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El ente contralor aseguró que existen $341.403.849 en contrataciones a trabajadores, que no decían relación a las funciones del programa. El informe también da cuenta de un monto por más de $95 millones para la compra de un software que no cumplió con las características encargadas.
La Contraloría General de la República emitió la tarde de este lunes un informe referente a una auditoría realizada a centros del Programa de Aseguramiento de la Calidad de las Residencias y de Mejoramiento Continuo (Ascar).
El objetivo de la fiscalización era ejecutar una auditoría a los gastos efectuados por la Subsecretaría de Justicia en el marco de Ascar entre el 1 de agosto de 2013 y el 31 de diciembre de 2016, para constatar que los gastos mencionados se hayan ceñido a las disposiciones legales.
El documento del ente contralor indica que, si bien el programa Ascar contó con la respectiva disposición de fondos y habilitación para contratar personas para la ejecución del mismo, «éste no fue sancionado a través de un acto administrativo previo a su ejecución, en el cual se estableciera su justificación, lineamientos estratégicos, objetivos, cobertura, metas e indicadores, que permitieran su posterior control y evaluación».
En concreto, lo que señala el informe es que, «el no haber definido formalmente los objetivos, cobertura, metas e indicadores del programa, no permite determinar que los productos y reportes generados al amparo del mismo, hayan significado un aporte concreto al Sename para el mejoramiento de las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes que ingresan a esa institución».
Contraloría aseguró que existen $341.403.849 en contrataciones a trabajadores, que no decían relación a las funciones del programa. El informe también da cuenta de un monto por más de $95 millones para la compra de un software que no cumplió con las características encargadas.
Además, existen otros $25 millones en compras que no consta la entrega de los productos contratados, y más de $33 millones en contrataciones respecto de los cuales no fue acreditada la competencia profesional para la función.
Sumarios no realizados
El informe también indica que la Subsecretaría de Justicia no tomó en cuenta las recomendaciones realizadas por la Unidad de Auditoría Interna en el año 2014, en lo que respecta a instruir una investigación sumaria para determinar las responsabilidades administrativas por pagos de honorarios con cargo al programa, no relacionados con el mismo.
«La repartición deberá instruir una investigación sumarial de acuerdo a lo comprometido en su respuesta al preinforme de observaciones, adjuntando en el plazo de 15 días hábiles, a contar de la recepción de este documento, la resolución que inicie dicho proceso y nombre al fiscal respectivo», dice el informe de Contraloría.
