —y la información privilegiada a la cual tenía acceso— para obtener contratos de clientes privados a los que proporcionaba informes en derecho. Por ello solicitó que el tema fuera puesto en conocimiento de la Corte Suprema.

En el Tribunal Constitucional el resto de los ministros miró al techo, y por insistencia de Fernández, el reclamo se fue como un acto individual suyo.

En la Suprema ocurrió algo similar, pese a que dos ministros —Pedro Pierry y Sonia Araneda— estuvieron por limitar las actuaciones del Jefe de Estudios. El Pleno de la Corte por unanimidad respondió que “Se tomó conocimiento de la información contenida en el documento de fojas 1” y punto. No fundamentó su resolución, no se explayó sobre el tema, y tampoco adoptó otra medida, al parecer porque el cargo de Jefe de Estudios no tiene impedimento legal de hacer informes en derecho para clientes privados. Independientemente si ellos son utilizados o no en causas sometidas jurisdiccionalmente al conocimiento de la Corte Suprema.

José Ignacio Vásquez sostuvo que no hubo ilícito en lo actuado por él, que se le solicitó su opinión “…en mi carácter de académico, sobre un tema de derecho y no en mi calidad de director de estudios”, añadiendo que no le pagó la empresa sino “la abogada que me contrató”.

Pero no todo quedó ahí. La empresa Apeal trató de inhabilitar a Fernández en el TC a raíz de su reclamo, lo que no prosperó; y Vásquez declaró a un medio escrito que lo actuado por el ministro del Tribunal Constitucional se debía a un vínculo de amistad con una persona del Tribunal de Propiedad Intelectual.

Esta última insinuación de conflicto de interés hecha por José Ignacio Vásquez molestó tanto como el hecho objetivo de su informe en derecho para un litigante ante el tribunal para el cual trabajaba. Pues en sus declaraciones omitió el hecho de que en la sala del Tribunal Constitucional donde se ventiló la causa, estaba integrada por su concuñado Enrique Navarro Beltrán, quien también fue su antecesor en la Jefatura de Estudios de la Corte Suprema. Eso, para hablar con claridad sobre conflictos de interés o inhabilidades.

La actitud del Tribunal Constitucional con el reclamo del ministro Fernández, lo resuelto por la Corte Suprema sobre él, o lo actuado por el propio José Ignacio Vásquez, está absolutamente fuera de los estándares éticos y de transparencia que se exige de cualquier tribunal, especialmente en aquellos de esa jerarquía. Todas esas conductas no hablan bien de una aplicación rigurosa de los controles y criterios sobre probidad y transparencia.

Si los mismos criterios se hubieren repetido en los procesos de selección de los funcionarios del nuevo tribunal ambiental, ameritaría que un control externo, tal vez la propia Contraloría General de la República certifique la transparencia del proceso, evitando que el tribunal tenga la sospecha de una mácula de ilegitimidad en su nacimiento.

Lo que ocurre en la sociedad es que ella aparece dominada por una realidad simplificada. Si alguien dice abuso, todo el mundo lo asocia al comportamiento empresarial de los bancos, las Isapre, las grandes tiendas de retail o la colusión de las farmacias, por nombrar algunos casos. Si dice lucro se asocia inmediatamente a educación y al caso de la Universidad del Mar.

No se requiere ya hablar de la crisis del modelo ni filosofar sobre el significado de los mercados. La sociología de los excesos de los mercados desregulados o simplemente salvajes  de Chile, han producido un convencimiento crudo y duro, que opera como subtexto de todas las protestas ciudadanas: vivimos en el paraíso de los abusos.

En esta simplicidad, conceptos como fin al lucro y gratuidad en educación, nueva Constitución, AFP estatal, Fonasa de calidad para todos, justicia ambiental, libertades públicas, poder regional y reforma tributaria, son los capítulos obligatorios del programa de cualquier candidato. Ellos nuclean el sentido común de la calle y trazan la línea divisoria por donde pasa la definición de los candidatos.

Esa línea divisoria además de política es generacional. Fija un antes y un después del país, y expresa una ruptura en la comunicación y en la forma de entenderse, entre la vieja política y los nuevos ciudadanos, en un proceso que está totalmente líquido. Si la definición es si se está o no en contra del lucro, a favor de la gratuidad, por una AFP estatal, o una nueva Constitución, la respuesta esperada es un Sí o un No, y punto. Las necesarias explicaciones vienen después, una vez que se haya elegido el campo.

Tal situación lleva a pensar que por primera vez en muchos años esta elección será un plebiscito sobre la transparencia. Porque lo que en el fondo se ha puesto sobre la mesa es si se desea una sociedad de derechos, que implica el cambio constitucional o, por el contrario, seguir con el Estado subsidiario, aunque mejorado en determinados aspectos.

Y esa tensión proviene de una crítica cultural profunda de la sociedad actual, marcando una impronta generacional sobre ética, compromiso y responsabilidad en materia de política y gobierno.

Por ello los mensajes de la calle son persistentes y simplificados. Aunque se enuncian de manera fácil, son densos, icónicos y simbólicos al mismo tiempo, y en conjunto se conjugan como una contracultura del actual modelo de relaciones entre gobernantes y gobernados.

