David contra Goliat
Después de un año de litigio para que autopista Costanera Norte y la constructora Sacyr entregaran información sensible que pudiera servir para que los locatarios, que se vieron afectados con el desborde del río Mapoco en Providencia en abril del año pasado, redactaran una demanda colectiva, el Noveno Juzgado Civil resolvió que las empresas estaban obligadas a cumplir con el requerimiento, bajo apercibimiento de arresto y multas.
Todavía queda en la memoria colectiva la inundación que afectó a Providencia el 2016 y que causó millones de pesos en pérdidas a diversos locatarios. La foto que quedó para la posteridad fueron los miles de libros destruidos de la Librería Catalonia a consecuencia del agua y el barro, que motivó que con esos restos se realizara, incluso, una exposición de arte contemporáneo bautizada como 6.134, en recuerdo de la cantidad de textos que quedaron inservibles.
Tras 9 meses de una intensa disputa judicial, el local en cuestión y su compañera de rubro, la librería Takk; la tienda de discos Needle y los restaurantes Nippon y Le Flaubert, lograron doblarle la mano a las gigantes de la industria de la concesión vial y construcción: Costaneta Norte y Sacyr, respectivamente.
Estas compañías, que aparecen como presuntas responsables del desborde del río Mapocho el pasado 17 de abril, se habían negado continuamente a exhibir una serie de documentos requeridos por un grupo de locatarios de Providencia, que servirían como base robusta para un futura demanda colectiva contra la autopista y la constructora española.
Finalmente, el Noveno Juzgado Civil de Santiago en audiencias del 23 y 30 de enero, resolvieron que las compañías estaban obligadas a exhibir el contrato de construcción que celebraron a propósito de la obra adjudicada por el MOP, las pólizas de los seguros que ambas mantienen y un conjunto de oficios intercambiados con la autoridad.
Pese a esa instrucción judicial, la empresa Sacyr se negó a entregar uno de los documentos más importantes, correspondiente a la respuesta que entregó a Costanera Norte cuando recién se produjo la inundación, en abril de 2016. En razón de lo anterior, el tribunal ordenó una nueva audiencia para el próximo lunes 6 de febrero, bajo orden de arresto y multas en contra de Sacyr, en caso que no exhiba dicho documento.
Los abogados de la firma CorreaGubbins informaron que en las respectivas audiencias Sacyr presentó una batería de recursos obstructivos, a fin de evitar que los afectados contaran con la documentación requerida para redactar sus demandas. Pero finalmente, después de casi un año, estas pymes lograron hacerse de los antecedentes necesarios para presentar sus demandas en forma seria y fundada, según lo manifestó la firma de abogados y, de este modo, lograron recuperar la debida simetría procesal que se había extraviado en esta batalla que tiene mucho de David y Goliat.
