CULTURA
La empresa española Ecisa está a cargo de una liquidadora. La obra de 60 millones de dólares, que empezó con 200 trabajadores, en agosto solo contaba con 30. Hace algunos días la interventora visitó las dependencias como parte del inventario para el pago de acreedores. El proyecto tiene un 50% de avance y deberá ser licitado nuevamente. Con suerte será terminado antes de que concluya el Gobierno de Piñera.
La construcción de la segunda parte del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), una obra mastodóntica por 60 millones de dólares, que incluye una sala de teatro para dos mil personas y que se perfilaba como el principal proyecto arquitectónico del siglo en el mundo de la cultura en Chile, sigue dando dolores de cabeza.
La filial local de la constructora a cargo del proyecto, la española Ecisa, quebró y fue intervenida por una liquidadora en septiembre. Hace algunas semanas, la interventora María Loreto Ried visitó las instalaciones de la obra en el GAM para hacer un inventario, con el fin de pagar a los acreedores. Entre los afectados están los trabajadores de la obra, que pasaron de ser 200, en un inicio, a 30 en agosto pasado.
El Ministerio de Obras Públicas ahora deberá relicitar la obra –algo que había tratado de evitar por los costos y demora que implica– para que otra empresa termine la construcción. Un proyecto que originalmente debía ser terminado en 2017, para ser inaugurado por Michelle Bachelet al término de su segundo mandato, ahora con suerte será finalizado en 2020.
La empresa Ecisa, con seis obras en marcha en el país en 2018, tuvo problemas desde el comienzo en el que era su principal proyecto en Chile.
El proceso de licitación de obra se inició en marzo de 2015 con la publicación del registro especial de contratistas y fue adjudicada en diciembre. Hasta ese momento, la compañía llevaba una decena de obras entregadas. Sin embargo, con un presencia en nuestro país desde 2012, en el último tiempo la matriz española ha sufrido millonarias pérdidas.
En el caso del GAM, a los problemas financieros se sumaron desastres naturales, como el desborde del Mapocho. En marzo la firma solicitó al Gobierno de Piñera, sin éxito, 12 millones de dólares por concepto de sobrecostes. Ecisa además atribuyó los continuos retrasos y parones a «las deficiencias graves del diseño original del GAM», según publicó la prensa española en junio. Los arquitectos que diseñaron el edificio son Cristián Fernández (arquitecto consultor) y Sebastián Baraona con Christian Yutronic (arquitectos asociados).
Todo culminó con su quiebra local a mediados de este año, que incluso la obligó a abandonar su oficina en Las Condes e indicar en el proceso judicial a las obras del GAM como su domicilio legal.
Según consta en un escrito del 11 de septiembre de 2018, en el Quinto Juzgado Civil de Santiago, de la magistrada María Soledad Jorquera, caratulado «Agencia ECISA Chile Compañía General de Construcciones S.A.», en mayo la empresa inició un proceso de reestructuración de deuda, «en atención a los urgentes problemas de flujo» que presentaba.
Sin embargo, en septiembre la firma retiró una propuesta de reorganización que había presentado a la junta de acreedores. Tras esto, la junta designó como liquidadora a la abogada María Loreto Ried, que procedió a incautar todos sus bienes.
Luego, atendido lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Quiebras 20.720, se procedió de oficio «a declarar la liquidación de la empresa deudora». La próxima junta de acreedores quedó fijada para el próximo 25 de octubre.
La quiebra fue el tiro de gracia a una obra que está detenida prácticamente en la mitad de su construcción.
En enero de 2018, el MOP indicó a este medio que las obras estarían listas en el segundo semestre de 2018. Esta semana, una fuente del ministerio indicó que «el porcentaje de avance de la obra es de un 48,9% y se estima su término para el segundo semestre de 2020”.
Agregó que tras distintos incumplimientos y retrasos, el MOP había puesto término al contrato con Ecisa en agosto.
«Actualmente, la Comisión de Recepción se encuentra realizando un exhaustivo levantamiento del estado de las obras ejecutadas, para lo cual cuenta con el apoyo de la Asesoría de Inspección Fiscal del proyecto. Posteriormente, se iniciará el proceso de recontratación para la adjudicación del contrato a una nueva empresa, cuyos plazos informaremos oportunamente», señaló.
El proyecto es uno de los dolores de cabeza de Felipe Mella, director ejecutivo del GAM. Aunque no se refirió al hecho por hallarse fuera del país, el que sí habló fue el arquitecto Ramón López, presidente del directorio del centro cultural, quien confirmó los nuevos plazos del MOP.
«Hay que considerar que GAM no tiene poder de decisión en las materias contractuales de la obra. Todo esto es manejado desde el MOP», expresó López.
El arquitecto también admitió que para el centro cultural el tema de los plazos es delicado, «ya que implica ajustar la programación con mucha antelación, debido a que hay que comprometer artistas, nacionales e internacionales, con mucho tiempo previo. Al mismo tiempo significará reorganizar los equipos internos, capacitarlos e incorporar nuevos contingentes».
En cuanto a la nueva licitación, López dijo que «el MOP está trabajando en eso y actualizando toda la documentación para hacer el llamado en los próximos dos meses».
«Estamos teniendo reuniones periódicas de seguimiento», insistió. «Han tomado el tema con mucha seriedad y compromiso ejecutivo. Debiera adjudicarse a fin de año para reiniciar las obras a comienzos de 2019», añadió.
Los que también están preocupados por el retraso de la segunda etapa son los trabajadores del GAM. En un comunicado del sindicato, manifestaron que ven «con lejanía la inauguración de la gran sala», además de criticar el rol actual de Mella.
«Si bien se estima que podría estar terminada en 2020, nosotros sabemos que estos procesos son largos. No olvidemos que la obra se encuentra paralizada y la nueva empresa que se licite deberá evaluar el estado de la actual construcción», indicaron.
Los trabajadores también criticaron el enfoque comercial de Mella. «Los trabajadores no queremos que el centro cultural sea transformado en otro de eventos. Creemos que el rol del centro cultural está cada vez en mayor peligro de privatización», advirtieron.
De acuerdo a las cifras oficiales, casi un tercio del presupuesto actual de GAM ($907.180.000) se obtiene a partir de arriendos a empresas y programación de actividades del sector privado, «pero los trabajadores no vemos nada de estos ingresos para solucionar nuestras demandas».
«Creemos que esto es una crisis», concluyeron. El GAM, actualmente administrado por una corporación de derecho privado sin fines de lucro, «debería pasar al Estado para subsanar de una vez por todas, el despilfarro y los abusos».
