“Ha habido un desfalco de 240 millones de pesos (53,8 millones de dólares), dicen los diarios, y la presidenta (Cristina Fernández) y todos sus funcionarios le dieron la plata” al ex apoderado de la fundación Sergio Schoklender “sin ningún control”, afirmó el alcalde de Buenos Aires, el conservador Mauricio Macri.

Schoklender quedó detenido el martes por orden del juez Norberto Oyarbide, quien también dispuso el encarcelamiento de Pablo Schoklender, hermano de anterior, y del contable Alejandro Gotkin.

Todos ellos están acusados de integrar una sociedad ilícita dedicada a desviar fondos públicos por al menos 70 millones de pesos (unos 15,6 millones de dólares) asignados para el plan de construcción de viviendas “Sueños Compartidos” de la fundación, dijeron portavoces judiciales a la prensa local.

“¿Qué pasa, juez, no hay ninguna responsabilidad? Nadie votó a Schoklender, no se presentó a ninguna elección”, subrayó Macri, quien a su vez es investigado por Oyarbide en una causa por escuchas telefónicas ilegales.

“Claramente acá hay un manejo que preocupa”, insistió Macri al poner en tela de juicio la independencia del magistrado.

Mientras, la socialdemócrata Unión Cívica Radical (UCR), la segunda fuerza política del país, analiza si replantea su propuesta del año pasado para que se cree una comisión en el Parlamento, que está controlado por el oficialismo, destinada a investigarlo ocurrido, dijeron sus portavoces a Efe.

La necesidad de una investigación “profunda” del caso es también defendida por la opositora Coalición Cívica, indicó a su vez la exdiputada Elsa Quiroz, dirigente de la fuerza que reúne a sectores de centroderecha, centroizquierda e independientes.

Sergio Schoklender, detenido en la cárcel bonaerense de Ezeiza, “andaba cambiando cheques del Gobierno por dinero en efectivo” y “hay pruebas de que gastaba más de la cuenta” y del uso de “sociedades que después desaparecían”, remarcó Quiroz, que se ha destacado por ser muy activa en impulsar la investigación judicial del caso.

La exlegisladora también aludió a la causa que lleva adelante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien investiga si hubo incumplimientos de los deberes de funcionarios públicos y sobreprecios en los planes de vivienda que manejaba la organización humanitaria con fondos del Estado.

De Giorgi “afronta muchos obstáculos para conseguir datos oficiales” sobre el giro de fondos para fines sociales, dijo a Efe Quiroz.

La exdiputada sostuvo que “los mismos obstáculos” afrontan la Auditoría General de la Nación para auditar las cuentas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y los giros de fondos públicos, el motivo de otras actuaciones por lavado de dinero en manos del juez federal Sergio Torres.

El caso desató además medio centenar de demandas presentadas por trabajadores y proveedores de la fundación en tribunales comerciales por falta de pago de sus respectivos servicios, dijeron fuentes judiciales a la prensa.

Tras las detenciones, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, defendió la “inocencia” de su hija Alejandra, también involucrada en esta causa, y se declaró “satisfecha” por la decisión del magistrado.

Oyarbide indagará este jueves a Pablo Schoklender y a Gotkin, mientras que el próximo 31 de mayo será el turno de Alejandra Bonafini.

El juez del caso, abierto en 2011, también citó a declarar a los empresarios Pablo Sette, Adolfo Daniel Bus y Mariano Moncada, quienes supuestamente recibieron de la fundación sumas millonarias destinadas a la construcción de viviendas, indicó la agencia estatal Télam.

Mientras, el fiscal del caso, Jorge Di Lello, rechazó hoy los pedidos de excarcelación planteados por los hermanos Schoklender, quienes estuvieron ya en prisión hace años por un delito de parricidio, y por Gotkin.

La organización Madres de Plaza de Mayo se creó en plena dictadura argentina (1976-1983) para reclamar a las juntas militares por sus hijos desaparecidos.

En fallo unánime los ministros de la Tercera Sala del máximo tribunal Sergio Muñoz, Héctor Carreño, Pedro Pierry, Sonia Araneda y Maria Eugenia Sandoval, confirmaron la resolución del tribunal de alzada capitalino que había ordenado la reincorporación de  las escolares.