Ello pone una difícil tarea a los que aspiran a la representación política. Para alcanzar el grado de acrisolamiento, esos sentidos comunes simplificados tienen un fundamento producto de experiencia viva. Peor aún si entre esos sentidos simplificados está la convicción de la molicie y el desprestigio de los partidos, de la indiferencia de los gobiernos, de la impunidad de los ricos, y de la corrupción de la administración.

De ahí que no serán solo los buenos argumentos o los mejores programas de gobierno los que contribuirán al porcentaje electoral que haga la diferencia entre aceptación y rechazo entre los presidenciables. Existe hoy, y se percibe de manera nítida, una fuerte demanda de coherencia, credibilidad y confianza hacia los candidatos. Tanto así, que llega a complicar incluso a la candidatura más popular, la de la ex Presidenta Michelle Bachelet. Las pocas veces que se la ha visto incómoda ha sido en el momento de las definiciones esenciales que demanda la calle y su responsabilidad en la administración del “modelo”.

Esto, que le rompe el mate a los candidatos y sus asesores, podría perfectamente terminar en un gran remate programático, en la vieja lógica de Edgardo Boeninger: los programas son solo para ganar elecciones y la lógica de un gobierno es la sordera selectiva.

Los partidos políticos y el gobierno se mantienen lejos de esta sensibilidad, lejos de la agenda social de la educación. La opinión de dos connotados personeros de la Concertación expresa el acuerdo de nuestra elite de hacer política sin sociedad.

Ricardo Lagos declaró este fin de semana al diario El País que “da la impresión de que la ciudadanía quisiera tomar las credenciales que le otorgó a sus representantes políticos y ejercerlas directamente, y eso que es bueno porque demuestra que la ciudadanía se siente más empoderada, puede llegar a ser tremendamente antidemocrático”. Enrique Correa, lobbista y operador político de la Concertación, sostuvo que “la política regresó en plenitud. El 2011 dio la impresión que los movimientos sociales habían dejado a la política de rodillas. Eso es una ilusión. Los llamados a que se vayan todos conducen al autoritarismo”.

Para ambos, el malestar democrático de la sociedad encierra un peligro antidemocrático y autoritario que requiere, como dice Correa, “una política bien llevada… (que) … explica las esperanzas en la vuelta de la Presidenta Bachelet”.

Tales declaraciones expresan de manera cruda el juego instrumental de la política nacional frente a la opinión de la ciudadanía, y la pérdida de sentido de lo público.

El gobierno se enfrascó en el empate ético con la Concertación haciendo la defensa de Beyer como “el ministro que más ha hecho contra el lucro”, y sus partidos se aprestan para citar a declarar al Congreso a numerosos políticos de la Concertación.

Este instrumentalismo de la política frente al tema que seguramente será eje de la campaña presidencial, indicaría lo que un connotado intelectual de izquierda (Norbert Lechner) llamó en los años 90 “el descentramiento de la política”. Es decir, ella no se inserta ni resuelve lo sustantivo de la sociedad. Sus juegos resultan irrelevantes, ya que el poder y la solución de los problemas están en otra parte.

De este juicio no escapa Michelle Bachelet. A poco de su llegada a Chile, lo que más parece preocupar a su núcleo es que el tema enreda su cronograma de silencios y calienta el escenario con un problema donde no puede omitirse.

Prácticamente nadie quiere hacerse cargo del tema de fondo: la crisis de legitimidad, además de calidad, del sistema educativo chileno, inducido por el mercado salvaje de la educación desde su municipalización y la introducción simulada del lucro en la educación superior. No es como se sostiene, un problema de la educación pública solucionable con más plata, sino que se trata de lo público de la educación, como un valor republicano que orienta sus instituciones.

Que la derecha defienda el mercado lo menos regulado posible y la permanencia del lucro, parece natural. Mal que mal, es lo que ha sostenido desde siempre. Lo que resulta poco claro son los oblicuos argumentos de la Concertación.

Sin ir al fondo, sus partidos se han divido fuertemente, y los ex ministros de Educación Mariana Aylwin y Sergio Bitar han apoyado a Beyer o criticado el camino tomado por sus parlamentarios. Otros ex ministros como Andrés Velasco, José de Gregorio y José Joaquín Brunner han sido explícitos en defenderlo, lo mismo que a su manera hizo el presidente del PPD, Jaime Quintana, lo que le valió fuertes críticas de Osvaldo Andrade, Presidente del PS, y por cierto de todo su partido.

Pero en todas estas circunstancias ronda la omisión de la sociedad. Lo más probable es que para la gente Beyer ni siquiera represente al gobierno que lo nombró. Simplemente es el símbolo de quienes no desean terminar con el lucro, hipertexto de la acusación que posiblemente no fue tenido en cuenta en su momento, pero que está instalado en el sentido común de la calle.

Es posible que la acusación constitucional, cuya crítica tan transversalmente hace la política, fracase. No existe voluntad política alguna de enfrentar y juzgar el tema sino, por el contrario, si se lee bien la coyuntura, los llamados de la política son a omitir el sentido común ciudadano. “La educación chilena goza de buena salud”, señaló José Joaquín Brunner en la prensa del fin de semana. Las clases se desarrollan normalmente, “hay más becas, créditos subsidiados y oportunidades que antes”. Nada hace presagiar una crisis”. El ministro “necesita revisar y ordenar su agenda (…) y abocarse a unas pocas prioridades”.

