PDI y fiscalía están investigando los casos
La acusación enfrenta al arquitecto Tomás Domínguez con la Municipalidad de Recoleta y el Cementerio General, que son señalados por el primero de no hacer lo suficiente para enfrentar los hechos delictuales. El camposanto fue declarado monumento nacional en 2009.
Un singular caso de robos patrimoniales enfrenta actualmente al arquitecto Tomás Domínguez con la Municipalidad de Recoleta y el Cementerio General. Domínguez viene denunciando desde 2011 el robo de esculturas desde el camposanto y acusa a las autoridades de inacción. Sin embargo, en el municipio restan importancia a los hechos, mientras la jefatura del cementerio indica que todos los antecedentes están en manos de la brigada especializada respectiva de la Policía de Investigaciones (PDI). 
El arquitecto ha hecho numerosas presentaciones formales ante el municipio y la Contraloría por la situación. Ante el Consejo para la Transparencia, Domínguez registra desde 2009 cuatro requerimientos contra el municipio por negar información. Según el arquitecto, en diciembre presentó la más reciente solicitud de información acogida a la Ley de Transparencia, con el propósito de que al fin Recoleta revelara los casos de robos que son de su conocimiento. “La solicitud fue respondida el 24 de enero, transparentándose la magnitud del saqueo patrimonial durante el período 2010-2013 y revelando un problema de magnitudes insospechadas”, señala el arquitecto, que asegura haber realizado en 2006-2007 un catastro patrimonial del camposanto, que fue declarado monumento nacional en 2009. Según la más reciente información, entre 2010 y 2013 ocurrieron al menos 31 robos, mayormente de piezas de mármol, aunque también de bronce, cobre y madera. Por su peso, algunas piezas incluso habrían sido sacadas con una grúa, según dice.
Aunque el arquitecto reconoce que se instalaron cámaras de seguridad en algunos accesos y en 2013 se anunció el cierre del casco antiguo al acceso vehicular, su inquietud persiste porque, según estima, hay personal de seguridad “muy cuestionado”. Domínguez no sólo denuncia el robo de esculturas (aunque dos han sido devueltas), sino el uso de interiores de mausoleos como bodegas o camarines. 
Sin embargo, fuentes del municipio –del cual depende el camposanto– restaron importancia al tema, y derivaron a la propia entidad, dirigida por Marco Sánchez. Éste aseguró que hay medidas de mitigación en curso, y que además resulta difícil vigilar las 80 hectáreas del recinto. Asimismo, dijo que toda la información se ha derivado a la fiscalía, que abrió una investigación, y a la PDI, y advirtió que denuncias como las de Domínguez podrían entorpecer estas diligencias. “Se siente vergüenza por la actuación de las instituciones y autoridades responsables, e indignación por la falta de escrúpulos de quienes son capaces de robarle a los muertos y la impunidad con la que ejecutan sus delitos”, lamenta Domínguez, quien pide que el Consejo de Monumentos Nacionales se haga parte del proceso, junto al municipio. “Predomina el dolor por la pérdida de patrimonio nacional irreemplazable de altísimo valor cultural”.