La resolución de la Primera Sala del tribunal de alzada había determinado el actuar arbitrario e ilegal de la directora del establecimiento, Sara Infante Barros, por aplicar una sanción no prevista en el reglamento interno del colegio. Sin embargo, en una decisión que contó con el respaldo del alcalde Cristián Labbé, no acató la resolución judicial y recurrió contra la misma, ante el máximo tribunal.

“Se ha procedido a la sanción de cancelación no prevista en el Reglamento Interno, sin que adquiera el carácter de obligatorio los planes que se hacen referencia toda vez que están sujetos a la voluntad de los alumnos y sus apoderados, precisándose que existen vacantes en el Colegio que dirige la recurrida. El carácter arbitrario de la resolución de cancelación se expresa en relación al Reglamento del Liceo que no establece un procedimiento sancionatorio, privándose al alumno de estar sometido a una comisión establecida en la legislación”, agrega el fallo confirmado de los ministros Lamberto Cisternas, Javier Moya y el abogado integrante Ángel Cruchaga.

La resolución agregaba que “la no renovación de matrícula constituye un acto arbitrario al no haberse considerado el derecho de los recurrentes a ser sancionados por comisiones especiales, más aún cuando la sanción –base del presente recurso– no se encuentra establecida en ninguna ley orgánica del establecimiento Educacional.

Consecuencialmente, se debe asegurar el derecho de las recurrentes a proseguir en sus estudios de enseñanza media, situación que resulta acorde a los principios que comprende nuestra Carta Constitucional sobre la materia. Por estas consideraciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre “Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales”, se acoge el recurso de protección entablado en lo principal de la presentación de fs.21 y se decide que las medidas impuestas a las alumnas en cuyo favor se ha recurrido quedan sin efecto”.

En fallo unánime, los ministros de la Tercera Sala del máximo tribunal Sergio Muñoz, Héctor Carreño, Pedro Pierry, Sonia Araneda y Maria Eugenia Sandoval, confirmaron la resolución del tribunal de alzada capitalino que había ordenado el reintegro de las escolares al Liceo Tajamar.

La resolución de la Primera Sala del tribunal de alzada había determinado el actuar arbitrario e ilegal de la directora del establecimiento, Sara Infante Barros, por aplicar una sanción no prevista en el reglamento interno del colegio.

“El carácter arbitrario de la resolución de cancelación se expresa en relación al Reglamento del Liceo que no establece un procedimiento sancionatorio, privándose al alumno de estar sometido a una comisión establecida en la legislación”, sostiene el fallo.

“La no renovación de matrícula constituye un acto arbitrario al no haberse considerado el derecho de los recurrentes a ser sancionados por comisiones especiales, más aún cuando la sanción —base del presente recurso— no se encuentra establecida en ninguna ley orgánica del establecimiento Educacional. Consecuencialmente, se debe asegurar el derecho de las recurrentes a proseguir en sus estudios de enseñanza media, situación que resulta acorde a los principios que comprende nuestra Carta Constitucional sobre la materia”, agrega.

Una enfermedad bastante frecuente en personas sobre los 50 años de edad, es el cáncer de próstata. Se trata de la segunda causa de muerte por cáncer en los hombres de todas las edades, siendo poco común en aquellos menores de 50.

Para comentar las diferentes manifestaciones clínicas de este conocido cáncer, el coordinador de urología de Clínica Vespucio, Dr. Juan Carlos Frías, se refiere a sus principales características y formas de tratamiento.

Al igual que la mayoría de los cánceres, hablamos de una enfermedad que no presenta mayores síntomas, “es por esto la importancia de un control rutinario, de una vez al año”, señala el especialista.

El cáncer de próstata tiene diversas clasificaciones según  la etapa en que se encuentre:

-En su etapa más incipiente o incidental, no genera síntomas y la enfermedad solo se encuentra en la próstata. En esta fase el tumor se detecta por un examen de Antígeno Prostático Específico (APE) o por una cirugía prostática previa (realizada porque el paciente tenía dificultad para orinar). Sus posibilidades de curación son más altas.

-La etapa localizada permite detectar el tumor a través de un nódulo sospechoso o por medio un nivel de APE elevado. Aquí el cáncer también se puede encontrar localizado en la próstata.

