Más allá de la pretensión de dignidad republicana de algunos gestos que bordean lo ridículo, el Mensaje Presidencial del 21 de Mayo es considerado, y de hecho lo ha sido,  como uno de los ritos más solemnes de nuestra democracia y, por lo tanto, un momento de unidad y pertenencia democrática.

Sin embargo, en estricto rigor, no pasa hoy de ser una ceremonia formal y acartonada para una sociedad veloz y convulsionada en sus formas, en que el Ejecutivo ocupa la tribuna parlamentaria para hablar de lo que quiere, sin otra connotación que hacer un discurso  programático sobre lo hecho, lo que se desea hacer y, a veces, lo que no ha podido hacer por culpa del obstruccionismo. Todo sin posibilidad de debate institucional, sin aprobación o rechazo formal, y sin generarle a quien lo pronuncia ningún compromiso u obligación constitucional. En su esencia, ese mensaje es el espejo más fiel del presidencialismo autoritario y del centralismo político del país.

Su importancia hoy radica en la sociología del ejercicio del poder político en Chile. Es  un termómetro libre de todos los temas. Mide todas las temperaturas en un mismo instante, desde las adhesiones y manifestaciones callejeras hasta el aplausómetro, los lienzos y los gritos de la galería durante el plenario.  Y parte importante de su contenido se mide por la longitud del Mensaje o la dimensión de los bonos económicos que se otorgan, instrumento mágico para aplacar demandas intensas. Todo es percepciones, imágenes y símbolos. El contenido solo es referencial.

El problema es que el país va en otra dirección, percibe una necesidad de cambio y demanda referencias coherentes.

Un ejemplo es la gratuidad en la educación. Los políticos responsables, entre los que se cuentan partidarios del gobierno y de la ex Concertación, dicen que la gratuidad se ha demostrado como mala receta en todas partes.  Y piden un debate que empiece en los pobres para acercarlos, con becas y créditos (en la medida de lo posible) a los más ricos y su educación de calidad.  Craso error. Lo que la gente y los líderes estudiantiles piden empezar el debate desde la gratuidad y la calidad como derechos constitucionales, y de ahí para abajo introducir las correcciones que la equidad obligue. Eso es simbólico para ellos y determina una visión diametralmente opuesta a la que tiene la elite.

El país también pide una reforma regional radical, que redistribuya el poder político de una manera más igual entre las regiones y el centro, y permita la emergencia de las sociedades locales. Tal demanda incluso es más intensa que la reforma electoral. El Ejecutivo y el Parlamento actual, sin mayores distinciones entre sectores políticos, discuten una reforma de los gobiernos regionales que no trae la elección directa de los intendentes, que merma las atribuciones de los consejeros regionales en materia presupuestaria y que no flexibiliza el gobierno interior del país. Para atender, entre otras cosas, territorios ambiental y geológicamente frágiles, tema que está en el centro de la discusión sobre  responsabilidades a propósito del tsunami del 27/F. De la reforma política, nadie se acuerda, menos en período electoral.

La presión de la gente frente a los abusos del mercado ha permitido avance en materias muy importantes como el Sernac Financiero.  Pero en su tarea de construir una institucionalidad que impida que se repitan casos como el de La Polar, gobierno y oposición, de manera inadvertida, generaron una ley que solo obliga a las empresas a mantener información financiera hasta cinco años hacia atrás, decretando una verdadera amnistía de información fuera de ese plazo. Además de perderse el histórico financiero de las empresas, fundamental como herramienta de análisis del desarrollo del país, un escándalo similar al de La Polar no se podrá investigar, pues dentro de cinco años empezaran a perderse los datos de hoy.

Es difícil imaginar que el Presidente de la República no se refiera en su discurso de hoy a estos y otros temas, como la transparencia, el diferendo de límites  con el Perú, el crecimiento económico, el empleo, y  muchas otras cosas. Más difícil es imaginar que  reconozca que el Ejecutivo es adalid en el incumplimiento de la Ley de Transparencia; que reconozca que el ministro de Defensa no administra su sector sino su campaña presidencial; que tiene demasiados sucesores en su gabinete y todos en campaña, que la gente lo está pasando mal en las poblaciones porque el 60% de los que tienen trabajo estable está debajo de la línea de pobreza, y que su baja popularidad no afecta el talante de sus decisiones.

Lo que no se espera es que su discurso sea parte del show mediático entre oficialismo y oposición en torno al 27 F, pues  ahí Sebastián Piñera no tiene nada que ganar, excepto si reconoce que comparte por igual responsabilidades políticas  con Bachelet y los anteriores mandatarios, pues fue el país el que colapsó ese día, junto con un estilo centralista de gobernar. De lo contrario seguirá fuera de contexto social, como parte del juego de los políticos. Sin percibir que los ruidos de la calle vienen con otra entonación.