El colofón es que la sociedad no existe, y si existe, se puede controlar con la buena política, como sostiene Enrique Correa. Representarla se torna peligroso o antidemocrático.

La crisis de la educación fuertemente activada el año 2011 se ha transformado en la vida de los otros, de los que no tienen poder, de generaciones de estudiantes fracasados que deben defender sus títulos en la calle o los tribunales. En cualquier sistema político no darle repuesta o convivir con ello es una mala señal. Incluidos aquellos sistemas de elites satisfechas, que se ven monolíticos y estables en su superficie, pues la política que se vuelve una ficción lejos de la gente generalmente termina mal.

La esperanza puesta en Michelle Bachelet debiera hacer esta consideración. El movimiento social por la Educación empezó el 2006, y ella recibió y debió dar respuesta a un petitorio de estudiantes secundarios de cuatro puntos: fin de la LOCE, fin de la Jornada Escolar Completa, Tarjeta Universal y Gratuita en Transportes y… fin del lucro. Prácticamente es la misma generación, con otros dirigentes, la que vuelve a hacer la pregunta: ¿y el lucro cuándo?

Un caudillo es un líder que pesa más que los partidos que lo apoyan, los somete a su plena voluntad con promesas de premios y castigos, tiene poder sobre la comunidad política a la que manda con una autoridad no cuestionada, sustentando ese poder en un relato sobre su persona y en el reconocimiento que las multitudes (electorales o políticas) depositan en él. Para el pueblo, en la versión neocaudillista latinoamericana, ese líder es la expresión de los intereses comunes y expresa la capacidad para resolver sus problemas. Incluso forzando las instituciones.

Pocas veces se piensa que el caudillo puede ser parte de los problemas que se trata de solucionar. Es normal que surjan en momentos de crisis de confianza en la política y que lleguen con rasgos disruptivos o revolucionarios respecto del orden imperante.

La aparición de Michelle Bachelet en la liga presidencial fue por fuera del círculo oficial del laguismo, aunque era ministra de Defensa. Desarmó el mito mexicano del “tapado de La Moneda” (José Miguel Insulza) y luego de una mítica cena en la casa del senador Jaime Gazmuri, en la que notificó a los barones socialistas que competiría por la Presidencia, se desplazó sola y pronunció su famosa frase: “Nadie se repetirá el plato”.

Su primer gabinete y sus comisiones ciudadanas son pruebas de su afuerismo político de entonces.

El perfil político actual de Michelle Bachelet refuerza la idea de un caudillo más que de un líder institucional de una coalición programática. Existe, eso sí, la incógnita sobre el carácter en caso de triunfar. Si será un caudillismo restaurador y conservador o, por el contrario, se orientará a los vientos de cambio que soplan en el país, que ya se insinuaron cuando ella fue Presidenta.

Para Bachelet la agenda no es fácil, pues la amplia desafección ciudadana de la política ha dado curso a una crisis de legitimidad del sistema y un proceso de desinstitucionalización grave. Ello es visible tanto en las instituciones del Estado como en los partidos políticos y las figuras que los sustentan.

El orden político ya no radica tanto en los procedimientos y mecanismos secularizados, reconocido y acatados por todos, como en el poder singular de determinadas personas, sea de carisma, poder económico o posición institucional.

Ello no es ajeno a la baja calidad de la elite política, cuyo ejercicio gubernamental —incluido el período Bachelet— fue incapaz de viabilizar los cambios necesarios para ampliar y afianzar el funcionamiento democrático, con instituciones fortalecidas y estables. Simplemente se administró, hasta la perfección, artefactos de gobierno ideados para la transición, pero sin adecuarlos a la dimensión social de un país de democracia normalizada.

El consenso nacional sobre las reglas del juego económico y político que caracterizó las dos décadas anteriores se agotó. Tanto por los abusos de mercado y la brecha de desigualdad económica y social, como por el acomodo oportunista del oficialismo y la oposición en la vieja carcasa de la Constitución de 1980, para perpetuarse sin competencia en el poder. Y el populismo de los bonos y la propensión al gasto fiscal sin estrategia hizo una entrada triunfal durante este gobierno.

Michelle Bachelet es parte de ese diseño, y en su gobierno demostró mayor adhesión por el consociativismo de los poderes constituidos, que voluntad de cambio en las reglas del poder.

Hoy, lo elemental de su silencio es que todavía ha sido más un ejercicio de fuerza para ordenar su coalición política, que un acto de disciplina laboral. Quienes la apoyan, la necesitan de manera imprescindible para volver al poder. En cambio ella no, dado su carisma electoral, y claramente ha insinuado que si no se ordenan no vengo, mensaje intermediado con desesperación por el Partido Socialista.

Pese a la dificultad parlamentaria, no ha sido difícil. Los partidos, sin coherencia doctrinaria, han devenidos en crudas redes de poder y exacerbado sus conflictos internos. El orden que prometen no es ideológico ni programático, sino clientelar al caudillo. Un ejemplo es la elección de la directiva de la Democracia Cristiana, donde bacheletistas y autonomistas se enfrentan por un estilo de relación con la líder.