-En la fase localmente avanzada, el cáncer se encuentra fuera de la próstata dañando los tejidos que la rodean. Detectable a través de un examen rectal alterado. A diferencia de la etapa avanzada, en esa fase el cáncer no se ha localizado en los órganos distantes de la próstata.

-Ya en la fase avanzada se habla de ramificación del cáncer o metástasis en órganos como  huesos, ganglios linfáticos y otros.

Las opciones de tratamiento con intensión curativa son la cirugía abierta, laparoscópica y  robótica. Otras alternativas son la radioterapia externa o braquiterapia (semillas radioactivas que se introducen en la próstata). “En caso de que el cáncer se encuentre avanzado los tratamientos son bloqueos hormonales y la quimioterapia”, subraya.

La mejor forma de prevenir este tipo de cáncer es “que aquellos hombres mayores de 45 años se realicen una medición de APE y un examen rectal. En los casos de quienes tienen antecedentes de padre, hermano o tío con la enfermedad, estos exámenes deben realizarse a partir de los 40 años”, puntualiza.

A juicio del urólogo de Clínica Vespucio, “el tratamiento a seguir dependerá de la edad de la persona, características del tumor, su valor de APE y las patologías asociadas”, afirma.

El diputado del Partido Por la Democracia (PPD) Felipe Harboe, en representación de los diputados de los partidos de oposición que participan en la segunda comisión investigadora del 27-F, denunció públicamente que la exhibición de un video de parte de parlamentarios de Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente (UDI) responde “a la más deleznable operación política que hayamos conocido en los últimos años”.

El parlamentario aseguró que no se trata de una cinta nueva, se trata de imágenes hace más de dos años se encuentra en poder de la Fiscalía, ha sido exhibido por numerosos medios de comunicación y lo que han hecho en esta operación política de los parlamentarios de la derecha, liderados por el conocido Alberto Cardemil nm y avalados por el ministro vocero de Gobierno es un video editado, donde la alteración del sentido del video resulta grave.

“Aquí claramente hay una manipulación hecha intencionalmente para afectar la imagen de la Presidenta Bachelet, deleznable que parlamentarios de la derecha la estén realizando pero es más grave aún que el vocero de Gobierno con total liviandad se permita decir que se trata de un video nuevo cuando él sabe y los medios de comunicación saben que se trata de un video que estaba disponible hace más de dos años. Señor Piñera, Presidente de la República, ordene su gabinete, si quiere subir del 25 %, hágalo con trabajo y con ideas, no denostando al adversario, no es la forma”, acotó.

El diputado del Partido Socialista (PS) Carlos Montes, reiteró que estamos frente a una operación política, que era muy propia de la dictadura que para un objetivo se usaba cualquier medio, el objetivo es desacreditar a la ex Presidenta, se ha tomado parte de un video que se ha editado “antojadizamente” y se ha construido una cierta imagen.

“La UDI está engañando, los que están detrás de eso están engañando a la opinión pública, no hay ningún elemento nuevo, esto está visto, lo que se ha construido es una cuestión mediática. Lo que hay es edición de algunos aspectos”, dijo el parlamentario.

Anunció que como parlamentarios de oposición hemos decidido cambiar nuestra actitud con el gobierno, “el gobierno debe pedirnos disculpas a la oposición por este trato, por esta manera de enfrentar los problemas, de hacer un debate porque están desesperados por la encuesta, por la popularidad de la Presidenta y la baja popularidad del Gobierno. Esperamos explicaciones sobre esto”.

Dijo que su permanencia en la comisión investigadora lo resolverán en las próximas horas pero adelantó que esta tarde asistirán a la instancia legislativa para hacer presente su decisión.

La jefa de bancada de la Democracia Cristiana (DC) Carolina Goic, dijo que no estamos dispuestos a sentarnos en una instancia de coordinación, una cena, un almuerzo, si aquí , en nuestra casa, en sede legislativa, se está abusando y haciendo un uso político que rechazamos absolutamente de instancias que deberían estar para otra cosa.

