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El calvario de las carabineras que se atreven a denunciar la falta de apoyo a la maternidad en la institución Controversia

El calvario de las carabineras que se atreven a denunciar la falta de apoyo a la maternidad en la institución

Loreto Santibáñez
Por : Loreto Santibáñez Editora de Agenda País y Revista Jengibre. Periodista PUC con experiencia en prensa escrita, radio y TV, tanto en Chile como en el extranjero.
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Carabinera que denunció a través de un video que no le permitían amamantar ni tener hora de colación terminó siendo sancionada con cuatro días de arresto. Tras conocerse la sanción, varios diputados señalaron que iban a pedir explicaciones por lo sucedido pues, a pesar de no respetar la jerarquía de la institución se estaban vulnerando derechos más importantes. Cercanos temen que la sanción sea un primer paso para que la funcionaria termine siendo desvinculada.


Este jueves debe reincorporarse a sus funciones tras una licencia médica la cabo Olga Castro quien fue sancionada luego de denunciar y grabar en un video a una superior que vulneraba el derecho a horario de alimentación y de amamantar a las funcionarias madres de la Tercera Comisaría de Santiago.

El caso que se conoció el pasado 14 de junio terminó en un sumario administrativo, cuyo resultado determinó sancionar a la funcionaria con una medida «disciplinaria consistente en cuatro días de arresto con servicios» al considerar que la cabo Olga Castro al grabar con su celular a la capitana Paula Mella cuando le exigía cumplir con su turno, «dichas imágenes y audios fueran difundidos a los distintos medios de comunicación social, dañando de esta forma la imagen institucional».

La Fiscalía Administrativa de la Prefectura Central de Carabineros se basó en un instructivo institucional que «prohíbe a todo el personal adoptar iniciativas individuales para registrar, almacenar, difundir o publicar cualquier título en redes sociales o en cualquier medio o tipo de soporte, imágenes propias o de terceros, audios o documentos alusivos a instalación, procedimientos policiales o administrativos».

De esta forma, «la cabo primero Castro Muñoz no siguió el conducto establecido para plantear la situación que le afectaba y decidió difundir aquellos archivos (…) permitiendo que con ello, dichas imágenes y audios fueran difundidas en los distintos medios de comunicación social, dañando de esta forma la imagen institucional».

Esta decisión de Carabineros generó diversas críticas en la comisión que investiga el millonario fraude en la institución, donde algunos diputados ya anunciaron que pedirán explicaciones al Ministerio del Interior y al general director de la institución, Bruno Villalobos. También se solicitará explicaciones de la diferencia en las sanciones que determinó el sumario, con la simple amonestación que recibió la capitán Mella y el arresto para la cabo Castro.

A su vez, la diputada Camila Vallejo, quien ha hecho público las denuncias de ex funcionarias de Carabineros despedidas con fuero maternal y que ha llevado los casos a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, mostró su malestar en Twitter.

Una de las denunciantes que sostiene que no se respetan los derechos maternales al interior de Carabineros es la ex teniente Andrea Neira que dice haber salido de la institución de manera ilegal al estar protegida por fuero maternal.

Sobre el caso de la cabo Castro, la ex teniente Neira entiende que «se le está sancionando por grabar en un cuartel policial, hacer viral las imágenes y con esto dañar ‘la imagen de la institución’, cosa que está estipulada en el reglamento de Carabineros de Chile, que es una institución obediente, no deliberante, con disciplina militar y jerarquizada, entonces cuando uno está en la institución sabe que se tiene y a que no».

En ese sentido, cree que los canales no fueron los adecuados ni correctos para denunciar ese hecho, pues debería haber agotado las instancias administrativas «y esas instancias no las ocupó» aún cuando asegura que «era obvio que se las iban a negar porque lamentablemente al interior de Carabineros se está vulnerando lo que es el fuero maternal, por desconocimiento o porque las funcionarias embarazadas son cacho».

Aún así, cree que hasta cierto punto es comprensible la reacción de la cabo. «Pienso que se le juntaron muchas cosas, porque esto venía de hace mucho tiempo con todas las funcionarias que estaban con fuero maternal. Estaban en un grado como de desesperación que lamentablemente ahora ninguna de sus compañeras avala su denuncia, todo por miedo», señala. Y agrega: «Es una desesperación de que no se te escuche, se te nieguen los conductos regulares , que se te vulneren los derechos, pero eso pasa directamente porque Carabineros no respeta fuero maternal y no hay una doctrina como dicen ellos en cuanto a ese tema, cada unidad hace lo que quiere».