Nadie sabe qué hará Bachelet y con quien. Su poder está por fuera de su conglomerado político y también podría estar por encima de las lealtades si se trata de asuntos de Estado. Incluso para convenir cambios controlados con los poderes constituidos, como garantía de orden. Ello, en todo caso, entra en la mitología electoral y el perfil de las pocas reuniones que ha sostenido hasta ahora.

El daño a las instituciones como el de la crisis del SII, pone el escenario en una complejidad micropolítica. Hoy, tan importante como el ministro de Hacienda será el director de SII o el jefe de la División de Grandes Contribuyentes. Incluso a ese nivel ya los temas no son técnicos sino políticos, mediados todos desde La Moneda.

Una pléyade de tecnócratas se muestran para ser elegidos en su oportunidad por el caudillo, mientras casos como el de Johnson’s, La Polar, la acreditación de las universidades, los abusos de los bancos, el lucro en la educación, etcétera, han dado un golpe mortal a las reglas del juego y la confianza ciudadana en el sistema. La personalización se acentuará cada vez más.

Ello sugiere que además del éxito de Bachelet para dominar su coalición, queda el dilema de cómo gobernaría, con cuáles prioridades y con quién.

Aunque un caudillo no tiene voceros sino mensajeros, la respuesta insinuada por el presidente del Senado, Camilo Escalona resulta magra: con rostros nuevos (salvo algunas excepciones); de manera rápida porque hay poco tiempo (sin mencionar prioridades); y naturalmente en el interés de todo Chile. O sea, sólo con la fuerza del carisma.

Adolfo Zaldívar expresó, con un talante poco habitual en nuestro medio, la voluntad de debatir la política en público. Lo que no quiere decir que abdicara totalmente de salones cerrados y no fuera, en muchas oportunidades, objeto de crítica por falta de transparencia. Pero recurría de manera constante al espacio público para sus debates. Muchas veces con vehemencia e incluso arriesgando su posición, con errores y aciertos que lo inscriben como un republicano duro en la historia política del país.

No pretendió ser bueno o ecuánime, sino hacer política. En eso era mucho más laico que sus compañeros de partido, de los que se distinguía por la dureza de sus juicios. “A estas alturas, ante lo que he pretendido hacer en política, no me pidan que cambie ni que me acomode, ni me vengan con amenazas, ni de los grupos empresariales, ni menos del gobierno; yo voy a actuar a conciencia, de acuerdo a mis valores. Puedo ser voz de los que no tienen voz, ése es mi norte”.

Esta frase, dirigida al ministro de Hacienda de Michelle Bachelet, a propósito del proyecto de depreciación acelerada, lo retrata de cuerpo entero.

Uno de sus aciertos fue levantar la crítica al modelo económico, cuando ello era apenas un subtexto de la izquierda extraparlamentaria en la política nacional. Lo hizo dentro de la Concertación, y en el momento de la apoteosis final del gobierno de Ricardo Lagos, cuando la fusión del éxito económico y la estabilidad política tocaban a rebato en los pasillos concertacionistas, con la Constitución de 1980 en rúbrica oficial de nueva constitución.

El año 2006, en los erráticos inicios del gobierno de Bachelet, una encuesta de la Consultora Demoscópica dio como resultado una fuerte crítica de la población al modelo económico: un 84 % de los encuestados se mostró favorable a corregirlo o cambiarlo, dándole la razón a Zaldívar. Para él, la encuesta arrojó también resultados desesperanzadores, sobre todo para la clase media, al observar que “las clases más adineradas conservan el 65 % del Producto Geográfico Bruto (PGB) nacional en circunstancias que el quintil más pobre solamente tendría un 2,7 % de éste”.

Centró entonces sus críticas en el ministro de Hacienda diciendo: “Con toda responsabilidad lo digo, que estamos ante una continuidad de lo anterior, en donde se está afirmando una forma de aplicar el modelo que no se condice con lo que el país requiere y con una verdadera economía social de mercado”. Ello es “responsabilidad de la Concertación y del Gobierno”, y de continuar “las consecuencias van a ser realmente graves para todos”.

Durante bastante tiempo Zaldívar continuó con su crítica. En su oportunidad solicitó a la Fiscalía Nacional Económica impedir la fusión de Falabella y D&S, y apoyó frontalmente el planteamiento de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica sobre salario ético. “En la inequidad y la mala distribución de los ingresos y la riqueza todos tienen responsabilidad y culpa; unos por acción y otros por omisión” declaró.

Para él, la “corrección del modelo” era inevitable, pues las alternativas del pasado para terminar con la desigualdad, “la vía revolucionaria marxista o la contrarrevolución conservadora”, habían fracasado. Sólo avanzaremos, sostuvo, “si reconocemos que todos, y en especial quienes hemos estado en el Gobierno por 17 años, tenemos responsabilidad en no superar esta grave cuestión social”.

Pero sus críticas parecían disonantes de su imagen, pues según sus detractores nunca las hizo extensivas de manera clara al sector pesquero, con el cual siempre se le atribuyeron fuertes vínculos. Sin embargo, fueron insistentes y anticipatorias: “El desarrollo se ha basado en las grandes empresas, fundamentalmente exportadoras mineras y, en especial, el cobre. Eso está bien, pero un país necesita de todos sus agentes productivos y no sólo de algunos. Esta forma de llevar las cosas ha producido una gran concentración de la riqueza y un alto desempleo, situación que se debe corregir”.

