Lunes, 5 de diciembre de 2016Actualizado a las 11:42

Campaña Salvemos el Mar en víspera de importante decisión de Tribunal Constitucional

por 7 abril 2010

El 1 de abril, un día después de haber acogido el Requerimiento de 34 diputados que piden se declare la inconstitucionalidad de proyecto que modifica Ley 18.892, de Pesca y Acuicultura, el Tribunal Constitucional (TC) decidió declarar inadmisible este Requerimiento diciendo que fue entregado fuera de plazo.

Como se sostiene en el recurso de “Rectificación por error de hecho”, ingresado al TC el pasado 5 de abril, el TC “no advirtió que la fecha de despacho del proyecto de ley cuestionado de inconstitucionalidad fue el día 17 de marzo y no el día 16 de marzo de 2010, como lo sostiene erróneamente en su sentencia hecho basal en virtud del cual se sostiene todo el fallo por lo que resulta absolutamente trascendental rectificar”.

En el Libro de despacho de la Cámara de Diputados consta que la aprobación del citado proyecto fue comunicado el 17 de marzo a la Presidencia de la República para su promulgación. Por su parte, el requerimiento formulado en su contra se presentó el pasado 22 de marzo; De acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional un requerimiento de inconstitucionalidad podrá ser revisado siempre que se presente hasta el quinto día del despacho del proyecto o de la señalada comunicación”. Por tanto, si el TC no corrige la fecha de envío desde el 16 al 17, dejará de ver este proyecto por un error lamentable que cuestionaría la validez de toda nuestra institucionalidad. Como campaña Salvemos el Mar, consideramos que en ningún caso sería aceptable que por un evidente error de fechas, Chile promulgara esta ley de la vergüenza, que entrega a las salmoneras y a la banca “ese mar que a todos nos baña y que nos promete futuro esplendor”.

Estimamos que es muy importante se realice el examen de constitucionalidad puesto que es notorio que el citado proyecto que modifica la Ley de Pesca y Acuicultura incurrió en graves faltas de fondo y forma. Entre los primeros destaca el hecho que permite hipotecar bienes nacionales de uso público, como son las porciones de mar entregadas en concesión. Y, entre los segundos, está el hecho que debió haber sido aprobado con quórum calificado (cuatro séptimos de los parlamentarios) y haber ido en consulta a la Corte Suprema, lo que no ocurrió.

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