CULTURA
Los derechos de autor, o los derechos sobre la propiedad intelectual, por lo general abarcan las creaciones “intangibles”, las cuales se intentan proteger de plagio, y principalmente de copias, soportadas en objetos materiales (CD, DVD, computadoras, smartphones, etc.). Es en estos últimos objetos donde se intenta regular la distribución y el uso de un o una autora en particular, o de una creación o composición conjunta.
Las discusiones sobre el tema de la protección autoral son de larga data. Sin embargo, es con la irrupción de las tecnologías digitales (particularmente Internet), a fines del siglo pasado, donde el problema se agudiza en todo el mundo. Desde esta irrupción, y en forma creciente, han emergido diversas posturas divergentes a partir de dos posiciones generales: una es la protección irrestricta de la autoría (obviamente en este grupo hay matices, es decir, desde grupos más blandos con la protección, hasta quienes plantean el derecho como algo cerrado, y solo permitido en tanto comercialización o permisos específicos. La segunda posición defiende la distribución de las creaciones culturales por sobre los derechos más duros de protección, es decir, aún cuando se defiendan ciertos derecho básicos, lo más importante es no lentizar o poner trabas al hecho de compartir las creaciones, informaciones y conocimientos del mundo. En el primer grupo podemos encontrar los defensores ligados a lo que se conoce como licencias copyright, y en el segundo a las vinculadas con el copyleft y el creative commons.
[cita tipo=»destaque»]Uno de los principales problemas, según mi apreciación, no es, muchas veces, una intencionalidad fuertemente empresarial, sino, muchas veces, ingenua con respecto al tema, pues organizaciones como APECH también defienden y se protegen de la distribución abierta de las reproducciones de sus obras, pero sin medir los posibles costos culturales de ello. Las intenciones pueden ser respetables, pero se ampara un proteccionismo individual por sobre la apertura sociocultural.[/cita]
Lamentablemente en Chile el debate institucional no ha estado a las alturas de los cambios tecnológicos, y es así que se crean organizaciones, en el caso de la música, como la SCD. Esta corporación, hasta el día de hoy, utiliza lógicas o espíritu de época vinculado a pensamientos técnicos análogos; las formas utilizadas para el intento de protección autoral, aun en formatos digitales, son en base a lógicas no digitales. En términos globales (occidentales) existen gestiones de derechos digitales (DRM), los cuales también son seriamente cuestionables, pues los defensores del open source argumentan que el DRM privilegia a las grandes empresas, las cuales truncan o limitan la innovación y también la competencia. Este último argumento es el que se le cuestiona a la corporación chilena antes mencionada. En este sentido, frases publicitarias de fines del primer decenio del año 2.000, como: “No Mates la Música”, lo que esconderían sería, en realidad, “No Mates las Empresas Discográficas”.
Durante el primer gobierno de Bachelet, representantes de la SCD se reunieron a puertas cerradas con la entonces presidenta del Consejo Nacional de la Cultura Paulina Urrutia para intentar establecer estrictos cánones a variados productos de consumo cultural, estos emulados de cánones españoles, los cuales han logrado establecer cuotas extras de pago por aparatos de memoria tecnológica (discos duros, pendrives, DVD, etc.) por el solo hecho de tener la posibilidad de almacenar obras sin el permiso o pago autoral. Uno de los extremos es el canon que se paga, y que se intentó en ese entonces en Chile, sobre resmas sin imprimir y la limitación de fotocopias en colegios y universidades. Esto es establecer de antemano (según las lógicas de estos defensores) que un sujeto va a delinquir sin haberlo hecho aún. Gracias a la movilización de variadas organizaciones de orientación tecnológica se impidió el logro de estas medidas.
Sin embargo, el tema del derecho, en este sentido, continúa. Uno de los principales problemas, según mi apreciación, no es, muchas veces, una intencionalidad fuertemente empresarial, sino, muchas veces, ingenua con respecto al tema, pues organizaciones como APECH también defienden y se protegen de la distribución abierta de las reproducciones de sus obras, pero sin medir los posibles costos culturales de ello. Las intenciones pueden ser respetables, pero se ampara un proteccionismo individual por sobre la apertura sociocultural. No hay una discusión sobre los límites de un aspecto u otro, es decir, los límites entre la extrema protección autoral individual y los que limitan la posibilidad del acceso a las artes democráticamente.
Estos temas no han sido de fuerte debate en Chile pues lo cultural no es la coyuntura de “primera plana”. En África mueren decenas de miles de personas cada año por la protección de derechos de patente de las empresas farmacéuticas con respecto a sus medicamentos, los cuales, en su protección de propiedad, impiden la fabricación de genéricos. En este sentido el tema es de vida y muerte.
Es necesario un serio debate con altura de miras en lo que corresponde a lo procomún (lo que debe ser común a todos como sujetos de una cultura), aún cuando no se muera alguien por el hecho de no poder acceder a una pieza musical o a la reproducción y/o uso de una obra visual o digital. Lo que comienza a morir con la sobreprotección es el desarrollo cultural, o al menos un desarrollo horizontal para todos y todas.
Samuel Toro C. Licenciado en Arte. Egresado Magíster en pensamiento Contemporáneo. Editor Revista de Arte Sonoro y Cultura Aural, UV.
