Preocupación mundial
Si bien en nuestro país administrar las vacunas del calendario inmunológico es obligatorio por ley, algunos padres se niegan. ¿Deben ser forzados con la fuerza pública o multados para vacunar a sus hijos?
El gobierno italiano promulgó una ley que establece la vacunación obligatoria para los niños entre 0 y 6 años, en medio de lo que las autoridades de salud locales calificaron como una “epidemia de sarampión”. En lo que va del año, los casos de niños enfermos ascienden a 2.395, de los cuales el 90% no estaban vacunados, mientras que en todo 2016 se registraron 844 casos. Además, un niño que padecía leucemia falleció tras ser contagiado por uno de sus hermanos no vacunado.
Según se determinó, los niños que no estén vacunados no podrán ser matriculados en las escuelas y los padres que se nieguen a vacunarlos podrán ser multados por hasta 7.500 euros (5,6 millones de pesos). Los establecimientos educacionales deberán exigir una libreta con 12 vacunas, las que incluyen difteria, tétanos, polio, hepatitis B, tos ferina, Haemophilus B, sarampión, paperas, rubéola, meningococo B y C y varicela.
Italia no es el único país en obligar a los padres a vacunar a sus hijos. Francia también entró en alerta luego de que la Organización Mundial de la Salud advirtiera sobre la creciente epidemia de sarampión en Europa producto de los movimientos anti-vacunas. Es por eso que el primer ministro Édouard Philippe, anunció al parlamento francés que 11 nuevas vacunas serán obligatorias. Hasta ahora, las únicas obligatorias en Francia eran contra la difteria, el tétanos y la poliomielitis.
Alemania por su parte, tuvo un importante brote de sarampión en 2015 por lo que también se aprobó el pasado junio una ley por la multarán con hasta 2.500 euros a aquellos padres que se nieguen a vacunar. Las escuelas infantiles de ese país estarán obligadas a informar a las autoridades sanitarias si los padres que rechazan incluso cualquier tipo de asesoramiento sobre cómo inmunizar a sus hijos.
En nuestro país si bien la ley ha determinado un grupo de vacunas que son obligatorias, en la práctica son los padres quienes deciden si inoculan a sus hijos, por lo que la preocupación de las autoridades se centra en mantener bajos los índices de niños sin vacunar.
Lo anterior responde a que en los últimos años han reaparecido enfermedades que creíamos erradicadas, como la hepatitis y la meningitis: esta última, según relata la doctora Marcela Potin, coordinadora de la Sociedad Chilena de Infectología, “se ha vuelto a ver más frecuentemente, después de años”.
Respecto de la seguridad de las vacunas, la facultativa es clara: “No existe evidencia científica que determine que las vacunas sean dañinas para la salud, si bien como todo medicamento no son inocuas: pueden producir molestias, inflamación e incluso fiebre, no existe evidencia que confirme que el uso de vacunas provoque enfermedades como el autismo u otras».
«Los riesgos de efectos secundarios no se comparan con el riesgo de adquirir enfermedades graves, que incluso, de no usarlas, pueden llevar a la muerte. Se han visto casos de sarampión, de meningitis, que no se veían en años. Los grupos anti vacunas han hecho mucho mal en ese sentido», agrega.
La especialista también explica que “en Chile, los padres en general son responsables y vacunan a sus hijos. Las vacunas son obligatorias por ley, y no creo que tengamos que llegar a usar la fuerza pública o a multar para obligar a vacunar. Debemos tener en cuenta que vivimos en sociedad, y uno de los compromisos de vivir en sociedad es proteger nuestra salud para que no afecte la salud pública, a nuestros hijos y a los niños con los que comparten nuestros hijos”.
Los niños más expuestos a enfermedades son precisamente aquellos que producto de una enfermedad sufren de depresión inmunológica, y no crean defensas a pesar de ser vacunados. También los menores que aún son muy pequeños para vacunarlos. Para proteger a este grupo de la población es importante lograr altas coberturas en el resto de las personas: “Es necesario crear conciencia de la protección que ofrece la vacunación”, concluye la especialista.
En Chile, el programa de inoculación funciona a través de los vacunatorios públicos y privados regulados por las Seremis de Salud de cada región, siendo los consultorios los encargados de administrar las vacunas en coordinación con los colegios de sus zonas.
La preocupación de las autoridades es desestimada por los padres que se niegan a vacunar a sus hijos. Felipe González, vocero del movimiento Libertad de Vacunación en un Chile Democrático, incluso niega que en Chile las vacunas sean obligatorias por ley. “No tenemos una ley de vacunación, tenemos decretos ministeriales, por lo que no hay una obligación por ley de vacunar”, afirma.
Respecto de la decisión del gobierno de Italia descarta que se pueda multar a los padres chilenos por no vacunar a sus hijos. “No queremos que vacunen obligatoriamente a nuestros hijos. Los casos por envenenamiento por metales pesados existen y están directamente relacionados con trastornos del neurodesarrollo. En Chile no se puede imponer deberes si no son capaces de garantizar salud, por lo que no pueden exigirnos que paguemos multas por no vacunar a los niños».
«Acusar a un grupo de padres que no aceptamos la inyección del Gobierno suministrada por un laboratorio con el que se tiene un contrato millonario, es inconsistente, de hecho, en Europa ha habido diversas marchas de personas que se oponen a la medida italiana”, dice el dirigente
Según declaró el primer ministro italiano, Paolo Gentilone, «la falta de medidas adecuadas en los últimos años y la propagación de las teorías anticientíficas, especialmente en los últimos meses, ha desembocado en una reducción de la protección».
El Ministro además afirmó que, a nivel mundial, “uno de los factores que inciden en la disminución de las coberturas es el naciente movimiento que se opone a la obligatoriedad y que sostiene que no debería existir intervención pública”.
Una muestra de ello fue lo sucedido en el año 2016, en nuestro país, cuando se instaló por parte de grupos antivacunas la desconfianza hacia los efectos adversos de la vacuna contra el virus papiloma humano (VHP), lo que desencadenó que grupos de padres acudieran a la justicia para impedir que sus hijas fueran vacunadas.