Dada la evolución compleja de los asuntos vecinales no parece una actitud prudente. Lo lógico sería que se abocara a sacar a las Fuerzas Armadas de las polémicas comunicacionales, y a producir las condiciones para que ellas superen sus ripios y problemas. A elaborar los fundamentos definitivos de un nuevo y moderno sistema de financiamiento, que está atrasado, como lo están los sistemas de manejo de crisis y el mando integrado frente a las emergencias nacionales, donde los ministros de Defensa, se piensa, tienen mucho que aportar.

Sin embargo, el ministro se ha empecinado, de manera autorreferente, en la agenda de prensa. En una agresiva entrevista de fin de semana, ha dicho que el Comandante en Jefe de la FACh “no tiene margen de error” y que “la opinión pública, los parlamentarios, las familias de las víctimas y los abogados van a estar mirando con lupa sus actuaciones”. La pregunta obvia es ¿y el ministro Allamand, mientras tanto, qué hará?

Siendo el responsable de un sector que ha enfrentado serios problemas el último tiempo, se esperaría algo sustantivo que muestre concepción de Estado además del pretendido carácter. Lamentablemente lo más notorio de su agenda, fuera de las referencias públicas al SHOA y el accidente de Juan Fernández, ha sido acudir a cada accidente aéreo que ocurre, para encabezar el rescate, sólo o en compañía de su esposa, generalmente frente a las cámaras de TV.

El ministro se empeña en la ostentación de los símbolos de su plataforma política, una camisa blanca donde se ve una bandera de Chile y se lee Ministerio de Defensa Nacional, pero es evidente que ni conoce ni le interesan los temas de su sector. Cree que lo que está haciendo es mandar, y pasa por encima de la bruma que ronda la responsabilidad en estos temas.

Nunca hemos escuchado al ministro compenetrado profesionalmente en el origen y circunstancias del siniestro en Juan Fernández, más allá de las comprensibles circunstancias emotivas y familiares. Para tomar razón y enmendar aspectos sensibles que van arrojando las tres investigaciones paralelas a que dio origen y que todavía no se encuentran terminadas.

La del Ministerio Público que persigue responsabilidades penales y las dos a cargo de organismos vinculados a la Fuerza Aérea, como son el sumario administrativo de la FACh y la investigación de la Junta de Investigación de Accidentes Aéreos, JIAA, de las que saldrán si las causas fueron humanas, deficiencias en los protocolos de la FACh o su cumplimiento, u otra razón. Tal vez el ministro no pese adecuadamente que por razones legales, todas esas investigaciones tienen secreto de sumario, todas tienen la misma información, pero no pueden cruzarlas debido a ello, y que cada nuevo antecedente o explicación de una, debe requerirse a las fuentes originales, aunque ya las hayan dado a otras. Tal vez tampoco está muy consciente que las investigaciones se encuentran aún en curso, con informes periciales importantes que faltan como el de la Universidad de Concepción y el de los fabricantes españoles del Avión Casa 212.

Tal vez ello sea determinante para algo que aparentemente no tiene explicación. El hecho de que uno de los oficiales que más sabe del accidente de Juan Fernández, que acompañó al Fiscal Cristóbal Mera a la isla y luego a España, y es el jefe de la Junta de Investigación de Accidentes Aéreos, que todavía no termina su trabajo, fue nombrado con su beneplácito ministerial agregado aéreo en Francia en marzo de este año, por el actual Comandante en Jefe. Como el coronel Francisco Torres aún no tiene reemplazante, dirige el tema que le corresponde desde Francia.

La agenda ministerial de Andrés Allamand, más preocupado de ser el candidato presidencial de su sector, lo deja ignorante y al margen de los temas fundamentales de su ministerio, opinando livianamente como lo ha hecho a propósito del peso del avión siniestrado, y gestionándolo a través de la prensa.

Su actitud deja en evidencia al Presidente Sebastián Piñera en que su sugerencia a los ministros de no adelantar la carrera presidencial es una frase cliché o de buena crianza. Para Allamand la carrera está lanzada, y lo más notorio es un escenario político en que “una primaría entre Longueira, Golborne y yo (Allamand) garantiza un tremendo empujón para la Coalición por el Cambio”.

A través de una combinación de medios políticos, económicos, de información y policiales, usa el conflicto para ensayar una estrategia de contención frente a la eventualidad de nuevos movimientos y demandas similares en el resto del país.

Como lógica de acción, lo que está haciendo recuerda muchos aspectos de la llamada doctrina de la guerra de baja intensidad. Una mezcla del uso controlado de la fuerza con tropas especiales de Carabineros, la presencia de representantes civiles que se despliegan para sostener una imagen de diálogo sin generarlo efectivamente, y una vasta acción de información como operación psicológica, en la que aplicar la Ley de Seguridad Interior, crea el modelo chilensis de cómo dominar los conflictos sociales y no solucionarlos.

