Respaldaron declaración de Monumento Nacional
Criticaron las «presiones, demoliciones ilegales y maniobras arteras» por ser «la peor expresión de la corrupción, tráfico de influencias y uso de relaciones de poder para conseguir el único objetivo que el capital inmobiliario tiene: maximizar las utilidades de los controladores de las principales empresas del rubro, a costa de las legítimas demandas de las comunidades por preservar su memoria, dignidad y patrimonio».
La polémica por la declaración de Monumento Nacional de los edificios que quedan de la Villa San Luis de Las Condes, un emblemático proceso de vivienda social en esa comuna de la Unidad Popular que fue expropiado por la dictadura para ser convertido en centro de negocios, continúa.
Tras el rechazo de la inmobiliaria dueña del terreno y la protesta de la Cámara Chilena de la Construcción, que ha publicado una serie de insertos alertando por la falta de «certeza jurídica», ahora la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales respaldó la medida del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN).
El pasado 28 de junio, en una votación realizada en la Biblioteca Nacional, declaró la villa como «un proyecto emblemático de integración y de redistribución del espacio urbano con criterios de equidad social», lo cual fue refrendado mediante un decreto que la ministra de Educación, Adriana Delpiano, firmó el pasado martes y envió a la Contraloría para la toma de razón. Sólo quedan 4 de los 27 edificios originales, donde llegaron a habitar mil familias.
«Frente a la prepotencia y el poder del dinero, las comunidades que luchamos por la defensa del patrimonio de Arica a Punta Arenas, declaramos nuestro total apoyo a la protección patrimonial de lugares que representan la historia y memoria de nuestro país», señala la declaración.
Añade que «consideramos de la mayor gravedad la presión del mundo inmobiliario, representado por la Cámara Chilena de la Construcción y sus cómplices, que no escatiman recursos, ni vulnerar la legalidad, antes ni ahora, cuando sus intereses económicos y políticos se ven amenazados por la ley que desde 1925 protege nuestro patrimonio».
Los departamentos fueron construidos en 1972 por el gobierno de la Unidad Popular para ser vendidos a familias de pobladores de la comuna. Tras el golpe militar, muchos de sus habitantes fueron expulsados a barrios periféricos y reemplazados por familias de militares.
En 1989, el gobierno del general Augusto Pinochet transfirió los terrenos al Ejército, que en los 90 vendió la mayor parte a un grupo de inversionistas para la creación de un centro de negocios. A partir de 1997, las familias que quedaban en el lugar comenzaron a ser presionados por las inmobiliarias para vender sus departamentos. La última habitante se marchó en 2015.
La semana pasada, la constructora e inmobiliaria Presidente Riesco SA, dueña del predio, pidió al CMC dejar sin efecto la medida. Además acusó al fisco de «expropiación», al supuestamente venderle un terreno que ahora no podrá utilizar.
La Cámara Chilena de la Construcción, por su parte, lamentó el «daño» a “la certeza jurídica que otorgan anteproyectos y permisos de edificación y sobre la cual descansa todo el desarrollo de la industria inmobiliaria».
«Tal como lo reiteran distintos fallos de los tribunales de justicia, estos otorgan derechos adquiridos que no pueden ser debilitados por declaratorias extemporáneas”, indicó.
Para la Asociación, el caso de la Villa San Luis las «presiones, demoliciones ilegales y maniobras arteras» son «la peor expresión de la corrupción, tráfico de influencias y uso de relaciones de poder para conseguir el único objetivo que el capital inmobiliario tiene: maximizar las utilidades de los controladores de las principales empresas del rubro, a costa de las legítimas demandas de las comunidades por preservar su memoria, dignidad y patrimonio».
«Lo que no han entendido los señores de la Cámara Chilena de la Construcción y sus cómplices, es que Chile, poco a poco ingresa a la discusión de las nuevas concepciones de protección patrimonial que impulsan organismos internacionales como Unesco».
La Asociación además celebró la rápida firma del decreto respectivo por parte de la ministra Delpiano, habida cuenta que en otros casos ésta ha demorado meses, como ocurrió con la Casa Italia de Viña del Mar.
«La firma de la Ministra de Educación de los decretos de protección patrimonial, luego del voto favorable de los consejeros del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), es una muy buena señal para Chile y su patrimonio. (…) La historia de ministros y ministras de educación que no han querido firmar declaratorias votadas por el CMN es larga y las comunidades tenemos buena memoria», señala el comunicado.
La Asociación también criticó duramente la «maniobra comunicacional millonaria de la Cámara Chilena de la Construcción», que publicó una serie de insertos en diversos diarios de circulación nacional para reclamar, porque a su juicio «tiene por objetivo ejercer una presión sobre la Contraloría General de la República, para la toma de razón de los decretos que entregan la protección patrimonial a Villa San Luis y Casa Italia».
La entidad también se mostró especialmente «indignada» por el actuar del abogado Oscar Acuña, ex secretario del Consejo de Monumentos Nacionales, que apoyó la demolición en ambos casos. El militante DC es rector de la Universidad Sek y representante de las universidades privadas en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA).
«Su historia es larga en las políticas a favor de la destrucción del patrimonio: apoyo al Rally Dakar y sus irreparables daños, asesor de Mall Plaza para proyecto Puerto Barón, apoyo a la demolición de la Clínica London, junto a decenas de recursos y asesorías hechas a empresas inmobiliarias o mineras, para validar la destrucción del patrimonio», señala el comunicado.
«La prepotencia del mercado inmobiliario y sus cómplices, sólo fortalecerá nuestras luchas y organizaciones. No más barbarie inmobiliaria, las comunidades seguiremos la lucha por el buen vivir», concluye.