Las críticas de Zaldívar al modelo, luego de la eclosión de los movimientos sociales de los últimos años, pasaron de teoría a sociología dura, con audiencia incluso en círculos empresariales como la Enade, sin que lo tuvieran como protagonista.

El lugar que ocupaba al momento de su muerte genera una diferencia con su ferocitas política de sus últimos años en la Concertación, aunque fue democratacristiano en su esencia, hasta el final de sus días.

Siempre fue hombre de juicios fuertes y decisiones drásticas, aunque de lealtades controvertidas. Sobre el actual mandatario, quien años después lo nombraría en el cargo de embajador que ejercía al momento de su muerte, dijo el año 2005 que, aunque votó contra el régimen de Augusto Pinochet, “no puede venir hoy día a vestirse con los valores de los que luchamos por la democracia”. “No lo vi y no lo sentí nunca al lado cuando tuvimos que defender los derechos humanos”, añadiendo que era “un claro modelo de la plutocracia”, enriquecida en el modelo económico que se impuso durante el gobierno militar.

Lo secreto no pertenece a las luces y sombras de la política democrática, solamente es práctica común entre los hombres de poder. Si existe, queda sujeto a las especulaciones. Pero lo dicho, dicho está y eso sí queda para el perfil público del personaje y para la historia de la República.

Lo obvio y sensato hubiera sido lo más simple. Detener a los soldados y expulsarlos sin más, tal vez enviando una nota de protesta, algo que ya hubiera sido exagerado. En cuanto al armamento que ellos portaban, confiscar el fusil era suficiente. Con ello se hubiera ahorrado tiempo, dinero y buenas relaciones (dentro de lo malas que están).

El guión que se ha seguido, con el Ministerio Público en la conducción de los tiempos, resulta absurdo y remarca que el sentido común no es lo más común en  el actual gobierno.

Desde la perspectiva de la soberanía, que tanto interesa a nuestros gobernantes, los hechos tampoco se ven mejores. Principalmente, porque el incidente crea obstáculos para una cooperación de seguridad entre ambos países, que se hace crecientemente necesaria en relación a un área que se torna crítica en materia de crimen organizado. Y respecto de la cual, es preciso decirlo, tanto autoridades como sectores privados hablan de la necesidad de un control binacional.

Challapata ha sido definida por las propias autoridades bolivianas y la prensa de ese país como un “terreno de nadie”, y en los últimos meses del año pasado, vivió despliegues militares para controlar  el contrabando de vehículos, generalmente robados en Chile y comercializados en esa ciudad, conocidos como chutos, y que es la industria que mueve la economía local.

Lo curioso es que el gobierno boliviano para hacerlo, ha debido desplegar un ejercicio militar en forma, camuflado de desfile por fiestas cívicas para poder ingresar el contingente militar a la zona, sin que la población se percatara o se opusiera con tomas de caminos y otras acciones. Aún así, el denominado Plan ‘Pichay’, (limpieza) de principios de octubre de 2012, terminó con víctimas fatales, detenidos y el pueblo movilizado contra los militares.

Se utilizaron tanquetas, carros de asalto y transporte militar grueso bajo la consigna de que “Tenemos que cortar las redes de la organización del crimen en Bolivia, vinculado al contrabando,  al narcotráfico, a la falsificación de dinero”, según declararon las autoridades.

El contingente utilizado fue traído de otras localidades, y los efectivos del Regimiento Ranger Méndez Arcos sito en Challapata, fue sacado de la ciudad para evitar el roce de parentesco durante las acciones.

Tales hechos denotan que para el gobierno boliviano el problema es bastante serio, independientemente de lo que declara su presidente. Si, como se sabe, en los departamentos de Oruro y Potosí  existen poblaciones involucradas y cómplices del contrabando, cuyo centro es la población de Challapata (Oruro), con una industria dedicada a transformar los vehículos indocumentados, falsificar documentos, clonar placas y hasta proporcionar conductores para el traslado del automóvil a otras ciudades del país con una apariencia legal, todo a pocos kilómetros de la frontera con Chile, no parece sensato jugar a la soberanía con tres conscriptos perdidos, y menos crear un incidente diplomático.

Durante el operativo militar descrito,  la resistencia de los contrabandistas fue menor, pero dada la envergadura del negocio nadie puede asegurar que no mejorarán sus respuestas en el futuro. Sin embargo, es evidente que al menos en Bolivia, ya superó a la fuerza policial.

Para Chile debiera ser una señal importante que el tema esté radicado en una Comisión Interinstitucional integrada por las FF.AA, la Policía boliviana, la Aduana Nacional, el Control Operativo Aduanero (COA), la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf).  Al menos, lo suficientemente importante para  terminar de una vez con el tema de los tres conscriptos.

El control territorial por parte de mafias, de cualquier naturaleza que sea, contamina todo el entorno, incluidas las fuerzas armadas, particularmente en delitos transnacionales y de alta rentabilidad, como es el caso de narcotráfico que ronda el de los vehículos. La existencia de más de 80 pasos fronterizos en la zona y un solo control, el de Colchane, debiera obligarnos a ver cómo están las medidas de control en casa.

