Objeción de conciencia
Este miércoles la Contraloría dictaminó que el protocolo de objeción de conciencia presentado por el Ministerio de Salud, “no se ajusta a derecho”. Gobierno anunció que confeccionará nuevo reglamento.
A través de sus redes sociales la Contraloría General de la República informó su dictamen respecto a la objeción de conciencia en la ley de Aborto por tres causales: riesgo de vida materno, inviabilidad fetal y violación
Declarando que “no se ajusta a derecho”, el ente fiscalizador objetó los cambios a dicho protocolo realizados por el Gobierno de Sebastián Piñera, asegurando que «los establecimientos públicos de salud no pueden invocar objeción de conciencia, debido a que es función del Estado garantizar el libre e igualitario acceso a la salud», afirma la Contraloría.
«Las instituciones privadas que tengan convenios con el Estado tampoco pueden acogerse a la objeción de conciencia, puesto que recibir financiamiento público se entiende que sustituyen a los servicios de salud y forman parte de la red pública de salud», agrega el dictamen.
Las organizaciones de la sociedad civil que promovieron la mencionada ley, valoraron la media, sin embargo consideran que es un mínimo de resguardo a los derechos de las mujeres y que el Ministerio de Salud no ha llegado a garantizar que efectivamente la ley se cumpla.
Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas, unas de las agrupaciones que presentaron el requerimiento de ilegalidad ante la Contraloría, y vocera de la Mesa Acción por el Aborto en Chile, dijo que “valoramos la decisión de la Contraloría, en cuanto reafirma el carácter excepcional de la objeción de conciencia, y asimismo que los establecimientos privados de salud que tengan convenios con el Ministerio de Salud, como igualmente los servicios públicos de salud no pueden declararse objetores de conciencia en carácter institucional.
Este es un paso inicial, puesto que hasta ahora el Ministerio de Salud no ha llegado a garantizar que efectivamente la ley 21.030, que despenaliza el aborto en tres causales, se cumpla en todos los establecimientos de salud públicos, y respecto de todas las mujeres y las niñas que necesitan la interrupción del embarazo en alguna de las causales. El Ministerio de Salud no ha dado garantías suficientes sobre su adecuado y completo cumplimiento”.
Desde la ONG Miles, la psicóloga Estefanía Andahur ahonda en esta mirada “Es un mínimo para el resguardo de los derechos de las mujeres. Nos parece una buena noticia el dictamen, ya que la objeción de conciencia no puede ser un obstáculo para los derechos de las mujeres como este protocolo pretendía ser. Nos parece bien que la Contraloría como organismo independiente y fiscalizador vele por el cumplimiento de la ley y corrobore y reafirme lo que las organizaciones de la sociedad civil hemos manifestado sobre el deber del Estado de garantizar el libre e igualitario acceso a la salud de las mujeres.
La profesional recalca que “hay que considerar que aún se mantiene la objeción de conciencia institucional para las instituciones privadas que no reciben fondos públicos y desde Corporación Miles creemos que ninguna institución está por sobre la ley”
Tras conocerse el dictamen el Gobierno dio una declaración pública donde sostiene que “no compartimos la decisión, pero comprometidos con el estado de derecho y con el rol que corresponde a las instituciones del país acatamos el dictamen”, además de anunciar la confección de un nuevo reglamento “que regule la objeción de conciencia y que acoja los cuestionamientos que ha hecho la Contraloría General de la República a este protocolo”.