Llama la atención que esa acción implique, sin que al parecer les importe mucho, desprenderse de manera definitiva de los atributos políticos básicos que sostuvieron el proceso democrático desde 1990 hasta ahora, esto es, el respeto por la reglas del juego económico, la estabilidad política y la paz social. Con las naturales diferencias entre los actores políticos, ellos fueron respetados. Ahora, en sólo dos años de gobierno han desaparecido del discurso público o se encuentran seriamente amenazados.

No cabe duda que los problemas que hoy enfrenta el país tienen una maduración más larga que exime al gobierno actual de parte de la responsabilidad de su origen. Sólo parte, pues el sistema obliga a acuerdos para los cambios y problemas mayores, que también estuvieron en manos de la actual alianza gobernante. Pero la eclosión intempestiva y virulenta de algunos de ellos, como las demandas por igualdad regional o por ciertos derechos constitucionalmente garantizados como la educación y la salud, han encontrado en la visión que hoy domina a los gobernantes, el terreno propicio para amenazar la paz social y eso es solo el logro del gobierno de Sebastián Piñera.

Para el actual gobierno, al contrario de lo que ocurre en las democracias occidentales donde la economía es un instrumento de la política, la política se supedita a la economía y a las tasas de interés. Los valores intangibles de la nación, como la cohesión social, la integración territorial, su patrimonio natural, son aspectos funcionales del ejercicio práctico del poder y no parecen tener valor intrínseco.

Los manuales más simples de conflictos indican que no se debe despreciar la carga emotiva de los adversarios, a menos que se desee exasperarlos, para dividirlos y destruirlos. El gobierno trata a la gente de Aysén como adversarios y no como ciudadanos de su territorio, y los exaspera, teniendo la posibilidad de calmarlos, estabilizar el conflicto y solucionar sus demandas. La mente del gobierno no está en eso. Está en otra parte. Y ello lo distancia de la masa social y pone la tensión de un malestar permanente. Con ello la paz social del país se ve amenazada, pues lejos de convencer a todos los ciudadanos que tienen demandas de que deben resignarse, lo que hace tal política es elevar el tono de las respuestas.

En las esferas de gobierno, la disolución de la autoridad, principalmente la del Presidente de la República, es un problema de encuestas que saben repercutirá en los resultados electorales de su alianza política, y tratan de mitigarlo. Lo que no parecen comprender es el impacto que ello tiene también en el régimen político, en el cual la figura presidencial es gravitante. La solución de parte del problema parece ser la construcción de un concepto de autoridad basado en el uso exclusivo de la legalidad, prescindente de una buena gestión política de los conflictos bajo el prisma del bien común.

En las protestas estudiantiles de 2011 y en el conflicto de Magallanes se vio un uso meramente formal de las leyes y la autoridad, sin acompañarlo del imperio de la legitimidad, es decir, de una percepción ajustada de los niveles de aceptación en la ciudadanía. Ello fue notorio en la actitud del ministro de la época y hoy embajador, Felipe Bulnes, que incluso generó un roce entre él y el Primer Mandatario por la reunión de este con los líderes estudiantiles.

Esa manera de actuar transforma los conflictos en gallitos interminables, cuyos costos pasan íntegros al régimen político, y golpean en especial la capacidad de gobernación de La Moneda. Ello y la insinuación constante de la posibilidad de reformas políticas para las que no existe real voluntad, en medio de un clima electoral y de agitación social, generan la sensación de un sistema político a la baja en su estabilidad. Como alternativa, la oposición parlamentaria, fuera del retorno de Bachelet, parece tener poco que ofrecer.

Finalmente, ha sido el Presidente quien ha blandido la reforma tributaria como signo de intrepidez política. No cabe duda que ella es necesaria, pero impulsarla como él lo hace, por fuera de su propia alianza política, es una clara señal que no la piensa en serio, y que  las reglas del juego económico ya son un bien depreciado. La acumulación de demandas insatisfechas, entre ellas la regional y la educación, es uno de los resultados del funcionamiento político del modelo y no de sus solas variables técnicas, razón por la cual comparte responsabilidades con la ex Concertación.

Introducir las correcciones necesarias es un ejercicio de voluntad política de los actores, que involucra crecimiento y desarrollo, es decir visión de país, por lo que se esperaría algo más sólido que un anuncio cercano al populismo. La credibilidad del gobierno y del Presidente son bajas, como indican todas las encuestas. Un análisis equilibrado de lo hecho, particularmente en la actividad legislativa, da una visión clara de su vocación financiera y su opción por los nuevos negocios. El resto se administra con manuales, incluidos los de seguridad interna y guerra de baja intensidad. De ahí que territorio, sociedad y país resulten abstracciones coyunturales más bien lejos de la gobernación y el desarrollo. Si ello es así, los conflictos serán algo a lo que nos tenemos que ir acostumbrando.