Un punto aparte es que el robo de vehículos es una industria como cualquier otra, que puede caer incluso por razones de mercado. Lo importante son las estructuras mafiosas que se crean en torno al delito, ya que dependiendo de su madurez como mafia, pueden cambiar rápidamente a otros rubros, mejorar su logísticas y ampliar y tecnificar sus redes. La impunidad territorial es un paso clave en todo el proceso. Si no, pregúntenle a los mexicanos.

Nada de esto es posible en un Estado que se preocupa de sus ciudadanos, que tiene como objetivo sus derechos y que reacciona de manera efectiva cuando ellos se lesionan. Sobre todo cuando su elite se empeña en hacer la apología de la eficiencia y calidad del modelo que administra.

La lenta y débil reacción de las autoridades del Ministerio de Educación constituye una lápida para el Estado de Chile. Las vagas referencias del ministro a las competencias legales dejan en claro que se trata de un técnico que no entiende de política, y que no percibe la dimensión del tema ya que debe tomar medidas y no ser un comentarista de lo que ocurre.

Ha sido el sistema penal el que ha activado el control de la corrupción extendida que vive el sector y no el ministerio respectivo. El Congreso Nacional, a su vez, ensaya comisiones investigadoras e iniciativas de ley, cuando hay mérito suficiente para acusación constitucional o juicio político por notable abandono de funciones.

No es el momento de poner paños fríos a una situación más que grave, desde el punto de vista que se quiera analizar. Es difícil imaginarse lo que en la OCDE u otros países están pensando de los títulos universitarios chilenos, o lo que el propio mercado le va a hacer a los titulados de la Universidad del Mar, la Pedro de Valdivia o muchas otras.

Nadie sabe cómo se explica a más de 20 mil estudiantes, que la Universidad del Mar no era viable y que la certificación de funcionamiento entregada por el Estado de Chile posiblemente es trucha. Y que no pueden siquiera recurrir a la ley del consumidor por mala calidad del producto que compraron, porque el Estado de Chile dejó la calidad educativa afuera de la competencia de esta ley. Es decir, la educación es de mercado, pero el consumidor no puede discutir la calidad del producto que le dan.

A este punto se ha llegado por inacción política, y porque una red transversal de intereses políticos que enlaza su poder con el tecnocrático y económico, montó un negocio tan lucrativo a costa del dinero de todos los contribuyentes, la fe pública y los derechos ciudadanos hasta que finalmente se le fue de las manos.

El abuso no puede ser eterno. Los estudiantes en cualquier nivel han sido hasta ahora una unidad económica de compra venta en un mercado genérico que es la educación, desregulado y corrupto, con un Estado ausente, al que finalmente le cayó, casi por azar, la justicia criminal encima.

Si Chile tenía ya la imagen internacional de ser un país fenicio, que vende todo y al que le va bien en los negocios, ahora deberá agregar el matiz de estar entontecido por el lucro, hasta el punto de comerse a su propia gente y a sus propias instituciones.

La pérdida en imagen y daños objetivos a la población es enorme. Y la única manera de detener el aumento es que el Gobierno y el Parlamento tomen el control de la situación.

Ello tal vez implique medidas extraordinarias como estatizar, acotar responsabilidades, viabilizar la continuidad de estudio de los estudiantes y demostrar que no ha habido negligencia inexcusable de parte del Ministerio de Educación y su división de Educación Superior. Receta no muy apetecible para fanáticos del mercado. De lo contrario, todo se judicializará al infinito, y más de un juicio llegará incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque la gente entra a una universidad para aprender una profesión, tener un título y tener un futuro y no para ganarle un juicio al Estado.

Hasta ahora, lo único cierto es que el problema dejó de ser un debate sobre la viabilidad de tal o cual universidad, o la comisión de tal o cual delito, y se instaló como una crisis terminal del mercado de la educación desregulada, que contaminará fuertemente la elección presidencial el año 2013.

Luego de un largo fin de semana, la elite nacional seguramente volverá reconfortada a la explicación de lo ocurrido en las elecciones. Hablará de reencantar a la ciudadanía que no fue a votar, a la promesa de hacerlo bien, a la coyuntura del cambio de gabinete, al pato cojo más cojo y solitario de todos los presidentes de la era democrática, a la espera de Bachelet.

Explicarán, sin base de ninguna especie, que es natural que en los sistemas de voto voluntario haya alta abstención. Los domina el síndrome del Ángel Exterminador (por el film de Luis Buñuel), como una clase política encerrada en sí misma, rumiando el más primitivo instinto de supervivencia, comiéndose unos a otros, fuera de la realidad del país.

El 39 % de votos emitidos es una burbuja porque, en estricto rigor, hoy existen 8 millones de ciudadanos que no han querido participar pero pueden votar cuando quieran. Descontando las naturales deserciones, buscar los votos no implica hoy siquiera tratar de competir. Simplemente hay que ir a pescar a esa enorme cantera para, eventualmente, encontrar adhesiones.

Ello significa que el padrón está abierto a cualquier corredor libre que desee tomar riesgos e invertir dinero en una campaña presidencial con propuestas audaces, por ejemplo el fin de la UF, la nacionalización de los fondos previsionales depositados en las AFP, el término de las Isapres, el retorno de los derechos de agua al Estado y su otorgamiento como meras concesiones, el término de los peajes viales y carreteras gratis, el término de las sociedades anónimas deportivas, y un etcétera largo. No califica la educación gratuita pública y de calidad porque ella ya es una realidad en muchas economías capitalistas serias, sin gobiernos populistas, y en Chile, aunque la elite no lo crea, es un sentido común amplio.