El diputado del Partido Radical Marcos Espinosa, afirmó que no nos vamos a prestar y no vamos a ser funcionales a cualquier maniobra que surja desde la Cámara de Diputados a partir de la constitución de una comisión investigadora por parte de parlamentarios de derecho para contribuir al debilitamiento de la imagen de la ex Presidenta Bachelet.

La jefa de la bancada del PPD Adriana Muñoz denunció que el gobierno ha desatado “una guerra sucia contra la oposición” y está llevando a cabo una campaña cobarde contra la ex Presidenta Michelle Bachelet. “Nosotros sentimos un ataque sucio, bastante cobarde y en el seno de la Cámara de Diputados no nos vamos a prestar para sacar proyectos de ley como nos están pidiendo para que el Presidente anuncie el próximo 21 de mayo”, sentenció.

La segunda movilización estudiantil del año, que fue convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y los secundarios, tuvo como finalidad exigir cambios profundos al sistema de Educación y expresar su rechazo a las medidas anunciadas por el Gobierno para financiar mejoras en el sector.

Según los organizadores cerca de 100 mil personas participaron de la manifestación que contó con la autorización de la Intendencia Metropolitana.

En entrevista con 24 Horas de TVN, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Gabriel Boric, explicó que “el gran motivo que nos incita a marchar hoy día es que la clase política no ha sido capaz de dar respuestas a las peticiones de fondo del movimiento estudiantil”.

“No salimos a marchar porque nos guste salir a marchar, no es entretenido para nosotros, pero tenemos la convicción que la educación es un derecho social que debe ser garantizado por el Estado (…) salimos a la calle con alegría, con energía, y también con mucha impotencia de ver como después de un año de movilización no avanzamos”, acotó el dirigente estudiantil.

“Estamos pidiendo una educación pública, un fin efectivo al lucro, una desmunicipalización para la educación secundaria, una democratización efectiva en la educación; que el Estado asuma el rol que de una vez por todas debe tener en la educación”.

“La educación en Chile segrega…debemos recuperar nuestra capacidad de indignación frente a este tema”, resaltó Boric.

Consultado por el discurso que ofrecerá el presidente Sebastián Piñera el próximo 21 de mayo, declaró que “esperamos que no sólo se refiera a lo que se ha hecho en educación, sino que además asuma la responsabilidad que viene para adelante”. En esa línea, llamó al mandatario a que “se comprometa a asumir cambios de fondos, de paradigma en la educación en Chile”.

En tanto, la vocera de los secundarios, Eloísa González, emplazó al ministro de Educación, Harald Beyer, a solucionar la situación de los estudiantes que permanecen sin clases tras la cancelación de sus matrículas.

“También hoy salimos porque queremos que nuestros compañeros que hace varios meses no han podido reintegrarse a clases lo hagan. Que el ministro de Educación, que no ha sabido responder a las distintas demandas y propuestas por parte de los estudiantes secundarios, se pronuncie y tome medidas al respecto”, hizo hincapié la dirigente.

Se trata de la segunda movilización estudiantil del año convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y los secundarios que tiene como finalidad exigir cambios profundos al sistema de Educación.

Según los organizadores cerca de 80 mil personas participaron de la manifestación que contó con la autorización de la Intendencia Metropolitana.

“La educación nos pertenece a todos los chilenos. Nos quieren hacer creer que tenemos que pagar por ella, que tenemos que endeudarnos por ella, que es normal que haya una educación para ricos y una educación para pobres, y nosotros les decimos que no. Y les decimos a las familias que nos están escuchando que no tiene por qué seguir existiendo esta segregación”, sostuvo el presidente de la FECh, Gabriel Boric.

En tanto, la vocera de los secundarios, Eloísa González, emplazó al ministro de Educación, Harald Beyer, a solucionar la situación de los estudiantes que permanecen sin clases tras la cancelación de sus matrículas.

“También hoy salimos porque queremos que nuestros compañeros que hace varios meses no han podido reintegrarse a clases lo hagan. Que el ministro de Educación, que no ha sabido responder a las distintas demandas y propuestas por parte de los estudiantes secundarios, se pronuncie y tome medidas al respecto”, hizo hincapié la dirigente.

En entrevista con Radio Cooperativa, el dirigente estudiantil señaló que el proyecto de reforma tributaria y la propuesta para sacar a los bancos del sistema de financiamiento no apuntan a los problemas de fondo, que “no se solucionan sólo inyectando más recursos”.