Al momento de ser aprobado el proyecto, el año 2009, también incluyó un cuarto helicóptero Puma, en ese momento destacado en Haití con la misión de paz MINUSTAH, y que hasta hoy no es enviado a su modernización.

Ahora el Ejército desea dar de baja y vender los tres aparatos ya modernizados, por lo cual ha decidido que sean utilizados al mínimo por la Brigada de Aviación de Ejército (BAVE) en Rancagua.

Los ambientes y procedimientos que rodean estas erráticas decisiones han sido objeto de fuertes críticas en el pasado reciente, sobre todo en lo que respecta a los vínculos de las instituciones armadas con los proveedores de armas y servicios para la Defensa, así como por la forma en que se estructuran las decisiones de compra. Según los críticos, son los propios proveedores los que utilizando sus contactos dentro de las instituciones y con los fabricantes, van armando los negocios al interior de las ramas.

La propuesta para refaccionar los helicópteros habría sido presentada y promovida dentro del Ejército en el 2009 por Virgilio Cartoni, uno de los más notorios representantes en Chile de firmas proveedoras de equipo militar, a través de su empresa CYM SA. Según ella, las máquinas serían refaccionadas en Rumania por IAR BRASOV subsidiaria local de Eurocopter, de propiedad del Consorcio EADS y único fabricante que continúa produciendo partes y componentes para SA-330 Puma en el mundo.

Según fuentes de la defensa, los esfuerzos de Cartoni por obtener el contrato se vieron favorecidos por el fuerte apoyo del grupo industrial aeroespacial y de defensa EADS, propietario de Eurocopter, el que se ha convertido en un proveedor privilegiado del Estado chileno en la última década.

Los trabajos de refacción y modernización de los SA-330L consistieron en reemplazo de componentes estructurales agotados, de nuevos motores Makila del fabricante Turbomeca —también representado por Cartoni— una nueva transmisión, nueva caja de engranajes, nuevo sistema de control para los motores, nuevas palas para el rotor de cola y depósitos de combustible de mayor capacidad.

También incluyeron la digitalización de los sistemas de control y comunicaciones, incorporando pantallas LCD compatibles con el uso de gafas de visión nocturna en su panel de control, un piloto automático digital, un sistema de navegación asistido por GPS, nuevos lanzadores de señuelos y bombillas (chaff/flare) además de un sistema defensivo de contra-medidas electrónicas (ECM). Es decir una renovación completa, que justifica el costo cercano a los 20 millones de dólares pagados por ellos.

El problema es que ahora el Ejército no los desea. La razón sería que el mando institucional apunta a estandarizar la flota de helicópteros de transporte en el modelo AS-532 Cougar, también fabricado por Eurocopter. Como dato curioso está que la primera partida de ocho Cougar, adquirida por el Ejército a fines del 2007 por un valor cercano a los 180 millones de dólares, también fue promovida por Virgilio Cartoni, naturalmente con el fuerte apoyo de AEDS, sede Santiago.

Las fuentes subrayan que la estandarización de la flota de helicópteros de transporte en los AS-532 Cougar, que incluía el retiro de los viejos SA-330L Puma, ya había sido decidida dentro de los planes institucionales cuando se aceptó, incomprensiblemente, la propuesta de Cartoni para modernizar estos últimos. Agregan que eso se hizo gastando fondos de la defensa que habían sido originalmente asignados a otros proyectos, los que quedaron sin financiamiento y debieron ser cancelados o postergados.

La propuesta fue presentada al General Antonio Jaksich, que entonces era jefe de la Brigada de Aviación del Ejército (BAVE), quien la acogió y dio todo su apoyo, aún cuando era consciente que estaba prevista la baja de esas aeronaves en pocos años, ya que tenían más de cuatro décadas de uso.

El general Jaksich habría convencido al general Óscar Izurieta —actual Subsecretario de Defensa y entonces Comandante en Jefe del Ejército— de que los Puma todavía podían ser de utilidad, lo que habría dado luz verde al proyecto.

Sin embargo, el sucesor de Izurieta, el general Juan Miguel Fuente-Alba, desde que se hizo cargo del mando del Ejército en marzo de 2010, se orientó a reforzar la política adoptada años antes de estandarizar equipamiento para bajar costos y simplificar la logística. En ella no habría lugar para los viejos Pumas. Fuente-Alba pasó a retiro a Jaksich en diciembre del año pasado, en la última renovación de mandos del Ejército, pero hoy da señales ambiguas sobre los Puma.

Tras el arribo de los AS-330L modernizados, a mediados del 2011, el Ejército dispuso que fuesen utilizados al mínimo, para evitar desgaste y fallas mientras se buscaba un comprador.

La situación no deja de llamar la atención dado que no quedan claras las razones que impulsaron a invertir 20 millones de dólares —equivalentes a 9.600 millones de pesos— en modernizar aparatos que ya estaban destinados a la baja, y cuyo valor difícilmente se recuperará. Pero ello no es lo peor.

