Aborto 3 causales
El Ministerio de Salud creó un consejo de expertos para evaluar los casos en que se solicite la interrupción del embarazo en las tres causales que establece la ley, mientras se termina el protocolo para que los centros de salud apliquen la normativa efectivamente.
Luego de que el embarazo de una menor de 13 años en Chiloé, producto de una violación, pusiera a prueba la factibilidad de abortar en las tres causales como establece la ley, el Ministerio de Salud tuvo que hacerse cargo y mandó un instructivo mientras se termina de resolver el protocolo para el correcto funcionamiento de la nueva normativa.
Según informó La Tercera, que mientras se termina el protocolo de normas técnicas y reglamentos que permitirán implementar la ley en la práctica -que tiene plazo hasta el 23 de diciembre-, un grupo de expertos recepcionará y analizará los casos que no se resuelvan en el centro de salud de origen, y deberá dar una solución en un plazo máximo de 48 horas.
En el documento enviado a todos los servicios de salud y hospitales de todo el país, se enfatiza que se debe entregar atención a todos los pacientes. Esto porque pese a que la menor reunía todas los requisitos que establece la ley, los especialistas del Hospital de Castro se negaron a interrumpir el embarazo. Finalmente fue la Subsecretaría de Redes Asistenciales la que decidió trasladar a la adolescente a Santiago, donde se le practicó finalmente el aborto en el Hospital San José.
El texto es claro en señalar que “la circunstancia de que no se dicten aún los actos administrativos que aprueben las regulaciones sobre las prestaciones de la ley no es argumento para negar la atención de salud ni la prestación de la interrupción y/o acompañamiento, al momento de enfrentar los casos a que se refiere cada causal de interrupción voluntaria (..)”.
También se indica que en caso de dudas se debe remitir de “forma inmediata a la Subsecretaría de Redes Asistenciales la información y los antecedentes del caso», los que serán analizados por el grupo de expertos y que cualquier complejidad, “ya sea por efecto de la objeción de conciencia u otra razón, deberá ser reportado de inmediato para las derivaciones correspondientes”.
El Servicio de Salud de Chiloé había informado que la atención a la menor fue negada porque en los hospitales locales no habían médicos dispuestos a realizar el procedimiento debido a que aún no estaban fijados los protocolos en la Ley 21.030 del reglamento del Ministerio de Salud.
Otra de las razones esgrimidas fue que los recintos no cuentan con los enseres suficientes para realizar el procedimiento.
