Sin duda es encomiable la intransigente defensa de los recursos públicos de nuestras autoridades económicas, aunque no deja de sorprender que mientras se aferran a este impuesto, por otro lado sacralicen en los hechos la liberación de todo gravamen al comercio electrónico. Si una pequeña editorial vende un libro sin IVA en Chile, se arriesga a las penas del infierno con Impuestos Internos. Pero ¿qué ocurre cuando Microsoft vende Office en la red desde un portal propio en Estados Unidos u otro rincón del mundo? Nada.
Desde que se inició la transición democrática, son muchas las voces que han insistido ante las autoridades públicas en favor de la eliminación del IVA al libro, o un IVA diferenciado en torno al 6%. Ello no sólo tendría un efecto directo sobre el precio público de este mágico objeto, sino que también impactaría sobre la esmirriada valorización simbólica que tiene el libro en la sociedad chilena, y sería una clara señal del interés de las autoridades por destacar su importancia en los procesos educativos, en la formación de una ciudadanía pensante, crítica y creativa, y en el desarrollo del país entre otros. Desde el ministerio de hacienda, durante estos 25 años, la respuesta ha sido ejemplar: El tema no se toca. Argumentan que si se rebaja el IVA al libro, otros solicitarán la reducción del IVA al pan, a los medicamentos, entre otros.
Al parecer esto pone en cuestión un sistema impositivo que basa gran parte de sus ingresos en un impuesto de carácter regresivo, el que en muchas naciones es aplicado de manera diferenciado según el bien que se transa: mayor IVA para el lujo y los bienes de consumo sin sentido social, educacional, cultural. Menor tasa impositiva para los productos de primera necesidad.
En qué estarán pensando gran parte de los países del continente americano y europeo cuando limitan el impuesto al libro. ¿Tan perdidos estarán?
Sin duda es encomiable la intransigente defensa de los recursos públicos de nuestras autoridades económicas, aunque no deja de sorprender que mientras se aferran a este impuesto, por otro lado sacralicen en los hechos la liberación de todo gravamen al comercio electrónico. Si una pequeña editorial vende un libro sin IVA en Chile, se arriesga a las penas del infierno con Impuestos Internos. Pero ¿qué ocurre cuando Microsoft vende Office en la red desde un portal propio en Estados Unidos u otro rincón del mundo? Nada. No paga ni un peso de impuestos al Estado chileno, y no pasa nada. Parece ser que las impensables excepciones para la cultura, bien pueden ser reglas para las grandes multinacionales.
Desde ya hace unos años, diversas asociaciones del mundo de la cultura hemos sostenido reuniones con los negociadores chilenos del Acuerdo Transpacífico de Libre Comercio (TPP) en Direcon. Nuestras demandas se han centrado fundamentalmente en dos aspectos: que Chile resguarde su capacidad regulatoria en cultura, es decir que nuestro país pueda seguir potenciando políticas públicas en materia cultural sin que estos tratados impongan una camisa de fuerza en el diseño de las políticas; y que no se extiendan más los plazos de protección de los derechos de propiedad intelectual. Tal como lo señaló la Coalición Chilena para la Diversidad Cultural, es fundamental que el TPP considere una reserva amplia de carácter general para el sector cultural que asegure “que los principios de Trato Nacional y Nación más favorecida no se apliquen a las industrias culturales y las artes creativas, cualquiera sea su soporte”. Que éste acuerdo, como cualquier otro que negocie Chile, respete y sea coherente con la “Convención sobre la protección y promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de UNESCO, la que fue ratificada por nuestro país”.
Por su parte, Editores de Chile, sumándose al punto anterior, ha insistido también en que mayores extensiones en los plazos de propiedad intelectual, como lo pretende la propuesta de Estados Unidos que busca extender los plazos a 100 y 120 años en determinadas circunstancias, limitan la creación y la producción cultural, como la libertad de expresión; sólo favorece la concentración. Igualmente pugna porque no se eleve aún más la criminalización a las infracciones en torno a los derechos de autor, en particular, aquellas realizadas sin ánimo comercial. “Es fundamental mantener vivo el espacio creativo y no caer en una lógica donde casi todo constituye un delito. Las industrias culturales tienen en su base misma la libertad de creación y expresión, derechos que no pueden subordinarse a criterios comerciales y/o judiciales”.
Mientras los actores del mundo cultural nos centramos en la defensa de un precario ecosistema cultural, con la esperanza de un mañana contruido con la inteligencia, creatividad y los saberes cultivados por todos, donde se aúnen mayores energías de la sociedad civil, con nuevas y mejores políticas públicas –por lo que también hemos insistido en que se asegure una amplia reserva para el sector de la educación, velando por la capacidad del Estado de discriminar en las políticas públicas en favor de la educación pública–, las negociaciones del TPP avanzan rápidamente sin poner en cuestión capítulos que parecieran inocuos como el de “comercio electrónico”. Este sacraliza la total liberalización del comercio electrónico, que en los hechos lo exime de todo impuesto. A diferencia de los bienes físicos, no requieren ser ingresados materialmente al país y pagar impuestos como el IVA, o impuestos a las utilidades por parte de la filial en el país o la empresa importadora. El sector es uno de los más concentrados del mundo. ¿Por qué favorecerlos por sobre toda otra área?
Como señala la declaración de la Alianza Internacional de Editores Independientes, Ciudad del Cabo (2014): “Los actores digitales en posición hegemónica como Amazon, Google o Apple no deben ser eximidos de las leyes y reglamentaciones fiscales vigentes en los distintos países en los que actúan”. Si bien, como dice el negociador jefe del TPP Felipe Lopeandía “los tratados de libre comercio no contemplan normas tributarias, por lo que todas las operaciones y transacciones comerciales internacionales se encuentran sometidas a las legislación tributaria nacional”, en los hechos no hay control de las adquisiciones de bienes intangibles en el extranjero quedando estas operaciones liberadas de las normas tributarias como el IVA o cualquier impuesto que deba pagar una empresa en Chile. No es un tema menor cuando los flujos económicos que mueven estas transacciones crecen año a año, representando un ámbito nada despreciable del comercio mundial, cuna de varias de las principales fortunas del mundo.
Como todo tratado de libre comercio, una vez finalizada la negociación, estos llegan al Congreso como contratos por adhesión. Es prácticamente inviable entonces lograr modificaciones. Por ello es tan relevante que exista un debate público en torno al tema, conocer con detalle lo que Chile está negociando en cada materia. Los acuerdos internacionales son uno de los factores que fijan el campo de posibilidades o el piso legal en el cual las políticas públicas y la cultura en particular pueden desarrollarse, en tal sentido marcan el futuro. La participación de los actores en las decisiones que se tomen es un paso absolutamente necesario, como también lo es una mayor atención de las autoridades económicas en la defensa de los intereses del país y sus ciudadanos por sobre los intereses de las multinacionales.
Paulo Slachevsky, director LOM ediciones / comisión políticas públicas de Editores de Chile