La paradoja es que fuentes cercanas al mundo militar señalan que el propio Cartoni, impulsor de la modernización de esas aeronaves, estaría ofreciendo ahora sus servicios para “liberar” al Ejército de los helicópteros. La fórmula está en ponerlos en parte de pago de otra transacción. Una posibilidad es que sirvan como parte de pago de tres aviones de transporte G-222 que presentó a esa institución a fines del 2011. Se trata de aparatos con treinta años de antigüedad, dados de baja por el ejército argentino y puestos a la venta por 3 millones de dólares, y que Cartoni habría ofrecido en 20 millones de dólares, incluida su refacción y modernización por parte del fabricante italiano Alenia.

Pero la posibilidad más cierta, es que luego de buscar infructuosamente compradores desde octubre del año pasado, el Ejército decidió entregarlos en parte de pago por otro helicóptero del modelo Súper Puma. Es decir los tres helicópteros Puma cuyo valor se estima en unos 30 millones de dólares, se entregarían por un Súper Puma que vale alrededor de 20 millones.

Más aún, el Ejército estaría dispuesto a comprar otros seis Súper Puma usados puestos a la venta por el gobierno de Holanda, poniendo marcha atrás a la decisión de enero de 2010.

Todo parece ser errático en materia de adquisición de armamentos, donde el tema no es planificación, sino oportunidades de mercado. La decisión de pasarse a los Cougar (el gobierno holandés también tiene una partida para vender) no parece haber enraizado suficientemente en la institución, y finalmente parece el Ejército persistirá con los Puma.

La interrogante es cuánto influyen los brokers y representantes de empresa en estas decisiones pues, en cualquier caso, Cougar o Puma, siempre se insinúa o aparece el interés de empresas como Eurocopter, Turbomeca o CYM, la firma de Cartoni que opera como gran articulador. De control civil, por supuesto ni se habla.

“Defino, para una mejor claridad, a las fronteras interiores como aquellos espacios terrestres —bajo la soberanía de Chile— no vinculados total y efectivamente a la acción del gobierno central y/o regional, donde se dificulta el desarrollo de las actividades humanas y productivas, por su distancia del núcleo vital y geohistórico del país; la ausencia de vías de comunicaciones; la influencia económica y cultural extranjera y la percepción ciudadana colectiva —en cada uno de esos espacios geográficos— de constituir un ente diferente, separado y/o postergado del resto de la población nacional y que no alcanza a disfrutar del bienestar general debido a factores geográficos adversos” (Conferencia “Ejército de Chile: posibles elementos a considerar en su proyección futura”. Santiago de Chile el 19 de agosto de 1993. Las negritas son mías.)

Esa cita resume lo que el poder político sigue pensando sobre las regiones, y es el nervio de todas sus acciones. Ella, veinte años después, explica por qué se aprueba HidroAysén, por qué se reprime en Magallanes, por qué las relaciones laborales son tan precarias en la zona, por qué la solución de fondo siempre es enviar negociadores y policías. Porque luego de 20 años, la geopolítica de Pinochet sigue viva, mientras los gobiernos democráticos han sido incapaces de generar un Proyecto país de mayor integración y justicia.

A diferencia de Pinochet, no creo que sean los factores geográficos los determinantes del atraso y el aislamiento. Lo esencial es el concepto de desarrollo y el tipo de  asignación presupuestaria de corte mercantilista que prima en el Estado central, para el cual tales territorios, pese a constituir una cantera inagotable de riquezas que se deben explotar para el bien del “núcleo vital”, son regiones perdedoras, que sólo vivirán de los subsidios que le otorgue el Estado central y nunca administrarán sus propias riquezas.

A ellas solo es necesario dotarlas de elementos mínimos. No tienen densidad poblacional, ni tradición, ni cultura para alcanzar economías de escala que justifiquen los hospitales, los servicios dignos, el transporte, las telecomunicaciones, la educación de calidad. Sólo se trata de mantenerlas bajo el alero nacional sin riesgos de soberanía, y que en lo posible florezcan actividades que permitan aprovechar sus riquezas, casi siempre como economías de enclave, como son las hidroeléctricas, las salmoneras o las forestales.

Tal pensamiento no pertenece sólo a la geopolítica militar de Pinochet. También es compartido por el artífice de la transición a la democracia: Edgardo Boeninger. Con las debidas diferencias, es posible ver en sus escritos que no solo compartió el diagnóstico del general, sino también la solución a las llamadas fronteras interiores. Lo mismo que el resto de los gobernantes durante todos estos años, con cicateras decisiones sobre lo posible de su desarrollo.

De ahí que lo de Aysén no es un problema de izquierdas o derechas ni de dictaduras militares, es un problema nacional. De política cruda y dura, pues la única frontera interior existente en nuestro país, además de la económica, es entre centralismo y regionalismo. Y me atrevería a decir que esta última es, en gran medida, causante de la primera, que tiene en la injusta distribución del poder político una base sólida para que los monopolios operen de espaldas al bienestar de la gente.