Según Neira, el problema también es que «está siendo muy injusta la sanción porque el sumario lo está llevando una capitán que era compañera de la capitán que fue denunciada, entonces está siendo súper poco equitativo, le están dando cuatro días de arresto a la cabo y a la capitán le están dando solo una amonestación», lo que en la práctica se traduce en que un superior debe decirle que eso no se debe hacer, sin registro en la hoja de vida.

Si bien la cabo Castro cuenta con dos instancias más de apelación, la primera que debe realizarse en cinco días más, según sus cercanos y quienes conocen el funcionamiento de Carabineros, creen que es probable que ella termine fuera de la institución por haber dado a conocer la situación que viven con ese video. Por ahora debe cumplir funciones en la 25° Comisaría de Maipú, hasta donde fue enviada luego de conocerse la polémica grabación.

«De verdad espero que no la desvinculen, porque es muy triste terminar vendiendo en la calle. Y no creo lo hagan, pero de que le van a buscar quizás algunos resquicios institucionales, lo harán para sancionarla y después puede quedar en lista de eliminación. Además la trasladan a Maipú para que vaya de un lado para otro y se canse sicológicamente», explica la ex oficial Neira.

Mientras, la capitán denunciada sigue en la institución y fue trasladada al Departamento de Fronteras OS-3, a pesar de que en un principio iba a realizar labores administrativas en el Departamento de Protección de la Familia, lo que no se hizo efectivo por una serie de licencias médicas que la uniformada presentó luego de la grabación del video. «La capitán Paula Mella, aún es de dotación de la Tercera Comisaría Santiago Central, en la actualidad con licencia médica y su traslado fue corregido para el Departamento de Fronteras OS3», dice el documento del sumario.

El día del video

Según diversas fuentes consultadas por El Mostrador Braga, existía cierta irregularidad en los horarios de las funcionarias al interior de la Tercera Comisaría. «Las tenían hasta las cinco de la tarde y no estaban consideradas con almuerzo o como servicio normal. Ellas, figuraban en el sistema como que trabajan hasta las tres para no darles almuerzo y no tener problemas. Además, ellas almorzaban en los roperillos como se dice , donde se cambiaban de ropa porque no se les consideraba con comida así que tenían que comer escondidas, hasta que la capitán llegaba a gritonearlas que por qué estaban comiendo si debían estar trabajando», revela una fuente.

La situación empeoró el lunes 5 de junio cuando la capitán Paula Mella llamó a su oficina a cinco funcionarias donde les señala que, según la normativa vigente de la institución, las carabineras con fueron maternal y con hijos lactantes podían trabajar hasta las 17 horas incluyendo los fines de semana si los servicios así lo ameritaban. Estos dichos contrastarían con las normas de protección a la maternidad que se ha difundido internamente en la institución. «El horario para las carabineros embarazadas o con fuero es hasta las 3 pm, para que tuvieran la hora de amamantamiento y de almuerzo en su casa o con su hijo», señalan. Ese era el horario que tenían hasta la modificación de horario que se les dio a conocer repentinamente.

De esta forma, a las carabineras que habían sido madres recientemente se les hacía trabajar de 8:30 a 17 horas sin que quedara claro cuál era el horario de colación y de amamantamiento. Ante la incertidumbre, un grupo de funcionarias se reunió a conversar sobre lo que estaba pasando hasta que llegó la capitán y les preguntó por qué no estaban en sus funciones y qué pretendían con ese encuentro.

La capitán entonces leyó un documento que explicaba que si no se trabajaba 10 horas continuas se perdía el derecho a rancho fiscal (alimentación financiada por el Estado para el personal de planta).

La conversación no siguió y sólo hubo algunos intercambios verbales entre la capitana y las funcionarias, con grabaciones de celular por ambos lados, entre ellas la de la cabo Castro quien ese día dejó una constancia escrita de los hechos que firmaron varias de las participantes.

Por licencias medicas de diversas razones, ni la capitán ni la cabo se volvieron a topar. El sumario se inició, tomando declaración a varios de los que presenciaron no solo los hechos sino el funcionamiento del lugar. Ambas además, supieron de sus respectivos traslados estando con licencia. Hasta que se encontraron nuevamente en la resolución del sumario con sus dispares resultados.

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