Hoy se vota la idea de legislar en la Cámara de Diputados
Aseguran que la gestación de la ley no contó con la participación de la comunidad artística, que el proyecto privatiza la cultura y que la fusión de entidades públicas pone en peligro puestos de trabajo.
La controversia está que arde. El gobierno presentó un proyecto de ley para crear el Ministerio de Cultura y espera que hoy la Cámara de Diputados apruebe la idea de legislar. Sin embargo, desde la comunidad cultural, si bien todos están de acuerdo con la creación de un ministerio, critican el proyecto de ley por tratarse en plena campaña electoral. Acusan falta de participación en su gestación y advierten que la fusión de varias entidades gubernamentales pone en peligro los puestos de trabajo en las reparticiones.
Ayer dirigentes de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales (ACBZP), la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y el candidato independiente a diputado Giorgio Jackson pidieron el retiro del proyecto en un documento de reclamo que también contó con el apoyo de la alcaldesa de Providencia, Josefa Errázuriz y la actriz Rosa Ramírez, presidenta de la Unión Comunal de Organizaciones Cultuarles de la Comuna de Santiago, entre otros.
“Un tema tan importante debe ser tomado por la siguiente gestión”, señala Rosario Carvajal, presidenta de la ACBZP. “Tampoco estamos de acuerdo con el espíritu de la ley, que fomenta la idea de la industria cultural y el modelo de negocios en el ámbito de la cultura, da un rol protagónico a los privados en desmedro del rol del Estado en este ámbito”. Carvajal estará hoy en el Congreso de Valparaíso junto a la ANEF para intentar “convencer a los diputados de que rechacen este proyecto y se inicie un nuevo proceso”.
Foto: Gentileza Comunidades del Patrimonio
La presentación del proyecto en plena campaña electoral ha sido uno de los puntos candentes de la controversia. “Este trabajo en ningún caso busca politizar el trabajo de perfeccionamiento de la institucionalidad cultural”, asegura Juan Carlos Silva, coordinador legislativo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA). Y destaca la presencia de políticos de todos los colores en la firma del proyecto en su momento. “Lo que menos se quiere es sacar un provecho político”.
Ya a mediados de agosto se informó que varias organizaciones ciudadanas (incluida la ACBZP) habían manifestado su rechazo al proyecto de ley, durante una reunión en Lota.
“Creemos que es importante legislar, pero la idea no es avanzar a cualquier precio”, señala Edgardo Bruna, presidente de la Unión Nacional de Artistas (UNA), para resumir el sentimiento del sector.
El actual proyecto partió con el anuncio del presidente Sebastián Piñera de la creación de un Ministerio de Cultura, el 21 de mayo de 2011, algo que sorprendió al mundo cultural, que no había sido consultado al respecto hasta ese momento.
“Es deseable que el proceso de discusión de este tipo de proyectos sea previo y no posterior al ingreso en el Congreso. Creo que hubiese facilitado mucho la tramitación”, afirma Bárbara Negrón, directora del Observatorio de Políticas Culturales (OPC). “También era recomendable que al momento del anuncio hubiese existido un proyecto, y no, como en realidad sucedió, que se comenzó a construir a partir de ese momento”.
En la gestación del proyecto propiamente tal participaron miembros del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) y la Dirección de Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam) (ambos dependientes del Ministerio de Educación), así como la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería, todo coordinado por la Secretaría General de la Presidencia, según el CNCA. La multiplicidad de participantes apunta a uno de los problemas en el área: la dispersión de los organismos culturales.
También se citó a varios líderes culturales como Claudio di Girólamo, Arturo Navarro, Agustín Squella y Clara Budnik, para que dieran su diagnóstico en el tema. Silva asegura que durante la gestación del proyecto propiamente tal, la sociedad civil pudo expresarse a través del propio CNCA. Y en OPC reconocen que a través de las distintas agrupaciones se logró generar un debate y el CNCA posteriormente abrió espacios de información y consulta.
La falta de participación de la comunidad cultural ha sido una de las principales críticas al proyecto, algo paradójico tomando en cuenta que el proyecto señala que la “participación es una palabra clave en cultura; la define por principio. No es posible pensar en el desarrollo cultural sin la idea de participación activa”.
“No hubo participación, nosotros supimos del proyecto al momento del anuncio”, dice Bruna. “Luego fueron los gremios los que instalaron espacios de debate y presionaron al gobierno a considerar la opinión del sector cultural”.
“Cualquier propuesta tiene que ser con participación ciudadana vinculante con los actores claves de estos temas”, exige Carvajal. “En cultura están los creadores en sus distintos ámbitos y en el patrimonio están los colegios profesionales, la ciudadanía, los habitantes de las zonas típicas y los municipios”.
Aún así, Silva destacó que además el proyecto puede ser modificado durante su tramitación a partir de indicaciones que formulen las organizaciones.
Uno de los temores es que la sociedad civil, con importante presencia en el CNCA, pierda espacios de participación en la formulación de políticas.
“Actualmente tenemos una institucionalidad con participación de la sociedad civil y esto es una riqueza que no queremos perder”, advierte Bruna.
“El ministerio es, como todo otro ministerio, una institución que ‘baja’ las directrices de un determinado gobierno”, señala Negrón.
“Lo interesante del proyecto presentado es que intenta recoger las ventajas de ambas cosas: mantener la participación a través de un órgano colegiado de carácter vinculante y, al mismo tiempo, resolver la dispersión institucional, además de entregar la más alta jerarquía a la temática cultural dentro de la estructura político administrativa del Estado”, añade . “Pero más que puntos a favor o en contra, el proyecto presenta aún muchas interrogantes, como si será constitucionalmente factible esta fórmula, que de hecho no existe en el Estado chileno”.
