El Gobierno de Sebastián Piñera obligó a su similar de Nicaragua a reanudar el diálogo interno y terminar con la violencia contra los ciudadanos, que se extiende desde el pasado abril y ha dejado varios centenares de muertos y millares de heridos.
En un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno indicó que «observa con gran preocupación estos hechos y la falta de progresos concretos».
En ese contexto, demandó al Gobierno que preside Daniel Ortega «retomar los caminos del diálogo inclusivo y el inmediato cese de la violencia social, especialmente la represión por parte de organismos del Estado y grupos parapoliciales contra la población movilizada».
Para Chile, señala el texto, «es extremadamente necesario reanudar los mecanismos de acercamiento y la búsqueda de caminos hacia la paz y la reconciliación».
Demandó además a las autoridades de Managua respeto por los Derechos Humanos y el fortalecimiento de la democracia y convivencia social, «de acuerdo a lo propuesto en diversas instancias internacionales, como la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos».
Señaló, por último, que apoya los esfuerzos de la Conferencia Episcopal Nicaragüense como garante del proceso y ofreció sus «condolencias a los familiares de las víctimas que este conflicto ha producido».
Nicaragua vive su crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente, y desde el pasado 18 de abril ha dejado al menos 351 muertos, según organismos humanitarios.
Las protestas que originaron las revueltas estallaron en el marco de unas fallidas reformas en la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, que lleva once años en el poder y acumula acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