Tomando en cuenta la cantidad de posibles competidores presidenciales y la existencia de la segunda vuelta, hacer lo anterior podría ser hasta un negocio. Seducir públicos con cualquier fin, en la era de la información y el marketing total es arduo, pero no imposible.

El resultado del domingo pasado es una expresión clara que el sistema finalmente ha quedado expuesto y ellos expresan un malestar con el modelo. No con la democracia, porque en un sistema de voto voluntario abstenerse tiene también un significado de libertad política democrática, ambigua es cierto, pero lo tiene.

Es efectivo que la gente que votó lo hizo mayormente contra el oficialismo, en cierta medida porque expresa un potente malestar de clase media y el gobierno actual es claramente identificado con los males de la economía que golpean mayormente a este sector. Es la clase media la que vive endeudada, la que paga una salud entre las más caras del mundo, y la educación de sus hijos con hipotecas en los bancos, la que sufre con las tasas de interés que le aplica el retail.

Pero en estricto rigor, todos los dueños del poder quedaron amenazados, los dueños del poder tal como se ejerce actualmente, con sistema electoral binominal, con Constitución de 1980, con leyes orgánicas constitucionales, con democracia indirecta en las regiones, con mucho dinero para poder competir.

De ahí lo impropio de extasiarse en el análisis de la burbuja del 39 %. Es muy poca gente para fundar la legitimidad del modelo tal como viene funcionado, y nada indica que los abstinentes no puedan  convertirse en una avalancha asistémica que convocada en el populismo barra con todo. Mayor ilusión es creer que si van a ir a votar, lo harán con la racionalidad del buen padre de familia del Código Civil, reencantados por la buena nueva de la misma política algo enchulada.

Este es quizás el punto de mayor presión sobre la expectativa del retorno de Michelle Bachelet y que la convierten de facto en el ángel custodio del modelo, para moros y cristianos. Ella, al parecer, tendría las llaves de la estabilidad y disminuiría el riesgo, pero eso, lo saben los dueños del poder, hay que negociarlo y se transforma también en un Talón de Aquiles.

Los analistas no se han cansado de mencionar que la revolución de los pingüinos el año 2006 marcó una inflexión en el desarrollo político del país. Por la aparición de las primeras oleadas de una generación digital, nacida de la democracia y el mercado, sin otro ícono de autoridad que la propia consciencia acerca de sus necesidades. Directos, veloces, empíricos, irreverentes, los pingüinos y sus movilizaciones cambiaron el escenario político, ya en el gobierno de la doctora.

Pocos recuerdan que el 14 de julio del 2008, durante un diálogo “participativo” sobre la ley de Educación en el Hotel Crowne Plaza, la ministra de la cartera, Mónica Jiménez de la Jara, fue enfrentada por una estudiante del Liceo Darío Salas, María Música Sepúlveda, quien le arrojó un jarro de agua a la cara porque no la escuchó. Todo el mundo político condenó el acto como una ofensa grave a la autoridad. Los estudiantes lo aplaudieron como una reivindicación política porque la ministra “le faltó el respeto a los derechos del niño, a los derechos humanos, a los estudiantes que han sido golpeados. Yo encontré una ofensa mucho más grave lo que ella hizo”, dijo Música Sepúlveda.

Esa generación, ya mayor de edad, no vota o va muy poco a las urnas. Y los que vienen acompañando la generación de Eloísa González y otros más pequeños, hace rato vienen anunciando no estar ni ahí con “su sistema”. Y estos son jóvenes organizados, que se movilizan. ¿Y los otros? ¿Aquellos que dejaron la escuela y mal viven en trabajos precarios y esporádicos?, los de las barras bravas o la simple periferia que ya son parte del narcopoder?

Es verdad que se requiere algo de sociología, no de encuestas, para encontrar la sintonía más profunda del nuevo padrón electoral chileno. Lo que sí es evidente es que no hay espacio para estar eufórico, incluso si se tiene un candidato tan bien aspectado a la presidencia como Michelle Bachelet. Usando las viejas imágenes de la política, que tanto le gustan a la elite nacional, se puede decir que hay una mayoría silenciosa inquieta en las sombras que acaba de enviar un mensaje, pero no sabemos cuáles son sus contornos.

Nadie, responsablemente, puede sostener que la ineficiencia y confusión que se vive por estos días proviene exclusivamente de yerros del actual gobierno. Se precisa de un encadenamiento de causas y circunstancias con cierta permanencia en el tiempo, para que la ineficiencia o impericia gubernamental, transformen los ambientes de seguridad de un Estado en algo permeable a la delincuencia. Todavía más si se trata de las áreas de planificación sensibles, en las que se fijan las metas globales y los procedimientos y controles que luego debe implementar la policía, como es el Ministerio del Interior.