“No ha habido ninguna invitación, llamado, y —lo que es más lamentable— el ministro ha planteado que solamente está dispuesto a conversar sobre las delimitaciones de su propuesta; el problema es que nosotros estamos planteando temas que ni siquiera aparecen en la propuesta”, indicó.

Agregando que “no se habla en la propuesta sobre regulación, sobre control, sobre aseguramiento de calidad, fortalecimiento de la educación pública, y el problema es que si inyectamos recursos sin ver la regulación previamente, los fondos van a terminar yendo a instituciones que sabemos que están violando la ley, porque persiguen fines de lucro a pesar de que la ley diga lo contrario”.

“Hay instituciones que sabemos que no entregan educación de calidad. En el fondo termina siendo un despilfarro de recursos y una estafa a los estudiantes que ingresan, en la que el Estado se hace cómplice. Un ejemplo de eso: son impresionantes los datos en torno a la acreditación de las universidades y los nefastos resultados de la Prueba Inicia, que evaluó las carreras de Pedagogía en el país. Nos debería llamar la atención cuando vemos que la principal agencia de acreditación de las carreras de Pedagogía tiene tasas de acreditación del 98 por ciento de las carreras. Es decir, es llegar y llevar, esto es, realmente, La Polar de la educación”, concluyó el presidente de la Feuc.

Al respecto, el diputado señaló que “esto demuestra la falta de compromiso con el dolor de las víctimas. La Concertación está actuando de forma mezquina, se resta gravemente del camino del compromiso con conocer  la verdad”.

En esa misma línea agregó que “con esto debilitan el rol de la Cámara (…) hay una incoherencia grave del deber constitucional que tiene la cámara de fiscalizar los actos que ellos en numerosas veces han utilizado”

“La Concertación debiera asumir que la tesis de que la ex presidenta Bachelet no tuvo información adecuada para decidir ese fatídico 27 de febrero del 2010 se ha desplomado en el momento que ha quedado en evidencia que hubo 6 advertencias previas, a nivel nacional e internacional, que alertaban sobre la presencia de un tsunami (…) hubo a todo evento un mala decisión política que tuvo como consecuencia resultados fatales para muchos chilenos”, sentenció Melero.

“Hay un tema que tiene que regularse por parte del Estado. Aquí no se puede estar financiando y despilfarrando recursos, con el argumento de la no discriminación a estudiantes, a instituciones que no están destinando esos recursos a un proyecto educativo en la mejora del sistema”, sostuvo la dirigente estudiantil en Radio ADN.

En esa línea, reivindicó la nueva marcha estudiantil convocada para hoy: “las últimas manifestaciones han sido bastante responsables, y no lo decimos solamente nosotros, incluso el gobierno y carabineros se pronunciaron al respecto. Creo que es una demostración de nuestra voluntad, que las manifestaciones se den de la mejor manera posible, y no afectar a los ciudadanos o comerciantes”

“Tampoco podemos evitar todo tipo de sucesos en las manifestaciones, hay cosas que hasta a carabineros se les va de las manos. Lo importante es señalar que, por hechos puntuales, tampoco se puede abrir un énfasis puesto en la criminalización del movimiento”, acotó Vallejo.

“La violencia viene de mucho antes de la marcha. Hay mucha gente que va a mostrar descontento y rechazo ante un modelo que le genera agresión (…) En Chile hay que dar un debate más profundo respecto al tema de la violencia. Con eso no quiero justificar lo que pasa en las marchas pero creo que hay un tema de lo que genera el apartheid, no solamente educativo, sino que social de nuestro modelo de desarrollo”, indicó la vicepresidenta de la FECh.

Camila Vallejo propone “una fuerte regulación del lucro para que la plata que llegue vaya para la educación y no para un negocio. En las instituciones que están lucrando hoy día, que las utilidades las reinviertan para financiar el estudio de sus estudiantes. ¿Cómo una universidad privada puede ser tan irresponsable de expandir las matrículas, si no tiene recursos suficientes para darles condiciones mínimas a los estudiantes, y si tienen recursos los invierten en publicidad y marketing?”.