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Críticas apuntan a que nuevo protocolo facilita a clínicas privadas invocar la objeción de conciencia institucional.
Tal como lo había adelantado hace unos día, el ministro Salud, Emilio Santelices, firmó un nuevo Protocolo de Objeción de Conciencia de la Ley que Despenaliza la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Casuales que permite que todas las insitituciones privadas de salud puedan recurrir a ella independiente de si tienen o no convenios con el Estado o si reciben recursos púbicos.
De esta forma, se eliminó el punto 2 del ítem IV, que señalaba: «Los establecimientos públicos de salud así como aquellos privados que se encuentren adscritos al Sistema Nacional de Servicios de Salud mediante la celebración de convenios a los que se refiere el decreto con fuerza de ley N° 36 de 1980, del Ministerio de Salud, no pueden invocar objeción de conciencia, en la medida en que el objeto de dichos convenios contemple prestaciones de obstetricia y ginecología. En consecuencia, dicha objeción no afectará la vigencia, ni la posibilidad de suscribir los convenios que digan relación con otras prestaciones y/o tengan por efecto otras áreas de especialidad».
La medida surge luego de que algunas instituciones médicas privadas se mostraran disconformes con el protocolo anterior, por la restricción que imponía para invocar la objeción de conciencia institucional.
Además, la Red Salud UC y la Clínica Alemana de Osorno habían presentado recursos de protección por el perjuicio económico que les generaba el protocolo anterior.
En lo concreto, se exigirán menos requisitos a los establecimientos que deseen ser objetores, pues se eliminan además las actas de acuerdo y que cada objeción deba ser firmada por el director del centro médico.
El ministro Santelices aseguró, eso sí, que «lo que aquí no se va a modificar, por cierto, es el mandato de la ciudadanía al Parlamento, en que hay una Ley de Aborto en tres causales que tiene un reglamento y se tiene que cumplir a cabalidad. Eso está garantizado, porque una obligación de la autoridad es cumplir con la ley».
La ministra Cecilia Pérez también aseguró que se debe garantizar la atención inicial y un traslado a la paciente a otro lugar donde sí se pueda hacer y pagar los costos adicionales.
Aún así, el cambio de protocolo despertó una ola de cuestionamientos por organizaciones y personalidades que defienden los derechos de las mujeres.
