En año electoral, pierde el que más necesita

“A los dirigentes del Frente Amplio se les escucha mucho hablar del CAE y de la gratuidad universitaria. Pareciera que para ellos no existen los 77 mil desertores escolares, los niños del Sename, los 500 mil Ninis y los barrios tomados por el Narco. ¡En las prioridades se juega todo!»…

Hace tiempo que un tuit no me interpretaba tanto, como este que subió el martes pasado el intendente de Santiago. Pero mi alegato amplía la queja de Claudio Orrego a los dirigentes tradicionales del país, a las actuales autoridades parlamentarias, ministeriales, sectoriales, a los políticos fogueados. Es cierto que el año de campaña electoral no es tiempo propicio para priorizar con sentido las reales urgencias del país en materia de educación y de combate contra la pobreza y la desigualdad. Como bien dice el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, ad portas de la segunda vuelta presidencial, la política se entiende como una subasta. Como un quién da más, los candidatos se trenzan en “una simple puja” y los programas, los proyectos, las políticas sociales y los objetivos originales se van cayendo por el camino en pos de aquello que puede dar más rédito en términos de votos. Acá no están en juego dos programas para el país, sino una subasta, a un ofertón de promesas.

Como directora de la fundación Súmate del Hogar de Cristo y parte de la Red por las Trayectorias Educativas que a través de sus escuelas y programas acoge de regreso a esos valientes que el intendente Orrego reconoce como parte de nuestros olvidados, nos pasamos parte importante de este año haciendo lobby con autoridades sectoriales y parlamentarios pertenecientes a las comisiones de Educación y Hacienda. Les explicamos por qué es tan crítico que la glosa presupuestaria destinada a las escuelas de reingreso venga disminuyendo a razón de mil millones de pesos anuales desde 2015. Les contamos que esos 77.554 niños y niñas menores de 18 años que están fuera del sistema escolar y que los 188.939 menores de 21 que no están estudiando y no han terminado la educación media, no han desertado, sino que han sido excluidos por un sistema que sólo escucha a los que marchan, a los que tienen redes de apoyo, a los que protestan, a los que suman votos.

Les tratamos de hacer ver que esta minoría silenciosa no ha podido seguir estudiando por su pobreza, porque padecen graves problemas familiares y/o de aprendizaje, porque no se ajustan al sistema. No por flojos, como dice el prejuicio tan socorrido a la hora de explicar la pobreza. La exclusión escolar está directamente vinculada a la población con mayor vulneración social. Dos de cada tres personas de entre 6 y 21 años que no se encuentran estudiando ni terminaron su educación obligatoria provienen de familias clasificadas dentro de los dos quintiles con menos ingreso. Y, si nos apuran, porque es políticamente incorrecto decirlo, a veces les remarcamos que esos niños y jóvenes que patean piedras en las esquinas de las poblaciones tomadas por el narco, sin expectativas de un trabajo decente, de una vida decente, son los que probablemente serán protagonistas de un portonazo o se convertirán en soldados del padrino del barrio. ¿Se han fijado qué edad y qué nivel de estudios tienen los jóvenes delincuentes que a veces son capturados en estos hechos?

Nosotros también tratamos de transmitirles la emoción y la gratificación que sentimos cuando conseguimos que estos jóvenes egresen. Nosotros trabajamos con muchachos y muchachas valientes, que, tras abandonar el sistema, tienen la capacidad de volver, de darse cuenta de que requieren más, de que no tendrán posibilidades si no estudian y se preparan para torcerle la mano a lo que parece ser su destino. Varios de ellos cantaron con nosotros en la Alameda, frente a la Casa Central de la Universidad de Chile, “El baile de los que sobran”, para abogar por los que no han tenido la oportunidad de una buena escuela de reingreso, que los acoja, los forme y los ubique para el trabajo y la vida adulta.

Todo esto las autoridades y parlamentarios lo escuchan con mucho interés, algunos afirman no haber sido informados de esta realidad y ofrecen sus buenos oficios para colaborar, para evitar que el presupuesto que debemos negociar anualmente como si este no fuera un tema acuciante y permanente se siga encogiendo en beneficio de la gratuidad universitaria y otras causas más masivas y populares. Pero el presupuesto de la nación se cerró y lo que conseguimos, después de todas estas gestiones y exposiciones técnicas donde solicitábamos 3 mil millones de pesos para volver apenas a la situación de 2015, fueron 666.310 millones de pesos que se tendrán que repartir nuevamente entre los más olvidados: la educación de adultos y la reinserción educativa

La frustración es enorme, más a la luz de un dato que también les expusimos a las autoridades: durante los últimos años las escuelas de reingreso hemos atendido en promedio 2.500 jóvenes anualmente, esto significa que cada año se está acogiendo sólo al 3% de la población potencial. Es decir, el Estado de Chile no está garantizando el derecho a educación de todos los niños y jóvenes del país, y, en un año de subastas electorales, en tiempo de pujas, esa falta de garantías es total.