Si a ello se agrega la incapacidad del gobierno para entender y manejar los conflictos regionales de una manera al menos pacífica, la situación resulta preocupante. Ya no se trata solo de la inercia de toda la política, incapaz de movilizar los recursos políticos y del Estado en la solución estructural de los problemas, sino que se agrega un toque personal de incompetencia administrativa. No prevén las crisis y mandan a los mismos a hacer lo mismo que en otras partes porque “ya tienen experiencia”.

Los actuales gobernantes no parecen percatarse que el represamiento de los problemas durante años ha generado una ola de malestar regional que amenaza la cohesión nacional. Si algo se viene deteriorando, particularmente en la gestión del actual gobierno, es precisamente esa cohesión, expresada como ira popular en contra del centralismo y toda la política. Ahí están como ejemplos, además de actual, el conflicto de Magallanes el año pasado, y la latencia de otros en Calama, Arica y en varias comunas del litoral central. Las reacciones ciudadanas a la gira por la reconstrucción realizada por el Presidente Piñera esta semana es un ejemplo de ese malestar.

El intento gubernamental de manipular la información sobre el conflicto, es tan pueril y bochornosa como la idea de la oposición de creer que es cuestión de sentarse a esperar las próximas elecciones para solucionar los problemas.

La indignación que genera violencia, un rasgo creciente en este tipo de conflictos,  proviene tanto de la instrumentalización política de los hechos que hacen algunos, sin hacerse cargo de responsabilidad alguna respecto del pasado, como de la manipulación y la mentira.

Actitudes como la del ministro Jaime Mañalich omitiendo ante la prensa que el ciudadano fallecido en la madrugada de ayer en Aysén sufría cáncer hepático terminal, y que no murió porque la ambulancia no pudo llegar por las barricadas, es no sólo un atentado  a la inteligencia, sino una dosis de veneno para acentuar la ira de los habitantes de Aysén.

Tal es el caso de la actitud seguida por ex altos oficiales del ejército, entre ellos el actual subsecretario de Defensa y ex Comandante en Jefe del Ejército, general Oscar Izurieta y el general Cristián Le Dantec. Ambos han hecho sendas declaraciones que demuestran que en lo más profundo de la cultura militar chilena, prima la idea de que las FF.AA. son corporaciones autónomas, cuyos intereses institucionales corren paralelos a los intereses del país y se miden respecto de su propio bienestar interno.

Para dejarlo medianamente claro, nadie puede negar que en lo ocurrido en febrero de 2010 existe una clara responsabilidad del mando político civil, por ineptitud y falta de preparación para tareas que le son propias. Basta ver el video de cómo funcionó esa especie de gabinete informal de crisis que se instaló poco después del terremoto en la Onemi, para darse cuenta que el país estaba sin conducción política efectiva. Era gente tratando de hacer algo.

Operativamente, la ex Presidenta Michelle Bachelet no es responsable de que no hubiera ni comunicaciones, ni red de emergencia funcionando ni helicópteros que hicieran vuelos de reconocimiento, por lo menos no más que sus antecesores. Pero ella es responsable de haberse rodeado de un conjunto de personas perfectamente ineptas para enfrentar tales situaciones, o siquiera imaginarlas, y adoptar medidas preventivas al respecto.

Muy responsable, porque entre sus mayores habilidades está el conocimiento de los temas de crisis. Fue ministra de Defensa, estudió estos temas en la ANEPE y en la Universidad de la Defensa en Estados Unidos, y durante su Ministerio se hicieron por lo menos dos ejercicios de simulación sobre manejo de crisis, Ventisca Uno y Dos, obviamente apuntados a conflictos y no a la realidad más inmediata del país.

Perfectamente la Presidenta Bachelet puede alegar, y con justa razón, que los temas y los instrumentos estaban así cuando ella llegó, y decir que en materia de planificación estratégica sobre catástrofes no tiene más responsabilidad que la que tiene el gobierno de Ricardo Lagos o el resto de los gobiernos de la Concertación. Sin contar la que tiene la dictadura militar y los dos gobiernos democráticos anteriores, de Salvador Allende y Eduardo Frei. En la historia espasmódica del yo no fui nacional, el último presidente en tomar decisiones estratégicas sobre catástrofes fue Jorge Alessandri luego del terremoto de 1960, creando a través de la Corfo un Comité de Telecomunicaciones que dio vida a ENTEL, finalmente privatizada por la dictadura militar en 1986. Y todo hace pensar que si hoy se volviera a repetir el hecho, con la incompetencia mostrada por el actual gobierno en materia de regiones, volvería a ocurrir algo muy similar.

