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Experta en «Operación Cóndor» advierte del peligro en la creación de la imagen de un «enemigo» Académica de Oxford dio conferencia en la U. Alberto Hurtado

Experta en «Operación Cóndor» advierte del peligro en la creación de la imagen de un «enemigo»

Francesca Lessa destaca como principal dificultad actual para lograr justicia en el operativo de exterminio de opositores políticos en las dictaduras sudamericanas, entre 1975 y 1980, la coordinación judicial entre los países, a pesar de los avances tecnológicos. La Operación Cóndor fue «una coordinación del terror, más allá de cualquier frontera, no solo geográfica sino también moral».


Su lugar de origen, el norte de Italia, determinó el interés de la académica italiana Francesca Lessa (Verbania, 1980) por la Operación Cóndor, esa suerte de Gestapo sudamericana que entre 1975 y 1980 se dedicó a secuestrar, torturar y asesinar a opositores políticos, fundada entre Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia en 1975, a los que luego se sumaría Brasil (1976) y después Ecuador y Perú (1978).

Lessa, originaria de la región de Piamonte e hija de una profesora de secundaria, se crió escuchando la historia de la resistencia partisana italiana a la ocupación nazi de Italia (1943-1945). Esa región del país, especialmente, recuerda ese movimiento guerrillero con monumentos y actividades. Allí aprendió el valor de la memoria.

Posteriormente, sus estudios universitarios y de postgrado en Inglaterra, entre otros la detención en Londres del dictador Augusto Pinochet en 1998, la llevaron a interesarse en la historia de las dictaduras latinoamericanas que asolaron a Sudamérica, especialmente en la década de los 70 y 80. Como miembro del Latin America Centre de la Universidad de Oxford, se ha especializado en la Operación Cóndor.

«Me interesaba el tema de la memoria, la resistencia, y de cómo, a pesar de todos los convenios y cortes, y una cultura internacional de garantizar los derechos humanos, había mucha impunidad», dice.

Un tema del cual habló este martes en la Universidad Alberto Hurtado, con su ponencia «Justicia más allá de las fronteras».  Su visita se hizo en el marco del trabajo realizado por el Programa Interdisciplinar de Derechos Humanos de la Universidad Alberto Hurtado, encabezado por Oriana Bernasconi de la Facultad de Ciencias Sociales.

Francesca Sessa.

Francesca Lessa.

«Yo no fui»

Para conocer a fondo el operativo, Lessa se instaló con apoyo académico en Buenos Aires en octubre de 2014 por dos años, para asistir al juicio al Plan Cóndor, llevado a cabo en el Tribunal Oral Federal 1 de la Capital Federal, entre marzo de 2013 y mayo de 2016. Fue el primer juicio dedicado íntegramente al operativo, ya que hasta ahora lo que había existido eran juicios por casos individuales.

Allí catorce ex jefes militares y de inteligencia argentinos y uno uruguayo fueron condenados a penas de entre 8 y 25 años de prisión por más de un centenar de privaciones ilegítimas de la libertad y otros delitos de lesa humanidad. «La idea fue monitorear el juicio y ver lo que se estaba haciendo», comenta.

A las audiencias, Lessa iba dos a tres veces por semana. Escuchó a centenares de testigos, además de los peritos y los propios acusados.

¿Cómo se comportaban los militares acusados? En el caso del coronel uruguayo Manuel Cordero Piacentini (1938), condenado a 25 años de prisión, por ejemplo, «trataban de minimizar su papel o alegar que ellos no habían cometido esos crímenes. En su caso además alegaba que se le acusaba por crímenes que no estaban incluidos en su extradición (desde Brasil)». Debe decirse que en su caso no solo fue reconocido por una víctima, sino que además lo acusó de haberla violado.

En general, además, «decían que no estuvieron en el lugar del crimen o que desconocían a las víctimas. No negaban los crímenes, pero desmentían haber tenido un rol directo. Hablaban de un contexto donde había una ‘amenaza del terrorismo, la subversión’, de que ellos habían ‘defendido la patria’, de que la amenaza podía ser cualquier persona, por lo que se les dificultaba identificar a los subversivos reales. Pero en general estaban convencidos de lo que habían hecho, aunque nunca aceptaron haber cometido torturas o asesinatos».

Lessa define a la Operación Cóndor como «una coordinación del terror, más allá de cualquier frontera, no solo geográfica sino también moral», con un periodo intensivo entre 1976 y 1978, que terminó en 1980 cuando Chile y Argentina comenzaron a tener problemas fronterizos, además de haber ya «terminado la tarea».

«Impactan sus operativos, por su alto nivel de planificación, con una persecución muy detallada. Una represión muy sistemática», que oficialmente mató a 377 personas (177 uruguayos, 72 argentinos, 64 chilenos y 25 paraguayos).

Lessa estima que la mayoría de los detenidos eran asesinados y que su perfil era ser «militantes que aunque habían salido de su país, seguían mirando hacia él», con acciones concretas para combatir a la dictadura en su lugar de origen, donde terminaban muriendo a manos de sus captores.

Para esta académica, probablemente lo único comparable, aunque en otro contexto, es la acción de Estados Unidos en la «guerra contra el terrorismo», con el secuestro de militantes islámicos en diversos países para su traslado a Guantánamo.

Operativo made in Chile

Una operación de exterminio, en resumen, ideada por el jefe de la DINA, Manuel Contreras, quien secundado por Pinochet convocó a una reunión para su creación en noviembre de 1975, con lo cual se consolidó un trabajo que ya llevaba un tiempo. De hecho, recibió su nombre debido a que el cóndor es el emblema de nuestro país.

Lessa destaca que en 1975, terminada la «amenaza interna», la DINA comenzó a centrarse en los opositores políticos que denunciaban a la dictadura en el exterior, como el propio ex canciller socialista Orlando Letelier, asesinado en Washington en 1976. También rechaza la idea de que la Operación se haya formado en respuesta a la Junta de Coordinación Revolucionaria (1974-1976), ya que dicha entidad no realizó ninguna acción de envergadura.

«En el juicio quedó probado que aunque existía, nunca llegó a hacer nada», remata. «Lo que sí tenía impacto eran las denuncias de los exiliados, como las que causaron que el Congreso norteamericano cortara la ayuda económica a los militares uruguayos en 1976».

La justicia tarda…

En la búsqueda de justicia, Lessa destaca como principal dificultad actual la coordinación judicial entre los países, a pesar de los avances tecnológicos. Pero, aun así, rescata que para muchas víctimas al menos este juicio resultó reconfortante.

Entre los familiares de las víctimas «nunca vi ningún sentimiento de venganza, solo un deseo de justicia, de querer saber lo que había pasado con los parientes. También había un sentimiento de agradecimiento. Era muy impactante escuchar a un familiar que le agradecía al tribunal porque en 40 años, más allá de su propio entorno, el Estado nunca los había escuchado. Para ellos ya era una forma de reparación».

Para evitar que este tipo de acciones se repitan en el futuro, Lessa reivindica la importancia de ejercer la memoria histórica. «Creo que el poder de la memoria y de recordar es la única seguridad para que no vuelva a repetirse. Cuando se empieza a generar la imagen de un ‘enemigo’, en este caso de los militantes, comienza un ciclo muy peligroso de discriminar o aislar grupos dentro de la sociedad, que puede terminar con la privación de sus derechos y la autojustificación de cualquier actitud hacia ellos. Siempre es importante estar muy atento a estos procesos, porque no se dan de un día para el otro, sino que se construyen día a día».

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