Sobre el debate de Ley de Artes Escénicas hemos visto una visibilidad sorpresiva en los medios, después de años de trabajo, en las sugerencias sobre la incorporación de la ópera en el marco de las definiciones de artes escénicas. Pero lamentablemente queda una sensación equivoca al sub entender una aparente división sectorial bajo lo que se está manejando hoy en el debate público como un falso dilema argumentativo. Pareciera abrirse una batalla campal donde la ópera se pone el rótulo de la exclusión en un proyecto que es más bien amplio.
Esta postura es un peligroso ejercicio en el eje artístico. No sólo porque abre aristas arcaicas de discusión como la que trabajó muy bien el sociólogo Paul DiMaggiosobre la alta y baja cultura – paradigmas que ya no prosperan en sociedades omnívoras como las nuestras- si no también porque producen quiebres en discursos fortalecidos en los últimos años sobre lo necesario que son las políticas en el desarrollo de redes.
Así algunos declaran que la única forma de arbitraje posible para terminar el conflicto decretado en una carta en el Mercurio es estar (o no) nombrados en un proyecto de ley, como si esto subsanara en definitiva una problemática para las artes y sus artistas, para los teatros y sus realidades presupuestarias. Pero se equivocan. El problema no está en la nomenclatura ya que éste no descansa, como simplistamente se ha posicionado el debate, en temas de reconocimiento, reivindicaciones o representatividad.
Si hay algo que este proceso de ley ha seguido es precisamente un camino participativo destacado (como describimos más abajo en los hitos de su historia) pero la profundidad del ejercicio y de la conversación debiesen estar hoy puestos en otros frentes. Sugiero, primero que todo, antes de dinamizar tantas opiniones conocer el proyecto de ley en detalle para generar un marco de lo que muchos entenderán como el “espíritu de las leyes”. Luego propongo aunar fuerzas para potenciar los discursos que necesitamos escuchar, donde aparece fortalecido del Estado (ahora con un Ministerio) como garante del derecho a la cultura en todas sus dimensiones y no solamente a través de este ejercicio legislativo. Si después eso tenemos tiempo (y ganas), movámonos a un tercer hito de relevancia: el ejercicio fáctico de las realidades presupuestarias.
[cita tipo=»destaque»]No quiero terminar este post sin poder listar el proceso de la ley, que ha tenido un desarrollo metodológico abierto, público y por ende participativo hacia actores de distintos lugares de Chile que han participado como gremios, colectivos o asociaciones, todos ellos en diferentes momentos del proceso y en distintas formas. Hay que reconocer que el ejercicio de reunir agentes interdisciplinarios no es ni será sencillo, pues a todos nos cuesta dejar de lado la mirada de los beneficios individuales en pos de la colectividad. También acá hay horas invertidas, no remuneradas de activistas, gestores, artistas y personas que trabajan para construir una alternativa diferente. Me parece justo nombrar algunos de los caminos que esta ley ha debido sortear en su historia de ejercicio cívico para el registro activo de un proceso que pronto será realidad.[/cita]
El presupuesto que hoy contempla el anhelado fondo nacional de artes escénicas, en su apartado descrito en la ley, es de $3.333.480.000. Sin embargo hay que desmitificar algunas cosas para poder profundizar en este debate, como por ejemplo, saber que esta cifra no está necesariamente incorporando ni nuevos ni más recursos al sector. El monto, y antes que exista un reglamento vigente que realmente aborde estas materias junto a hacienda, se ha calculado sobre la totalidad de los proyectos de artes escénicas adjudicados en fondos de cultura en los últimos años.
Así, a modo de ejemplo hay dos posibles líneas de pensamiento: el primero es que potencialmente esta es una ley que no le entrega necesariamente más recursos al teatro de los que ya se adjudica vía concursabilidad, pues los datos demuestran que de por sí este es uno de los sub sectores que lideran la postulación y adjudicación de fondos. Por otro lado, la segunda perspectiva es aquella que nos hace ver el ejercicio desde la argumentación del mundo de la ópera. Una ley de artes escénicas donde estén precisados y limitados presupuestariamente por un nuevo órgano, podría inclusive acotar más las posibilidades de subsidios y financiamientos para los proyectos de fomento o creación, ya que actualmente la ópera es un sub sector que en líneas específicas tiene permitido participar del fondo de la música también. Por ende, y a pesar que el espíritu de esta ley no es únicamente presupuestario, al final del día los cálculos resultan ser una fotografía estática de recursos para la cultura la que si afecta las miradas del debate en una realidad ampliada. Esta es una ley que no está pensada para reivindicaciones, si no para dignificar y dar valor a actividades que son hoy precarias en su materialización, en su realidad creativa de universos muy disímiles, esta es una ley para avanzar en la cultura como un derecho.
Las preguntas que caben destacar entonces son: ¿cómo y de qué manera una ley de artes escénicas como esta es capaz de responder a la necesidad de los costos sectoriales en su conjunto?, ¿cómo la ley visibiliza y compromete de parte del Estado su crecimiento en el tiempo? y ¿cuál es la promesa implícita o tacita que se hace hoy en la discusión parlamentaria para aumentar los recursos para las artes escénicas?. La respuesta es materia de construcción de políticas públicas – y eso lo hacemos entre todos – el prever que una ley termine siendo un mejor escenario no sólo en el ámbito de integración, el fomento, el patrimonio, la investigación, si no también una propuesta real sobre avances de nuevas y más estructuras de financiamiento que complementen los actuales esfuerzos privados o de autogestión que todos hacemos para cada iniciativa como individuos u organizaciones.
En definitiva ¿Cuál es la discusión de fondo sobre una problemática global que desde los años 60 está diagnosticada por economistas como el problema de los costes o el mal de Baumol, justificando la acción Estatal o privada para la subsistencia de un derecho social como la cultura?. Esta no es la batalla del teatro, de la danza, del circo, los titiriteros, los narradores orales, ni la de la opera, ni la de otros gremios que puedan levantar la voz: esta es la batalla creativa que hay que dar por una ley que logre reforzar sus cimientos y pretenda construir desde la opinión informada, un mejor pasar para los agentes culturales a lo largo y ancho del país.
No quiero terminar este post sin poder listar el proceso de la ley, que ha tenido un desarrollo metodológico abierto, público y por ende participativo hacia actores de distintos lugares de Chile que han participado como gremios, colectivos o asociaciones, todos ellos en diferentes momentos del proceso y en distintas formas. Hay que reconocer que el ejercicio de reunir agentes interdisciplinarios no es ni será sencillo, pues a todos nos cuesta dejar de lado la mirada de los beneficios individuales en pos de la colectividad. También acá hay horas invertidas, no remuneradas de activistas, gestores, artistas y personas que trabajan para construir una alternativa diferente. Me parece justo nombrar algunos de los caminos que esta ley ha debido sortear en su historia de ejercicio cívico para el registro activo de un proceso que pronto será realidad.
Los documentos e hitos de tramitación se pueden encontrar en https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=11922
Pamela López Rodríguez, actriz, Magister en Gestión Cultural.