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Bachelet recibirá propuesta para crear Instituto Nacional del Patrimonio

Uno de los mayores anhelos institucionales del ámbito de la cultura es la creación de una instancia dedicada exclusivamente a la conservación del valor patrimonial del país, una entidad que sea independiente del Consejo de la Cultura. Un que sueño podría comenzar a concretarse a partir del informe que este miércoles 11 de abril tendrá en sus manos la mandataria.


Raúl Allard, presidente de la Comisión de Institucionalidad Patrimonial.

El próximo miércoles, la Presidenta Michelle Bachelet recibirá un completo estudio donde se exponen las directrices y se profundiza en todas las instancias necesarias para la creación de un nuevo órgano institucional dedicado al resguardo patrimonial.



Se trata del Instituto Nacional del Patrimonio, un viejo anhelo en los estamentos culturales del país y que de ser aprobada su creación en el Congreso, tendrá atribuciones para encargarse de la conservación del patrimonio cultural, tanto material como intelectual.



La Comisión de Institucionalidad Patrimonial, creada a finales de julio pasado 2006, trabajó entre agosto y marzo últimos para redactar este informe, necesario para la evaluación que permita dar forma al proyecto de ley que el Ejecutivo deberá enviar al Poder Legislativo, donde finalmente se deberá decidir su aprobación.



El presidente de la instancia, el abogado Raúl Allard, especificó a El Mostrador.cl que "el documento que se entregará en los próximos días es un informe de proposición de políticas", que fue redactado junto a una serie de actores interesados en la materia, como los ministerios de Bienes Nacionales, de Educación, de Vivienda y Urbanismo, Obras Públicas, de Planificación y Cooperación, el Consejo de la Cultura, la Comisión Nacional del Medioambiente (Conama) y la Corporación Nacional Forestal (Conaf).



También participaron en esta comisión algunos representantes del sector académico y del empresariado, como la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), instancia que manifestó un especial interés en la materia de conservación patrimonial, según confidenciaron a El Mostrador.cl fuentes del Consejo de la Cultura.



El informe, cuyo nombre formal es "Propuestas de perfeccionamiento de políticas, instrumentos e institucionalidad patrimonial", integra tres capítulos, a los cuales se les anexará un cuarto estudio sobre institucionalidad legal.



«El proyecto es mucho más amplio. Contiene bases de desarrollo de políticas y otros aspectos fundamentales relativos al incentivo del Estado para la conservación y protección de bienes patrimoniales», afirma Allard sobre los estímulos tributarios, ya que "la ley de donaciones culturales no se adapta a la naturaleza propia de la donación patrimonial».



"Todo esto está en el contexto de dar prioridad a las políticas patrimoniales de conservación y protección y, además de los instrumentos existentes, que continuarán funcionando al servicio del patrimonio, se propone un instrumento nuevo y específico", destaca.



Financiamiento y líneas de acción



Uno de los aspectos fundamentales es la creación de un fondo que permita solventar la mantención de sitios patrimoniales en riesgo, como por ejemplo las salitreras Santa Laura y Humberstone, o la reconstrucción de sitios dañados por imprevistos, como el incendio que afectó este verano al casco histórico de Valparaíso.



«Este fondo tendrá diversas líneas de acción y se transformará en un instrumento fundamental para llevar adelante la política patrimonial que, se espera, sea prioritaria dentro de las varias que están en la primera línea de acción del Estado», señala Allard.



La idea, según el experto, "es adquirir bienes patrimoniales, pero al mismo tiempo contar con un respaldo que permita la conservación, protección y difusión de estos sitios o inmuebles", ampliando las facultades de esta institucionalidad.



Además de la creación de este fondo, el estudio contempla modificaciones sustanciales a al menos nueve leyes que rigen en materia patrimonial, tanto a nivel urbano y tributario, para generar un marco legal apropiado que permita el libre funcionamiento de la instancia.



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