Yo opino
En Chile, las denuncias de acoso sexual en las Universidades tienen principalmente como víctimas a mujeres, mientras que los acosadores incluso pueden ser académicos destacados con proyectos de investigación.
Cuando un acusado por acoso sexual tiene un comportamiento recurrente, con denuncias y sumarios previos, y además habiendo generado un ambiente laboral sexualizado, pero no ha sido sancionado, es imposible permanecer en silencio, impávidas ante la injusticia, por lo que a través de la prensa y las redes sociales manifestamos nuestra desaprobación.
Ante esto, los acusados suelen interponer un recurso de protección en contra de las personas que se han manifestado por redes sociales, aduciendo la vulneración de su derecho al respeto y protección de la vida privada, además de su honra y la de su familia, pero que parece más un amedrentamiento.
La familia de un victimario se enfrenta a esta realidad convirtiéndose en víctima de los comportamientos inapropiados de su ser querido, comportamientos que dicho sea de paso constituyen un delito. Dentro de la comunidad universitaria surge el temor que una seguidilla de acusaciones falsas emerja como vendettas personales, y pueden llegar incluso a apelar a la familia del victimario para justificar medidas frente a un acosador. Parecen olvidar a las víctimas del acoso, quienes fueron sometidas a escrutinio público y que también cuentan con familia y cercanos.
Se enfrentan así, el derecho a la honra de la vida privada versus el derecho de la libertad de expresión. Los papeles parecen invertirse, piden borrar algo muchas veces real y verdadero, y que al serlo, no constituye injuria o calumnia alguna. Hace poco el recurso de protección presentado contra Javiera Tapia, directora de POTQ Magazine, fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Santiago, sosteniendo que los episodios narrados sobre violencia física y sicológica en el artículo constituyen interés público. Recientemente la Corte de Apelaciones de Valdivia falló frente a un recurso de protección que fue interpuesto por un docente de la Universidad Austral que tiene un sumario interno por acoso sexual en curso, en contra de 4 investigadores que fueron o son alumnos de dicha casa de estudios. El recurso fue acogido parcialmente, dos de ellos tuvieron que eliminar los comentarios donde dan el nombre de esta persona, pero se señala claramente que “debe prevalecer el beneficio ciudadano que reporta la libertad de expresión, más aún cuando se refiere a conducta de acoso sexual que se ha realizado al interior de una Universidad, lo que por cierto, concita tanto el interés de dicha casa de estudios como de la comunidad toda por ser una conducta del todo reprochable, en el evento de ser acreditada, siendo absolutamente relevante la instrucción del sumario que se lleva a cabo y su conclusión, de una manera pública y transparente”.
El tema del acoso sexual como forma de violencia de género también dejó de ser un tema de la vida privada, para convertirse en materia de interés público.
