Opinión
El parlamento aconsejó a las autoridades gubernamentales que no entreguen más recursos al fútbol mientras la mano de la FIFA y la justicia revuelven e investigan los casos de corrupción.
Con dos mil 200 millones de pesos se podían construir 20 canchas de pasto sintético en diferentes poblaciones de la capital. O dotar de implementación a miles de clubes deportivos destinados a la reacreación de millones de jóvenes y niños de sectores vulnerables del país. Y como eran fondos públicos, originados en los impuestos de todos los los chilenos, se podía esperar que la asignación de esos recursos fuera adecuada y sensata, más apegada a la normativa que a la impulsividad demostrada por el Ministerio de Deportes en algunas determinaciones del último tiempo.
Sin embargo, no fue así: aparte de disponer toda la infraestructura de los nuevos estadios, el Gobierno decidió entregar esos dos mil 200 millones de pesos -casi cuatro millones de dólares- como subsidio para entradas en beneficio de la Federación de Fútbol (y la ANFP) para la reciente Copa del Mundo Sub 17.
Lo más llamativo de la situación fue el contexto. Hacía largo tiempo que la Presidenta Bachelet aparecía continuamente ligada a las actividades del fútbol y eran frecuentes las selfies junto a Sergio Jadue y los jugadores en el mismísimo camarín del estadio Nacional. También, bastante rato que los jerarcas de la FIFA estaban presos en Suiza, Blatter era defenestrado por las turbiedades del sistema y todos los jefes de la Conmebol quedaban cuestionados por los sobornos denunciados universalmente.
En ese entorno convulsionado, los dos mil 200 millones de fondos fiscales -de todos los chilenos- pasaron directamente a las arcas de la ANFP y de la FIFA, justamente cuando la investigacón internacional ya tenía en la mira al ex jerarca del organismo futbolero. El Mundial Juvenil pareció siempre predestinado a pasar sin pena ni gloria: un torneo infantil no trasciende más allá de la proyección de algunas figuras y nunca un certamen de la categoría generó mayor flujo de turistas en el país que se desarrolló.
No obstante el análisis y un diagnóstico predecible, el Gobierno le aportó a la organización mundialista esa suma como subsidio para entradas a fin de intentar -sin éxito, por cierto- que los estadios se vieran llenos gracias a esos boletos entregados gratuitamente a colegios e instituciones sociales.
Hoy que el escándalo estalló y la explosión alcanza con sus «esquirlas» a distintos personajes y ámbitos, la Comisión de Deportes del parlamento acaba de sugerir a la ministra de la cartera que no se entreguen más dineros en forma indiscriminada al fútbol profesional. En rigor, un consejo tan tardío como valioso y necesario para que la repartición fiscal correspondiente cautele mejor la plata de todos nosotros y -más allá de eventuales conveniencias políticas- una foto de las autoridades en el estadio no salga igual de oneroso que dotar de canchas a millones de niños que necesitan espacios para su formación…
