Yo opino
Una vez más nuestros legisladores se ven discutiendo un proyecto de ley que pone a prueba su visión sobre las libertades y autodeterminación de los individuos, como lo es el caso de la identidad de género. Este proyecto de ley responde a una demanda histórica de la comunidad trans y que, en esta ocasión, repite un escenario ya conocido sobre cómo los representantes proceden en estas materias: se legisla a medias provocando un problema en el cumplimiento de lo que justamente se quiere enmendar -tal como ha sido con la conocida ley Zamudio o la misma ley de interrupción del embarazo en tres causales- o se legisla con la finalidad de solucionar una demanda de raíz y satisfactoriamente, especialmente cuando la sociedad civil se ha pronunciado ampliamente sugiriendo medidas que debiesen ser incorporadas.
Un punto importante del debate ha radicado en la niñez y adolescencia trans. Desde nuestra visión, el objetivo de esta ley y su espíritu debiese apuntar a que los niños, niñas y adolescentes en esta situación sean reconocidos y reconocidas bajo la identidad deseada, porque justamente el no reconocimiento puede generar un impacto aún más nocivo que no permitirlo en razón de resguardar esta opción para una edad más avanzada, es decir, posteriormente a la mayoría de edad. Dicho impacto se observa principalmente en su desenvolvimiento social y en la salud mental; síntomas asociados a la depresión, ansiedad, angustia e incluso suicidio.
En este sentido, vale la pena recordar a quienes legislan que resguardar los derechos de los niños significa también reconocer que son sujetos de derecho y que una mirada adultocentrista en el debate –donde una restricción de los padres se puede confundir con un acto de precaución o un cuidado- debiese quedar fuera de la discusión. Lo idóneo que debiese ser promovido y respetado por el Estado es incitar a que los padres actúen como las figuras que orientan a los niños, niñas y adolescentes en su autonomia progresiva, justamente para poner en ejercicio los derechos humanos de los niños y reconocerlos como sujetos de derecho.
Lamentablemente en estas materias suenan muchos prejuicios en los argumentos de los parlamentarios que se anclan en investigaciones poco serias, prejuicios, ignorancia o incluso en una psiquiatría decimonónica. Un intento más por normar la sexualidad de las personas (y de los NNA), tal como lo vimos en el debate de aborto. Desde la sociedad civil lo que esperamos es que este proyecto implemente medidas para que los niños, niñas y adolescentes trans no vivan violencia ni discriminación y puedan desarrollarse libremente, velando siempre por el interés superior del niño.