Por ello el senador Jovino Novoa tiene razón cuando dice que para generar un tratamiento serio y pertinente del problema, es imprescindible que el gobierno asuma que existen responsabilidades políticas por los hechos ocurridos. Y las exija de quienes encabezan el Ministerio del Interior. No parece serio que quienes tienen que responder ante la investigación de los fiscales sean los mismos que deben impulsar la defensa de los intereses del Estado, y permanezcan en sus cargos con capacidad de influir, aunque sea indirectamente, sobre los resultados de la misma. Lo que se investiga no es una falta administrativa, sino la eventual comisión de delitos que lesionan profundamente la seguridad del Estado por el tipo de ente y los niveles involucrados.

El ambiente se ha tornado más complejo, porque en medio de esta investigación ha surgido un escándalo relacionado con vínculos policiales a la delincuencia. Diez funcionarios de la Subcomisaría de Investigaciones de Pudahuel, entre ellos tres subcomisarios, fueron formalizados por 123 presuntos delitos relacionados con temas de narcotráfico. Así, mientras el escándalo de sobreprecios mina el principio de autoridad de los responsables del Ministerio del Interior, estos deben impulsar simultáneamente, de manera creíble y competente, el control de la corrupción en la PDI.

Pese a las reiteradas declaraciones de que tales hechos son situaciones puntuales, el problema se repite insistente. Hace pocas semanas hubo una denuncia sobre la pérdida de más de cien kilogramos de marihuana que estaban en depósito para su destrucción, y que fueron sustraídos y volvieron reciclados al mercado clandestino con ayuda de policías corruptos. Entre los años 2010 y 2011 ocurrieron al menos tres o cuatro casos connotados de carabineros vinculados a bandas dedicadas al robo de cajeros automáticos, y sería posible rastrear hacia atrás decenas de estos hechos.

Nadie sostiene que la delincuencia está fuera de control o el Estado infiltrado por las mafias o bandas criminales. Pero una mirada atenta indica que tanto la corrupción policial como la debilidad de los responsables políticos constituyen indicios poderosos de que el sistema se encuentra expuesto y puede perforarse. Quien recibe coimas de un proveedor inescrupuloso, también es susceptible de una tangente financiera proveniente de mafias de lavado de dinero, de tráfico de armas o narcotráfico. Y se sabe que si algo busca comprar con avidez el crimen organizado es información sobre el personal policial para corromperlo, el amparo de políticos corruptos, la impunidad territorial, armas generalmente provenientes de los arsenales de la propia policía y, por supuesto, eficientes servicios legales y financieros que les proveen de inteligencia estratégica para sus negocios. Y lo hace a cualquier escala, desde la banda de barrio hasta el Estado central.

Perforar la seguridad del Estado es perfectamente posible en cualquier parte, incluso en los sistemas más cerrados y eficientes. Quienes lo hacen actúan como una industria fraccionada de gran capacidad económica, que tienta y persiste en todas direcciones.

De ahí la importancia del Estado y de evitar que se dé la relación perversa entre delincuencia, corrupción y estupidez administrativa, pues entonces los resultados pueden ser fatales. Es verdad que se debe presumir la inocencia y buena voluntad de las autoridades, pero ello no es óbice para exigir la responsabilidad política en el ejercicio de sus cargos.

Desde años el país se ha acostumbrado a que las adquisiciones destinadas a seguridad terminen siendo investigadas en los tribunales por coimas o corrupción. Le parece natural una alta rotación de policías debido a bajas por ineptitud personal para el servicio. Y quedó sin explicación para la historia cómo el único preso del más grande decomiso de droga —los otros se habían fugado del país o fueron liberados por los tribunales— fue indultado por el Presidente de la República de entonces, Eduardo Frei. Nunca se investigó quién le puso la carpeta para la firma y con qué argumentos, todo el mundo se amparó en competencias legales.

El país camina de tumbo en tumbo desde hace muchos años, sin señales de preocupación de sus autoridades por el tema, más allá de sus consignas mediáticas y la convicción ideológica, no práctica, de que Chile no es un país corrupto.

En medio de la ausencia de profesionalismo y de pericia estratégica de los políticos, las cosas más simples de la seguridad se vuelven complejas. De la lucha contra la delincuencia y muchos policías en las calles se pasa al diseño mediático de instituciones y a debatir si se requiere un ministerio, más o menos cárceles, más o menos leyes represivas. Se contratan fiscales para rebatir a fiscales. Pero nada acerca de inteligencia estratégica y diseños modernos e integrados de política criminológica. Nada de reforma policial. Nada de gobierno efectivo de la seguridad.

Si el Ejecutivo, los tribunales, el Parlamento y el aparato persecutorio se disputan entre sí la culpa de la ineficiencia, ya se instala un enorme vacío institucional. Que deja que las policías se autoregulen mientras los voceros juran que todo es normal, y el país pasa —de manera casi imperceptible— a tener que preocuparse por la salud del Estado y la responsabilidad de las autoridades políticas, como ocurre en México, Guatemala o Colombia.

La seguridad es una función de Estado, es indelegable y requiere de profesionalismo y un amplio consenso político y la confianza de la población. No tenemos ni lo uno ni lo otro. Como todas las cosas que no se resuelven en el país, ahora tocó directamente a La Moneda, por los sobreprecios y la responsabilidad política. Y no se ve bien que los asuntos de Estado queden envueltos en el abrigo de la amistad y la discrecionalidad, aunque los avale el propio Presidente de la República.