Yo opino
Este 8 de marzo, asistimos a una nueva conmemoración del Día de la Mujer en nuestro país. Las Naciones Unidas celebraron el Día Internacional de la Mujer por primera vez el 8 de marzo en 1975, coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer, pero las mujeres venían manifestándose desde fines del siglo XIX.
Junto con la lucha por el derecho a voto y a ocupar cargos públicos, las mujeres exigieron el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. En 1910, en el Primer Congreso Feminista Latinoamericano, las mujeres
aspiraban al reconocimiento de la igualdad ante la ley, pero también se preocuparon de la condición de las mujeres casadas, las madres solteras y, por supuesto, del aborto.
No es mi intención en estas líneas hacer una revisión histórica sobre la lucha por el derecho al aborto, pero si considero importante recordar algunos hitos. Es el Código Penal de 1875 que estableció el castigo por abortar por primera vez. En
1931, durante el gobierno de Carlos Ibáñez, se creó el Código Sanitario, el cual posibilitó la interrupción del embarazo por fines terapéuticos y se permitió la esterilización. Para que esto se llevase a cabo, se debía contar con la aprobación de tres médicos.
En 1968, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, se continuó permitiendo el aborto terapéutico, pero se rebajó el número de médicos que debían aprobarlo a dos. En el artículo 226 de dicho código, nunca se menciona la palabra aborto, se habla de interrupción del embarazo, pero en el subtexto era eso: un aborto terapéutico.
La sociedad chilena se caracteriza por hablar con eufemismos, y eso que no decía la ley tenía un correlato social, nuestras abuelas y tías mayores lo decían “me hice un remedio”, o se “tuvo que hacer un remedio”. Sin duda, esas palabras se resguardaban como un secreto familiar o bien quedan recluidos en el mundo femenino. Sin embargo, no existía el peso social que es posible observar hoy en nuestra sociedad, porque se entendía que aquella mujer que tomaba esa decisión, debía estar pasando por un momento complejo para hacerlo.
Posteriormente, durante el gobierno de Salvador Allende, el aborto adquiere una connotación política y social, pues en el Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Barros Luco, se efectuó una interpretación amplia de la norma, facilitando el acceso al aborto voluntario a mujeres pobres, que no deseaban o no podían tener esos embarazos por condiciones síquicas, emocionales, sociales, culturales y económicas.
Como se sabe, después del Golpe de Estado de 1973, la dictadura defiende contradictoria y fervientemente “la vida del que estar por nacer”, mientras muchas compatriotas eran asesinadas y se restringían y reprimían los derechos de toda la población. Y de este modo en 1989, se materializó en el artículo 19 de la Constitución y en el artículo 119 del Código Sanitario que “no podría
ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto” (Ley 18.826, 1989).
En palabras simples, entre los años 1931 y 1989, es decir, casi 60 años, el Código Sanitario consentía legalmente la posibilidad de interrumpir el embarazo por razones terapéuticas.
En 1991, se presentó el primer proyecto de ley post-dictadura para modificar el código sanitario, instancia que como ya sabemos no prosperó. Este tema que según muchos “es un asunto de mujeres”, se debatió de manera intermitente por más de veinte años en el Congreso. Pero finalmente se aprobó el año pasado, sólo en tres causales: inviabilidad del feto, riesgo de salud de la madre y violación.
Estas últimas semanas, hemos visto con preocupación la criminalización que se ha hecho de las y los profesionales del área de la salud que están cumpliendo con la ley, que es un acuerdo social.
Por eso, este 8 de marzo, levantamos nuestra voz para que este mínimo derecho adquirido se pueda exigir.
En el marco de derechos humanos, existe el principio de no regresividad, es decir, si se avanzó en el cumplimiento de un derecho, el Estado no puede retroceder, pero sabemos que hay momentos críticos de nuestra historia que ha implicado una conculcación de derechos.
Si hay algo que nos ha enseñado la historia, es que ningún derecho que hemos conseguido las mujeres se debe a la buena voluntad de los grupos que nos gobiernan, sino que estos derechos son fruto de las convicciones y lucha de muchas mujeres y hombres que han soñado por un mundo más justo, equitativo y solidario.