Es discutible si en una situación como la vivida la ineptitud o incompetencia da lugar a responsabilidades penales. Pero sí es evidente que da lugar a responsabilidades administrativas y políticas, aplicables incluso a aquellos funcionarios que se omitieron o sólo aparecieron horas más tarde (con cara de yo no fui) como el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma. Eso en lo civil.

¿Y los militares?

Lo militar del tema requiere la misma rigurosidad y, tal vez más, por el papel que les cabe a las FF.AA. en materia de crisis. Por ello causan escozor las declaraciones del general (R) Izurieta al hablar del Plan Torrente, diciendo que este era un plan “… exclusivamente entre unidades militares…Y si la Onemi no tenía capacidades para comunicarse, era un problema de ese organismo”.

Es decir, para el Comandante en Jefe del Ejército y actual subsecretario de Defensa, un desastre de magnitud catastrófica en el “núcleo vital del país” como el ocurrido el 27/F, para hablar en terminología militar, no involucra el interés institucional. Es más, el militar ni siquiera recuerda si habló con la Presidenta de la República del plan, pese a que el país estaba conmocionado por la incomunicación y el nivel de la tragedia; y como gran conclusión saca que si hoy hubiese un terremoto igual “aconsejaría decretar inmediatamente el estado de excepción constitucional”.

Las declaraciones del general (R) Izurieta son muy parecidas al “me relajé” del Comandante en Jefe de la Armada. Son livianas, ya que no saca ninguna conclusión sobre los errores institucionales propios, no explica que el diseño de Torrente, tercer sistema de comunicaciones del ejército, es básico sobre vínculos de radio, que obligan a consideraciones territoriales de entorno, y se diseñó también para servir de soporte a las comunicaciones con organismos civiles, entre ellos la Onemi, y no sólo para cuestiones administrativas del ejército. Acostumbrado a una cierta manera de ver la inversión sectorial, no percibe la paradoja de tener tres sistemas de comunicación y que no funcione ninguno.

Algo muy similar hace el general Le Dantec, en ese momento Jefe del Estado Mayor Conjunto, quien critica el mando civil basado en que desde hace 20 años los militares no se mandan solos en Chile. El general encargado de situaciones de crisis, aunque sólo llevaba cuatro días en el cargo, no sabía qué hacer, aunque sí sabía donde quería vivir, hecho que finalmente le costó el puesto.

Los errores del mundo civil para enfrentar la formación profesional que nuestra Constitución exige de sus Fuerzas Armadas, han estado inducidos de manera permanente por una doctrina del “diálogo civil militar”, rezago de la transición a la democracia, y no por un desarrollo profesional de civiles capaces de conducir los asuntos de la defensa y de trabajar conjuntamente con los militares, ordenando las prioridades estratégicas de la defensa.

El famoso “ejercicio de enlace” realizado por Augusto Pinochet por el caso “pinocheques” a comienzos de los ‘90 fue argumentado por el ejército en su época como un “ejercicio normal para medir el grado en enlistamiento de la fuerza militar” respecto de sus mandos y vínculos con sus unidades. Jamás como una medida de fuerza en contra de la democracia, que fue lo que realmente aconteció. Los civiles aceptaron la explicación, y como en muchos casos, también en éste, jamás pensaron en el desarrollo de una agenda profesional como elemento de relación, sino en tener “un buen ambiente”.

Lo que el 27/F dejó en evidencia es que nuestras fuerzas armadas, completas, no reaccionaron profesionalmente ante un hecho grave de la naturaleza, que requería un nivel de coordinación y comunicación efectivos en momentos de crisis y en tiempo real. Fallaron en su “capacidad de enlace” y de eso se dio cuenta todo el mundo, de manera que argumentar sobre la legalidad de lo que se puede o no hacer en tal o cual escenario, es no sólo secundario, sino un mal precedente de la política del yo no fuí.

El mando político, por errores propios, entre ellos nombrar a tales jefes militares y ministros, no tuvo información clave en un momento crítico. El Estado chileno ha sido lento en reaccionar sobre los instrumentos que le permitirían manejar un territorio difícil en una época de complejidad técnica y velocidad política. Bien harían los militares asumir sus propias responsabilidades para cumplir de manera adecuada el rol que les compete, y no escudarse en la incompetencia de los civiles. Así evitaríamos que en la próxima tragedia vuelva a ocurrir lo mismo.

Friedman sostenía que los mercados libres minarían la centralización política y el control político, y la libertad económica conduciría tarde o temprano a la democratización política. Von Hayek decía que un sistema económico que no se fundamente en el mercado libre y la libre competencia nunca será óptimo distribuyendo sus recursos, y que el liberalismo se preocupa principalmente de la limitación del poder coactivo de todos los gobiernos, para producir esa libertad, sean democráticos o no lo sean. En ambos casos, libertad y éxito económico, convergen en mayor democracia según sus autores, totalmente lo contrario a como actúan o declaran los líderes de la UDI.

La clave de ello es que están más cerca del pensamiento de Karl Schmitt, el teórico que encendió la imaginación de Jaime Guzmán y la construcción de la Constitución de 1980. Para éste, el Estado es la comunidad que comprende lo político, y que está llamada a superar la degradación que produce el liberalismo y las democracias parlamentarias pluralistas, si es necesario con el ejercicio autoritario o la dictadura. Hoy, cuando se domina el Estado y su administración, además de la economía, piensan en la UDI, no hay por qué entregar la paridad de poder parlamentario que asegura el sistema binominal. Todo lo contrario, aún se puede concentrar más.

El debate, si fuera tal, no sería menor, pues la desavenencia entre Larraín y la UDI, está —más allá de lo que esté pensando don Carlos— en la sustancia de la matriz autoritaria versus la liberal existente en la derecha. Y que ha sido siempre una expectativa para dar mayor liquidez a la recomposición del centro político en el país, según piensan muchos. Es decir, va más allá de la visión del país uniformado de la dictadura militar, y se mueve hacia el país de las libertades políticas y civiles que permiten que pasen o existan las libertades económicas, como piensa von Hayek. De todo ello abomina la UDI.

Larraín, el crack

En el escenario práctico, el episodio tiene un gran ganador: Carlos Larraín. Aún cuando se haya visto obligado a pronunciar en variadas circunstancias durante los últimos días la frase “me arrepiento”. Nadie cree que efectivamente lo piense siquiera.

Su jugada fue compleja. Desde ponerle esperanzas y desconfianzas a la Concertación, hasta hacerle, al otro lado, un madruguete, como dicen en México, al Presidente de la República. Le tomó la palabra sobre las reformas y se adelantó a estirar la mano hasta la otra ribera del río, empujándolo a tomar decisiones. El Presidente reaccionó molesto, se hizo el ofendido, y su equipo político dijo no estar informado. Pocos creen que ello sea efectivo. Primer punto bueno y doble para Larraín, por el capicúa político Concertación-gobierno y bajo carisma del gobierno.

También le quitó la bandera liberal a los díscolos de RN, haciéndose díscolo y liberal de un tema emblemático e histórico del sistema político como es la reforma del binominal, con lo cual avanzó de manera notable en la consolidación de su liderazgo interno. Segundo punto bueno.

Además le rayó la cancha a la UDI (sin perjuicio de las disculpas) justo en el momento en que ésta, envalentonada por la debilidad del Presidente, presionaba al gobierno por volver al origen de la Alianza y olvidarse de las reformas tributaria y política. Larraín los trajo de vuelta al mundo práctico al recordarles que tenían aliados, instalándoles veladamente una amenaza electoral.

Podríamos seguir, pues existen dos o tres aspectos más en los cuales la jugada de ajedrez de Larraín complicó no solamente a la UDI, sino a todo el espectro político.

En el oficialismo, nadie olvidará otra vez que Carlos Larraín sabe jugar solo, y que tratará al menos de igualar el poder electoral de la UDI en las próximas elecciones municipales. Para que RN no siga pagando subsidios electorales a la UDI  en las próximas parlamentarias, que también serán elecciones presidenciales.

Lo principal tal vez del episodio es que desnuda la impotencia del gobierno, como sujeto político, para ordenar a su sector, al revés de lo que ocurría con los gobiernos de la Concertación.

Ello no se debe tanto a la precariedad política del cuadro técnico puesto en la administración del Estado, como a la dimensión de las acciones e intereses que deben coordinarse para generar ese orden. A la Concertación le funcionaba el tema, porque se movía en otra escala de intereses. Más mesocrática, y sin la tensión gremial y de poder económico que tiene el gobierno de hoy en su interior. Si alguien se descolgaba, le caía el gobierno entero con todo su poder de punición, incluidos los partidos que eran su instrumento. Ver a un presidente de partido haciendo lo de Carlos Larraín fue prácticamente imposible, a menos que quisiera cambiarse de bando como ocurrió con Adolfo Zaldívar.

Hoy La Moneda no tiene ese poder, y tampoco la experticia, y por el contrario, le penan todos los días los conflictos de interés.

De ahí que suenen poco realistas las declaraciones de Juan Antonio Coloma de que no habrá límites en los debates, pero los acuerdos serán primero al interior de la Alianza y del gobierno; así como también las del ministro vocero prometiendo un gobierno férreamente unido. El escenario está definitivamente desordenado y todavía lo estará más con el voto voluntario y la inscripción automática. Son tiempos de incertidumbre.

La lección es que un ex concejal de Las Condes, vapuleado durante años por la UDI, con autonomía personal y voluntad de operar desde su cargo, acaba de dar una lección de política práctica, tomando ventajas luego de percibir que el escenario está muy abierto, y actuar por fuera de lo previsible para gran parte de los actores. ¿Quién puede asegurar que ello no está ocurriendo en todos los niveles y como dicen en el Caribe, ¡ya se soltaron los caballos!?